El juez Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta indagaron a las ex funcionaria máximas responsables de controlar la calidad de los medicamentos y soluciones parenterales que elaboran los laboratorios y salen a la venta. Agustina Nélida Bisio, era la directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumadó la responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Habían sido detenidas el lunes pasado por pedido de la fiscalía. Después de sus declaraciones, ambas se negaron a responder preguntas, solicitaron su libertad. Se les concedió el beneficio pero bajo la condición de no poder salir del país sin autorización y bajo una “caución real de 75 millones de pesos”. La excarcelación quedará efectiva una vez que se haga efectiva el requisito de la fianza.

Las profesionales son de carrera. Hacía más de 20 años que trabajaban en las dependencias: Bisio fue nombrada administradora de la ANMAT por el gobierno de La Libertad Avanza; Mantecón Fumado estaba al frente del INAME desde el mandato de Alberto Fernández.

Las dos imputadas optaron por una estrategia defensiva diferente: Bisio realizó una exposición corta, se negó a responder preguntas y dijo que iba a aportar escrito.

Mantecon Fumado -la ex jefa de la ANMAT era su superior inmediato- se remitió a un escrito ya presentado y respondió a todas las preguntas que se le hicieron. Se declaró inocente de cualquier irregularidad y traslado culpas o cualquier tipo de responsabilidad sobre demoras en las inspecciones, fallas en los controles o cualquier otra imputación o sugerencia en instancias superiores de esta y de administraciones anteriores.

En su dictamen la responsable de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, entendieron que además de los responsables de la fabricación y venta del anestésico contaminado con dos bacterias “la investigación por la producción, comercialización y aplicación de fentanilo contaminado recae también sobre la actuación de los organismos de control en la tragedia sanitaria”. También sostuvieron que el fentanilo adulterado de HLB Pharma no hubiese llegado a clínicas y hospitales sin “un manto de cobertura estatal”.

Los delitos que se les imputa

Para fundar su pedido de detención los fiscales sostuvieron que los laboratorios medicinales HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García, registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales. Ese historial se explica, para el Ministerio Público Fiscal, por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Ello derivó en la contaminación del fentanilo HLB.

La hipótesis fiscal sostiene que las ex funcionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado, que culminó con la muerte de 90 pacientes fallecidos y 41 con secuelas.

El Ministerio Público Fiscal propuso encuadrar las conductas atribuidas a ambas ex funcionarias, en relación con el lote N°31.202 de fentanilo marca HLB Pharma, en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal (envenenamiento, adulteración o falsificación de sustancias medicinales con resultado de muerte o lesiones) y, respecto del lote N°31.244 del mismo producto, en el artículo 200, en concurso real (artículo 55). Esto es “envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, con el propósito de causar un peligro para la salud pública. Es un delito de peligro: no requiere que haya víctimas concretas, sino que la conducta genere un riesgo para la población”. En la primera de las imputaciones la pena oscila entre 10 a 25 años de prisión, una calificación similar que pesa sobre los hasta ahora 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La fiscalía deja la puerta abierta a otro tipo de calificaciones “que pudieran surgir con el avance del proceso, en particular en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común)”.

En la primera de las imputaciones la pena oscila entre 10 a 25 años de prisión, una calificación similar que pesa sobre los hasta ahora 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

En una publicación que la fiscalía realizó en la página Fiscales.gob.ar se explica que las imputaciones enrostradas a las ex responsables de los máximos organismos de control sobre los laboratorios, “son el resultado del trabajo mancomunado de la fiscalía y la PIA” y que “apenas transcurrida la primera semana de esta compleja investigación, la fiscal Roteta comenzó a trabajar en conjunto con la PIA a fin de abordar una de las múltiples aristas que presentaba, ya en sus albores, la teoría del caso trazada por la fiscalía”.

El dictamen en el que se le solicitó al juez Kreplak la detención de Bisio y Mantecon Fumadó “es el resultado de ese trabajo, que incluyó el relevamiento de un extenso volumen de documentación administrativa y de información contenida en teléfonos celulares y computadoras de distintos funcionarios públicos y del personal de los laboratorios secuestrados a pedido del Ministerio Público Fiscal”, escribieron los representantes del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con el planteo de los fiscales, se encuentra probado que, con anterioridad, durante su elaboración y en el transcurso de la aplicación del fentanilo contaminado las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones. Sin embargo, las ex titulares de los organismos estatales encargados de controlar la calidad de los productos y de adoptar las medidas administrativas necesarias para proteger la salud de la población nada hicieron para mitigar ni neutralizar los riesgos sanitarios.

En particular, la investigación puso el foco en el historial de desvíos de calidad de los laboratorios investigados (Ramallo y HLB Pharma) y las deficiencias constatadas por el INAME durante una inspección realizada en Laboratorios Ramallo entre noviembre y diciembre de 2024. Allí se detectaron irregularidades estructurales tanto en las condiciones de elaboración como en los sistemas de control y aseguramiento de calidad implementados por el establecimiento.

Los fiscales entendieron que: “Pese a ese cuadro el organismo regulador con poder de policía sanitaria, aun cuando conocía las graves deficiencias existentes y los riesgos que implicaban para la salud de la población, no activó con la urgencia necesaria mecanismos preventivos eficaces para impedir o interrumpir la circulación de los productos”.

El dictamen señala, entre otros aspectos, la demora en la suscripción de la carta de advertencia que prohibió la producción de medicamentos en Laboratorios Ramallo y la falta de adopción de medidas preventivas respecto de la comercialización de los productos que ya habían sido fabricados y estaban siendo distribuidos por HLB Pharma Group.

Las medidas preventivas que no se tomaron

Los fiscales señalaron que, frente al riesgo sanitario detectado, los organismos de control contaban con distintas medidas preventivas, como la inmovilización o el retiro de los lotes, la prohibición de su comercialización, la emisión de una alerta sanitaria o la inhibición del laboratorio. Según sostuvieron, la adopción oportuna de alguna de esas medidas habría impedido la comercialización, distribución y aplicación del fentanilo contaminado.

También consideraron que la decisión de limitar la intervención administrativa a la prohibición de fabricar medicamentos en Laboratorios Ramallo S.A., sin adoptar medidas respecto de los productos ya elaborados y comercializados por HLB Pharma Group S.A., resultó insuficiente frente al riesgo sanitario conocido.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, la falta de medidas preventivas eficaces permitió que esos productos continuaran en circulación y se cobraran la vida de 90 personas y lesionara gravemente a 41.

Tal como ya informó este medio, la fiscalía y el juzgado investigan una reunión que el 14 de enero de 2025 mantuvieron en la sede de la ANMAT, las ahora dos ex funcionarias con los directivos de HLB Pharma y Ramallo, es decir los laboratorios que debían controlar y mientras se debían resolver las consecuencias de una auditoría realizada en la planta productora de la localidad de Ramallo, propiedad de Ariel García, en la que se detectaron graves fallas a las Prácticas de Buena Elaboración de Productos. También borraron intercambios de mensajes de texto entre ambas en la que reconocían las serias deficiencias sobre esos establecimientos y denuncias que ya existían, entre ellas de la Organización Panamericana de la Salud.

Matías Moreno,Conforme a

La Cámara de Diputados inició el tratamiento de los proyectos para modificar la Ley de Inocencia Fiscal y reformar la Carta Orgánica del Banco Central, dos iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo que el oficialismo busca convertir en ley durante agosto.

La Libertad Avanza abrió el debate en distintos plenarios de comisiones con la intención de emitir dictamen la próxima semana y habilitar su discusión en el recinto. El 26 de agosto aparece como la fecha con mayores posibilidades, aunque algunos sectores todavía mantienen el 19 como alternativa.

El proyecto sobre Inocencia Fiscal se debatió en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, presididas por Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente. En paralelo, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se analizó en otro plenario integrado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, encabezada esta última por el diputado Santiago Pauli.

Los cambios propuestos para el régimen de Inocencia Fiscal

La iniciativa busca modificar la ley que creó un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, luego de que, según el Gobierno, no alcanzara los resultados esperados.

El principal cambio elimina los límites de ingresos y patrimonio previstos por la normativa vigente para adherir al régimen. De aprobarse el proyecto, dejarán de regir los topes de $1000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.

En los fundamentos de la iniciativa, el Poder Ejecutivo sostuvo que la medida permitirá ampliar el universo de contribuyentes alcanzados. “Se dispone una apertura del universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen, permitiendo que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta modalidad simplificada, democratizando así el acceso a herramientas que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, argumentó.

Durante el debate, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Ballestrini, afirmó que el alto nivel de adhesión registrado justifica ampliar el universo de contribuyentes alcanzados. “Teniendo en cuenta que el nivel de acatamiento al régimen simplificado previsto en el régimen actual fue muy importante, muy significativo, está bien ampliar ese régimen para que pueda haber más cantidad de adhesiones”, sostuvo.

Desde la oposición, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz reclamó que los funcionarios de los tres poderes del Estado queden excluidos del beneficio.

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“Mientras (el exvocero Manuel) Adorni daba explicaciones cada vez más contradictorias sobre su patrimonio, ARCA guardaba silencio y el oficialismo rechazaba una herramienta básica para despejar cualquier sospecha. Hoy volvimos a hacer la pregunta que deja muda a la casta mileísta: ¿Por qué decidieron no excluir a los funcionarios públicos del Régimen de Inocencia Fiscal? La transparencia no se simplifica, se garantiza. Agreguen el artículo de exclusión definitiva para todo funcionario público, que seguramente lo va a votar toda la oposición”, sostuvo.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, defendieron la reforma durante el plenario y señalaron que el objetivo principal del proyecto es consolidar un esquema institucional orientado a reducir la inflación.

“No es sólo la independencia o sólo la prohibición de financiar el Tesoro, sino también funcionarios que son los adecuados para manejar el Banco Central con un objetivo claro, protegidos de las influencias políticas del momento, los que tienen mucha mejor probabilidad de lograr los objetivos de aniquilar eventualmente la inflación”, afirmó Bausili.

El titular del Banco Central agregó: “Lo que estamos proponiendo acá existe en la gran mayoría de las Cartas Orgánicas de los bancos centrales de aquellos países que ya fueron exitosos en erradicar la inflación. No estamos trayendo nada como una idea muy revolucionaria, un experimento o un test”.

La reforma, que el presidente Javier Milei calificó en cadena nacional como “una de las más importantes de los últimos 91 años”, busca restringir el financiamiento del Estado por parte del Banco Central, redefinir los objetivos institucionales de la entidad, limitar el gasto público y avanzar en la desregulación del mercado de capitales.

Uno de los aspectos que permanece en discusión es el mecanismo para remover al presidente y al directorio del Banco Central. El proyecto propone exigir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, aunque durante el debate también surgieron planteos para reemplazar ese requisito por una mayoría absoluta.

Desde la UCR, el diputado mendocino Lisandro Nieri anticipó el respaldo de su bloque y recordó que en 2022 presentó una iniciativa con objetivos similares. “En 2022 presentamos un proyecto de reforma de la Carta Orgánica, en un sentido similar al que ahora propone el Gobierno. De las muchas reformas estructurales que necesita nuestro país, esta es una de las más importantes”, expresó.

La estrategia parlamentaria del oficialismo

La hoja de ruta para avanzar con ambos proyectos comenzó a definirse en una reunión de la mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y continuó con un encuentro entre diputados oficialistas y bloques dialoguistas.

La reunión se realizó en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados y contó con la participación de Santiago Bausili, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Ballestrini.

También asistieron representantes de la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, el MID, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y La Libertad Avanza.

Los reclamos de los bloques dialoguistas

Durante el encuentro, los bloques aliados no sólo escucharon la defensa de los proyectos del Poder Ejecutivo, sino que también reclamaron la apertura de comisiones para tratar iniciativas propias.

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Entre ellas figuran proyectos sobre vandalismo rural y el uso agrícola de tierras adyacentes a rutas nacionales, impulsados por los diputados del PRO Martín Ardohain y Javier Sánchez Wrba.

Desde Provincias Unidas, Gisela Scaglia solicitó el tratamiento de una reforma a la Ley de Estupefacientes para ampliar la participación de las provincias en las investigaciones por narcomenudeo.

El radicalismo también planteó un régimen de tarifas eléctricas diferenciales para provincias del Norte Grande y regiones con temperaturas extremas durante el verano, modificaciones al sistema de Tax Free para permitir que turistas extranjeros recuperen el IVA por la compra de cualquier bien y una reforma del Código Penal para actualizar la legislación frente al uso malicioso de herramientas de inteligencia artificial.

Sobre este último proyecto, la diputada Pamela Verasay sostuvo: “Consideramos que el problema no consiste en la falta o ausencia de normas que ofrezcan protección jurídica específica sino en que el marco jurídico vigente fue concebido para un contexto tecnológico en el cual no existían las posibilidades que hoy ofrecen los sistemas de inteligencia artificial para generar imágenes, voces, documentos o contenidos sintéticos con el grado de realismo, automatización y difusión. En resumidas cuentas, nuestro ordenamiento jurídico necesita actualizarse y adaptarse frente a los nuevos desafíos que trae aparejado el uso de la inteligencia artificial”.

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