NUEVA YORK.— Los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump anunciaron este miércoles el lanzamiento del “Corredor Andes-Atlántico”, una iniciativa que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura digital. El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7000 millones hacia 2027.

El anuncio se realizó durante el foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura en el consulado argentino en Nueva York. El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, encabezaron la presentación en representación de ambos gobiernos, una nueva muestra de la alianza estratégica entre las administraciones de Milei y Trump.

La cooperación tendrá una próxima instancia en octubre: Landau viajará a la Argentina para reunirse con representantes del sector público y privado e impulsar proyectos vinculados con el corredor. anticipó ayer el monto del paquete y que el proyecto de gas natural licuado (GNL) liderado por YPF sería su primer caso.

Para Washington, la iniciativa “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y conecta a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico del país, según señaló el Departamento de Estado.

El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental, que se suma a los de otras regiones. El objetivo es ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas, de los que la Argentina tiene amplios recursos.

La novedad más concreta figura en el capítulo energético: el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) presentó a Argentina LNG una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta US$6000 millones. Los fondos se destinarían a la compra de bienes y servicios estadounidenses para desarrollar la infraestructura y la producción. El crédito todavía no está aprobado: la propuesta es indicativa y no vinculante, y su eventual otorgamiento requiere la aprobación final del directorio de EXIM.

YPF desarrolla el proyecto junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. La primera fase prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL y el inicio de operaciones proyectado para 2031.

Hasta entonces, los socios estiman invertir US$29.000 millones: unos US$24.000 millones en ductos, instalaciones portuarias, plantas de procesamiento y unidades de licuefacción, y otros US$5000 millones en desarrollar el gas que las abastecerá. La inversión calculada para toda la vida del proyecto asciende a US$51.000 millones. En el anuncio en el consulado estuvo el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín.

El documento también destacó la adjudicación a un consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos de un contrato superior a US$1000 millones para el sistema de ductos de exportación, sujeto a la decisión final de inversión del proyecto.

El compromiso por US$7000 millones no equivale a un único préstamo. EXIM y la Argentina firmaron un marco de cooperación denominado U.S.-Argentina Build the Future Framework para proveer financiamiento a proyectos que impulsen el corredor hasta 2027.

La Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) también podría intervenir junto con inversores privados. El documento no identifica aún los proyectos que recibirían el resto de los fondos ni fija un calendario de desembolsos.

El corredor apunta a aliviar los cuellos de botella que hoy dificultan el transporte de gas, petróleo, cobre, litio y otros productos hacia los puertos y mercados internacionales. La iniciativa también se inserta en una red de corredores económicos que impulsa Estados Unidos en otras regiones, entre ellos los de Lobito, en África, y Luzón, en Filipinas.

El listado de obras también incluye la concesión de la línea de alta tensión AMBA I, estimada en US$800 millones y respaldada por una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); proyectos ferroviarios de cargas vinculados con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza; conexiones de carga desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca, y obras relacionadas con puertos e Hidrovía. El documento reúne iniciativas en distintas etapas y no asigna financiamiento estadounidense específico a cada una.

En infraestructura digital, menciona la próxima concesión para ampliar y modernizar la red de fibra óptica de Arsat, para cuya primera etapa el BID aporta un préstamo de US$49 millones. También señala la adquisición de seis millones de usuarios de telecomunicaciones en la Argentina por parte de la empresa estadounidense Metrotel y enumera posibles inversiones en cables submarinos, centros de datos y conectividad satelital.

El viaje de Landau formará parte de una agenda más amplia durante octubre. Una delegación de funcionarios del Departamento de Estado, EXIM y DFC recorrerá Buenos Aires, Jujuy y Salta para identificar proyectos y avanzar en posibles operaciones. Ambos gobiernos preparan, además, encuentros para acercar a empresas estadounidenses a las concesiones y oportunidades de inversión locales.

El Departamento de Estado adelantó que utilizará sus herramientas de financiamiento y su red comercial para impulsar proyectos que cumplan estándares internacionales e incorporen “tecnología confiable”. El documento también plantea excluir a actores que no operen según las reglas de mercado, una referencia que refleja el interés estratégico de Washington por las cadenas de suministro de la región, en medio de la pulseada con China.

Para el Gobierno, el anuncio ofrece respaldo político y estratégico de la Casa Blanca y una posible fuente de financiamiento para obras que considera necesarias para aumentar las exportaciones. Los desembolsos efectivos dependerán ahora de que cada proyecto cierre sus contratos, condiciones crediticias y decisiones de inversión.

Del anuncio participaron el presidente y chairman de EXIM, John Jovanovic, y su directora comercial, Sarah Whitten; la directora de políticas de DFC, Caroline Vik; los embajadores Peter Lamelas y Alec Oxenford; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos.

La Corte Suprema de Justicia ordenó a las plataformas Facebook e Instagram identificar a los titulares de una cuentas anónimas que hicieron un “escrache público virtual” contra un estudiante universitario y militante social a quien trataron de un “abusador, manipulador psicológico y machista”.

La Corte analizó los límites de la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y el honor; el derecho de defensa en juicio y debido proceso, junto al alcance del rol de la víctima entre las personas públicas y el efecto de las redes sociales.

En más de 50 carillas, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (cada uno por su voto) resaltaron que se le había otorgado al estudiante un rol de persona pública por su militancia social, pero en realidad era un ciudadano común.

“La modalidad utilizada en el texto (de ese escrache), combinada con la gravedad de las conductas que se denuncian, colocan al actor en una inaceptable situación de indefensión de sus derechos. ¿Qué entidad tiene la institución denunciante, que no es reconocida por la Universidad a la que dice pertenecer? ¿Quiénes son sus autoridades, o sus integrantes, pues se trataría de estudiantes autoconvocados no identificados en la prueba documental? ¿Ante quienes ejercer el derecho de defensa, negando o aclarando hechos condenables que siguen publicados?”, se preguntó Rosatti.

F.C, un estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, fue a la Justicia para reclamar que se suprimieran las url efectuadas desde las cuentas Comisión de Género de la FaHCE, (que es la facultad a la que pertenece el joven), en Facebook y en Instagram.

Allí se lo acusaba, con su fotografía, de “abusador, manipulador psicológico y machista” y se lo vinculaba con una relación sentimental con una mujer integrante de esa agrupación que no fue identificada, dando detalles de ese vínculo denunciado.

En su demanda, el joven afirmó ser un estudiante con “desempeño académico destacado y buen trato social” que participaba en “agrupaciones colectivas como militante social” defendiendo reclamos por la lucha del aborto legal, contra la violencia de género y los femicidios.

Destrato y distanciamiento

El joven señaló que, a raíz de esa publicación que incluyó la aparición de afiches en la facultad, sufrió “exclusión social, destrato y distanciamiento”, situación que impactó en su práctica estudiantil.

Planteó que, como no era funcionario ni persona pública, esas publicaciones no podían ser consideradas de interés, por lo que debían darse de baja los enlaces y se debía identificar a sus autores.

En primera instancia se había hecho lugar a la demanda, pero la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revocó esa decisión: afirmó que la publicación era de interés público, aludió que tanto el denunciante como la comisión de género también lo eran y señaló que el texto era una denuncia política y no una descalificación, por lo que estaban amparados en la libertad de expresión. También afirmó que el Estado está obligado a proteger integralmente a las mujeres.

Apelada la sentencia, los apoderados de las empresas dijeron que el caso se había tornado inoficioso porque las publicaciones ya no aparecían. Pero, tras el dictamen del procurador general, la Corte Suprema decidió analizar el reclamo y revocar la sentencia con amplios argumentos.

En su voto, Rosatti subrayó que “las redes sociales, por su alcance masivo y la posibilidad del anonimato, se ofrecen como un escenario ideal para multiplicar exponencialmente el daño potencial que, en su caso, podría derivarse de la sola manifestación de quien la emite” e impiden al apuntado defenderse, máxime si esa acusación no se traduce en una denuncia administrativa o judicial.

“La ausencia de datos mínimos verificables que permitan al individuo que se encuentra implicado en la denuncia ejercer su derecho de defensa, vulnera el debido proceso en sentido amplio y expone al acusado a un riesgo cierto de daño irreparable a sus derechos personalísimos -honor e intimidad-, que no puede hallar amparo razonable en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión o en el cumplimiento de las obligaciones estatales asumidas para la prevención y erradicación de la violencia de género. Por tal motivo, corresponde admitir el reclamo y disponer la eliminación de la publicación”, dijo Rosatti.

Rosatti también enfatizó que “el mero hecho de haberse presentado en la demanda como ‘militante social’ no lo equipara a una figura pública, como pretende el tribunal de alzada, y, por ende, no le hace perder la protección reforzada propia de un ciudadano común en materia de libertad de expresión”.

“No basta cualquier exposición para reunir la calidad de ‘persona pública’, pues no toda participación en la vida de la comunidad supone adquirir esa especial calidad. Lo contrario supondría obstaculizar gravemente la libre intervención de los ciudadanos en la discusión política al desincentivar fuertemente la expresión pública de sus opiniones personales”, resaltó el presidente de la Corte.

Por su parte, Rosenkrantz hizo hincapié en que tampoco había una justificación para enmarcar el texto denunciado en los compromisos asumidos por el Estado Nacional para erradicar la violencia de género. Según planteó, la Cámara por si misma, “concibió al discurso de género como de interés público y, por ello, como suficiente para limitar los derechos personalísimos de quienes pudieran sentirse afectados por él”.

“La importancia que cabe asignar al discurso sobre cuestiones de violencia contra las mujeres, o a cualquier otro discurso que tenga trascendencia social, política o institucional, no es una razón válida para aplicar de un modo diferente las pautas que esta Corte ha establecido invariablemente en numerosos fallos para decidir sobre la referida tensión de derechos constitucionales”, aseguró.

También enfatizó que “la protección constitucional de la intimidad implica que toda persona, por su condición de tal, tiene el derecho de preservar una esfera de reserva en el ámbito de su propia autonomía personal y no es admisible que el interés que la comunidad pudiera tener en ciertas informaciones justifique todo tipo de invasión en dicha esfera”.

A su turno, Lorenzetti apuntó que “la sentencia apelada entiende que el actor es una persona pública porque se presentó como ‘militante social’, y por esa razón no resulta aplicable la protección reforzada propia de un ciudadano común”.

“Este criterio, que, si bien pudo haber sido admisible en otros tiempos, no lo es en el siglo XXI, en el que todas las personas, quieran o no, tienen sus vidas expuestas de modo público en las redes sociales. Las costumbres sociales se han inclinado hacia la publicación de todo lo que se hace día a día en el mundo digital, pero no por esa razón se trata de personas ‘públicas’”, señaló.

“En consecuencia, la circunstancia de que una persona tenga presencia en redes sociales o participe en actividades de interés colectivo no permite concluir que haya renunciado a la protección de su privacidad. Interpretar lo contrario llevaría a considerar que la mayoría de las personas no gozarían de la protección que el derecho concede a la privacidad”, se añadió.

“Ponderados los derechos constitucionales comprometidos, corresponde hacer lugar a la pretensión y ordenar que se informe la identidad del titular de las cuentas individualizadas, así como los datos de que disponga la demandada que resulten conducentes para su identificación”, concluyó.