POLITICA
Diputados: el Gobierno defendió la ampliación de la Inocencia Fiscal y la oposición denunció que beneficia a evasores
El Gobierno defendió este miércoles en Diputados dos proyectos del plan económico de Javier Milei: las reformas de la ley de Inocencia Fiscal y de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El oficialismo busca su media sanción el próximo 19 de agosto en el recinto.
La primera propuesta pretende ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherir al beneficio de formalizar ahorros fuera del sistema. La segunda apunta a direccionar el funcionamiento de la entidad monetaria a resguardar el valor de la moneda, prohibir tanto el financiamiento al Tesoro como la emisión sin respaldo y hacer más exigente la remoción de sus autoridades.
Las discusiones se dieron en dos plenarios diferentes. El primero, compuesto por las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, tuvo como protagonistas a funcionarios del Ministerio de Economía que explicaron los cambios propuestos y rechazaron que la reforma de la ley de Inocencia Fiscal implique un nuevo blanqueo o una flexibilización del régimen penal tributario. La oposición, en cambio, denunció que favorecerá a evasores y funcionarios públicos.
La defensa estuvo a cargo de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu; y el director del Banco Central, Martín Vauthier, quienes buscaron desmontar las principales críticas opositoras. El plenario fue encabezado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA), y la titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA).
Al abrir el debate, Rodríguez Machado sostuvo que el objetivo es que el Estado concentre sus recursos en “perseguir a los verdaderos evasores y no a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias”. También rechazó que el proyecto implique impunidad: “No elimina delitos, no reduce penas y no beneficia a quien haya cometido un delito”.
La reforma quedó envuelta en polémica después de que, en plena investigación judicial por su crecimiento patrimonial, tanto Manuel Adorni como su mujer, Bettina Angeletti, que admitieron tener dinero no declarado, adhirieron al régimen simplificado de ganancias que habilitó la primera edición de la ley vigente. También lo hizo José Luis Espert, investigado por los fondos que recibió de Federico “Fred” Machado, condenado por la Justicia de Estados Unidos.
La primera exposición técnica estuvo a cargo de Balestrini, quien insistió en que el proyecto no amplía los beneficios ya incorporados por la ley de Inocencia Fiscal.
Según explicó, el proyecto apunta exclusivamente a ampliar el acceso al régimen simplificado de declaración jurada del impuesto a las Ganancias. “La principal modificación es ampliar el universo de personas humanas que pueden realizar la adhesión”, dijo.
También rechazó que existan beneficios impositivos adicionales. “No hay ninguna exención adicional, no hay ningún tratamiento distintivo”, afirmó, y aclaró que quienes adhieran “van a liquidar su impuesto a las ganancias como lo liquida aquel que está en el régimen general”.
Luego, Imirizaldu explicó los cambios técnicos del proyecto. Señaló que el régimen seguirá alcanzando únicamente a personas humanas y sucesiones indivisas, pero eliminará las actuales restricciones de ingresos, patrimonio y condición frente a ARCA para acceder al régimen simplificado. También aclaró que los grandes contribuyentes podrán presentar la declaración bajo el formato simplificado, aunque “no van a gozar de ningún beneficio que tenga la norma”.
La defensa política estuvo a cargo de Vauthier, quien vinculó la iniciativa con la estrategia oficial para impulsar la inversión. Sostuvo que la Argentina creció apenas 1,9% anual en promedio durante los últimos cuarenta años porque invirtió menos que otros países y afirmó que “para que la inversión se pueda financiar hace falta ahorro”. En ese contexto, defendió la ampliación del régimen al señalar que “el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”. Según dijo, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero alrededor de US$179.000 millones en billetes, un monto equivalente a entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en dólares.
Las críticas llegaron desde distintos bloques opositores. El diputado Agustín Rossi (UP) sostuvo que el proyecto beneficia a “los estudios contables más grandes de la Argentina” y cuestionó que funcionarios públicos puedan acogerse al régimen. “No podemos aprobar en este Congreso una ley que nos beneficia a nosotros”, afirmó, al tiempo que calificó la iniciativa como “un escándalo”.
Desde el Frente de Izquierda (FIT), Néstor Pitrola bautizó la iniciativa como la “ley Adorni-Espert” y sostuvo que constituye “un blanqueo permanente” y “una ley de impunidad permanente de la evasión”. “En este país todos los gobiernos han premiado a los evasores”, afirmó.
En la misma línea, el socialista Esteban Paulón advirtió que este tipo de mecanismos son observados especialmente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya que “una persona políticamente expuesta que adhiera a un régimen de este tipo es de alto riesgo para operaciones de lavado de dinero del narco, de la trata, del delito complejo transnacional, de la corrupción o de activos que circulen en criptomonedas”.
“Había una gran oportunidad para dejar con contundencia la exclusión del régimen simplificado para todos los funcionarios públicos”, afirmó Victoria Tolosa Paz (UP). La diputada vinculó esa decisión con el caso Adorni y cuestionó la eficacia de los organismos de control. “Si ARCA cruza permanentemente la información patrimonial, ¿por qué no detectó ese caso?”, preguntó.
Ante las críticas de la oposición por la posibilidad de que funcionarios públicos adhieran al régimen, Balestrini negó que el proyecto constituya un nuevo blanqueo. “Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, afirmó. Destacó que los funcionarios que opten por ese mecanismo seguirán obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y sostuvo que “no se altera en absoluto” ese deber. También aseguró que la iniciativa “no renuncia a la fiscalización” y que “no anula la ley antilavado ni la antievasión”.
Carta Orgánica del BCRA
Por la tarde siguió el plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidido por los libertarios Santiago Pauli y Benegas Lynch. Allí se inició el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con las exposiciones del presidente de la entidad, Santiago Bausili, y del vicepresidente, Vladimir Werning.
Los funcionarios defendieron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y sostuvieron que los cambios buscan reforzar la independencia del organismo y evitar que vuelva a financiar el déficit fiscal. “Hace dos años y medio que operamos con estas restricciones. Hay evidencia empírica sobre el funcionamiento”, afirmó Bausili.
Bausili explicó que la iniciativa se apoya en cinco ejes: establecer como único mandato del Banco Central la preservación del valor de la moneda; eliminar el financiamiento monetario al Tesoro mediante los adelantos transitorios y la compra directa de títulos públicos; restringir la distribución de utilidades a ganancias “líquidas y realizadas” destinadas únicamente a cancelar deuda; endurecer el régimen de remoción de las autoridades para fortalecer la independencia de la entidad; y cerrar el mecanismo de las letras intransferibles, que, según dijo, permitió financiar al Tesoro con reservas y llegó a acumular un stock de US$85.000 millones.
Werning, por su parte, sostuvo que la reforma apunta a impedir que el Banco Central “sea instrumento para transferir esta carga tributaria, en términos del impuesto inflacionario, a las familias argentinas”. Y afirmó: “Los perjudicados son las familias argentinas; quien fue responsable, el Banco Central; y a quien benefició, al Tesoro Nacional”.
La oposición concentró sus reparos en el esquema de gobernaza que propone el proyecto. Varios diputados cuestionaron que la remoción del presidente y los directores del Banco Central quede supeditada a una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, al considerar que ese requisito podría volver prácticamente inamovibles a las autoridades avaladas por mayoría simple solo por el Senado.
“Hoy tenemos un presidente del Banco Central que es prácticamente un ministro más del gabinete”, afirmó Itaí Hagman (UP), al señalar una contradicción entre el “blindaje” institucional que impulsa el Gobierno y la coordinación que mantuvo el organismo con el Ministerio de Economía durante la actual gestión. También cuestionó que la reforma elimine herramientas del Banco Central para promover el crédito y el desarrollo económico, advirtió que podría encarecer el financiamiento para las pymes y presionar sobre las tasas de interés, y puso en duda el régimen de autonomía que propone el proyecto.
Parte de la oposición también pretende fijar un plazo máximo para que las designaciones “en comisión” no puedan extenderse indefinidamente, una cuestión que el proyecto no regula. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que “un plazo de seis meses es más que razonable” para que la Cámara Alta ratifique los nombramientos propuestos por el Poder Ejecutivo.
Bausili respondió además a una de las consultas que más se repitió durante el plenario: el destino de las reservas en oro del Banco Central. El funcionario aseguró que “están donde tienen que estar, que es en las reservas internacionales del BCRA” y evitó dar precisiones sobre su ubicación o administración. “Si los lingotes son físicos o si están en un sótano, o si están depositados en el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) eso ya es una función de la gerencia de reservas del BCRA. Argumentó que el organismo no divulga sus operaciones porque “se genera un incentivo para que el mercado tradee en contra”. En ese sentido, añadió que tampoco informa cómo administra sus posiciones en oro ni dónde se encuentran resguardadas.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
POLITICA
Los rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
Los rectores de las universidades nacionales trasladarán este miércoles su reunión mensual a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar que el Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión se tomó después de que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado esa norma y ordenó su aplicación inmediata. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.
En un comunicado, los rectores anunciaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.
La decisión de los rectores se conoció luego de la decisión de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenó la aplicación de la ley y ordenó su inmediata aplicación.
En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.
Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.
El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
Los reclamos por los salarios y las becas universitarias
El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.
El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.
La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.
POLITICA
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial y las universidades preparan una movilización al Congreso
La apelación del Gobierno Nacional contra el fallo que ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario volvió a tensar el conflicto con las universidades. La disputa abarca el destino de los recursos, la actualización de los salarios y las becas estudiantiles, mientras el sistema universitario prepara una movilización al Congreso el 15 de octubre.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que busca demorar la vigencia de una norma sancionada y luego ratificada por el Congreso.
“El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo”, afirmó en Infobae Al Amanecer.
El dirigente gremial señaló que la Justicia consideró constitucional la ley y objetó el mecanismo mediante el cual se había frenado su aplicación. Según planteó, el Ejecutivo recurre a instancias de apelación para postergar resoluciones dictadas por otros poderes del Estado.
La Justicia ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario
Cagnacci afirmó que el fallo judicial estableció que la ley de financiamiento universitario es constitucional y que el Gobierno debe acatarla. “La justicia le dice al Gobierno que la ley es constitucional”, sostuvo.
La posición oficial apunta a que la norma implica gastos que no fueron previstos en el presupuesto y que el Congreso debería indicar la fuente de los fondos. Frente a ese argumento, el secretario general recordó que la Jefatura de Gabinete puede reasignar partidas cuando una ley genera nuevas obligaciones.
“El planteo del Gobierno es aprobar una ley y yo no sé de dónde sacar la plata”, resumió Cagnacci. A su juicio, la resolución judicial rechazó esa interpretación porque la reasignación de recursos integra las facultades del Poder Ejecutivo.
El sindicalista ubicó el debate en el terreno de las prioridades de gestión. “Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, dijo.
Incumplimiento de la paritaria de junio
Cagnacci también cuestionó la falta de cumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales. El entendimiento contemplaba una recomposición salarial de 24,3% en dos tramos.
Además, incluía un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y una partida de $50.000 millones para los hospitales universitarios. “El Gobierno nacional firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, afirmó.
Según los datos aportados por el dirigente, solo un profesor titular con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza. Un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad, que representa el ingreso promedio en la Universidad de Buenos Aires (UBA), percibe menos de $500.000 netos.
Cagnacci indicó que un médico residente del Hospital de Clínicas cobra $1.200.000 netos y que el personal administrativo no docente en su categoría inicial recibe cerca de $800.000. También cuestionó el valor de la beca Progresar, fijada en $35.000 antes de descuentos para estudiantes que necesitan apoyo económico.
“La respuesta es fácil, es no”, respondió ante la consulta sobre si ese monto alcanza para sostener a un estudiante universitario.
Marcha al Congreso
En su planteo sobre el presupuesto, Cagnacci comparó los recursos destinados a los hospitales universitarios con otras decisiones fiscales. Señaló que el Congreso aprobó una partida de $80.000 millones para todos esos centros del país, mientras que, según afirmó, una exención impositiva a una empresa implicó dejar de percibir $140.000 millones.
También se refirió a la baja temporal de retenciones al sector agropecuario y sostuvo que el Estado dejó de recaudar entre USD 1.600 millones y USD 1.800 millones en cuatro días. Para el dirigente, esa cifra equivale a un presupuesto anual completo de la UBA.
El secretario general advirtió que el proyecto presupuestario del Gobierno prevé una inversión equivalente al 0,53% del PBI para las universidades. Según dijo, se trata del nivel más bajo desde 2001.
Rectores y rectoras de todo el país tienen previsto sesionar en Plaza de Mayo a las 14.30 y, desde esa actividad, convocarán a una movilización hacia el Congreso Nacional. La marcha en defensa de la educación pública universitaria está prevista para el 15 de octubre a las 13.30 horas.
–
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.
• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.
• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.
• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.
POLITICA
Defensa de la Soberanía de Malvinas: el oficialismo avanzó en Diputados y prepara el proyecto para llevarlo al recinto el 21 de octubre
El oficialismo logró avanzar con el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional durante un concurrido plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que contó con la participación de especialistas e invitados propuestos por la oposición. Los libertarios buscan cerrar la discusión el miércoles 14 y llevar la iniciativa al recinto el 21 de octubre, junto con un amplio temario.
El debate seguirá este miércoles a las 11 con la exposición de María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. La iniciativa del Gobierno cuenta con 133 artículos y, además de endurecer las sanciones económicas y penales contra quienes exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina, rediseña áreas vinculadas con la defensa, la inteligencia y la seguridad.
Durante la reunión, la oposición planteó dividir el proyecto y avanzar en un primer capítulo referido a las sanciones para las empresas que exploren y exploten hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Lee También: Ley de Financiamiento Universitario: el Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó su inmediato cumplimiento
Los invitados propuestos por las bancadas opositoras cuestionaron la iniciativa del Poder Ejecutivo. Entre quienes expusieron estuvieron Jerónimo Guerrero Iraóla, del CECIM; Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; Luciano Anzelini; Sergio Eissa; Raúl Gustavo Ferreyra; David Angueira; Daniel Filmus; Mariana Altieri; Guillermo Carmona; Pablo Testori Schroeder; Fernando Morales y Víctor Sierra.
Los diputados de Unión por la Patria Germán Martínez y Agustina Propato reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente, y de la secretaria de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chiaro.
Para el exministro Daniel Filmus, el proyecto establece “protocolos de derribo, contempla el hundimiento de buques y prepara a las fuerzas armadas para operaciones no convencionales”. Según Filmus, esas disposiciones “ofrecen al Reino Unido elementos para fortalecer su narrativa de amenaza ante sus aliados de la OTAN”.
Qué plantea el proyecto de soberanía
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente contra quienes desarrollen actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
Según explicó la Casa Rosada al presentar el proyecto, la propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos; generar incentivos para que esas actividades cesen; y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que no se limita a los hidrocarburos y alcanza también otros recursos naturales renovables y no renovables.
El proyecto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
Además, propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo encabezado por el Presidente, para coordinar políticas de defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.
Un momento de tensión durante el plenario
La reunión tuvo un momento de tensión cuando el diputado libertario Beltrán Benedit reivindicó su visita a los genocidas detenidos en la cárcel de Ezeiza en 2024. “Hemos callado durante mucho tiempo”, dijo el entrerriano, y fue cuestionado por Germán Martínez y otros diputados de Unión por la Patria.
Carlos Zapata intervino rápidamente para terminar la exposición de Benedit y dio por finalizado el encuentro.
El 11 de julio de 2024, un grupo de diputados de La Libertad Avanza había visitado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza a los genocidas Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglialminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros.
Lee También: Frente a la presión de la oposición, el Gobierno advirtió sobre las consecuencias de derogar el DNU de desregulación económica
En la previa de la reunión de las tres comisiones, la diputada de Provincias Unidas Alejandra Torres, acompañada por Carlos Gutiérrez, Gisela Scaglia, Carolina Basualdo, José Núñez, Pablo Farías y Juan Brügge, presentó un proyecto de resolución para exhortar a los integrantes de la Cámara baja a mantener un trato respetuoso y acorde con la investidura parlamentaria.
Los legisladores argumentaron que “el Parlamento es un ámbito naturalmente atravesado por el pluralismo y el disenso, pero precisamente por eso requiere reglas de convivencia que permitan desarrollar las discusiones dentro de un marco de respeto institucional”.
En el mismo sentido, sostuvieron que la firmeza en la defensa de las posiciones políticas no es incompatible con un intercambio respetuoso centrado en ideas y argumentos.
Por su parte, Mercedes Llano, de La Libertad Avanza, presentó una iniciativa para sancionar con la suspensión de la dieta a los legisladores que insulten dentro del Congreso. “La crítica política es parte esencial del debate democrático, pero lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, explicó la legisladora mendocina.
malvinas, debate, Diputados
Los rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
La curiosa reacción del entrenador de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo
Independiente analiza terminar el vínculo de Jadson Viera si no logra un buen resultado ante Talleres
Tini Stoessel recibió la peor noticia para su casamiento con Rodrigo de Paul y la crisis es total
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial y las universidades preparan una movilización al Congreso
Neymar despidió a Messi de la Selección Argentina con un emotivo mensaje: “El mundo te agradece”
DHS exposes dilemma behind SCOTUS deportation fight: ‘We have two choices’
El Reino Unido anunció que las nuevas licencias de hidrocarburos en las Islas Malvinas requerirán su autorización final
El pedido de Abel Pintos que sorprendió a Guido Kaczka: “Necesito renovarlos”
Elecciones en Brasil: el Gobierno prevé que Lula gane la primera vuelta y que Bolsonaro tenga ventaja en un balotaje
POLITICA2 días ago¡Precios de Manhattan con sueldos de Argentina! Cómo los créditos hipotecarios inflaron las propiedades y congelaron el sueño de la casa propia
- INTERNACIONAL3 días ago
Exclusive: Trump envoy blasts South Africa over hateful ‘kill’ chant, says country is drifting toward US foes
- INTERNACIONAL3 días ago
La Casa Blanca monitorea un posible brote de peste en Rusia tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio
