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POLITICA

Apareció la palabra prohibida

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Hubo una noticia que llamó la atención de los que siguen la economía, más específicamente el mundo de las finanzas, y se trata de una decisión que tomó el ministro de Economía, Luis Caputo, después de una deliberación muy larga con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, con quien forma un equipo muy integrado porque eran socios en la actividad privada. La noticia tiene que ver con el récord de depósitos en dólares que hay en la Argentina y, ligado a eso, una decisión del Gobierno: permitirle a los bancos usar parte de esos depósitos. no más del 15%, para prestarlos a empresas que no generen dólares.

Hasta el momento estaba permitido prestar dólares a los que los aportan, pero ahora se decidió flexibilizar su oferta y que los bancos puedan destinar 15% de sus depósitos a prestarlos a empresas, no a particulares, que no los exportan.

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Apareció La Palabra Prohibida; El Editorial De Carlos Pagni

Es una medida que generó cierta inquietud en algunos economistas, no en todo, ni siquiera en la mayoría, porque presumen que podría producirse una corrida de la gente en busca de los dólares que no están porque fueron prestados. Por ese motivo, la decisión del BCRA es muy restrictiva y los bancos que decidan usar esos dólares tienen que poner de su propio capital más que en otros préstamos. Hay mucho cuidado en que no se vuelva a presentar un problema como el de 2001.

Este cambio fue anunciado por Caputo, a pesar de que es una medida adoptada por el Banco Central. La autonomía del BCRA, que para los liberales es sagrada, en este caso está relativizada.

¿Dónde está el punto de interés si uno mira las películas de la economía y de la política? En cómo justificó Caputo la medida: “Va a ayudar a reactivar la economía”. El verbo “reactivar” lo usan los economistas cuando la actividad está aletargada o cuando un determinado nivel de crecimiento se desaceleró. Por eso, esa palabra que usó el ministro es una especie de lapsus para un Gobierno que niega cualquier problema en la actividad, principalmente en los sectores que están planchados, como construcción, industria y comercio.

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De esta manera, después de haber prometido en abril que se venían los 18 meses más espectaculares de la economía argentina en décadas, el ministro admitió que se necesita reactivación. Pero esto no nos debe sorprender porque la noticia para el Gobierno no llega desde la observación de la economía real, sino por un efecto secundario de ese decaimiento del nivel de actividad: cómo impacta en la recaudación.

Caputo se da cuenta de que la recaudación del IVA y del Impuesto al Cheque, entre otras, está cayendo. A su vez, en la Capital Federal, las autoridades del gobierno de Jorge Macri están inquietas porque Ingresos Brutos cayó 10% respecto al año pasado. Sucede algo parecido en todas las provincias.

Y también hay un mensaje del FMI que pasó inadvertido porque los propios técnicos del Fondo quisieron que así sea. En el informe que publican cada vez que examinan la situación argentina, se publicó una afirmación elogiosa: “La política fiscal se ha mantenido prudente y coherente con el objetivo general del Gobierno en materia de resultado de caja. El superávit primario federal alcanzó el 1,4% del PBI en 2025, lo que permitió obtener un superávit de caja global equivalente al 0,2%”.

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En ese texto se agregó una llamada al pie de página, en la que se aclaró: “Esta medida excluye los pagos de intereses correspondientes a los bonos cupón cero, que se registran ‘por debajo de la línea’. Si se incluyera ‘por encima de la línea’ el componente real de los intereses capitalizados, el déficit global ascendería aproximadamente al 0,8% del PBI”. Es decir: si los intereses de la deuda se calcularan de modo convencional, habría déficit.

El FMI aclaró este dato porque tiene que hacerlo pero lo hizo en una nota al pie de página, para no entrar en contradicciones con el gobierno de Milei respecto de la vaca sagrada del Poder Ejecutivo: la política fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas, en el cual, obviamente, Milei y Caputo avanzaron. Pero ahora se encuentran en el círculo vicioso de los ajustes. Salir de los ciclos de la alta inflación por la vía del enfriamiento de la economía termina afectando a la política fiscal porque caen los ingresos y el superávit se vuelve cada vez más lejano. Se va corriendo el arco.

La caída en el nivel de actividad tiene que ver, más allá de la discusión sobre el tipo de cambio, con un recorte en el salario. Los aumentos han sido reprimidos para que no haya una carrera de precios que determinen más inflación y hay, además, un peso importante en el que se habla todo el tiempo del nivel de endeudamiento en las familias, problema que afecta a muchos y se volvió un asunto importante, aunque en términos de producto bruto no sea tan alto. Es decir, los técnicos miran los números y consideran que acá no hay un problema macroeconómico, sino político. O, en todo caso, un problema delicado social, de la gente que no puede pagar sus deudas, sobre todo aquellos que están endeudados con organismos que no son bancos o, directamente, con usureros informales, como pasa en muchísimos lugares, principalmente en el conurbano bonaerense.

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Hay otras razones por las cuales el salario está retraído y hay una caída del poder adquisitivo: el peso de los servicios públicos ha aumentado enormemente y hoy es, en el promedio del salario en blanco, un 15%. Cuando se retiró el gobierno Alberto Fernández era del 6%: se regalaban los servicios y eso generaba un déficit público enorme por los subsidios que había que pagar.

También hay motivos por los cuales hay un problema en la recaudación y tienen que ver no sólo con la dinámica de la economía, sino con la ideología económica del Gobierno.

La primera de esas razones es que el Gobierno mira la economía pensando en dos velocidades. Es una forma de entender la política económica y la manera que tiene el Gobierno de intervenir en ella. Hay una cláusula del catecismo de Milei que establece que no debe haber política industrial. el Estado no debe inmiscuirse en la lógica del mercado ni favorecer o desalentar a ningún sector. Esto, que es un dogma de fe para todo el pensamiento económico liberal o ultraliberal, en la cúspide de sus expositores está Federico Sturzenegger, en la realidad no es así. El Gobierno promueve determinados sectores a los que le quita impuestos, como la minería, el gas, el petróleo y todo lo que privilegia la política industrial del Gobierno, que se llama RIGI. Y ahora está el sector de la tecnología, lo que se llama economía del conocimiento, que va a tener un súper RIGI.

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Esos sectores se alientan pero son los que menos tienen que ver con el consumo y con la recaudación del IVA o del Impuesto al Cheque. Los otros, a los que el Gobierno no mira y a los cuales no quiere alentar porque sería intervenir sobre la economía, como si sobre los sectores de minería, oil and gas, etc., no interviniera, son los que producen el mayor impacto fiscal sobre la recaudación y esos son los que están retrasados.

Quiere decir que hay un diseño de política económica y una forma de ver el mundo material y los sectores que deben ser alentados o desalentados que tiene muchísimo que ver con la caída de la caja del Gobierno que preocupa a Luis Caputo, y que hace que el ministro termine diciendo algo que decían sus críticos: esta economía debe ser reactivada; está adormecida y hay que despertarla.

Además hay otra razón por la cual también cae la recaudación: la cultura del blanqueo, que es permanente en este gobierno, así como en otros. Consiste en que a aquel que debe se le perdona la deuda o se le hace un plan de pagos. Un estilo que se llama en términos muy generales y metafórico “inocencia fiscal”. De esta manera, el que debe sabe que, si espera un poco, va a llegar un nuevo perdón. Así, decide seguir evadiendo porque no hay sanción.

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Este esquema también impacta sobre las cuentas públicas y está ligado a la evasión, que ha aumentado muchísimo. Sube el consumo pero la recaudación de IVA no le sigue el ritmo, y, cuando cae el consumo, la recaudación de IVA baja más. En la diferencia entre ambos, consumo e IVA, se juega la evasión fiscal, que también incide sobre esas cuentas que preocupan al ministro y que le hacen ver finalmente, por el lado de lo fiscal, que la economía real está castigada en sectores muy importantes. Así se enrarece el clima general de la sociedad.

Esto, por supuesto, tiene efectos políticos. El primero tiene que ver con la estructura de la casta. IVA y ganancias son impuestos coparticipables, entonces, si baja el IVA, le cae a Caputo, pero también a cada uno de los gobernadores que recibe de una cuenta del Banco Nación el goteo diario de lo que se recauda por esos impuestos y va a las provincias. Así se empieza a generar un malestar que siente Diego Santilli, el jefe de gabinete, a quien se le encomendó la relación con las provincias, que es, asimismo, la relación con el Congreso.

En ese punto empieza a haber ruidos que hacen que el Gobierno no pueda sacar todas las leyes, o artículos de leyes, que quiere sacar y tenga derrotas parlamentarias que hacen que algunos oficialistas en el Congreso piensen que va a haber poca actividad parlamentaria porque no se van a lograr tan fácilmente las mayorías.

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Los gobernadores ven que les cae la recaudación, pero, además, que el Gobierno se apropia de algunas cajas que debería girarles. Una es la que publicó Hugo Alconada Mon en , que está vinculada al mantenimiento de rutas. Había un billón y medio de pesos destinado a ese propósito y el Ejecutivo se quedó con dos tercios de ese fondo que tenía que ir, por ley, a las provincias. Hubo una denuncia penal de la diputada Victoria Tolosa Paz por este tema. A los gobernadores la cuestión fiscal los empieza a inquietar.

A su vez, hay otra razón para complicar la política, que es más poderosa: la reelección de Milei, que hasta hace seis meses que se daba por asegurada, sobre todo después del envión que tuvo el Gobierno con la excelente elección parlamentaria del año pasado, empieza a ser más dudosa. Comienza a pensarse que hay una posibilidad de que no se dé. Y las encuestas empiezan a insinuar ese fenómeno.

Esta semana, Aresco, consultora de Federico Aurelio, hizo un trabajo muy interesante en este sentido. Le preguntó a sus encuestados si votarían por un espacio que no sea libertario ni kirchnerista, es decir, por una tercera posición. Un 14,6% respondió que “seguramente sí”, mientras que los que aseguran que podrían hacerlo son el 40,7%; un 55,3% en total.

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Aurelio no solamente hace esa pregunta, indaga en la cabeza de esa gente y se da cuenta de que es gente que activamente está buscando algo que no sea Milei o, algo que no sea, para sintetizar, Cristina Kirchner. El 17,4% dice que nunca votaría esa tercera opción y hay un 27,7% del que no se sabe adónde va a ir. Luego está la distribución de la intención de voto. ¿Usted a quién votaría? Al mileísmo, 29,8%. Al kirchnerismo, en un sentido muy amplio, 26,9%. A la izquierda, 8%. Y una opción intermedia, 22,7%. Si el 55% votaría algo intermedio, el 22,7% son los que dicen: efectivamente yo lo votaría en comparación con las otras opciones. ¿Qué es lo importante de este número? Que no alcanza para que el grupo que votaría una opción por fuera del mileísmo, el kirchnerismo y la izquierda, salga segundo en una primera vuelta y entra el ballotage.

Hay un consenso bastante extendido entre encuestadores y analistas políticos de que, si Millei no gana en primera vuelta, se le hace muy cuesta arriba ganar la segunda. Porque el que salga segundo, podría quedarse con todo el resto. Es decir, con lo que, según otras encuestas, es un 66% de gente que quiere el cambio.

Para los que quieren esa opción intermedia, hay un problema. Lo advierte a Aurelio preguntándole a la gente qué piensa. ¿Y cuál es el problema? Que ese universo de los que dicen yo no quiero votar a alguien de Milei, pero tampoco a alguien de Cristina, es muy variado. No piensa igual. Es gente que adhiere en sentido muy general a determinadas líneas de acción del Gobierno, la preservación del equilibrio fiscal y la estabilidad económica. No quieren volver al mundo de la alta inflación y del despilfarro. Por supuesto no quieren crisis con el dólar. Ese es un denominador común de ese conjunto. Quiere decir que le resulta más difícil entrar en ese universo al kirchnerismo, y al peronismo que esté contaminado de kirchnerismo, que al Gobierno.

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Para entender, hacia dónde va la política, tenemos que plantearnos escenarios para el año que viene. Si el número de apoyo al mileísmo empieza a caer, si la economía sigue cayendo, es probable que la cifra de los que irían por una opción intermedia crezca, aún pese a su diversidad. Por eso Aurelio cuando estudia este fenómeno dice: acá la clave está en las características del candidato más que la ideología. No tiene que hacer propuestas muy específicas. Porque los que irían por una opción intermedia o el 55% que votaría una tercera opción, piensan cosas muy variadas. Van a valorar más el tipo de candidato que se les presente. Que tiene que garantizar algo básico: estabilidad económica.

La otra encuesta interesante pertenece a Pulsar. Un instituto de ciencias sociales que estudia la opinión pública que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y lidera Augusto Costa. La misma apunta a las preferencias ideológicas. En 2023, 37% decía que no iba a votar a ningún partido político. En 2024 ese número se redujo al 25%. En el 2025 creció al 30% y ahora son el 42% los que dicen que no van a votar a ninguno. Todo lo demás se mantiene más o menos estable, salvo un achicamiento muy importante de Juntos por el Cambio, que pasó de tener una identificación de 26%, en 2023, al 8% en la actualidad.

Por otro lado, el peronismo se mantiene estable y LLA tiene una pequeña pérdida de 23% a 18%. Y después aparece lo más importante. El universo que coincide con la encuesta de Aurelio: los que dicen, de los que hay, no quiero a nadie. Piden un tercero. Luego aparece la ubicación ideológica de esa gente. Del 1 al 10, si uno es izquierda y 10 es derecha, ¿usted dónde se ubica? El 36% se ubica en 5: en el centro. Entonces, hay un universo de gente que dice ‘yo no quiero kirchnerismo’ y ‘no quiero a Milei’, pero que está en el centro. No es gente radicalizada que quiera algo más de derecha que Milei o más de izquierda que Cristina. Ahí está el eje de la política.

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Luego aparece otra escala que propone, del 1 al 10, donde uno es izquierda y 10 es derecha, ¿dónde se ubicaría usted? La opción “Ninguno” tiene el 5,1% de promedio. Es decir, la primera minoría está entre los que dicen, “ninguna opción me representa”. Ahí hay un terreno fértil para que aparezca una tercera opción que no necesariamente va a aparecer. La gran dificultad es cómo estructurar ese conjunto, porque se trata de gente muy variada.

Es clave observar esto porque pone en tela de juicio el dogma de la reelección de Milei. Si el promedio que elige la opción “Ninguno” se estructura, puede aparecer alguien que salga o primero o segundo en una primera vuelta. Y que sea quien se quede con el poder.

La idea de que no es seguro, pero es posible, que haya un cambio en la elección del 2027 tiene su repercusión en la economía, sobre todo en el Índice de Riesgo. En el informe que realiza todas las semanas para Econviews, el economista Miguel Kiguel publica un gráfico que muestra el índice de riesgo país de la Argentina en comparación con el índice de riesgo país promedio de países con mucho riesgo, por ejemplo Ecuador, Egipto, El Salvador, Ghana, Pakistán o Sri Lanka. Lo más importante es que el riesgo de la Argentina es superior al promedio de países con mucho riesgo. Pero lo más importante es que, mientras estos países en la última etapa, en las últimas semanas, siguió cayendo el índice de riesgo, la Argentina tuvo un repunte. De 400 a 470 puntos. Y esto es importante porque dificulta un poco más que el Gobierno pueda salir a buscar plata en el mercado con una tasa razonable.

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Que se haya instalado un signo de interrogación sobre la reelección de Milei explica, que el índice de riesgo país de la Argentina sea más elevado que el de países similares. Y esto el Gobierno lo percibió y tuvo una reacción política. La primera reacción fue “llamemos a Macri”. Porque si le quieren garantizar a la gente que mueve la curva del riesgo país, que la reelección es muy probable y que casi está garantizada, lo que primero tengo que mostrarles es que el espacio no peronista está unificado. Y ahí surge otro problema: ¿qué capacidad tienen las fuerzas no peronistas que no son del Gobierno de armar una candidatura alternativa? Macri respaldó la candidatura de Hernán Lacunza, que es un economista crítico. Probablemente desde el Gobierno vieron eso, llamaron a Macri y dijeron nos saquemos una foto.

Macri tuvo una larga conversación con Karina Milei el lunes de la semana pasada. Y después se produjo la reunión, una reunión que nadie se toma muy en serio. No porque la gente que la protagoniza no sea seria, sino por la naturaleza política de la reunión. Había tres personas del Pro. Una es Fernando De Andreis que es la sombra de Macri, el otro era Santilli pero, ¿a quién representa el jefe de Gabinete? Probablemente ni él lo sabe. Institucionalmente, a Milei. Sobre todo a Karina Milei.

Para vigilar a Santilli, y asegurar que represente a quien tiene que representar, estaban los Menem, sobre todo Lule. qué es los ojos y oídos de Karina Milei. Y después estaba Cristian Ritondo, que hace de diputado del Pro, pero está tan cerca del Gobierno como Santilli, tanto que le han dado cantidad de direcciones de hospitales, delegaciones del PAMI y otros beneficios territoriales Quiere decir que Macri mandó gente para simular un encuentro, pero probablemente no está del todo convencido de que el gobierno esté realmente dispuesto a reconocerlo.

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A sus amigos, Macri les dijo, “a mí no me interesan las candidaturas del año que viene: me interesa que el Gobierno me diga hacia dónde va”. Que le dé algunas garantías institucionales. Hay que acordarse de que Macri rompió con Milei básicamente a partir de la candidatura del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Y por otro lado también le interesa incorporar gente de él al Gobierno. Con la intención, que él declara, de mejorar la calidad de gestión del oficialismo.

Macri también tiene una fragilidad. Santilli, Ritondo, Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Nacho Torres en Chubut. Le van tomando la gente sin hablar con él. Esto fue una estrategia diseñada muy temprano por el ”Mago del Kremlin», por Santiago Caputo, quien imaginó: “A Macri lo jubilamos y nos quedamos con el Pro”. Ahora, esa estrategia se vuelve un poco complicada porque hay algunas novedades.

Balance: para que haya tranquilidad en el mercado, el Gobierno debe garantizar que la reelección es casi segura. Con esta economía es muy difícil. Con esta economía que, y digo la palabra prohibida: hay que reactivar. Para garantizar que la reelección está asegurada y para emitir señales en ese sentido hay que unificar el espacio no peronista. Entonces lo traen a Macri.

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Con el expresidente hay una discusión central. La ciudad de Buenos Aires es el corazón del Pro. Dicho de un modoi más desagradable pero sin ofender a nadie: es la caja del Pro. Entonces, ¿Qué va a pasar con LLA y la Ciudad? ¿Van a respetar el liderazgo del Pro? Probablemente tenga que hacerlo, porque desde que se cayó Manuel Adorni, muchos votantes que tenían en el exjefe de Gabinete un candidato, o veían en él a Milei, han vuelto a elegir, en las encuestas, al Pro.

Y esto va de la mano de un problema personal y muy difícil de resolver para Macri, que es la recuperación de Jorge Macri. El alcalde porteño se ha aproximado al Gobierno para acercarse a ese electorado que era de Milei, que era de Adorni. Jorge Macri hace gestos amigables con Milei, habla bien del Gobierno y mejoró algunos indicadores claves para su gestión. Uno tiene que ver con la limpieza urbana. Para ponerlo en términos de Larreta, el olor a pis.

Con esto, Jorge Macri se pone más fuerte, lo cual, paradójicamente, es una mala noticia para Mauricio, que tiene problemas de liderazgo en el gobierno de su primo. Jorge ha tenido en muchos temas una autonomía que en su momento ni Larreta tuvo frente al por entonces Presidente Macri. En cambio, el alcalde porteño gobierna con un Macri que no se sabe dónde está, si retirándose o pensando en volver.

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Este panorama.se completa en este duelo entre los Macri con un personaje que media entre los dos, que es Daniel Angelici. Quien le dice a Mauricio, “Estás condenado a Jorge”. ¿Por qué? Porque Jorge es malo. Y si lo menospreciás, si buscas otro candidato, por ejemplo De Andreis, Jorge se va a postular igual y con los votos que saque, con el gobierno porteño detrás, vos perdés. Esta es la obra de teatro que se está representando en la ciudad de Buenos Aires entre Milei, que quiere arreglar con el expresidente, Macri que quiere que garantice la ciudad y que quiere que su primo se le subordine o, en todo caso, reemplazarlo.

Frente a todo este panorama aparece otro dato. Que preocupa también a Santilli. Y que se relaciona con la situación de los gobernadores. Una reunión inesperada entre Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. Ese encuentro, más allá de las particularidades de la interna peronista, fue un cónclave hecho a pedido, sobre todo, de los dos presidentes de bloque del Congreso: Germán Martínez, de la Cámara de Diputados, y José Mayans, de la Cámara de Senadores. Dijeron algo así como: “Queremos que las distintas versiones del peronismo se reúnan y nos den instrucciones en un tema estratégico, el sistema electoral. ¿Vamos a admitir o no que den de baja las PASO?”. A partir de esa reunión, el peronismo, incluido el de las provincias, se mostró más reticente a bajar las primarias. La vocación de diálogo, de acuerdo y de subordinación de muchos gobernadores peronistas frente a Milei se explica porque no tienen candidato. Pero si empieza a haber un universo electoral que dice que podría haber un candidato alternativo, se van a poner más duras esas relaciones. Va a haber más tensión entre las provincias y Milei. Por lo tanto, eso va a repercutir en el Congreso.

A Santilli no le tiene que haber gustado la reunión del peronismo porque termina pegando en el Congreso. Porque aparentemente, más allá de la gran crisis que vive el peronismo, como nunca la tuvo desde el ‘83 hasta la fecha, parecen haber encontrado en temas muy importantes, que tienen que ver con la supervivencia política, un centro de decisión. O por lo menos de coordinación. Todo esto lleva a que los gobernadores redescubran frente a Milei, frente a Santilli, el poder que tienen. Por eso Santilli tuvo que ir a Catamarca a hacerle un homenaje al gobernador, Raúl Jalil, que es un aliado, y llevarlo al ministro de Economía, Luis Caputo a que muestre la billetera.

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Porque los gobernadores se dan cuenta que tienen un poder frente a Milei superior al que pensaban. Y esto se va a manifestar en la discusión económica, sobre todo cuando veamos el tratamiento del Presupuesto. Y se está manifestando muy sigilosamente en la agenda institucional, porque los gobernadores tienen 100 causas fiscales en la Corte Suprema que es la que se encarga de las disputas entre Nación y las provincias por plata. Mirando esos intereses en el máximo tribunal, empiezan a advertir que para ellos la conformación de la Corte es muy importante y esto hace que en el Gobierno empiece a anidar, no la vocación, no el deseo, la necesidad de ampliar la Corte para satisfacer a todos. Para ampliarla se necesita una ley con mayoría simple en el Congreso. Que va a poner en discusión a otros actores, entre otros Macri, porque si te doy los votos para ampliar, voy a pedirte un ministro de la Corte.

Esto empieza a desdibujar alguna fantasía, como por ejemplo la del juez Mariano Borinsky. Que hasta mostraba sus chats con Milei pensando que va a ser ministro de la Corte ¿Lo postularán? Ya pagó el peaje Borinsky. La semana pasada como juez de Casación, contradiciendo un dictamen de él mismo, dijo: “La Cámara de Casación puede resolver problemas de competencia”. Y todo lo de la AFA, que le interesa tanto al ministro de Justicia, Juan Bautista Maíques, y a su padre, amigo de Pablo Toviggino , sin olvidar las versiones tan fundadas de que festejó su cumpleaños en la mansión del mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia o de sus testaferros, en Villa Rosa.

Estos temas de la AFA, que le interesan tanto al ministro de Justicia, van a pasar al juzgado de Campana. Al tribunal que querían los sospechosos de esa causa: Tapia, Toviggino y Javier Faroni. El juez Adrián González Charvay, que es un experto en algo que los jueces federales conocen a la perfección, y que es uno de los grandes vicios de la Justicia Federal argentina, que es la cronoterapia. Reciben el caso y lo van demorando, van mirando los diarios, miran la situación del poder, y piensan: “Tampoco me voy a quemar por la gente de la AFA, pero, los tranquilizo y se resolverá en algún momento”. El juez Lijo tiene causas que se iniciaron en el año 2008 y todavía no las resolvió.

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Esto no termina con el problema de la AFA, pero lo atenúa. Queda lo de Estados Unidos todavía. Eso lo tiene preocupado a Tapia, que está menos preocupado desde que Borinsky, con otro juez, que es Diego Barroetaveña, a quien ellos llaman cariñosamente “Bed and breakfast”, también decidió que la causa vaya al juzgado de Charvay. Esa jugada de Barroetaveña es clave porque era presidente del Tribunal de Ética de esta gestión de la AFA y no sintió que, por ética, tenía que excusarse. Gran aporte de la Justicia Federal, gran aporte de Mahíques a las autoridades de la AFA.

Mahíques es más expeditivo y eficaz con la AFA que con el propio Milei y con su hermana que tienen problemas todavía no resueltos en la justicia. Tapia igual mira a Estados Unidos donde le retuvieron un celular. Probablemente no es el que usa acá, un celular que usaba en Estados Unidos. Tan preocupado está el máximo dirigente del fútbol argentino que se hizo hacer un homenaje de su propio club. Por parte de sus propios empleados, en la cancha de Barracas Central este fin de semana, donde le entregaron un reconocimiento. Así, pasamos del secanunas a la plaqueta: un salto de calidad institucional.




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POLITICA

Alemania aprobó una pensión para niños desde los 6 años: el Estado aportará 10 euros por mes hasta los 18

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Alemania dio un paso parlamentario para crear una pensión de inicio temprano destinada a niños desde los seis años. El Bundestag aprobó el 16 de octubre un proyecto que prevé aportes estatales mensuales de 10 euros hasta los 18 años.

La medida alcanzará a los niños nacidos desde 2020, siempre que sus tutores legales soliciten el beneficio. El proyecto todavía requiere la aprobación de la Cámara Alta alemana, el Bundesrat, antes de convertirse en ley.

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El Estado depositará el dinero en una cuenta a nombre de cada menor. Una entidad gestora administrará los fondos e invertirá el capital hasta que el titular alcance la mayoría de edad.

Cómo funcionará la pensión de inicio temprano

La agencia EFE informó que cada niño recibirá 10 euros por mes durante 12 años. El programa comenzará cuando cumpla seis años y terminará al llegar a los 18.

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La cuenta quedará a nombre del menor y una sociedad gestora de fondos colocará el capital en el mercado. El proyecto busca impulsar el ahorro privado para la jubilación desde la infancia.

Al cumplir 18 años, el dinero pasará al sistema privado de previsión jubilatoria. El plan contempla ventajas fiscales para quienes mantengan el capital destinado a ese objetivo.

El diputado socialdemócrata Michael Thews defendió la iniciativa ante el Bundestag. “Hoy tomamos una decisión histórica”, declaró durante el debate sobre el proyecto.

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Thews sostuvo que el programa “ayudará a muchos a tener un plan decente de ahorro para la jubilación”. El legislador vinculó la propuesta con el refuerzo del ahorro privado en Alemania.

El capital tendrá un uso exclusivo. Los beneficiarios no podrán retirarlo ni utilizarlo para otros fines antes de la jubilación.

La medida requiere la aprobación del Bundesrat y alcanzará a los menores nacidos a partir de 2020 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto dinero puede acumular cada beneficiario

Los depósitos estatales sumarán 1.440 euros cuando cada niño alcance la mayoría de edad. Esa cifra corresponde solo al aporte mensual de 10 euros durante 12 años.

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El Ministerio de Finanzas alemán calculó que ese fondo podría alcanzar 53.000 euros a los 65 años. La proyección supone una rentabilidad anual del 7% y no incorpora nuevos aportes.

La estimación depende de que el dinero permanezca invertido durante décadas. El resultado final también puede cambiar según la evolución de las inversiones y los aportes que realicen las familias.

El proyecto permite que los padres agreguen dinero a las cuentas individuales de sus hijos. Esa opción puede elevar el monto disponible para la jubilación.

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Thews planteó una segunda alternativa. Si los beneficiarios suman 10 euros mensuales después de los 18 años, podrían obtener 200 euros adicionales por mes al jubilarse.

El diputado afirmó que ese resultado “marca una diferencia”. El cálculo parte de aportes regulares durante la vida adulta y del rendimiento del dinero invertido.

El debate por las diferencias entre las familias

La posibilidad de que los padres aporten fondos abrió una discusión sobre la desigualdad entre los hogares. Algunas familias podrán aumentar el capital de sus hijos y otras no tendrán esa capacidad.

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El Bundestag aprobó un proyecto que prevé aportes estatales de 10 euros al mes para niños desde los seis años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte estatal establece un piso común para todos los menores que ingresen al programa. Las contribuciones privadas, en cambio, dependerán de los recursos de cada familia.

La medida no exige depósitos adicionales de los padres. Los niños cuyas familias no abran una cuenta individual recibirán igualmente el beneficio previsto por el proyecto.

En esos casos, el Estado incorporará los fondos a una inversión colectiva. El Banco Central alemán, el Bundesbank, administrará ese mecanismo para los menores sin una cuenta propia.

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El texto también instaló un debate sobre la educación financiera desde edades tempranas. El programa asocia el ahorro de largo plazo con una futura jubilación y no habilita el uso inmediato del dinero.

El costo fiscal del programa de pensiones infantiles

El Gobierno alemán calcula que invertirá 198 millones de euros el próximo año para financiar la pensión de inicio temprano. El gasto crecerá a medida que ingresen nuevas generaciones al sistema.

La previsión oficial fija un gasto anual de 411 millones de euros para 2030. Entre 2027 y 2030, el programa demandaría cerca de 1.200 millones de euros.

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El Gobierno presentó la iniciativa en diciembre de 2025 dentro de un proyecto más amplio. La propuesta busca reforzar el pilar privado del sistema de pensiones alemán.

El Bundestag ya dio su aprobación, pero el Bundesrat todavía debe tratar la norma. Los niños nacidos desde 2020 podrán recibir el aporte estatal si la Cámara Alta respalda el proyecto.

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Alemania,Bundestag,pensiones,ahorro infantil

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POLITICA

Discapacidad: cómo influyeron la Iglesia, las organizaciones y los gobernadores en el acuerdo que logró el oficialismo

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La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley para las personas con discapacidad, después de varios días de intensas negociaciones en las que participaron organizaciones del sector, representantes de la Pastoral Social y legisladores vinculados a gobernadores provinciales. El oficialismo debió modificar su propuesta original para conseguir los apoyos necesarios. Durante el tramo final del debate, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo presente en el Congreso.

El acuerdo tuvo como uno de sus principales protagonistas al diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, referente de Argentina Federal, cuyo bloque resultó clave en las conversaciones con La Libertad Avanza. Su intervención permitió incorporar reclamos vinculados al financiamiento, la cobertura médica y las deudas con los prestadores.

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La participación de la Iglesia también fue relevante. La Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, encabezada por monseñor Dante Braida, mantuvo reuniones con representantes de distintos espacios políticos y presentó una serie de pedidos que terminaron formando parte de la negociación parlamentaria.

La intervención de la Iglesia y el papel clave de los diputados vinculados a gobernadores

El proceso comenzó con la presión opositora para tratar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.

La iniciativa del diputado de Unión por la Patria Juan Marino llevó a que el pleno de Diputados estableciera plazos para que las comisiones avanzaran con el tratamiento de la propuesta.

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En septiembre, La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, encabezadas por Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, respectivamente.

En paralelo, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un sector de Provincias Unidas y otros bloques provinciales respaldaron un dictamen alternativo para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad.

Las diferencias abrieron una negociación que se extendió durante varias semanas y en la que adquirió protagonismo la Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, conducida por monseñor Dante Braida.

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Sus representantes mantuvieron encuentros con legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el MID y La Libertad Avanza.

En un documento, la Pastoral Social explicó que el objetivo de las reuniones fue compartir su preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad y presentar una serie de pedidos concretos, dando continuidad a lo planteado ante el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 5 de octubre de 2026.

El martes por la noche se produjo una reunión decisiva para acercar posiciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encontró con los libertarios Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo, además de Herrera Ahuad y Oscar Zago, del MID.

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Durante ese encuentro se discutieron diferencias con el dictamen oficialista y se avanzó sobre modificaciones vinculadas a los reclamos de las organizaciones y de la Iglesia.

La participación de Herrera Ahuad fue determinante. Argentina Federal cuenta con nueve diputados y mantiene vínculos políticos con los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones.

El peso parlamentario de ese sector lo convirtió en un interlocutor importante para La Libertad Avanza, que necesitaba ampliar su base de apoyo.

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Herrera Ahuad explicó que las propuestas surgieron de conversaciones con organizaciones que representan a personas con discapacidad y que se presentaron cinco modificaciones de fondo para garantizar previsibilidad.

Entre ellas, mencionó la incorporación de partidas presupuestarias, la continuidad de la cobertura de Incluir Salud y la necesidad de establecer mecanismos para ordenar las deudas con los prestadores.

Martín Menem, presidente de Diputados, y Germán Martínez, de UxP. (Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino).

Pedido de la Iglesia

La comisión de Discapacidad de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, que conduce Monseñor Dante Braida, mantuvo varias reuniones con legisladores de diferentes sectores: con Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, MID y La Libertad Avanza.

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El martes por la noche el jefe de los Diputados, Martín Menem, junto a los legisladores Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoráz, y Gisell Castelnuovo de La Libertad Avanza; Oscar Herrera Ahuad de Argentina Federal y Oscar Zago del MID, se reunieron y se plantearon varias diferencias con el dictamen del oficialismo, pero la participación del misionero Herrera Ahuad jugó a favor de varios puntos solicitados por la Iglesia argentina.

La razón fundamental fue que la bancada Argentina Federal, que conduce Herrera Ahuad y tiene terminales con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz y de Misiones, Hugo Passalacqua, está integrada por nueve legisladores, fundamentales para definir una elección polarizada en el recinto de la Cámara Baja.

El documento de la Pastoral Social definió que el objetivo de las reuniones en el Congreso fue:” Compartir nuestra preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro país y presentar una serie de pedidos concretos, dando continuidad a lo planteado ante el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 5 de octubre de 2026”.

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Oscar Herrera Ahuad, diputado nacional Argentina Federal, impulsó los cambios a la ley de Discapacidad. Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino
Oscar Herrera Ahuad, diputado nacional Argentina Federal, impulsó los cambios a la ley de Discapacidad. Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino

Las concesiones del oficialismo y el financiamiento que deberá garantizar el Presupuesto 2027

El acuerdo permitió avanzar con la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que recoge buena parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero reemplaza el esquema transitorio de emergencia por un régimen permanente.

La principal concesión de La Libertad Avanza estuvo vinculada al financiamiento. La norma establece que los gastos deberán afrontarse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y dispone que los recursos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.

Esa garantía fue uno de los puntos centrales para conseguir el acompañamiento de los distintos bloques.

También se incorporaron disposiciones sobre la actualización del nomenclador de prestaciones, la continuidad de la cobertura médica y la regularización de las deudas con los prestadores.

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Para estas últimas, el proyecto establece que deberá comunicarse el cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley y prevé completar las compensaciones pendientes dentro de los 90 días para quienes hayan concluido los trámites administrativos.

Otro de los cambios garantiza la cobertura del programa Incluir Salud tanto para los titulares de pensiones por discapacidad como para los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral.

La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz destacó ese punto: “La cobertura médica del Incluir Salud será no solamente a titulares de pensiones por discapacidad sino también a titulares de pensiones por invalidez laboral”.

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El proyecto también contempla la compatibilidad de las pensiones no contributivas por discapacidad con actividades laborales cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Además, establece un plazo de 160 días para que las personas cuyas pensiones sean observadas durante una auditoría puedan presentar sus descargos antes de una eventual suspensión del beneficio.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen, defendió la posición del oficialismo. “La discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas. Hablamos de personas con derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y estamos trabajando para que así sea. Recibimos un sistema que no rompimos nosotros y, frente a esta realidad, La Libertad Avanza se está haciendo cargo”, sostuvo.

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Por su parte, la diputada libertaria Lorena Villaverde afirmó: “No podemos seguir viviendo de emergencias. Los derechos no pueden depender de una prórroga: las familias necesitan respuestas sostenidas y certezas para organizar su vida”.

El entendimiento no eliminó todas las diferencias políticas. Los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano votaron en contra, mientras que Marcela Pagano, de Coherencia, acompañó la iniciativa.

Lorena Villaverde, diputada nacional de La Libertad Avanza. (Foto: Cámara de Diputados).
Lorena Villaverde, diputada nacional de La Libertad Avanza. (Foto: Cámara de Diputados).

El próximo desafío del oficialismo será trasladar los compromisos asumidos al Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en comisión está previsto para la próxima semana.

El artículo que garantiza las partidas presupuestarias tendrá una incidencia directa en esa discusión, porque obliga a sostener los recursos destinados al sistema de discapacidad en términos reales.

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POLITICA

Por falta de consensos, no se aprobó ningún proyecto sobre endeudamiento familiar y el tema volvió a comisión

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La maratónica sesión en la Cámara de Diputados terminó con un debate fallido donde el oficialismo no consiguió los votos para aprobar su proyecto sobre educación financiera para aliviar el endeudamiento familiar pero sí logró bloquear las propuestas de la oposición y que la discusión vuelva a comisión.

Los bloques críticos del Gobierno denunciaron que devolver los temas a comisión sin especificar de antemano una fecha límite para dictaminar es una maniobra “burda” para “cajonear” los proyectos.

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“El problema es que los libertarios no contaban con el rechazo de los cordobeses”, explicó un diputado aliado del Gobierno, en referencia a un sector de Provincias Unidas. Sin embargo, los cinco legisladores cercanos al gobernador Martín Llaryora luego se abstuvieron ante la moción del oficialismo para devolver los proyectos a comisión. La votación terminó 121 a favor y 117 en contra. “Si los cordobeses rechazaban el pase a comisión, después se caía el proyecto del oficialismo”, lamentaron desde el peronismo.

La reacción del diputado Pablo Juliano

El proyecto de los libertarios evitaba cualquier tipo de intervención en el mercado crediticio como topes de tasas, refinanciaciones o descuentos de intereses. En línea con la concepción del presidente Milei, que aseguró que el aumento del endeudamiento es “un problema entre privados”, la propuesta de La Libertad Avanza buscaba que los usuarios puedan conocer con precisión el costo de un préstamo antes de aceptarlo. Por eso obligaba a las entidades a informar el monto efectivamente financiado, la tasa de interés, las cuotas, las comisiones, los seguros, las consecuencias de la mora y el total que el cliente deberá pagar.

Por otro lado, los créditos contratados por internet debían requerir autenticación reforzada y doble validación de la identidad del consumidor y de su aceptación de las condiciones. Las empresas también tendrían que ofrecer herramientas para corregir errores u omisiones antes de la contratación. Finalmente, aclaraban que el silencio, la inacción y las opciones marcadas por defecto no podrán considerarse consentimiento.

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“Si ponemos topes o regulaciones vamos a generar una retracción del crédito, como pasó con la Ley de Alquileres que terminó agravando el problema”, habían explicado a Infobae.

El proyecto deberá ser tratado en comisión nuevamente

En tanto, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas proponían declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicaría la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total. Quienes adhirieran al régimen de refinanciación podrían pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrían superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarían todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

El tercer dictamen había sido elaborado por los representantes de Argentina Federal: declaraba la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período fijaba un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope sería 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

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También creaba un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contemplaba refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

Durante el debate, los libertarios insistieron en que el problema del endeudamiento ya se estaba resolviendo sin intervención estatal y explicaron que se generó por un aumento del crédito.

“El crecimiento exponencial del crédito que hubo tiene un consiguiente aumento de la mora, pero también hubo 4 millones de personas que por primera vez accedieron a tomar un crédito en Argentina”, aseguró la libertaria Silvana Giudici, que luego propuso la moción para que los proyectos vuelvan a comisión.

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Al término de la sesión, diputados del peronismo aseguraban que sus pares libertarios les reconocieron abiertamente que la idea era “cajonear” el proyecto. “Giudici es una embustera”, arremetió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, en referencia a una de las principales espadas legislativas de LLA.

“El oficialismo no tenía los votos para imponer su no dictamen (solo cursos de educación financiera para que quienes no tienen dinero y contrajeron deudas sepan administrarse) y tuvo que pedir que el proyecto regresara a comisiones. Allí lo cajonearán. LLA y sus secuaces siempre quisieron que esta delicada situación cayera en saco roto”, publicó el radical disidente Pablo Juliano en sus redes.

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