POLITICA
Dejan firme el embargo del departamento de San José 1111 para ejecutar el decomiso de bienes de los Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisible un recurso de Máximo y Florencia Kirchner contra el embargo preventivo sobre 13 inmuebles de las empresas familiares Los Sauces y Hotesur, incluido el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su condena de seis años de prisión.
El fallo deja firmes los embargos de esos bienes, incluido el domicilio del barrio de Constitución, porque están destinados a ser ejecutados para cubrir los 645 millones de dólares que se deben decomisar como parte de la condena por el juicio contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, por el que está detenida.
La resolución de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña deja firme lo resuelto por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2, que había dispuesto esa medida cautelar.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió -por mayoría- declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Los hijos de la expresidenta buscaban anular la decisión del tribunal oral que dispuso embargos preventivos sobre inmuebles pertenecientes a las empresas Los Sauces y Hotesur, en el marco de la ejecución patrimonial de la condena contra la expresidenta.
Esa condena quedó firme el 10 de junio de 2025. Allí el Tribunal Oral Federal N° 2 lleva adelante el proceso para el decomiso y actualizó el monto de los bienes a decomisar hasta la suma de 684.990.350.139 de pesos.
Entre los bienes embargados se encuentra el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La resolución de la Cámara Federal de Casación quedó conformada por la mayoría de los jueces Hornos y Barroetaveña, que señalaron que la decisión del tribunal oral no era recurrible.
El juez Borinsky sostuvo una posición distinta y propició que el recurso recibiera el trámite correspondiente.
En su voto, Borinsky señaló que correspondía analizar los agravios de los hijos de la expresidenta, vinculados con la relación temporal de la adquisición de los bienes y el delito.
Borinsky viene sosteniendo que hay que anular el decomiso de estos bienes en particular porque ingresaron al patrimonio antes del inicio de la maniobra delictiva, por la que fue condenada Cristina Kirchner, por lo que no podían ser considerados como “producto del delito”.
El Tribunal Oral Federal 2 había ordenado el 11 de agosto pasado embargar preventivamente diversos inmuebles de Hotesur y Los Sauces mientras se resuelve si corresponde su decomiso definitivo.
Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero y en Santa Cruz. Las sociedades Hotesur y Los Sauces tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.
La mayoría de la Sala IV señaló que lo sometido a revisión era únicamente el embargo preventivo y no el decomiso definitivo de los bienes, cuestión sobre la que el tribunal oral todavía no se pronunció.
Recordó que, como regla, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación.
Los jueces Hornos y Barroetaveña consideraron que la medida dispuesta es de carácter cautelar, patrimonial y provisional.
Añadieron que, aun si se admitiera hipotéticamente que la medida fuera equiparable a definitiva, los hijos de la expresidenta no demostraron la existencia de una cuestión federal suficientemente fundada que habilitara la intervención de la Cámara de Casación. Por esas razones, concluyeron que el recurso de casación era inadmisible.
Los jueces también destacaron que la doctrina de la arbitrariedad tiene carácter restrictivo y que, para que una impugnación basada en ella prospere, deben demostrarse defectos que descalifiquen la decisión recurrida como acto jurisdiccional válido, extremo que no fue acreditado en el caso.
Los Sauces y Hotesur,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La oposición reclama una comisión del Congreso para intervenir en la política sobre Malvinas
El Congreso termina una semana más que compleja para el oficialismo. El martes, mientras se preparaba para ir a un plenario de comisión a debatir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, se enteró de la intención del Gobierno nacional de eliminar, básicamente, la ley que protege a ese colectivo de la mano del Presupuesto 2027.
En medio de esto ingresó el proyecto conocido como Malvinas bajo el nombre de Ley de Soberanía Nacional. En el oficialismo señalan que es “estratégico”, pero a pesar de haber ingresado ayer al Congreso, todavía no fue girado a las comisiones correspondientes.
El Gobierno ingresó el proyecto y se llamó al silencio, pero desde la oposición empezaron a crecer las voces que mostraban disconformidad con el texto de la norma. Tanto es así que ayer, en el Senado, hubo un momento de zozobra como consecuencia de eso.
El texto de la norma establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, en el que participan el Presidente, ministros y el titular de la SIDE. Además, establece que será ese Consejo quien defina la política de seguridad de carácter obligatorio y podrá disponer medidas urgentes ante amenazas “graves e inminentes”. También será quien tenga a cargo el procedimiento administrativo sancionatorio, a cargo del propio Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, el Ejecutivo se erige como juez y parte.
Esto generó el reclamo del Congreso que, en el caso de quienes no cuestionan la existencia de un Consejo de Seguridad, entienden que debe tener algún tipo de participación. Eso se cristalizó ayer en la sesión del Senado, cuando se pidió la creación de una comisión. La senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal, pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley de creación de una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas.Bicameral por la Causa Malvinas.
“En este punto lo que quiere Convicción Federal es hacer respetar la participación que debe tener el Poder Legislativo en esta materia, frente a los acontecimientos públicos y las acciones del Gobierno Nacional que incluso hoy envió al Congreso un proyecto en defensa de la soberanía nacional”, explicó la legisladora por Jujuy.
El debate hizo que el peronismo sumara dos proyectos para que fueran tratados sobre tablas —uno referido al mismo tema—, lo que dejó a LLA contra las cuerdas. Si no acompañaba, se negaba a tratar el tema Malvinas; y si acompañaba, podría perder esa votación y la de la vuelta del Coro Nacional de Niños, que eliminó Presidencia.
“La titular del bloque de LLA logró convencer a Moisés de que retirara el pedido bajo el compromiso de ‘el próximo martes lo debatimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales’”.
Luego comenzó una discusión sobre si hacerla bicameral o unicameral. Bullrich se inclinó más por esta última posibilidad, pero se mostró permeable a la discusión y a la posibilidad de crear una comisión permanente en el Congreso que pueda seguir los pasos de lo que hace el Ejecutivo.
El proyecto no deja de sumar críticas, ya que muchos entienden que tiene más que ver con un control interno de la SIDE y de las Fuerzas Armadas que con la protección de los recursos de Malvinas.
Así lo deja ver el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien publicó en su cuenta de X que el proyecto que envió el Gobierno “deroga por completo la Ley 26.659, que protege los recursos argentinos en Malvinas. Y lo hace sin preservar expresamente ninguna de las inhabilitaciones vigentes. Justamente la que alcanza a la petrolera que ellos mismos beneficiaron con concesiones y con el RIGI”.
Frente a esto, Ferraro adelantó que debatirá el resto del proyecto “con responsabilidad y mucho estudio. Pero no voy a habilitar ninguna concentración del poder, deriva autocrática ni arbitrariedades y ambigüedades”.
POLITICA
Manuel Adorni mantiene la custodia, se mueve en auto oficial y prepara la justificación de su patrimonio
Casi tres meses después de renunciar como jefe de Gabinete, Manuel Adorni continúa utilizando un vehículo oficial que acumula multas millonarias y mantiene una custodia de las fuerzas federales, según verificó . El exfuncionario se acerca a horas decisivas, ya que este miércoles vence la prórroga que la Justicia le concedió para que explicara su evolución patrimonial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La historia del vehículo en el que se traslada a diario plantea dos preguntas: por qué continuó afectado a la Jefatura de Gabinete después de que Adorni dejó de ocupar ese cargo el 27 de junio, y quién se hace cargo de las multas de tránsito que acumuló en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires desde que ya no es funcionario. Son más de 50 infracciones que identificó , en su mayoría por exceso de velocidad, por un monto acumulado que supera los $10 millones, según los registros públicos consultados.
Se trata de un vehículo Toyota SW4 modelo 2022 que, según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Automotor obtenido por , pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). El ente público que actualmente preside Daniel Scioli cedió el vehículo a la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Guillermo Francos y la camioneta continúa bajo la órbita de esa dependencia, según el testimonio de fuentes oficiales. pudo ver y fotografiar el auto esta semana, el miércoles y el jueves, en la calle del departamento de Adorni, en Caballito.
Adorni utilizó esa misma camioneta cuando era jefe de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025. El día que brindó una de sus primeras declaraciones sobre su patrimonio, en la conferencia de prensa del 25 de marzo, llegó a la Casa Rosada en ese vehículo.
En los papeles, el auto identificado en el informe de dominio pertenece al Inprotur y tiene dos cédulas autorizadas, de acuerdo con el informe de dominio.
Una fuente oficial de Inprotur, ante la consulta de , indicó que el instituto turístico “formalizó, con fecha 7 de enero de 2025, un Permiso de Uso sobre un vehículo de su titularidad —un Toyota SW4 4×4 SRX 2.8 TDI— a favor de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. En esa respuesta también aclaró que iba a estar destinado para “traslados oficiales de su titular y de su comitiva”. Por entonces, la Jefatura de Gabinete estaba a cargo de Francos. Quienes integraron su equipo explicaron que, dadas sus dimensiones, era un vehículo cómodo para que quien viajaba en el asiento trasero pudiera trabajar.
Sobre su uso actual, la misma fuente del Inprotur señaló: “Fue otorgado un permiso de uso a la Jefatura de Gabinete para ser utilizado exclusivamente como medio de transporte oficial del jefe de Gabinete de ministros y de su comitiva. A partir del traspaso, su afectación y utilización quedaron bajo la exclusiva administración de la jurisdicción permisionaria. El vehículo continúa, a la fecha, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
Sin embargo, el sucesor de Adorni, Diego Santilli, no hizo uso del auto de Inprotur. consultó a la Jefatura de Gabinete qué acto administrativo mantiene vigente esa afectación y cuál es el destino actual del vehículo, pero al momento de publicación de este artículo no había recibido comentarios.
La custodia
En el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, afirmaron que Adorni “tiene custodia, como todo funcionario y exfuncionario de alto rango durante 6 meses, con base en evaluación de riesgo; si a los 6 meses se amerita seguir con custodia, sigue”.
Un exfuncionario del área de Seguridad, consultado por , sin embargo, admitió que “no es lo más común” que un exjefe de Gabinete tenga custodia, aunque sí la tienen expresidentes, exministros de Seguridad, extitulares de la SIDE y miembros de la Justicia. Pese a eso, explicó que es una decisión que puede administrar el propio Ministerio de Seguridad en función del riesgo detectado en cada caso particular.
también intentó contactar a Adorni al celular que utilizaba mientras era funcionario, pero no obtuvo respuesta. Durante su paso por la Jefatura de Gabinete, Adorni aludió a un episodio de violencia en la vía pública y a presuntas amenazas que habría sufrido. En ese contexto, planteó que se movía con custodia por necesidad e indicó que no había “nada que ocurra fuera de la normativa, menos aún en materia de seguridad”.
El actual vocero presidencial, Adrián Ravier, había informado en julio que Adorni tendría custodia fuera de su cargo, aunque se desconocía que también retenía el beneficio de un auto oficial.
Multas millonarias
El uso cotidiano del Toyota SW para la movilidad de Adorni puede constatarse por la cantidad de multas que registra el vehículo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, muchas de ellas en fines de semana.
Actualmente, en los registros de la Ciudad hay 4 multas de finales de agosto y principios de septiembre, por un total de 1,8 millones de pesos. En Provincia figuran 27 multas, de las cuales 8 son por hechos posteriores a la renuncia de Adorni y que totalizan $1,3 millones. Las notificaciones llegan a nombre del titular registral, el Inprotur.
La cifra registrada en la Ciudad llegó a ser mucho más alta. Este martes figuraban 144 multas bajo el dominio del auto que usa Adorni, de las cuales 41 correspondían al período posterior a sus funciones en Casa Rosada (más de $8 millones).
Horas después de que este medio constatara, este miércoles y en la vía pública, que Adorni se movía en esa camioneta oficial, esas 144 infracciones porteñas por un total de 61 millones de pesos dejaron de aparecer en el registro público. Eso ocurre cuando alguien paga las multas o consigue que un controlador de faltas las dé de baja por improcedentes. Entre el jueves y el viernes se incorporaron las cuatro multas en jurisdicción porteña que aún figuran como vigentes. En la provincia de Buenos Aires nada cambió.
consultó a las autoridades porteñas qué explicación tenía esa modificación del registro y si las infracciones habían sido pagadas, anuladas, regularizadas o habían dejado de figurar por otra razón. Una fuente de la administración porteña explicó que “a los vehículos de flota del Estado nacional se les cobra como a cualquier otro, a través de un número de CUIT”.
En el Inprotur, en tanto, señalaron que “todos los gastos corren por cuenta de Jefatura de Gabinete”. ¿Los vehículos utilizados por las custodias de exfuncionarios deben pagar las multas o se les perdonan, en consonancia con su misión? El exfuncionario del Ministerio de Seguridad consultado por indicó: “Hay jurisdicciones que las condonan, pero la custodia sabe que, salvo que sea un traslado de seguridad, deben cumplir con todas las normas de tránsito”.
verificó que esta semana el vehículo era utilizado por Adorni mientras estaba acompañado por agentes de seguridad. También constató que se usó para un traslado a una escuela, pero este diario no tomó imágenes y se mantuvo alejado del establecimiento para resguardar la privacidad de menores y la tranquilidad de la comunidad educativa.
El jueves, cuando la camioneta retornó al edificio del barrio de Caballito donde reside la familia Adorni, ya sin los menores a bordo, tomó imágenes del vehículo en la vía pública. Dos custodios se identificaron como policías y requirieron que el reportero presentara su DNI, al que le tomaron fotos.
La investigación judicial
La primera fecha que tenía Adorni para explicar en la Justicia su evolución patrimonial era el 26 de agosto, tal como informó . Tras un pedido de prórroga, la presentación fue reprogramada para este miércoles.
Su presentación es una instancia relevante en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita. Se espera que Adorni explique en detalle los movimientos de su patrimonio, sus gastos y los fondos utilizados para solventarlos, en los términos planteados en el expediente.
Cuando comenzó esta trama, el por entonces jefe de Gabinete había dicho en una conferencia de prensa en marzo: “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. En junio, durante una entrevista en LN+, reconoció que tenía ahorros no declarados, producto de inversiones en criptomonedas.
Ahora deberá brindar sus explicaciones en el marco de una investigación judicial y respaldarlas con la documentación correspondiente.
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La inteligencia artificial no es para Juan Grabois una discusión sobre el futuro lejano. Es una disputa que ya está definiendo poder, recursos y modelos de desarrollo, mientras los Estados intentan alcanzar una transformación tecnológica que avanza mucho más rápido que sus regulaciones.
En Infobae a la Tarde, el diputado de Fuerza Patria cuestionó el lugar que la Argentina podría ocupar en ese escenario y puso el foco en una pregunta concreta: qué gana el país si se convierte en proveedor de infraestructura y materias primas para una industria que concentra su desarrollo en otras partes del mundo.
“Lo más importante que está pasando en el mundo es esto”, afirmó Grabois. Su preocupación abarca desde la carrera tecnológica y militar hasta el impacto de las plataformas sobre niños y adolescentes, pero también alcanza una discusión más amplia sobre quién establece las reglas de una transformación que, según planteó, ningún país puede controlar por sí solo.
Grabois cuestionó el modelo de los data centers
Al trasladar el debate al plano local, el diputado cuestionó que la instalación de grandes centros de procesamiento de datos pueda presentarse como una estrategia suficiente para impulsar el desarrollo económico.
“Convertirnos en una suerte de enclave de data centers no es bueno para la Argentina. Data center no genera trabajo, genera un consumo de energía y de agua excesivo”, afirmó.
Grabois incluyó a los data centers dentro de un conjunto de actividades que, a su entender, forman parte de la transformación tecnológica en curso. Mencionó también a los armamentos, la industria farmacológica y la biotecnología.
Su planteo es que el país no quede limitado a proveer recursos para industrias cuyo desarrollo y control se encuentran en otros lugares. En ese punto, destacó la disponibilidad de minerales críticos como una herramienta para participar de las negociaciones internacionales.
“Argentina tiene algunos fierros porque tiene minerales críticos. Entonces, eso te da una fortaleza para ser parte de la discusión internacional y para defender tu propio territorio”, señaló.
A la vez, sostuvo que esos recursos deberían formar parte de una estrategia de desarrollo y no de una economía basada exclusivamente en la exportación de materias primas. Como alternativa, propuso avanzar en aplicaciones de inteligencia artificial.
“Podemos trabajar en lo que se llama la capa de aplicación de los modelos de inteligencia artificial”, explicó.
Qué dijo Grabois sobre el futuro de la IA
Grabois diferenció dos problemas que considera centrales. El primero está relacionado con la posibilidad de que sistemas cada vez más avanzados produzcan daños de gran escala. El segundo tiene que ver con el impacto de los entornos digitales sobre las capacidades cognitivas.
“Hay dos grandes riesgos: el riesgo catastrófico, el apocalipsis de inteligencia artificial, que no es ninguna boludez; y el otro, que es el secuestro cognitivo”, sostuvo.
La preocupación por el segundo punto lo llevó a referirse especialmente a niños y adolescentes. Grabois propuso restringir el uso de teléfonos dentro de las escuelas y prohibir el uso de herramientas de IA para realizar trabajos escolares hasta los 14 o 15 años.
El diputado extendió sus advertencias a la infraestructura crítica. Mencionó la posibilidad de que sistemas avanzados tengan impacto sobre servicios esenciales y utilizó un eventual corte prolongado de electricidad como ejemplo de una situación para la que una sociedad debería estar preparada.
“Cuatro o cinco días sin luz, sin energía eléctrica, una sociedad que no está preparada para eso es un caos”, afirmó.
Frente a estos riesgos, insistió en que las regulaciones nacionales resultan insuficientes. Su propuesta es avanzar hacia acuerdos internacionales que involucren a las principales potencias tecnológicas.
“Se necesitan acuerdos SALT”, dijo, en referencia a los tratados firmados durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar sus arsenales estratégicos.
Silicon Valley, China y una tercera alternativa
En su análisis sobre la disputa tecnológica global, Grabois identificó tres modelos: “El aceleracionismo tecnocrático de Silicon Valley, el paradigma estatista chino y un paradigma humanista democrático”.
Según explicó, esta última alternativa todavía no tiene una forma política definida. La vinculó con una concepción que busca combinar democracia, justicia social y libertad individual.
En ese marco, mencionó los documentos del papa Francisco sobre ambiente, trabajo y tecnología y señaló al Vaticano como un posible ámbito para discutir una gobernanza global de la inteligencia artificial que incluya también a China.
Grabois cuestionó además el desarrollo de sistemas de vigilancia y control biométrico. “A mí, ese nivel de vigilancia para mí es incompatible con la libertad”, afirmó.
La discusión sobre Silicon Valley derivó en otro de los temas de la entrevista: su encuentro con Peter Thiel, empresario e inversor tecnológico estadounidense.
“Peter Thiel es un filósofo, va atrás de ese sentido y tiene un sistema de valores que es antagónico con mi sistema de valores”, afirmó.
Grabois sostuvo que detrás de algunas de las decisiones de las grandes compañías tecnológicas existen concepciones políticas y filosóficas sobre el futuro. En ese universo ubicó corrientes vinculadas con el aceleracionismo, la desregulación y el transhumanismo.
“No solamente existen intereses materiales económicos. Hay una orientación político-filosófica vinculada a eso”, planteó.
También describió la existencia de sectores que se preparan para escenarios de catástrofe mediante búnkeres, proyectos para trasladarse a otros lugares del planeta o incluso planes vinculados con Marte.
La mirada de Grabois sobre el peronismo y 2027
La entrevista tuvo un tramo dedicado a la política argentina y al escenario electoral de cara a 2027. Consultado sobre una eventual candidatura, Grabois no confirmó si será candidato ni respaldó a un dirigente en particular.
En cambio, planteó que su prioridad durante los próximos meses será reconstruir vínculos dentro del peronismo y trabajar sobre las diferencias internas. “Nosotros vamos a trabajar por la reconciliación, por sanar las heridas que hay”, afirmó.
El dirigente vinculó esa tarea con la construcción de una alternativa frente al Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, sostuvo que el objetivo será reunir fuerzas para disputar el rumbo político del país.
“Lo que sería imperdonable es no hacer todo lo que hay que hacer para sacar a una persona que es muy dañina para el país, para la región y para la humanidad, que se llama Javier Milei”, afirmó.
Sin embargo, evitó anticipar cómo se traducirá ese objetivo en términos electorales. “Eso implica reconciliación, eso implica sanar heridas, eso implica tener un sentido de propósito, eso implica poder saber para qué hacemos lo que hacemos. Y esa va a ser nuestra tarea en los próximos meses. Lo demás, veremos”, concluyó.
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