La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, prevé que la vía interoceánica mantenga 32 tránsitos diarios hasta diciembre, sin aplicar nuevos recortes durante los meses restantes de 2026.

Las lluvias de finales de agosto y septiembre mejoraron los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela y dieron a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) un margen mayor al previsto para sostener sus operaciones.

Durante el Simposio Industrial de Sostenibilidad, Energía y Agua, Espino de Marotta explicó que las condiciones hídricas han evolucionado mejor que en los escenarios iniciales.

La ACP ya había reducido la capacidad de 36 a 32 buques diarios y el calado máximo de los Neopanamax de 50 a 48 pies. Por ahora, espera mantener ambos parámetros mientras observa las lluvias de octubre y noviembre.

La administradora sostuvo que la recuperación no elimina la presión de la próxima estación seca. La prioridad será almacenar suficiente agua para abastecer a la población y permitir el paso de buques durante los meses sin lluvias.

«Si tenemos un octubre y noviembre muy buenos», dijo, el Canal podría evitar nuevos recortes de tránsitos y afrontar el verano en mejores condiciones que durante la sequía de 2023.

Los primeros 21 días de septiembre dejaron precipitaciones superiores al promedio histórico en la cuenca canalera, después de cuatro meses con déficit de lluvias. El 25 de septiembre, el lago Gatún registraba 84,64 pies y Alhajuela, 242,92 pies.

La mejoría de ambos embalses sostiene la operación actual de la vía, aunque la ACP seguirá evaluando sus reservas antes de la estación seca.

Espino de Marotta recordó que las restricciones de 2023 obligaron a reducir los tránsitos hasta 24 buques diarios durante parte de la crisis hídrica.

Para las navieras, explicó, la previsibilidad es fundamental: deben conocer con anticipación cuánto pueden cargar y cuándo podrán cruzar. Una reducción frecuente de calado o cupos afecta la confiabilidad comercial del Canal, incluso cuando la vía continúa operando.

La respuesta a largo plazo es el proyecto del lago de río Indio, aprobado por la Junta Directiva de la ACP en 2025. La administradora explicó que permitirá almacenar agua para enviarla por gravedad hacia Gatún mediante un túnel de aproximadamente 8,7 kilómetros. La obra contempla una presa principal y tres auxiliares, con una inversión estimada de $1.500 millones.

De ese monto, alrededor de $400 millones se destinarían a mitigación ambiental y reasentamiento, según las cifras expuestas por Espino de Marotta. El diseño conceptual registra un avance cercano al 35% y la ACP proyecta licitar la construcción en 2027.

La administradora calcula que el nuevo lago dará seguridad hídrica durante 50 años y permitirá sostener tanto el consumo humano como la actividad canalera.

Uno de los trabajos en marcha consiste en preparar las conexiones viales de la zona. Espino de Marotta informó que ya fueron adjudicadas tres carreteras permanentes, por un monto conjunto cercano a $30 millones, para mejorar la comunicación entre comunidades y facilitar el desarrollo del proyecto. La ACP estima que unas 8.000 personas se beneficiarán de estas vías.

La entidad también actualiza la línea base ambiental del proyecto y prevé presentar el estudio de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente en el primer trimestre de 2027.

La evaluación será de categoría III e incluirá espacios de participación pública en Panamá Oeste, Colón y Coclé. En paralelo, se identifican terrenos para el reasentamiento de las familias que viven en la futura área del lago.

Espino de Marotta describió ese reasentamiento como la parte más compleja de Río Indio. Tras nueve meses de conversaciones y más de 200 reuniones, la ACP acordó un marco de compensación con las comunidades. El plan incluye nuevos terrenos con título de propiedad, viviendas y apoyo para restablecer las actividades económicas de las familias afectadas.

Para el año fiscal 2027, que comienza en octubre de 2026, el presupuesto del Canal prevé ejecutar $82 millones en Río Indio. Estos recursos corresponden a la etapa de desarrollo del proyecto y forman parte de la inversión total prevista para el futuro lago. La ACP ha señalado que financiará la iniciativa con recursos propios.

La estrategia de inversión incluye además dos nuevas terminales portuarias, en Corozal y Telfers, una a cada lado del Canal.

Según la administradora, aportarían capacidad para movilizar entre cinco y seis millones de contenedores adicionales. La ACP recibió propuestas para la precalificación el 9 de julio y evalúa qué empresas podrán participar en la siguiente fase de los procesos.

Otro proyecto es un corredor energético por la ribera oeste, planteado para transportar productos como propano, butano o etano.

La ACP recibió propuestas de precalificación el 23 de julio y trabaja en la definición del alcance antes de avanzar con la licitación. Espino de Marotta señaló que el traslado de estos productos por tierra liberaría capacidad en las esclusas Neopanamax para otros buques.

La administradora mencionó igualmente un corredor logístico estimado en unos $1.780 millones, que extendería la conectividad por la ribera oeste hasta el puente Atlántico.

Estas iniciativas forman parte de la visión de crecimiento del Canal para la próxima década. Mientras avanzan sus estudios y procesos de selección, la prioridad inmediata sigue siendo conservar agua para mantener los 32 tránsitos diarios hasta diciembre.

Carlos Alberto Montoya Policía en 1994 pasó de ser oficial cubano a denunciar décadas de hostigamiento político, religioso y económico después de comunicar a sus superiores que asistía a una iglesia y quería acercarse a Dios. Tres décadas más tarde, afirma que teme ser detenido nuevamente y que la persecución también afectó a su esposa y a sus hijos, según relató a Diario de Cuba.

Montoya tenía alrededor de 20 años cuando informó a sus jefes sobre su fe, poco antes del Maleconazo del 5 de agosto de 1994. Dice que la respuesta incluyó burlas, amenazas, su expulsión de la Unión de Jóvenes Comunistas y el intento de separarlo de forma deshonrosa de la Policía.

“Los resultados fueron terribles: no solamente la burla, sino también las amenazas, la expulsión de la militancia de la Unión de Jóvenes Comunistas y el intento de expulsarme deshonrosamente de la Policía”, recordó.

La fe religiosa como motivo de expulsión del Ministerio del Interior

La Contrainteligencia Militar lo detuvo después del Maleconazo y, tres días más tarde, le notificaron que había sido dado de baja del Ministerio del Interior. Montoya sostiene que permaneció privado de libertad pese a que ya no pertenecía a esa institución.

“Ya yo estaba fuera del MININT y, aun así, seguía siendo acosado y estaba preso por disposición de la Contrainteligencia Militar”, afirmó.

Durante varios días fue trasladado entre distintos lugares mientras aguardaba un supuesto proceso judicial. Finalmente regresó a su casa hasta la celebración de lo que describe como un “juicio de honor”, una reunión interna sin carácter penal.

Participaron oficiales de su rango y superiores que, según su relato, reconocieron sus resultados profesionales y su valor como militar. El cuestionamiento no se centraba en su desempeño, sino en que había adoptado la fe pentecostal.

“El problema es que Montoya ahora es pentecostal. Empezó a visitar la iglesia y ahora es cristiano. ¿Qué creen ustedes?”, recuerda que planteó el capitán político de su unidad ante los demás oficiales.

Sus antiguos compañeros le formularon preguntas hipotéticas sobre si su fe limitaría sus capacidades como agente. Uno de ellos le preguntó cómo actuaría si sorprendía a un cristiano robando en una bodega.

Montoya respondió que debía detenerlo: “Si es un cristiano que está robando, ya no está actuando como cristiano, porque la Biblia dice: ‘No robarás’. Tiene que ir preso”.

Otro oficial recurrió al mandamiento “No matarás” para preguntarle si sería capaz de proteger a un compañero durante un operativo. “Yo no confío en estar contigo en un operativo, porque si mañana alguien va a matarme y mi salvación depende de que tú mates a esa persona, como la Biblia dice ‘No matarás’, ¿qué haces? ¿Dejas que me maten?”, le dijo, según rememoró.

Montoya admitió que entonces, por su edad y su escaso conocimiento religioso, no pudo responder con claridad. “Cuando eso pase, ya veremos qué sucede. No sé qué pasará”, contestó.

Despidos, una multa y presión sobre sus hijos

La salida del Ministerio del Interior dio paso, según su denuncia, a una persecución laboral. Montoya asegura que agentes de la Seguridad del Estado acudían a cada empleo que conseguía y lograban que lo despidieran al poco tiempo de incorporarse.

“Dondequiera que yo iba a trabajar, ellos iban y me botaban. Al otro día de incorporarme me decían: ‘Usted no puede seguir trabajando’”, sostuvo.

El expolicía interpreta que el objetivo era someterlo mediante la precariedad económica e impedirle sostener a su familia. Como parte de esa presión, menciona una sanción de 48,000 pesos que, según afirma, buscaba obligarlo a entregar la licencia de su negocio.

“¿Para qué? Para que dejara el negocio y volviera a un estado de pobreza, sin economía para sostener a mi esposa y a mis hijos”, denunció.

Cuando se casó y formó una familia, desde 1999, sus hijos también quedaron expuestos a las consecuencias del conflicto. Criados en la fe de sus padres y en un hogar abiertamente anticomunista, se negaban a saludar la bandera y a cantar el Himno de Bayamo en la escuela.

Montoya afirma que las autoridades escolares los suspendieron y humillaron. En una ocasión, recuerda, una maestra intentó levantar por la fuerza la mano de su hijo Yohanan para obligarlo a saludar la bandera.

El padre considera que esas experiencias pueden llevar a los niños a rechazar la religión por asociarla con castigos o, por el contrario, a identificar al sistema político como responsable de la represión. “Gracias a Dios, mis dos hijos terminaron siendo anticomunistas y mantuvieron la fe”, dijo.

La Comunidad Noájida de Cuba y las secuelas del hostigamiento

Montoya es moreh, un término hebreo que significa maestro o instructor, de la Comunidad Noájida de Cuba. El noajismo, también llamado movimiento Bnei Noaj, es una corriente monoteísta destinada a personas no judías y vinculada con la tradición del judaísmo.

Sus seguidores no se convierten al judaísmo, sino que observan las Siete Leyes de Noé: las prohibiciones de idolatría, blasfemia, asesinato, robo, relaciones sexuales ilícitas y consumo de una parte extraída de un animal vivo, además del deber de establecer sistemas de justicia. La tradición judía diferencia esos preceptos de los 613 mandamientos destinados al pueblo judío.

No considera una deshonra haber formado parte de la Policía. Por el contrario, sostiene que esa experiencia le permitió contrastar lo que aprendió dentro del aparato represivo con los derechos humanos y las garantías constitucionales.

“Para mí no es una vergüenza haber sido policía. Doy gracias a Dios porque estuve ahí y ahora sé lo que es eso”, afirmó. También dijo conocer “el impacto espiritual y psicológico de vivir bajo represión y bajo un constante asedio político”.

Las secuelas, asegura, siguen presentes en su vida diaria. Padece insomnio y permanece alerta ante la posibilidad de que lo arresten otra vez.

“No puedo conciliar el sueño. No duermo porque pienso que en algún momento voy a ser arrestado, que en algún momento van a llevarme”, confesó.

Sus hijos lo llaman con frecuencia para saber cómo se encuentra, mientras que su esposa se comunica con él cada pocos minutos cuando sale a trabajar. La familia teme que vuelva a ser detenido o desaparezca.

“Ellos temen que yo sea secuestrado de nuevo”, explicó.

En una etapa llevó una cadena para defenderse ante un posible ataque de policías o agentes vestidos de civil. Aún lucha, dice, contra pensamientos violentos vinculados con la posibilidad de sufrir una nueva agresión.

“Si me atacan en la calle, si me mandan a un esbirro vestido de civil para golpearme, pienso qué haría, si lo mato. Es un daño psicológico muy malo”, admitió.

“Soy una persona enferma. No duermo bien”, concluyó. “Estamos dañados psicológicamente por todo esto”.

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El canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez planteó a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la preocupación del Gobierno por los ciudadanos de Panamá vinculados a la guerra en Ucrania que desean regresar.

Durante una reunión celebrada en Nueva York, Lavrov respondió que Rusia examinará la petición, aunque indicó que cada situación deberá tratarse de manera individual, según informó la Cancillería panameña.

El encuentro tuvo lugar durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Martínez-Acha expresó el interés de Panamá en encontrar soluciones que permitan el retorno de sus nacionales conforme a las circunstancias de cada caso. Ambos ministros acordaron mantener abiertos los canales diplomáticos y dar seguimiento a los asuntos tratados en la reunión.

La conversación dio continuidad al pedido que Panamá había formulado ante el Consejo de Seguridad para que Rusia y Ucrania facilitaran el regreso de los ciudadanos que quisieran volver.

El canciller señaló entonces que cualquier gestión tendría que realizarse mediante los procedimientos permitidos por las autoridades de ambos países. También agradeció a Ucrania la coordinación que permitió el retorno de varios panameños.

«Para Panamá, cada ciudadano cuenta. Ningún panameño debe quedar olvidado en una guerra que no es la suya», afirmó Martínez-Acha ante el Consejo de Seguridad.

Su planteamiento abarcó a nacionales vinculados a cualquiera de los dos bandos y puso el foco en quienes han manifestado interés en salir del conflicto y regresar al país.

La dimensión de esa situación comenzó a conocerse durante las investigaciones desarrolladas en Panamá. En agosto, el procurador general, Luis Carlos Gómez, informó que las autoridades habían identificado 30 panameños potencialmente vinculados a la guerra: 21 relacionados con Rusia y nueve con Ucrania. El Ministerio Público mantenía entonces seis investigaciones abiertas sobre los hechos.

Una de esas investigaciones avanzó esta semana con la Operación Rescate Soberano, durante la cual fueron aprehendidos una mujer y dos hombres. o

La Fiscalía investiga el presunto reclutamiento de panameños con fines militares en Rusia y examina los hechos como posible trata de personas. Los allanamientos se realizaron en un hostal y un restaurante del corregimiento de la 24 de Diciembre.

En esos establecimientos, los investigadores encontraron documentos y equipos tecnológicos que serán examinados como parte de las pesquisas.

La investigación comenzó en junio de 2026 y busca establecer cómo se produjo la captación de ciudadanos y qué participación tuvieron las personas investigadas. Las tres aprehensiones se suman a otros casos de presunto reclutamiento conocidos previamente.

Entre los investigados en diligencias anteriores figuran un taxista detenido con pasaportes de dos ciudadanos que presuntamente viajarían a Rusia y un veterano de la guerra en Ucrania señalado por personas que afirmaron haber recibido ayuda para viajar.

Un tercer sospechoso fue aprehendido en agosto; la Fiscalía le atribuye presunta trata de personas agravada por ofertas laborales para trasladar personas a Europa del Este.

En esas pesquisas anteriores, las autoridades describieron ofrecimientos de salarios mensuales de entre $3.000 y $3.500, además de bonos que podían llegar a $70.000.

Las investigaciones penales buscan determinar las responsabilidades por esas captaciones, mientras las gestiones diplomáticas atienden la situación de quienes desean regresar. El encuentro con Lavrov abre una vía de seguimiento directo con Rusia.

Los cancilleres también abordaron la guerra en Ucrania y la posibilidad de avanzar hacia una paz justa y duradera. Martínez-Acha reiteró la disposición de Panamá a contribuir, dentro de sus posibilidades, a los esfuerzos diplomáticos para favorecer el diálogo.

Durante su intervención ante la ONU había sostenido que una solución sostenible deberá alcanzarse mediante negociaciones.

Otro punto de la reunión fue la situación de los buques de la marina mercante panameña que enfrentan dificultades de movimiento en el mar Negro.

El canciller destacó la importancia de la libertad de navegación para un país con un amplio registro internacional de embarcaciones. Según el comunicado panameño, Rusia manifestó disposición a cooperar para abordar estos casos.

Panamá y Rusia acordaron dar seguimiento a los asuntos consulares, bilaterales y marítimos mediante sus canales diplomáticos. Para las familias de los panameños vinculados al conflicto, el resultado inmediato de la reunión es que Moscú considerará individualmente las solicitudes de retorno planteadas por Panamá. La Cancillería continuará las conversaciones con las autoridades competentes de ambos países.

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