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Aferrados a la tabla salvadora de la economía

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Entre todas las excepcionalidades que rodean al experimento libertario de Javier Milei, hay una que empezó a cristalizarse con mayor nitidez en los últimos meses y que podría sintetizarse en una pregunta: ¿puede un gobierno mantener un grado de eficacia en la gestión, y una sintonía con la sociedad, mientras al mismo tiempo evidencia un nivel tóxico de confrontación política interna? Una respuesta clásica indicaría que es inviable porque las tensiones terminan afectando la dinámica de la administración, y esa disfuncionalidad genera descontento entre los votantes.

Pero Milei parece haber disociado ambos planos para enunciar que su único y absoluto objetivo es el crecimiento económico, porque al final del día será evaluado por su capacidad para controlar la inflación, estabilizar las variables macro y generar mayor bienestar. No es una decisión estratégica, es simplemente su naturaleza de economista.

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Eso lo hace manifestarse prescindente de la política, también como un signo de impotencia. Incluso si las disputas domésticas ponen en juego su capital simbólico en materia de transparencia y diferenciación de la casta. Así como puede ser enérgico y rugir indicadores económicos, se muestra incapaz de dar tres gritos para aplacar las rencillas intestinas y motorizar su gabinete. Piensa que puede garantizar lo primero sin resolver lo segundo.

Javier Milei le grita «chorros» a un grupo de periodistas en los pasillos del CongresoRodriguez Yebra, Martin (Secretario de Política)

“A Javier lo votaron para resolver la economía, para combatir a la casta y cambiar la política. Pero cada vez más todo queda reducido a lo económico. En el resto, nos diferenciamos cada vez menos, y así perdemos capital simbólico. Entonces la única tabla de salvación es la economía”. El razonamiento pertenece a una figura clave del Gobierno y sintetiza una percepción interna generalizada: que el Presidente sólo está dispuesto a jugarse por el rumbo de la economía, por convicción, por conveniencia, por formación.

Esto le quedó claro a uno de los ministros que esta semana conversó con Milei, muy lateralmente, sobre los últimos escándalos. “Es una locura, hay que pararlos”, fue la respuesta que escuchó del mandatario, señal de que claramente está disgustado con ese tipo de peleas. Pero en ningún momento dio indicios de que él se disponía a actuar. “Hay que pararlos”, es una frase impersonal; no es lo mismo que decir “yo los voy a parar”. En ese matiz anidan los rasgos de un liderazgo reticente.

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En sólo diez días el Presidente fue desautorizado dos veces, primero por Manuel Adorni al no presentar su declaración jurada como había prometido el mandatario, y esta semana por el Gordo Dan, cuando dijo que le habían mentido sobre los mensajes de Martín Menem. Milei invirtió los roles y se convirtió en el vocero público del Gobierno que sale en defensa de su equipo, sin red ni planificación.

Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete

La paralización del Presidente frente a estos temas tiene una razón emocional. Milei fue inflexible en otros momentos de su gestión para despedir en un solo movimiento a funcionarios como Guillermo Ferraro, Osvaldo Giordano, Sonia Cavallo o Nicolás Posse. Pero no se interponía en esos casos una sensibilidad personal. Lidiar con los lazos que mantiene con su hermana Karina o con Santiago Caputo es un desafío que tiene que ver más con la psicología que con la especulación política.

El paroxismo de esta situación se dio esta semana con el cruce entre el asesor y Martín Menem, un nudo que, como no podía ser de otra manera, se gestó en el mundo virtual. Menem habló con Milei apenas estalló el escándalo el fin de semana pasado y, según dicen en su entorno, el Presidente entendió la situación y por eso salió a decir en público que le habían “prefabricado” la filtración de mensajes en contra de Caputo y su entorno.

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Caputo, por su lado, habló varias veces con Milei esta semana, mucho más que en todo el período previo. En ningún momento fue reprendido por exponer en público su encono con el titular de Diputados, y cuando el Presidente habló en un streaming esta semana lo describió “como un hermano” para él.

Martín Menem y Santiago CaputoArchivo

Este episodio entre Caputo y Menem, sumado a lo de Adorni, a las tensiones entre Karina y Patricia Bullrich y a los ruidos en la mesa política, parece marcar una dinámica constante. Es decir, el Gobierno incluye como parte de su funcionamiento una dosis de desorden y de internas con el cual se está acostumbrando a convivir. No es una situación excepcional, es el estado natural. Es difícil de describir el nivel de desconfianza y rencor entre facciones.

Hay una convicción plena entre los funcionarios de que Milei no va a intervenir y de que, en consecuencia, habrá que acostumbrarse. Esto implica convivir con un Adorni devaluado, con una Bullrich disgustada (que esta semana vio partir a un funcionario clave en Seguridad como Federico Angelini, monitor del plan Bandera), con un Caputo lastimado, con una Karina implacable. El paquete viene con todos estos ingredientes. Se abandonó la posibilidad de que se pueda recuperar algún tipo de organización.

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Dentro de esta desconfiguración, emerge ahora un rasgo novedoso, que es la cristalización en el universo libertario de dos bandos que exceden al núcleo duro de Karina Milei o Santiago Caputo. Ya no se trata sólo de los Menem y Sebastián Pareja, por un lado, o del Gordo Dan y las Fuerzas del Cielo, por el otro.

Por ejemplo, Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, sorprendió con un posicionamiento público muy crítico sobre Adorni. Lo mismo ocurrió ahora con Agustín Laje, director de la Fundación Faro, quien cuestionó a Martín Menem esta semana. En la otra vereda, Lilia Lemoine ya actúa abiertamente como ariete del ala karinista, en una línea similar a la del cineasta Santiago Oría. Es decir, se van conformando dos alineamientos paralelos como si fueran ejércitos que se preparan para una guerra superior.

Karina Milei abraza a Lilia Lemoine, delante de Adorni

Los ministros, que están a tiro de decreto, no intervienen públicamente de las rencillas. Pero se asume que Pablo Quirno, Diego Santilli, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva y Carlos Presti orbitan con Karina; y que Luis Caputo y Mario Lugones, sumado a los funcionarios de organismos como la SIDE y la ARCA tienen afinidades con Santiago. Después están los mileistas puros, que sólo se referencian en el Presidente, como Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello.

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El enfrentamiento queda expuesto con cualquier tema de controversia que alcance estado público. Ocurrió con el escándalo Adorni, con la filtración del perfil de Martín Menem, con la denuncia judicial de Pareja contra tuiteros celestiales, con la licitación de la Hidrovía, con la filtración de audios y las sospechas de espionaje, hasta con la controversia por José Luis Espert, que el propio Milei reflotó esta semana (la pelea con Victoria Villarruel ya es de otra era glacial). Es decir, ya no se trata solamente de visiones diferentes sobre el proyecto libertario. Están en disputa cuotas de poder, intereses, negocios. Hay un actor clave del ecosistema violeta que desde hace tiempo vaticina que “todo esto va a terminar mal en la justicia”.

Es cierto que en todos los gobiernos hubo internas feroces, a veces entre facciones del partido gobernante, como ocurrió en el radicalismo de Raúl Alfonsín, entre “La Coordinadora” y la “Línea Nacional”, y en el peronismo de Carlos Menem entre “celestes” y “rojo punzó”. También pasó con las coaliciones, desde las disputas entre el Frepaso y la UCR en la Alianza de Fernando de la Rúa hasta la guerra epistolar entre el cristinismo y el albertismo en el último Frente de Todos.

Carlos Corach y Eduardo Bauzá, en tiempos del gobierno de Carlos Menem

La curiosidad libertaria es que alberga agrias rencillas dentro en una fuerza política unipersonal, que posee un capital que empieza y termina en Milei, cuyo liderazgo nadie cuestiona internamente. Pero esa centralidad individual no se traduce en un mayor ordenamiento interno, porque el propio líder reniega de esa tarea, y en vez de delegarla bajo su supervisión, se desentiende.

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En este contexto, el proyecto libertario queda angostado al desempeño económico. Y en este plano, después de un primer trimestre muy adverso, Milei y Toto Caputo encuentran algunos motivos para ilusionarse con una mejora de las expectativas. Así como la semana anterior los datos de inflación, de la recaudación y de empleo le dieron señales favorables, ahora hubo alicientes con el índice de actividad económica de marzo, que fue 3,5% superior a febrero; con el dato de superávit comercial de abril, que mostró un crecimiento de las exportaciones del 33,6% respecto del mismo mes del año pasado, y de la aprobación del nuevo tramo del crédito del FMI.

La cúpula de la UIA esta semana con el ministro de Economía, Luis Caputo.

No alcanza para configurar un cambio de tendencia y el ingreso a una senda de repunte sostenido de la economía, pero sí para pensar que la caída puede haber encontrado un límite. Hay varios sectores empresariales, no sólo en minería, energía y agro, muy dinámicos a la búsqueda de nuevos negocios y aliados. Pero el problema mayor persiste en la economía callejera, en el consumo y el poder adquisitivo. Ahí la realidad es otra, como quedó reflejado esta semana en los datos del Indec de marzo, con caídas interanuales de ventas en supermercados (-5,1%), autoservicios (-7,2%) y shoppings (-13,3%).

Luis Caputo dejó una frase clave en su última entrevista: “Seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”. Lo dice después de un fuerte recorte presupuestario, pero estaría indicando que no hay más remedio que crecer fuertemente para mantener el equilibrio en las cuentas. Se trata de un cambio sustancial, ya que denota un intento por pasar de la fase esencialmente fiscalista a otra más productivista, que probablemente sienta más ajena, pero más necesaria. Habrá que ver cómo lo digiere Milei, quien siempre se sintió identificado con la motosierra como símbolo de su política económica.

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En la Bolsa de Cereales, Milei reveló que la indigencia pasó del 18% al 6%

El ministro de Economía parece resignado a que su propuesta de un gran acuerdo político con los gobernadores para dar señales de estabilidad y previsión nunca atravesarán el filtro de Karina Milei. Por eso en su conferencia de prensa del viernes acotó sus aspiraciones a un pacto fiscal con las provincias para reducir impuestos provinciales y tasas municipales. En la mayor dependencia del éxito económico, Toto Caputo es la figura troncal del gobierno de Milei. Es el único que le puede dar insumos al proyecto de reelección presidencial. La idea de la reparación de la política, de la lucha contra la casta y de la honestidad como bandera quedaron desgarradas.

El Gobierno está especialmente entusiasmado con la idea de que el papa León XIV visite la Argentina. Generaría una expectativa positiva y le permitiría a Milei mostrarse como el primer presidente después de Alfonsín en recibir a un Sumo Pontífice. Convocaría una movilización masiva que la Casa Rosada podría capitalizar en algún modo. Pero habría que tener en cuenta que si viene al país, León traería consigo señales de amor y paz, pero también un mensaje social de prioridad a los más pobres, una apuesta por el diálogo interreligioso y su prédica contra los “delirios de omnipotencia”, con los que identificó a Donald Trump.

El papa León XIV llega al aeropuerto de Bamenda para oficiar una misa, en Camerún, el mes pasadoAndrew Medichini – AP

El Papa les ha comentado a algunos obispos argentinos sobre su intención de visitar la Argentina este año. Y hubo señales en estos días que abonaron ese camino. Uno fue la designación de Michael Banach como nuncio apostólico en el país. Inmediatamente después, el Gobierno confirmó como secretario de Culto a Agustín Caulo. Con este doble movimiento quedó normalizada la vía diplomática.

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Después vino el candombe uruguayo, que empezó cuando el exembajador Carlos Enciso dijo que estaba confirmada la visita a la región y generó un revuelo que llevó a la Conferencia Episcopal de ese país a emitir una carta en la que precisaba que todavía no tenían una fecha definitiva. Quirno pareció intentar no quedarse atrás de esa movida cuando tuiteó al día siguiente: “Vine a reunirme con el Presidente Milei para darle ‘la Buena Noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!”.

De todos modos, en algunos sectores de la cúpula eclesiástica no cayó bien esa ansiedad por adelantarse en la noticia, porque la confirmación oficial sólo puede venir del Vaticano. Ni el Gobierno ni los obispos argentinos pueden hacerlo. Y quienes conocen los movimientos en Roma aseguran que León quiere ver el desenlace de las elecciones del 7 de junio en Perú, para terminar de definir su itinerario, no porque su decisión dependa de quién resulta ganador, sino para asegurarse de que el proceso no se enturbie. No encararía una visita a América latina sin incluir el país que lo marcó en su tarea pastoral. En la curia notan que ahora el Vaticano recuperó sus procedimientos tradicionales, lejos de las informalidades que había impuesto Bergoglio.

Monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, respectivamente, junto al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, se reunieron en el Palacio San Martín con el canciller Pablo Quirno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el secretario de Culto, Agustín Caulo.Conferencia Episcopal Argentina

Quirno, junto con Pettovello, recibió el jueves en la Cancillería al presidente y al secretario general de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo y Raúl Pizarro, y al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Quienes estuvieron allí aseguran que no se habló de la posible visita del Papa.

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Tampoco del tedeum de mañana, en el que García Cuerva buscará mostrar nuevamente su capacidad de interpelar sin confrontar, de pacificar sin conceder. El arzobispo porteño supo trabar una relación personal, y hasta cierto punto afectuosa con Milei, quien llegó a recibirlo en secreto en la Casa Rosada. Pero después el Presidente enfrió ese vínculo como el que mantiene con toda la Iglesia católica. De hecho una queja habitual de los obispos es que el mandatario nunca los volvió a recibir desde un primer encuentro protocolar que mantuvieron.

En esa reunión del jueves, Quirno se identificó como el interlocutor principal con la Iglesia a partir de ahora, ya que la secretaría de Culto está bajo su esfera. Para algunos de los que estuvieron ahí fue una señal positiva esa aclaración porque muchas veces el Gobierno los desconcierta; otros, en cambio, lo vieron como un intento excesivo de centralización.

Sandra Pettovello con el papa León XIV

Pero la figura más activa en ese vínculo siempre ha sido Pettovello, con quien la Iglesia ha mantenido una relación cordial y constante, aunque tengan diferencias en materia social. Este contrapunto volvió a emerger esta semana, porque los obispos plantearon su preocupación por la situación económica en los barrios populares y las carencias de las personas con discapacidad, y la ministra insistió en que no hubo una disminución en la ayuda sino una redefinición en las lógicas de asignación. Aunque nadie lo mencionó, el espíritu de la posible visita papal ayudó a entender que tanto la Iglesia como el Gobierno tienen incentivos comunes para que ese proyecto se concrete satisfactoriamente.

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Hoy Pettovello parte hacia Roma para un encuentro de ministros de Iberoamérica convocado por el Vaticano. Su agenda incluye una audiencia grupal con el papa León XIV. Habrá mucha atención puesta hasta en los susurros del pontífice.




Jorge Liotti,Conforme a

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El Gobierno denunció a Itaí Hagman, diputado de Grabois, y a otras cuatro personas por la toma del Palacio Pizzurno

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El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.

La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.

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El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.

La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.

En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.

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En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.

Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.

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Itaí Hagman representa al espacio de Juan Grabois en la Cámara de Diputados

La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.

El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.

La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.

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Iniciativas populares: lanzan una plataforma digital que permite verificar la autenticidad de las firmas

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma digital encaminada reunir adhesiones para iniciativas legislativas populares, donde se colectarán apoyos ciudadanos mediante una firma electrónica.

La nueva herramienta, creada por una acordada de la CNE, estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel en apoyo de esa propuesta.

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La decisión se adopta luego de la experiencia piloto autorizada por el tribunal en mayo de 2026. Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento firmado, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos personales.

La plataforma será administrada, mantenida y operada por la propia Cámara Nacional Electoral, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también realizará el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad.

Los promotores de una iniciativa que quieran utilizarla deberán solicitar previamente su habilitación, sin costo alguno. La implementación de esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.

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La decisión fue firmada por los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.

La idea es facilitar lo que establece la ley 24.747, reglamentaria de esa modalidad de participación ciudadana, que establece como condición para la presentación de iniciativas populares, la recolección de firmas de “un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales”, representativas de por lo menos seis distritos electorales.

La ley encomienda a la Justicia nacional electoral verificar la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días.

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La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos

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La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.

La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.

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La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.

Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.

En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.

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Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.

La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.

Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.

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Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.

El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.

Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.

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Petrobras, la empresa de energía más grande de BrasilEraldo Peres – AP

La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.

Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.

Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.

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Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.

Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.

Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.

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Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.

La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.

El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.

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Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.

El camarista Carlos Mahiques

Ricardo Pristupluk

Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.

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En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.

Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.

Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.

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Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.

Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.




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