POLITICA
Nuevo contrapunto de Patricia Bullrich con el Gobierno: rechazó el pedido de jury a la jueza que cuestionó el régimen penal juvenil
Patricia Bullrich rechazó impulsar un juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis, que frenaron la aplicación del nuevo régimen penal juvenil que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que las sentencias deben revisarse en las instancias judiciales superiores y no convertirse en motivo de destitución de magistrados.
La posición de Bullrich la diferenció de dirigentes libertarios y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes habían promovido acciones contra las juezas. La reforma, aprobada por el Congreso, alcanza a adolescentes de 14 a 18 años e invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus normas procesales y administrativas.
La senadora habló durante un Congreso Anticorrupción realizado en el Automóvil Club Argentino, organizado por la asociación civil Río Paraná. Allí planteó que “la política debe evitar que los jueces sean perseguidos por sus sentencias”.
Y agregó hacia el final de su disertación de casi una hora: “Yo estoy totalmente en contra de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil. Totalmente en contra”, afirmó Bullrich ante los asistentes que aplaudieron sus dichos.
Pero luego, advirtió, “ahora voy a decir algo que no sé si les va a gustar tanto”. Y dijo con firmeza: “Yo no les hago un juicio político por eso”, pronunció ante el silencio generalizado, que denotaba cierta sorpresa.
Con este gesto, Bullrich volvió a diferenciarse de la postura oficial del gobierno que integra. El gesto se suma a otros movimientos independentistas como las críticas a los recortes en Discapacidad incluidos en el Presupuesto.
El por qué de su postura anti-jury
Bullrich argumentó que el mecanismo para cuestionar una sentencia es la apelación. “¿Por qué? Porque es su sentencia. ¿Y qué pasó? La Cámara se lo revocó. Es decir que la segunda instancia le revocó la sentencia”, señaló al referirse a la decisión de Pascual en la provincia de Buenos Aires.
Vale recordar que la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, había dispuesto una suspensión provisoria de 60 días para la aplicación de la ley en territorio bonaerense. La medida respondió a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.
Pero Pascual no declaró inválida la Ley N° 27.801. La magistrada planteó que debía establecerse si el Estado podía ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales exigidas por los estándares constitucionales y convencionales. También convocó a una audiencia para que las áreas provinciales involucradas informaran las medidas previstas para implementar la norma.
La Cámara revocó la medida de Pascual. Para Bullrich, ese antecedente debía guiar la respuesta frente al fallo de De Marinis: “Hay que esperar, como se esperó en el caso de la jueza Pascual de la provincia de Buenos Aires, que vino la Cámara y le dijo: ‘Usted no tiene ninguna posibilidad de hacer esto’”.
La senadora agregó que Casación debe revisar la decisión dictada en la Ciudad de Buenos Aires. “Es una jueza que tiene que cumplir con la ley”, sostuvo sobre De Marinis.
Días atrás, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, había respaldado la promoción de un pedido de jury contra Pascual. Lo calificó como “una jueza del poder, de la política bonaerense” y sostuvo que intentaba frenar una ley aprobada democráticamente por el Congreso.
El caso porteño y el pedido de Jorge Macri
Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad, declaró inconstitucional la reducción de la edad de punibilidad en un expediente puntual. La decisión benefició a un adolescente de 14 años imputado por una tentativa de robo y no suspendió la vigencia general de la ley.
El episodio investigado ocurrió el 10 de septiembre, cerca de las 06:00, cuando un hombre de 47 años fue abordado por cinco jóvenes que intentaron robarle. La víctima escapó, pidió ayuda a un policía que patrullaba el área y los presuntos involucrados fueron detenidos.
La fiscalía calificó inicialmente el caso como robo simple en grado de tentativa. El Ministerio Público de la Defensa pidió que se declarara la inconstitucionalidad del nuevo régimen, y De Marinis resolvió sobreseer al adolescente.
La jueza consideró que la baja de la edad de imputabilidad era regresiva y vulneraba tratados internacionales con jerarquía constitucional. Citó recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en 2018 y 2024 había solicitado a la Argentina mantener en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal.
También incorporó consideraciones de la neurociencia sobre el desarrollo de la corteza cerebral durante la adolescencia y sus límites para comprender plenamente las consecuencias de los actos y de los procedimientos judiciales. De Marinis entendió que la conducta investigada fue una tentativa “burda y torpe”, sin desapoderamiento de bienes ni lesiones para la víctima.
“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables”, escribió la magistrada. Añadió que el ingreso al sistema penal debía ser el último recurso y que, en algunas trayectorias de vida, “lamentablemente es el primero”.
Jorge Macri anunció que pedirá el juicio político contra De Marinis ante la Legislatura porteña. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, publicó el jefe de Gobierno en X.
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POLITICA
“No hubo ganadores, perdió Argentina”: la reacción del peronismo a la sanción de la Ley de Zonas Frías
El peronismo endureció su postura después de ausentarse de la votación del proyecto que modificó el esquema de subsidios al gas para las Zonas Frías y cargó contra el oficialismo por el resultado de la sesión en el Senado. Desde Unión por la Patria sostuvieron que no iban a “convalidar un nuevo tarifazo” y denunciaron que el debate terminó enfrentando a las provincias con climas fríos con las de regiones cálidas.
Al respecto, la senadora Juliana Di Tullio fue la que llevó el tono más alto de la reacción. A través de un mensaje en su cuenta de X, acusó al Gobierno de “celebrar la disolución nacional” y afirmó que “bajo extorsión y prebendas obligaron a senadores y senadoras a prestarse al juego perverso de elegir quién prefieren que muera primero: los niños y los ancianos de las zonas frías o los niños y los ancianos de las zonas cálidas”.
La senadora también advirtió que “las tarifas son y serán cada vez más impagables luego de esta jugada siniestra, que terminará en enfrentamientos entre hermanos”. Y remató con una crítica al resultado de la sesión: “El Senado es la cámara legislativa federal y ayer más de la mitad de los representantes se prestaron a quebrar el proyecto de nación. No hubo ganadores, perdió Argentina”.
En paralelo, el interbloque justicialista difundió un documento para explicar su decisión de retirarse de la votación. Allí sostuvo que el proyecto reducía beneficios para los usuarios de las Zonas Frías sin ofrecer una respuesta concreta para las denominadas Zonas Cálidas del NEA y el NOA, por lo que rechazó avalar una iniciativa que, según planteó, profundiza las desigualdades en el acceso a la energía.
POLITICA
Un organismo de la Iglesia reclama respuestas para atender la emergencia de las personas con discapacidad
La Comisión de Pastoral Social del Episcopado pidió “responder sin demoras” a la situación que viven las personas con discapacidad, en momentos en que el Congreso debate un proyecto para decidir sobre la continuidad de la emergencia en ese sector social.
En una declaración difundida por el área de Discapacidad del organismo episcopal, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, se afirma que para las personas que enfrentan esta emergencia y sus familias está en juego la posibilidad de sostener tratamientos, terapias, apoyos y condiciones básicas que hacen posible su vida cotidiana.
El pronunciamiento se difundió en medio de los preparativos del viaje del papa León XIV a la Argentina, cuyo programa comprende una visita del Santo Padre al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, uno de los centros de atención integral de personas con discapacidad más emblemáticos del país.
La comisión episcopal advierte que el proyecto de presupuesto 2027 enviado al Congreso deroga normativas centrales de la ley de Emergencia en Discapacidad. “Advertimos que pretender eliminar la cobertura médica obligatoria, fragmentar los aranceles únicos que universalizan el sistema o restringir el acceso a pensiones no constituye un simple ajuste fiscal, sino un desamparo ético intolerable”.
Y expresa que en este tiempo en que el Congreso debate decisiones que tendrán consecuencias sobre la vida de las personas con discapacidad y sus familias, la visita del Papa puede convertirse en una oportunidad para responder una pregunta: “¿Qué sociedad estamos construyendo cuando quienes más necesitan de los demás quedan al margen?”.
“La respuesta del Estado no debe reducirse a una ecuación matemática. Detrás de cada terapia, tratamiento o insumo médico existe una persona real con un proyecto de vida, dolores y esperanzas. El presupuesto público debe erigirse como una herramienta para el desarrollo humano y evaluar la discapacidad únicamente desde una métrica financiera es una práctica de deshumanización que degrada la dignidad de la vida”, se expresa en la declaración.
El organismo de la Iglesia expresa que “la discapacidad no puede ser mirada como un problema que concierne solamente a quienes viven esta realidad y a sus familias. “Nos plantea una pregunta más profunda acerca del tipo de sociedad que queremos construir”, precisa.
Tras señalar que no se puede pensar que la respuesta quede librada a las posibilidades económicas de cada familia, el equipo de Pastoral Social sostiene que “cuando el acceso a los apoyos necesarios depende únicamente de los recursos individuales, corremos el riesgo de que la dignidad y los derechos de las personas queden condicionados por su capacidad económica”.
Gesto simbólico
El área de Pastoral Social se refiere en la declaración a la decisión del Santo Padre de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. “No se trata de un hecho casual, sino de un gesto de profundo contenido simbólico: el Papa elige que uno de los primeros lugares de su visita sea una casa donde viven y son acompañadas personas con discapacidad”, advierten los obispos.
Tras recordar que León XIV enseña que cada vida posee una dignidad única e irrenunciable, expresan que la presencia del Papa en ese ligar es “un reconocimiento del valor de estas personas, de sus historias y sus aportes a la comunidad. Y, también una invitación a “revisar nuestra manera de mirar la fragilidad y a preguntarnos qué lugar ocupan en nuestra sociedad quienes necesitan especialmente del cuidado y del acompañamiento de los demás”.
En línea con la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV, el pronunciamiento añade que “la fragilidad no puede ser considerada únicamente como una carencia que debe ser compensada”, al tiempo que llama a humanizar los vínculos, fortalecer la solidaridad y reconocer que “necesitamos unos de otros”.
Expresa, además, que los recursos públicos son limitados y requieren decisiones responsables. “Esas decisiones tienen una dimensión humana y social a ser considerada y requiere, especialmente, escuchar la voz de las propias personas con discapacidad, de sus familias, de los profesionales y de las instituciones que cotidianamente sostienen esta realidad.
Mariano De Vedia,Iglesia,Conforme a
POLITICA
Camioneros mantiene bloqueada desde hace 48 horas una empresa en Arrecifes y denunciaron que hay amenazas
La empresa Southern Seeds Production, ubicada en la ciudad bonaerense de Arrecifes, permanece bloqueada desde este miércoles por activistas del Sindicato de Camioneros que reclaman el pase a relación de dependencia de cuatro choferes que mantenían un vínculo comercial con la firma, en un conflicto que pone en riesgo la actividad de una compañía que produce, procesa y exporta legumbres a unos 40 países.
Ante la negativa de la empresa, los choferes comenzaron a reclamar una indemnización, situación que empeoró cuando hace 48 horas un grupo de 20 representantes de Camioneros se instaló en la puerta de la planta, en el kilómetro 173,5 de la ruta 8, donde, según denunció la firma, amedrentan a choferes de otras empresas transportistas para que no carguen la mercadería.
Algunos choferes de otras empresas que trabajan para Southern Seeds Production permanecen en una estación de servicio contigua a la espera de que se solucione el conflicto, pero no quieren llevar mercadería porque temen sufrir daños en los camiones o agresiones al salir de la planta. “No quiero salir de acá porque me van a pegar un tiro; yo tengo familia”, aseguró Lucio Peroni, dueño y presidente de Southern Seeds Production, que le dijo uno de los choferes. Otro transportista, según el empresario, advirtió que “si me rompen el parabrisas, una cubierta o el camión ya no puedo trabajar más”.
El empresario relató que varios conductores desistieron de ingresar luego de ser abordados por integrantes del bloqueo. También señaló que un vehículo alcanzó a entrar con un empleado de la firma a bordo, pero salió sin cargar después de que su conductor recibiera una llamada telefónica que interpretó como una amenaza.
Peroni dijo a Infobae que el bloqueo impide el ingreso de contenedores y compromete el traslado de los productos de esta empresa familiar, que comenzó sus actividades en 2002 y emplea a 120 trabajadores, combinando la producción en campos alquilados, la compra o recepción de cosechas de productores locales, el procesamiento de mercadería y la exportación de arvejas, lentejas, maíz pisingallo, maíz waxy y otros productos.
Los cuatro choferes en conflicto, explicó Peroni, tenían un vínculo comercial por servicios de transporte, pero hasta hace dos semanas no habían hecho ningún reclamo por la relación que mantuvieron con la empresa.
El empresario sostuvo que el Sindicato de Camioneros planteó inicialmente que los cuatro fueran incorporados como empleados, pero la respuesta fue negativa. “Nosotros no tenemos transporte ni queremos tenerlo porque no es nuestro negocio”, afirmó.
La situación conflictiva, según su relato, comenzó a principios de septiembre, cuando la Delegación de Pergamino del Ministerio de Trabajo bonaerense ingresó a la planta de Arrecifes junto con representantes sindicales para hacer una inspección y luego convocó a una audiencia oficial para que la compañía presentara documentación sobre los transportistas.
Peroni aseguró que, tras esa instancia, dos de los cuatro choferes en conflicto enviaron cartas documento al sindicato para manifestar que no querían formar parte del planteo y que los dejaran trabajar.
Después, según el empresario, el reclamo pasó de exigir la incorporación laboral a reclamar una indemnización. “Si tenemos algo mal, no tenemos ningún problema en dirimirlo en la Justicia. Y si la Justicia dice que esto es así, lo acataremos”, sostuvo.
Los empleados de la compañía están encuadrados en UATRE (rurales), Comercio y URGARA (recibidores de granos), pero ninguno en Camioneros. “No es nuestro negocio ni la actividad principal porque solamente damos viajes a los transportistas con los contenedores que enviamos al puerto de Buenos Aires”, remarcó.
De todas formas, Peroni puntualizó que los choferes y el sindicato “cortaron el diálogo” con la empresa y anticipó que en las próximas horas presentará una denuncia penal contra los responsables del bloqueo porque, pese a que hace 24 horas aparecieron en el lugar efectivos de la Policía Bonaerense y de Gendarmería, se mantiene la protesta y el amedrentamiento contra los choferes.
“No se pueden cargar los camiones y no podemos cumplir con los compromisos -detalló-. Y estamos teniendo obviamente costos altísimos porque los contenedores están parados. Somos una empresa exportadora. Si creen que el reclamo es válido, para eso está la Justicia”.
Peroni, desconsolado, relató: “Siempre me sentí orgulloso de tener una empresa que pueda exportar Argentina al mundo, de poder crecer y generar empleo en Arrecifes. Vivo acá con mi familia y doy trabajo a gente de mi ciudad. Por eso me parece una locura que me bloqueen de esta forma, amenazando, sin dejar entrar. Uno de los choferes me dijo: ‘No cargo la mercadería porque salgo de acá y me pegan un tiro en la cabeza’. ¿Un tiro en la cabeza? Es como el Lejano Oeste».
Además de denunciar el bloqueo en la línea 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad Nacional para los casos de bloqueos, Peroni pidió ayuda al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), presidido por Juan Méndez, quien fue este jueves a la planta de Arrecifes para brindarle asesoramiento en este conflicto.
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