POLITICA
Discapacidad: Menem y Santilli buscan aprovechar la crisis para que Economía avale el acuerdo con los aliados

Entre los acuerdos políticos y la ortodoxia económica, esta semana volvió a imponerse la segunda. La presentación del Presupuesto 2027 dejó al descubierto una contradicción dentro del Gobierno: el texto enviado por el Poder Ejecutivo avanzó en sentido contrario a la negociación que el oficialismo venía sosteniendo con sus aliados en el Congreso para encontrar una salida al conflicto por discapacidad.
Ante el riesgo de otra derrota parlamentaria, Martín Menem buscó contener a propios y aliados y trazó una estrategia junto con Diego Santilli: aprovechar el cortocircuito que provocó el Presupuesto para convencer al equipo económico de aceptar el proyecto alternativo que los diputados libertarios venían negociando con sus socios.
La crisis abrió así una discusión dentro del Gobierno. De un lado quedaron Menem y Santilli, que necesitan reconstruir los acuerdos políticos en el Congreso. Del otro, las posiciones que terminaron reflejadas en el Presupuesto: la defensa del equilibrio fiscal de Luis Caputo y los cambios en el sector impulsados desde el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
La discusión tendrá dos escalas la semana próxima. El lunes llegará a la reunión de Gabinete y el martes, a la mesa política. Menem y Santilli buscarán allí que el temblor de esta semana juegue a su favor: que Economía avale las concesiones necesarias para sostener el acuerdo con los aliados y evitar que el tema de la discapacidad vuelva a reunir en el recinto una mayoría adversa al Gobierno.
El principal reclamo tanto de Pro, la UCR y otros bloques provinciales es que se garantice el cumplimiento del artículo 13 de la ley de discapacidad, que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones. Los aliados también piden garantías de que las prestaciones para las personas con discapacidad no se verán afectadas.
“Si ustedes no pagan, no vengan a pedirnos a nosotros que nos inmolemos”, lanzó un referente de los bloques amigos.
Pese a las diferencias, coincidieron en seguir trabajando sobre un proyecto “superador”: una salida que permita abandonar el esquema de emergencia, pero que antes atienda los reclamos que dieron origen a la ley vigente.
Poco más de 24 horas después llegó el Presupuesto y dinamitó lo conversado.
Laura Rodríguez Machado, una de las principales referentes libertarias en la negociación del nuevo texto, tuvo que aclarar públicamente durante el debate en comisión que el proyecto de presupuesto sería revisado.
Rodríguez Machado es una exPro aliada a Patricia Bullrich, que también expresó su desconcierto este jueves. “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, dijo en Radio Rivadavia.
Recomponer con los aliados
Pese al cortocircuito, en Diputados decidieron mantener abierta la negociación. El oficialismo aseguró a los bloques aliados que confían en que el equipo económico terminará aceptando las modificaciones que se acuerden en el Congreso.
Los antecedentes pesan. Desde el año pasado, el Gobierno atravesó siete votaciones adversas en el Congreso vinculadas con discapacidad -incluida la insistencia frente a un veto presidencial-, enfrentó decisiones judiciales que lo obligaron a reglamentar la emergencia y quedó alcanzado por una causa por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En ese recorrido también fue perdiendo respaldos entre sus aliados parlamentarios.
El último revés ocurrió en diciembre, cuando Diputados rechazó un capítulo completo del Presupuesto 2026 que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Es la escena que Menem y Santilli quieren evitar que se repita.
Presupuesto 2027,pic.twitter.com/pzhcixofz5,September 17, 2026,siete votaciones adversas,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
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Causa SIRA: la fiscalía reclamó a varios bancos que remitan la información solicitada en distintas oportunidades

El Ministerio Público Fiscal reclamó que varias entidades completen los informes que el Banco Central y el juzgado ya solicitaron en el marco de la causa Sira, ya que, sin esa información, no se puede seguir el rastro del dinero.
En el escrito adjuntado en las últimas horas al expediente, al que tuvo acceso TN, el auxiliar fiscal Ignacio Mendizábal advirtió que algunas entidades todavía no cumplieron por completo lo que se les pidió a través de circulares del Banco Central y de los levantamientos de secreto que ya ordenó el juez Ariel Lijo.
En ese sentido, pidió que se las intime para que manden, cuanto antes, lo que falta.
Hace meses que la investigación insiste con lo mismo: cuentas, movimientos, productos financieros y cualquier rastro que permita cruzar a los investigados con las autorizaciones de los permisos de importación y con las casas de cambio. El problema, según la fiscalía, es que parte de esa documentación sigue incompleta.
La causa está en el juzgado de Lijo y la impulsa el fiscal Franco Picardi. Lo que se investiga es si durante el cepo cambiario en el gobierno de Alberto Fernández, un grupo de financistas y funcionarios armaron un esquema para conseguir dólares baratos.
De un lado, casas de cambio que accedían al tipo oficial y después vendían en el mercado informal, conocido popularmente como blue. Del otro, empresas que pagaban para que les autoricen un permiso SIRA en días, cuando el trámite normal podía tardar meses.
Los porcentajes que aparecen en el expediente van del 10 al 15% del valor de la operación.
Algunos de los involucrados en la causa son los financistas Elías Piccirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque. El SIRA estuvo vigente entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, en la gestión de Sergio Massa en Economía.
Lo que pide la fiscalía
Picardi pidió en el último tiempo que levanten los secretos fiscal, bancario, bursátil y el previsto en la ley antilavado respecto de Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida, Juan Ignacio Agra, Kevin Fernando Ribeiro y la firma Cowdin S.A.
El requerimiento, formulado originalmente en abril y junio, apunta a avanzar sobre dos tramos de la investigación: la operatoria de agencias de cambio y la tramitación irregular de permisos SIRA durante el cepo cambiario.
Cowdin S.A., dedicada a maquinaria vial, es una de las compañías que el Gobierno informó a la Justicia que llegó a concretar operaciones de importación con acceso al dólar oficial.
En paralelo, la fiscalía reiteró oficios a cinco Agentes de Liquidación y Compensación que no contestaron: Global Valores, Puente Hnos., Mateo y Marchioni, C.A. Teully & Co. e Industrial Valores. Les fijó un plazo máximo de 72 horas para remitir la información ya requerida.
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El Senado les dio acuerdo a Catania y Galván Greenway como camaristas del fuero penal económico

El Senado les dio acuerdo por unanimidad a los jueces Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La votación terminó con más de cuatro meses que las postulaciones permanecieron congeladas por orden de la Casa Rosada por las supuestas vinculaciones que los funcionarios judiciales tendrían con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encarnada por Claudio “Chiqui” Tapia.
En la misma votación, sin debate previo y por 66 votos a favor y ninguno en contra, también obtuvo el acuerdo de la Cámara alta Juan Manuel Mejuto, postulado como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal. En este caso, su nominación había quedado en suspenso por sus supuestos vínculos con el colectivo kirchnerista Justicia Legítima.
Tanto Catania como Galván Greenway son jueces de primera instancia del fuero penal económico y fueron propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar vacantes en el tribunal de alzada porteño, una cámara que viene con su representación menguada por renuncias, jubilaciones y fallecimientos.
Se trata de un tribunal clave en causas de alto impacto institucional y económico. Ambos magistrados ya habían superado la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos sin cuestionamientos formales de peso, pero sus pliegos permanecieron congelados luego de que la Casa Rosada decidiera frenar su avance.
El trasfondo político del caso estuvo marcado por la presunta cercanía de los magistrados con la conducción de la AFA, encabezada por Tapia, y con su tesorero, Pablo Toviggino, en momentos en que el Gobierno mantenía una disputa con la entidad por la posible apertura del fútbol a las sociedades anónimas deportivas.
Esa situación derivó en una demora en la presentación de los dictámenes, pese a que los nombres habían sido impulsados desde el Ministerio de Justicia.
La reactivación de los expedientes se produjo tras la presión de senadores de distintos bloques para que los dictámenes fueran liberados y pudieran ser tratados por el pleno de la Cámara alta.
Con el acuerdo otorgado esta tarde, Catania y Galván Greenway quedaron en condiciones de asumir como camaristas, lo que permitirá completar parcialmente la integración de un tribunal que venía funcionando con vacantes sensibles. Solo resta que el presidente Javier Milei firme el decreto de designación.
Traspaso de competencias penales a la Ciudad
Tras la aprobación de los acuerdos judiciales, el Senado le dio luz verde por amplia mayoría de 44 votos a favor y 21 en contra a los convenios para avanzar con el traspaso de la justicia penal juvenil y de nuevas competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires.
Los acuerdos, firmados en julio por el ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia, forman parte del proceso de transferencia de competencias desde la órbita nacional hacia el Poder Judicial de la Ciudad, en línea con el reconocimiento constitucional de la autonomía porteña.
Los dos proyectos fueron sometidos a una sola votación y el rechazo estuvo centrado en el kirchnerismo y en la voz de Jorge Capitanich (Chaco), quien fundó la postura de su bloque en la negativa a reconocer cualquier medidas que impliquen la ampliación de la autonomía porteña y su financiación con fondos nacionales.
Uno de los convenios establece que la Justicia porteña asumirá de manera exclusiva la investigación y el juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, además de la adopción de medidas de protección respecto de menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos.
Los convenios también prevén que, cuando un mismo caso involucre a menores y mayores de edad, la competencia quede concentrada en la Justicia de la Ciudad para evitar la fragmentación de la investigación.
El segundo convenio amplía la jurisdicción porteña sobre una serie de delitos, entre ellos aquellos vinculados con la libertad, el honor, la integridad sexual, la seguridad del tránsito y leyes especiales como propiedad intelectual.
La aprobación parlamentaria de estos instrumentos representa un nuevo paso en la consolidación del mapa judicial de la Ciudad, aunque su implementación plena dependerá de las instancias administrativas y presupuestarias previstas para concretar el traspaso.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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Tras 8 años de distancia, los hermanos Rodríguez Saá coquetean con unirse para volver al poder en San Luis

Hay una idea de forjar la unidad que atraviesa la discusión de todo el peronismo a nivel nacional. La gran mayoría de los dirigentes creen importante construir una coalición amplia que esté apoyada sobre la base de acuerdos provinciales. Así sucedió, en gran medida, durante el 2018, cuando se edificó el Frente de Todos. Esa experiencia, por más traumática que resultó en la gestión, tuvo resultados favorables en el plano electoral.
San Luis representa el 1,15% del padrón electoral a nivel nacional. Tiene cerca de 420.000 electores. Es una de las provincias con menor representatividad en las urnas. Sin embargo, lo importante de la discusión que tiene el peronismo por estos días, entre ellos la versión puntana de la fuerza política, es el valor simbólico de la unidad como método para ganar elecciones en todas las provincias. Y, sobre todo, que la unidad sea entre dos hermanos que ocuparon el poder del gobierno de San Luis en nueve períodos: Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.
Adolfo Rodríguez Saá fue gobernador entre 1983 y el 2001 en forma ininterrumpida, mientras que su hermano Alberto ocupó la gobernación entre el 2003 y el 2011, y el 2015 y el 2023. Entre el 2001 y el 2003 estuvo a cargo de la provincia Alicia Lemme. Entre el 2011 y el 2015 el delegado en el gobierno de los Rodríguez Saá fue Claudio Poggi, que ocho años después volvió al poder pero divorciado de Alberto y aliado con Adolfo.
Los hermanos, que están en el borde las ocho décadas, se encuentran distanciados desde el 2018. Hay cuestiones personales y políticas que trazaron una línea divisoria en el vínculo. El conflicto político se profundizó cuando Adolfo apoyó la candidatura de Poggi en el 2023. Enfrente quedó Alberto, como principal promotor de la candidatura de Jorge “Gato” Fernández, el último candidato a gobernador del PJ. La diferencia fue de ocho puntos pero con un umbral alto para el peronismo. Obtuvo el 42,30% de los votos contra el 52,9% del actual mandatario.

Con ese piso de votos, en el justicialismo piensan que una eventual unidad entre los hermanos podría volver muy competitiva a la oposición. “¿Van a forjar la unidad para salvar San Luis?“, le preguntó una periodista militante a Adolfo Rodríguez Saá en una entrevista realizada pocos días atrás en la provincia. ”Dios quiera. Hoy no hay nada. Pero por su puesto que me gustaría. Hay que buscar los puntos que nos unen y dejar de costado las cosas que nos dividen», respondió.
El planteo fue explícito. Adolfo está dispuesto a firmar la paz. Tiene su partido y su vocación de ser candidato nuevamente. Pero, a esta altura del calendario, las expresiones y los gestos son parte de un combo de tensiones donde el objetivo real es tener fuerza para negociar la unidad para volver al poder. “Esto no es solo para mi hermano. Sino para todos los dirigentes. Tenemos que dejar de buscar la mugre y buscar lo que nos une. Las coincidencias tienen que servir para tener un programa común”, explicó en una entrevista brindada a FM La Nuestra 100.3.
Adolfo utilizó en ese diálogo un lema muy conocido en el peronismo. La unidad no se proclama, la unidad se construye con gestos, ideas y propuestas. Ese mensaje cercano al PJ provincial se da cuatro meses después de su distanciamiento del esquema político e institucional del gobierno de Poggi. Ese cambio abrupto es tolerado, pero no olvidado, por muchos dirigentes peronistas. Entre ellos su propio hermano.
La mayor parte del peronismo puntano está alineado detrás de la figura de Alberto Rodríguez Saá que, un puñado de días atrás, reapareció en un acto en la sede del PJ de San Luis, donde juntó a una gran cantidad de militantes que pidieron por una nueva candidatura provincial. Allí planteó la necesidad de volver más humildes al poder y le dio impulso a una idea que tuvo en el 2019: “Hay 2027”. Una expresión de deseo y convicción para sostener el proceso de armado político y electoral. Quienes lo frecuentan aseguran que ya no habla tan mal de su hermano como antes. El silencio parece ser una señal de aplacamiento.

La decisión personal de los hermanos es lo que realmente vale para sostener el consenso. Pero por fuera de ese diálogo, hay una mayoría de dirigentes del peronismo que presionan para construir un acuerdo de unidad y presentar una opción competitiva para el año que viene. Algunos miran con atención el 17 de octubre, cuando se celebre el día de la Lealtad peronista. Advierten que puede haber un gesto de acercamiento con un trasfondo histórico que lo sostenga.
Alberto cree en la concentración de fuerzas como parte de la edificación política. Trazar una línea y contar quienes están de un lado y quienes del otro. Y, una vez seguro de los propios, avanzar en una discusión sobre roles, candidaturas y funciones. El último gobernador peronista pretende que el PJ, que actualmente preside, tenga un candidato provincial antes de fin de año.
Las especulaciones están a la orden del día en San Luis. Hay dos caminos visibles para la unidad. Uno es que haya un acuerdo entre ambos y alguno decida apoyar al otro como candidato a gobernador. En ese juego el que mejor parado está es Alberto, porque tiene el mayor caudal dirigencial desde su lado y porque es el que mejor mide en las encuestas como referente del peronismo.
El otro camino es que logren un acuerdo para respaldar la candidatura de un dirigente que no lleve su apellido. Así como lo hicieron en el 2015 con Poggi. En ese escenario hipotético empieza a correr el nombre del diputado nacional Ernesto “Pipi” Alí, que está alineado a Alberto, pero que recibió halagos de Adolfo por su decisión de estar en la trinchera enfrentando al gobierno de Poggi.

La semana pasada Alí se fue del bloque de Fuerza Patria y se unió al bloque del “Gato” Fernández. Fue una decisión basada en el reacomodamiento territorial. Alberto Rodríguez Saá pretendía que el “Pipi” esté afuera del bloque. El ex gobernador nunca tuvo un buen vínculo con el kirchnerismo. Y el legislador, que tiene voluntad de ser candidato si su jefe político no se presenta, movió su ficha en el tablero legislativo.
Detrás de bambalinas hay un trasfondo más complejo en la convivencia parlamentaria. Pero la base de la decisión está basada en el ordenamiento político del peronismo en el territorio. En un encuadramiento local. Alí es parte del esquema político del PJ Federal donde están Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával. Su cara podría ser la que encarne una renovación. Sin embargo, el diputado sabe con claridad que si Alberto decide ser candidato, su vocación tendrá un freno brusco.
Otro nombre que sonaba hasta hace poco es el del “Gato” Fernández, último candidato del peronismo para la gobernación. Pero el legislador no tiene voluntad de afrontar una nueva campaña. Trabajará para la unidad pero sin la expectativa de volver a ser. La situación es diferente en el universo de Alberto. En su entorno creen que podría ser un candidato de la unidad que contenga a su hermano, pero también algunas vertientes del kirchnerismo y el massismo, minoritarias en la superficie política de la provincia.
Tanto Alberto como Adolfo están muy activos. Recorriendo distintas localidades de la provincia y subidos a la vida pública de la política. El año que viene no solo habrá elecciones nacionales, sino que también se llevarán a cabo elecciones constituyentes, ya que Poggi decidió avanzar con un proyecto para reformar la constitución provincial. En ese contexto, la negociación de unidad gana preponderancia y altera la estabilidad política de la provincia. Hay distintos espacios en el frente para ocupar y representar.

Los hermanos no tienen interlocutores. Y la discusión que se va a dar en los próximos días es netamente provincial. El peronismo puntano no quiere que la interna nacional, anclada en las peleas de la provincia de Buenos Aires, contaminen la negociación dentro de los márgenes de San Luis. Por eso nadie habla de ni de Cristina Kirchner ni de Axel Kicillof, ni de La Cámpora ni del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Realidades diamentralmente opuestas.
“Hay que dejar de estar con el peronómetro en la puerta del partido. Hay que frenar los pases de factura. Y hay que poner toda la carne al asador para ganar el año que viene. El peronismo necesita la unidad del Alberto y el Adolfo. El tiene que unirse para ganar”. Así definió el estado de situación del justicialismo puntano un dirigente que conoce bien a los hermanos Rodríguez Saá. Sus palabras bien podrían ser la de tantos otros dirigentes de base que buscan, en un gesto de extremo pragmatismo, que haya perdón, para después encontrar el amor.
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