POLITICA
La Corte revocó el sobreseimiento del sindicalista “Pata” Medina y debería ser juzgado otra vez por extorsión y lavado
La Corte Suprema de Justicia revocó hoy el sobreseimiento del ex líder de la seccional de La Plata de la Uocra Juan Pablo “Pata” Medina, acusado junto a su hijo y otras personas en una causa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal hizo lugar a las conclusiones de la Procuración General que criticaba el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que cerró el expediente por considerarlo “arbitrario” y “prematuro”. El Ministerio Público busca llevar a juicio al exlíder sindical del gremio de la construcción.
El dirigente sindical había sido detenido en septiembre de 2017 por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, que lo procesó por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión y embargó por 200 millones de pesos sus bienes.
En febrero de 2020 fue beneficiado con la prisión domiciliaria, que cumplió en un su casa de Ensenada. Un año después fue excarcelado por el Tribunal Oral Federal 2, pero Medina incumplió una de las pautas fijadas, la prohibición de participar de actividades gremiales, y volvió a ser arrestado.
Horas antes de que comenzara el juicio oral en su contra, que estaba a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, un juez lo sobreseyó. Se trata de Alejandro Smoris, que de manera unipersonal declaró la nulidad de toda la causa, sobreseyó a Medina y al resto de los acusados y dos meses después renunció a su cargo.
Dijo que la causa de extorsión era un armado instrumentado por una mesa judicial que funcionaba en el gobierno bonaerense cuando estaba al frente María Eugenia Vidal, en lo que se conoció como el caso de la “Gestapo judicial” de Pro.
Se basó en una denuncia hecha por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Alberto Fernández que se investigaba en otro expediente paralelo.
Ese expediente se refería a una reunión realizada en 2017 en la sede del Banco Provincia de la Capital Federal en la que funcionarios del gobierno de Vidal y de la AFI de ese momento hablaron con empresarios de la construcción sobre cómo iniciarle causas judiciales a Medina.
Se habló de “gestapo judicial” porque en esa reunión grabada subrepticiamente el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, afirmó: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.
Según Smoris, la situación del gremialista “no sería más que el fruto de los delitos que se vienen investigando en causa 18.933/21, por resultar consecuencia de actividades de inteligencia ilegal, desplegadas en el marco de un proyecto delictivo más amplio, que incluía la actuación ilegal de múltiples funcionarios con altísimos cargos gubernamentales, dispuestos a que se impute, procese y detenga con total prescindencia de las normas relativas al debido proceso y con afectación evidente de todos los principios rectores que inspiran la actuación de la justicia en el marco de cualquier Estado Republicano”.
La fiscalía apeló. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto de los jueces Ángela Ledesma y Alejandro Slokar y la disidencia de Guillermo Yacobucci, convalidó la nulidad de la causa dispuesta por Smoris y los sobreseimientos.
Contra ese fallo, el fiscal ante Casación Raúl Pleé presentó un recurso extraordinario. “Los sobreseimientos dispuestos privan al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia e impiden determinar en el debate oral y público la verdad respecto a los hechos imputados”, advirtió.
Los jueces hicieron lugar al recurso sostenido por el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, y dejaron sin efecto la sentencia apelada. Ahora, la causa volverá a Casación donde, con otra integración, se procederá a evaluar los argumentos de la fiscalía, lo que derivará en un nuevo juicio contra los acusados.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: tras la inflación de agosto, el Presidente pidió: “Confíen, porque hay con qué”
La inflación no empezó con cero en agosto. Sin embargo, pese a las sobreexpectativas generadas por el Gobierno, el índice de precios (IPC) del mes mostró una desaceleración frente a la variación de julio y registró un alza de 1,7% gracias al impacto de la baja de los valores estacionales.
De esta manera, logró la marca más baja en lo que va del año. Para encontrar un número por debajo de este registro en la era libertaria, hay que remontarse a junio de 2025, cuando el índice oficial fue de 1,6%. En el acumulado anual, la inflación alcanzó un 21,3%, y sumó 33,5% en doce meses.
POLITICA
El Gobierno oficializó la creación de un nuevo sistema para coordinar la política exterior y reforzar la posición sobre Malvinas
El Gobierno oficializó este viernes la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, que funcionará bajo la órbita de Cancillería y tendrá como objetivo coordinar las actividades internacionales de organismos nacionales que puedan afectar los intereses del país.
La medida fue establecida mediante el Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial, e incluye una atención específica sobre cualquier gestión que pueda incidir en el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La decisión establece que los organismos alcanzados deberán informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto determinadas reuniones, comunicaciones, negociaciones y otras actividades que involucren a autoridades extranjeras, organismos internacionales o sujetos de derecho internacional.
La obligación alcanza, entre otros casos, a las gestiones que puedan fijar o comunicar posiciones oficiales de la Argentina, incidir sobre negociaciones diplomáticas en curso o derivar en acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas o cartas de intención.
También deberán notificarse aquellas actividades que puedan generar consecuencias diplomáticas, jurídicas, institucionales o políticas para el país, comprometer los lineamientos de política exterior definidos por el Poder Ejecutivo o afectar directa o indirectamente la posición argentina sobre Malvinas.
El decreto remite al artículo 8°, inciso a), de la Ley 24.156 para determinar los organismos comprendidos. Esa categoría contempla a la Administración Central y los organismos descentralizados, incluidas las instituciones de seguridad social.
Cancillería podrá hacer advertencias sobre las gestiones internacionales
A partir de la información recibida, Cancillería podrá intervenir cuando considere que una actividad puede afectar los lineamientos de política exterior, las relaciones internacionales, negociaciones diplomáticas en curso o intereses internacionales de la Argentina.
En esos casos, el Ministerio estará facultado para formular advertencias y realizar recomendaciones u orientaciones debidamente fundamentadas.
Si la relevancia del tema lo justifica, esas observaciones podrán ser elevadas a la máxima autoridad del organismo involucrado.
Sin embargo, el decreto establece un límite concreto al nuevo sistema: la intervención de Cancillería no implica una aprobación o autorización de la actividad y tampoco reemplaza las facultades que correspondan a cada organismo.
La norma señala además que la coordinación no modificará la dependencia jerárquica, administrativa ni funcional de los funcionarios alcanzados.
Cada organismo deberá designar a una persona como “enlace” con Cancillería, que será responsable de canalizar la información y articular la intervención del Ministerio cuando corresponda.
En situaciones consideradas estratégicas o sensibles, también podrá solicitarse la participación de diplomáticos del Servicio Exterior u otros funcionarios especializados en política exterior.
El Gobierno puso una atención especial sobre las gestiones vinculadas con Malvinas
Uno de los puntos centrales del decreto es la referencia expresa a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que la defensa de los derechos de soberanía exige una acción estatal “coordinada y coherente” para evitar gestiones, declaraciones o posiciones que puedan afectar el reclamo argentino.
Por ese motivo, deberán ser informadas las actividades internacionales que involucren aspectos vinculados con esos territorios o que “pudieran incidir directa o indirectamente en la soberanía argentina”.
El Ejecutivo argumentó además que la creciente interacción de los distintos organismos nacionales con gobiernos extranjeros y entidades internacionales hace necesario fortalecer los mecanismos internos de coordinación para mantener una posición exterior uniforme.
La norma contempla algunas excepciones. Quedan fuera del sistema las gestiones ante organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades similares cuando se limiten exclusivamente a cuestiones financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas.
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En tanto, la información sometida a regímenes especiales de reserva, confidencialidad o secreto seguirá regulándose por las normas específicas correspondientes.
El decreto fue firmado por Javier Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Alberto Presti y Luis Caputo y entrará en vigencia este sábado.
Javier Milei, Malvinas Argentinas, boletin oficial
Este viernes expira el plazo otorgado a Manuel Adorni para presentar su descargo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El ex jefe de Gabinete ya había obtenido una prórroga de 15 días concedida por el juez Ariel Lijo.
En tribunales estiman que la defensa podría solicitar una nueva postergación para analizar chats y facturas del contratista Matías Tabar. El objetivo es refutar los montos declarados por refacciones inmobiliarias que ascenderían a 245.000 dólares en el country Indio Cuá.
El fiscal Gerardo Pollicita intimó al exfuncionario a responder más de 20 puntos sobre sus movimientos financieros. Entre los aspectos centrales figuran inversiones en criptomonedas, la compra de un departamento en Caballito y gastos familiares en efectivo.
La investigación detectó erogaciones en moneda extranjera que alcanzaron 374.081 dólares, de los cuales el 92,9% fueron abonados en efectivo. Además, la fiscalía señaló una diferencia superior a 43 millones de pesos entre ingresos acreditados y egresos registrados.
La presentación de estas explicaciones constituye una instancia procesal clave previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez recibido el informe, la fiscalía evaluará si la documentación y los justificativos presentados resultan suficientes.
La entrada Vence el segundo plazo para que Manuel Adorni brinde las explicaciones sobre su patrimonio se publicó primero en Nexofin.
Declaración Jurada,Enriquecimiento ilícito,Manuel Adorni,Patrimonio
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