SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En una movida estratégica, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó ante la Legislatura un proyecto de ley para establecer que las tierras fiscales de la provincia solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas. La iniciativa surge en la antesala del debate que el Senado llevará adelante este jueves sobre las modificaciones al régimen nacional de tierras rurales.

El proyecto de Figueroa propone modificar la Ley Provincial 263 con el objetivo de que la adjudicación de estas tierras esté estrictamente orientada a proyectos productivos, ganaderos o turísticos. Desde el Poder Ejecutivo provincial aseguran que la intención es fortalecer el dominio sobre los recursos estratégicos y generar seguridad jurídica sin necesidad de transferir la titularidad de las tierras a extranjeros.

“Las tierras neuquinas solo podrán ser vendidas a argentinos”, sentenció el gobernador al referirse al blindaje que busca imponer sobre los recursos de la jurisdicción. Añadió que buscan “defender el federalismo, preservar el dominio provincial sobre el territorio y generar seguridad jurídica”.

Como ejemplo de este modelo, el gobierno neuquino cita el esquema aplicado en Vaca Muerta, donde la provincia conserva la titularidad de las tierras mientras otorga concesiones para la explotación de hidrocarburos. Actualmente, existen 56 concesiones no convencionales funcionando bajo este régimen que protege el patrimonio provincial.

El anuncio provincial coincide con el tratamiento en la Cámara Alta del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por la administración de Javier Milei, que busca flexibilizar la tenencia de tierras por parte de extranjeros eliminando los límites actuales. Ante esto, Figueroa ha solicitado a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que impulse en el Congreso la incorporación de un límite cuantificable para la venta de tierras a extranjeros en todo el territorio nacional.

A pesar de las tensiones, se informó que el proyecto nacional que llegará al recinto reconoció, tras su paso por comisiones, que cada provincia conserva la potestad de definir el régimen jurídico aplicable dentro de su territorio. En este sentido, la postura de Neuquén es utilizar esa autonomía para garantizar que el desarrollo regional quede en manos locales.

Más allá de la restricción a extranjeros, la política de tierras del gobierno neuquino busca acelerar procesos de regularización para familias y pequeños productores. A través del programa Neuquén Habita, ya se han entregado escrituras a 1.500 familias, y se proyecta alcanzar las 3500 el próximo año.

Complementariamente, la herramienta Invierta en Neuquén ofrece estabilidad fiscal por diez años y exenciones impositivas para fomentar inversiones productivas, habiendo captado ya el interés de unas 160 empresas. Con este paquete de medidas, Neuquén busca consolidar un Estado que establezca reglas claras y proteja su patrimonio ante los cambios normativos que se discuten a nivel nacional.

Rechazo de la Iglesia Católica

A través de la Pastoral Social de la región Patagonia-Comahue, la Iglesia Católica manifestó un firme rechazo al proyecto de ley nacional que busca declarar la “inviolabilidad absoluta de la propiedad privada”.

Los equipos pastorales sostuvieron que la iniciativa contradice los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y el concepto del “destino universal de los bienes”, que establece que la tierra y sus frutos son para beneficio de todos los seres humanos sin exclusión.

Asimismo, reafirmaron que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que posee una función social y debe estar subordinada al bien común. En ese sentido, advirtieron que la tierra en la Patagonia no puede ser reducida a un objeto de apropiación exclusiva.

El pronunciamiento, que lleva la firma de las pastorales sociales de las diócesis de Neuquén, Viedma, Alto Valle, Río Gallegos, Rawson y Bariloche, expresó preocupación por la concentración de tierras y su adquisición con fines especulativos, tanto por parte de argentinos como de extranjeros.

Los equipos señalaron que la explotación desmedida de recursos naturales como agua, minerales, gas y bosques contradice el llamado al “cuidado de la casa común”. Finalmente, la Iglesia exhortó a las autoridades a promover políticas que garanticen un acceso equitativo a la tierra y al trabajo.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que convocó al paro nacional docente que se desarrolla este lunes, nuclea a sindicatos de maestros de todo el país y tiene entre sus referentes al exsecretario del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Roberto Baradel. La confederación gremial orbita dentro de una de las vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que conduce el kirchnerista Hugo Yasky, quien también fue su titular.

El Suteba, gremio mayoritario entre la docencia de la provincia de Buenos Aires, tiene unos 90.000 afiliados. Por ese sindicato, integran la conducción de la Ctera Baradel (secretario general adjunto), Eduardo Pereyra (secretario de Relaciones Internacionales), Cecilia Martínez (secretaria de Formación Político-Sindical) y Silvia Almazán (prosecretaria de Educación).

Tras 22 años al frente, Baradel dejó la conducción del Suteba en mayo, al no participar como candidato en las elecciones sindicales que ganó su espacio, ahora encabezado por María Laura Torre. Se mantuvo dentro de la estructura jerárquica de la Ctera y de la CTA de los Trabajadores, una de las dos vertientes de esta central obrera. La conduce Yasky, que fue secretario general de la Ctera y del Suteba, y es diputado nacional por el kirchnerismo. Baradel y Yasky están alineados con Axel Kicillof en la interna del peronismo nacional.

Entre los sindicatos más importantes que integran la Ctera está la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe), con unos 40.000 afiliados, origen de la secretaria general de la confederación, Sonia Alesso. El viernes, el gremio santafesino activó una jornada de protesta contra el gobierno del radical Maximiliano Pullaro, por el “ajuste que el gobierno provincial descarga sobre la educación pública”.

También forma parte de la Ctera el sindicato docente porteño UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), uno de los 17 gremios de maestros de la ciudad de Buenos Aires, conducido por María José “Monona” Gutiérrez. La UTE es el gremio mayoritario entre los docentes porteños.

Integran la Ctera la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (Ateca), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), la Asociación del Docente Formoseño (ADF), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP, de Jujuy), la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (Utelpa), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza (SUTE), la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP), la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (Aten).

Completan el listado de gremios nucleados en la confederación docente que lidera Alesso los sindicatos Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), Asociación Docente Provincial (ADP, de Salta), Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP, de San Juan), Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac), Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Santiago del Estero (Sutese), Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef), Unión de Trabajadores de la Educación (Utre, de Chaco) y Asociación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP).

La Ctera se fundó en 1973 y tuvo entre sus pioneros a Alfredo Bravo, referente socialista en el país, exdiputado nacional, fallecido en 2003. Bravo tenía una concepción sarmientina de la tarea docente, en la que priorizaba al alumno por sobre las reivindicaciones salariales y las eventuales medidas de fuerza.

Además del paro nacional de este lunes, la Ctera realiza una jornada de protesta contra el proyecto de ley de libertad educativa del gobierno nacional. Esa iniciativa, entre otros puntos, autoriza la enseñanza escolar en el hogar, la publicación de las evaluaciones de las instituciones y cambios en el financiamiento. En términos generales, la normativa transfiere a las familias un mayor poder de decisión para elegir la oferta educativa para sus hijos. De avanzar, reemplazaría a la Ley Nacional de Educación.

Para la Ctera, el proyecto oficialista es “un claro intento de avanzar sobre el sistema educativo imponiendo las ideas reaccionarias, conservadoras y mercantilistas propias de la derecha que hoy gobierna en el país”. Según consta en su sitio web oficial, la Ctera considera la iniciativa mileísta “un verdadero cambio de paradigma que, de manera reaccionaria, pretende restaurar los principios fundamentales del modelo educativo neoliberal impuesto en los años 90 e, incluso, vulnera derechos que ya se habían alcanzado en nuestro país desde la Ley 1420″.

Alesso, Baradel y Yasky estuvieron presentes en la movilización que esta mañana realizó la Ctera al Ministerio de Economía, para complementar el paro nacional y expresar la oposición sindical al proyecto de libertad educativa.