POLITICA
El embajador de Chile reafirmó el respaldo a la Argentina por Malvinas y pidió reciprocidad por el Estrecho de Magallanes
El embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, ratificó ante el Rotary Club de Buenos Aires el respaldo de su gobierno al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y reclamó, en contrapartida, que Buenos Aires reconozca con la misma firmeza la sensibilidad chilena respecto al Estrecho de Magallanes. La disertación, que incluyó gráficos sobre comercio, energía e inversiones, buscó distender la relación bilateral tras semanas de tensiones inusuales entre ambos países.
“Si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio, que entendamos que es un tema sagrado, que se enseña en los colegios y habrá que tener el respeto que se tiene con los temas sagrados”, afirmó Uriarte Herrera ante los asistentes al almuerzo semanal del club. Acto seguido planteó la contrapartida: “Y para Argentina es también importante empatizar con la sensibilidad chilena. También esperamos el mismo respeto de los temas que para nosotros son de esencia, como es el tema del Estrecho”.
El diplomático subrayó que el respaldo chileno a la causa Malvinas “no está en discusión” y que responde a una política de Estado que se mantiene sin interrupciones desde el gobierno de Patricio Aylwin. Aclaró, además, que el pedido de reciprocidad sobre el Estrecho no equivale a una moneda de cambio, sino a una lógica de reconocimiento mutuo de las prioridades estratégicas de cada nación. “La integración madura no exige relativizar fronteras ni tampoco exacerbar intereses nacionalistas”, sostuvo.
La disertación de Uriarte se produjo una semana después de que el presidente Javier Milei viajara a Santiago de Chile para el V Foro Madrid y se reuniera con su par José Antonio Kast en La Moneda, en una bilateral que buscó descomprimir el conflicto por el Estrecho. El propio embajador estuvo presente en ese encuentro y lo calificó como “esperanzador, genuino, después de días convulsos y tensos”.
En esa reunión, ambos mandatarios acordaron por escrito que “el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para los Estados y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del Estrecho”.
Al mismo tiempo, Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido reasuman las negociaciones para encontrar “a la mayor brevedad posible una solución pacífica y definitiva a la disputa de la soberanía, en conformidad con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”.
Las semanas previas habían estado marcadas por fricciones diplomáticas inusuales. Las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes derivaron en una nota de protesta formal de Santiago y en la citación del canciller chileno ante el Congreso de ese país.
En paralelo, el avance de un corredor comercial impulsado por la alcaldía de Punta Arenas con la administración británica de las islas —para abastecer la primera explotación petrolera del archipiélago, cuya perforación está prevista para enero de 2027 y la primera producción para 2028, en el yacimiento Sea Lion de la cuenca norte de Malvinas— sumó otra fuente de tensión.
En la reunión bilateral del 3 de septiembre, Milei había valorado los esfuerzos de Santiago “a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros”, en referencia directa a esa iniciativa privada. Uriarte no abordó ese punto en su disertación, aunque sí dejó en claro que, más allá de los actores regionales y privados que ven una oportunidad en la futura explotación de hidrocarburos en Malvinas, la posición del gobierno chileno no se mueve.
Más allá de las sensibilidades soberanas, el embajador dedicó buena parte de su exposición a la agenda económica bilateral. Señaló que, según sus propias cifras, mientras Chile exporta más de 70.000 millones de dólares en minería por la misma cordillera, Argentina exporta 5.000 millones. “A Argentina le sobra gas, a Chile le falta. A Chile le sobra energía eléctrica en el norte, a Argentina le falta. Lo que tiene sentido es que el gas que a ustedes les sobra llegue a Chile y ojalá lo podamos transformar en GNL y exportarlo desde puertos chilenos”, explicó, e instó a dejar de lado la competencia para enfocarse en la creación de valor conjunto.
El diplomático también puso el foco en los pasos fronterizos. Destacó el caso del Cristo Redentor, por donde circulan unos 1.500 camiones diarios —muchos provenientes de Brasil—, pero cuyo funcionamiento se ve interrumpido de forma recurrente por nevadas que dejan varados a transportistas durante días. “La mala política impide soluciones básicas como un sistema binacional para el despeje de nieve”, afirmó, y propuso avanzar hacia sistemas de gestión documental digital y lectura biométrica para reducir los tiempos de espera. De los 82 pasos fronterizos existentes entre ambos países, 28 están regularizados y 18 cuentan con aduana integrada.
A lo largo de su disertación, Uriarte apeló en reiteradas ocasiones al modelo europeo como prueba de que países con guerras y disputas territoriales en su historia pueden construir espacios de integración profunda. “Ellos tuvieron guerras sangrientas y fueron capaces de ponerse de acuerdo… nosotros tenemos la geografía, lo que debe cambiar es la decisión política sobre qué hacer con ella”, sostuvo.
Su “sueño”, dijo, es avanzar hacia un espacio de libre circulación similar al Schengen para el Cono Sur. Citó como antecedente alentador la reciente aprobación, en la comisión revisora del tratado minero, de tres protocolos para facilitar la minería transfronteriza entre ambos países, que incluyen el desplazamiento de personas, equipos y materiales en la zona de San Juan. “Ojalá sea el casillero que nos permita integrarnos también con un verdadero tratado de integración”, afirmó.
El embajador cerró su presentación con una imagen simbólica: en su despacho tiene dos fotografías en blanco y negro —el abrazo entre los presidentes Roca y Balmaceda, y el de Menem y Frei— y aguarda poder colgar una tercera, con Milei y Kast. “Lo que ambos países necesitan de verdad es que nos demos un abrazo de los que se dieron San Martín y O’Higgins”, concluyó.
POLITICA
El gobernador de Neuquén le otorgó personería jurídica a una comunidad mapuche en medio de un litigio territorial
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, otorgaron personería jurídica a una comunidad mapuche que atraviesa un severo conflicto judicial por la ocupación de las tierras donde reside.
La decisión administrativa se produjo mientras avanza el litigio por un predio ubicado en el paraje El Pedregoso, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. En la resolución, los funcionarios mencionaron como domicilio legal de la Lof Melo —la comunidad beneficiada— las tierras que son objeto de la disputa judicial y cuya ocupación fue considerada ilegal por distintos tribunales.
El decreto firmado por Figueroa y Tobares señala que el reconocimiento se ajusta a lo establecido en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras normativas. Además, avala el estatuto comunitario y sostiene que “no existen impedimentos” para otorgar la personería jurídica.
La decisión del Ejecutivo neuquino genera interrogantes entre las partes del litigio territorial y también dentro del ámbito mapuche. El principal punto de discusión es qué posición adoptará el Gobierno provincial si la Justicia convoca a la Policía de Neuquén —fuerza que depende del Poder Ejecutivo— para ejecutar el desalojo de las tierras ocupadas por la comunidad.
Un reconocimiento en medio de una orden de desalojo
La Lof Melo comparte territorio con la lof Kinxikew, integrada por la familia Quintriqueo. En relación con esta última comunidad, el juez de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, libró la semana pasada una orden para ejecutar el desalojo, según surge del expediente judicial.
La medida tiene en cuenta que la residencia de ambas comunidades en el lugar fue considerada ilegal por magistrados de distintos tribunales. La instancia judicial se encontraría agotada y el desalojo podría concretarse próximamente.
En ese contexto, el otorgamiento de personería jurídica a la Lof Melo podría introducir un nuevo elemento en la causa, aunque su incidencia concreta dependerá de las decisiones que adopten los tribunales. El reconocimiento no implica, por sí mismo, la validación de la ocupación territorial ni la suspensión de una orden de desalojo.
La personería jurídica permite a la comunidad ser reconocida como sujeto colectivo ante la Justicia y la administración pública. También le otorga herramientas para ejercer derechos procesales y sustantivos, como intervenir en un juicio, solicitar medidas cautelares y plantear cuestiones vinculadas con el relevamiento territorial y la consulta previa, en los términos que correspondan.
La decisión política resulta llamativa por el momento en que se produjo: mientras transcurre un litigio judicial en el que está en juego la permanencia de la comunidad en el territorio.
Fuentes con acceso al expediente calificaron el acto del Ejecutivo neuquino como “un verdadero delirio”.
La reacción de la Confederación Mapuche
La Confederación Mapuche de Neuquén también puso en duda el alcance de la medida y se preguntó si el reconocimiento constituye un verdadero acto administrativo de reconocimiento o una maniobra de distracción.
A través de las redes sociales, la organización consideró que la decisión “es tardía”, debido a que se trata de un planteo que la comunidad arrastra desde hace años.
En ese marco, planteó dos escenarios posibles: el primero contempla que, luego del reconocimiento, el Ejecutivo neuquino ponga a disposición las fuerzas policiales para ejecutar el desalojo del territorio. En ese caso, la Confederación sostuvo que la personería jurídica sería “un premio consuelo hipócrita”.
El segundo escenario supone que el objetivo del Gobierno sea “ajustarse a la ley y a la Constitución”. En ese caso, la organización consideró que la Provincia debería intervenir ante el juez que ordenó el desalojo y actuar como garante del derecho territorial de la Lof Melo.
“En cualquiera de los escenarios”, planteó la Confederación, el decreto genera confusión entre las partes, que buscan interpretar el objetivo de la decisión del Ejecutivo provincial.
El antecedente de otras dos comunidades
En julio de 2026, Figueroa y Tobares rechazaron el otorgamiento de personería jurídica a otras dos comunidades mapuche, luego de argumentar que no reunían los requisitos necesarios para obtener ese reconocimiento.
Se trata de las comunidades Raliñanco Cárdenas y Kelv Kura, cuyos integrantes realizaron distintas manifestaciones para expresar su rechazo a la decisión.
Fuentes del Gobierno neuquino señalaron que el rechazo se fundamentó en la falta de acreditación de exigencias previstas en el Decreto N.º 2462/13, relacionado con el convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.
Entre otras cuestiones, según las mismas fuentes, no se habían verificado una organización comunitaria autónoma, el desarrollo de una economía comunitaria, el ejercicio de prácticas culturales y espirituales ni una convivencia permanente.
El contraste entre ambos casos abre un interrogante político: qué criterios utilizó el Ejecutivo neuquino para reconocer a la Lof Melo mientras rechazó, meses atrás, las solicitudes de otras dos comunidades mapuche.
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POLITICA
La Justicia laboral porteña condiciona su arranque al traspaso de los recursos que acordó con la Nación
El fuero laboral porteño, que tratará todos los casos de juicios laborales individuales, despidos o accidentes de trabajo de empresas cuya sede social se ubique en la Ciudad de Buenos Aires, estará en condiciones de funcionar en abril próximo, dijo a Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño. El funcionario, sin embargo, condicionó ese arranque a que se produzca la transferencia de recursos del gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires, estimados en unos 60.000 millones de pesos para la cobertura de los cargos.
“La ciudad está preparada para que el primer trimestre del año esté funcionando el fuero local, sin perjuicio de que estamos esperando el convenio de transferencia de recursos”, dijo Tapia.
La llegada de la justicia laboral porteña es producto del traspaso de la justicia nacional laboral y su progresiva desarticulación. En la justicia laboral nacional tuvo históricamente influencia y poder de lobby el peronismo y los gremios.
La Corte Suprema de Justicia llamó la atención en reiteradas ocasiones, revocando fallos desproporcionados o fuera de toda lógica en perjuicio de los empresarios.
La ley de reforma laboral aprobada por el Congreso determinó que los jueces nacionales laborales quedarán como residuales de los casos individuales que tramiten, mientras que las nuevas demandas laborales, cuando la empresa tenga domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires, tramitarán en el fuero laboral local.
Los juicios colectivos por casos relacionados con asuntos gremiales seguirán en la justicia contencioso-administrativa federal o en al, donde se redujo el número de jueces de primera instancia y los camaristas que se van jubilando.
En la Ciudad de Buenos Aires se preparan para este cambio. El Ministerio de Justicia local impulsó una ley que crea diez juzgados laborales porteños y una Cámara de Apelaciones con dos salas de tres jueces cada una. Se aprobó también en la Legislatura un código procesal laboral porteño.
Pero con la nueva ley laboral se dispararon las necesidades. Pues con el progresivo cierre de la justicia laboral nacional, se prevé que el fuero laboral local tramite unas 30.000 nuevas causas.
Para hacerlo no alcanzan los nuevos 10 juzgados, cuyos jueces está designando el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
Ya se hicieron los concursos y están los candidatos que en el sistema porteño se designan tras una audiencia pública a realizarse el 18 de septiembre.
El mecanismo de designación de jueces en la Ciudad es diferente al de la justicia federal. En la Ciudad no interviene el Poder Ejecutivo, solo el Consejo de la Magistratura porteño y la Legislatura.
El Consejo le propone directamente un candidato a la Legislatura porteña y es la Legislatura la que designa por mayoría absoluta de sus miembros.
Si la Legislatura rechaza esa propuesta, el Consejo tiene que proponer otro candidato. Si la Legislatura no se expide en 60 días hábiles, la propuesta queda aprobada por el vencimiento del plazo.
50 nuevos juzgados
Para atender a esta necesidad de nuevos jueces, está pendiente de aprobación en la Legislatura una reforma legal que eleve a 50 los juzgados laborales porteños con siete salas y la ley del Servicio de Conciliación Obligatoria (Seclo) porteño.
Esto requeriría que se transfieran los recursos nacionales. Tapia ya mantuvo reuniones con el ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques, con el viceministro Santiago Viola y con Pilar Ramírez, la referente en la Legislatura de Karina Milei.
Se está trabajando en una idea de un convenio de traspaso progresivo de fondos; no importa si la Ciudad debería poner plata en el inicio del proceso, mientras que la Nación lo complete.
Incluso, confiaron fuentes del oficialismo porteño a , se piensa en abrir un “libro de pases” con algunos jueces nacionales en caso de que no se llegue a tiempo con los concursos para cubrir las 50 vacantes en la ciudad.
Lo mismo podría ocurrir con la cobertura de las vacantes de los empleados, que verían reducidas sus tareas en la Justicia Nacional. En ambos casos, de todos modos, la última palabra la tendrá la ciudad a la hora de elegir. Fuentes oficiales dijeron a que se piensa abrir un registro de empleados de la Justicia nacional que se quieran pasar a la Justicia porteña.
En el Consejo de la Magistratura, la otra pata para que este sistema funcione, se está activando la organización de la secretaria general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial, Genoveva Ferrero.
“El nuevo esquema de Oficina de Gestión Judicial que buscamos implementar en el fuero laboral propone cambiar el modelo tradicional, siguiendo experiencias de Córdoba y Tucumán. Basado en la oralidad y la celeridad, concentra las gestiones administrativas en una oficina que trabaja para un grupo de jueces, para que los magistrados puedan enfocarse en su función jurisdiccional y, especialmente, en las audiencias. El objetivo es una Justicia más ágil, que le ahorre tiempo al ciudadano y mejore su acceso a la Justicia”, dijo Ferrero a .
El Consejo de la Magistratura local ya alquiló un edificio moderno en Alsina 833/845, a cuatro cuadras de Plaza de Mayo, donde funcionarán los juzgados, la Cámara, las salas de audiencias y tendrán sus oficinas los peritos. Son más de 3100 metros cuadrados.
Se prevé una organización denominada de “gestión judicial asociada”, donde oficinas centralizadas, por ejemplo de audiencias o de trámites, canalicen las tareas y cada juzgado se dedicará solo a la labor jurisdiccional. Es decir, dictar sentencias, no organizar audiencias o llevar una contabilidad interna o gestionar personal.
La idea es estandarizar procesos que atiendan las necesidades de gestión de varios juzgados.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad ya mandó en julio pasado los pliegos para cubrir los primeros cargos y los tratará la Legislatura en la audiencia del 18 de septiembre.
Antes ya se había aprobado el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que previamente fue aprobado por el Congreso Nacional.
Los candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura a jueces de Cámara son: Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Horacio Bernardino Pitrau (exfuncionario de Macri y Milei en el Ministerio de Trabajo) y Gabriela Inés Fernández.
Para la Fiscalía de Cámara fue propuesto Germán Helvio Queipo, mientras que para los diez juzgados de primera instancia los postulantes son María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.
Por otra parte, para las dos fiscalías de primera instancia fueron propuestas Viviana Laura Díaz y Mariana Paula Mansilla, mientras que Damián Natalio Ariel Corti se postula como candidato a asesor tutelar de Cámara y Federico Kaimakamian Carrau para el cargo de asesor tutelar ante los juzgados de primera instancia.
a transferencia de recursos,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
En medio de la tensión con la Argentina, el Reino Unido renovará sus aviones de guerra para reforzar la defensa de las Malvinas
En plena tensión con la Argentina, Reino Unido renovará su flota militar en las Islas Malvinas. El gobierno británico confirmó el reemplazo de los cuatro aviones Typhoon de la primera fase que prestan servicio en el Escuadrón 1435 del archipiélago, en medio de la disputa entre ambos países por la soberanía de las Islas. Serán sustituidos por otros cuatro aviones de la segunda fase, que tienen radar y armamento más avanzados.
En los últimos días el presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió este sábado que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas sería un “desastre potencial”. En su gira por Dublín, el presidente de Estados Unidos señaló ante periodistas que podría resolver la disputa territorial en caso de que alguno de los países pidiera su ayuda.
El líder republicano dijo: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”. Planteó que la Argentina y el Reino Unido son dos países que actualmente están “enfadados” entre sí. A fines de agosto, además, sugirió que podría retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Islas.
Noticia que está siendo actualizada.-
Islas Malvinas
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