El proyecto para regular el lobby impulsado por Javier Milei cosechó este miércoles una crítica transversal: organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias y entidades profesionales coincidieron en cuestionar aspectos centrales de la iniciativa oficial.

Aunque respaldaron la necesidad de transparentar la relación entre el sector público y el privado, advirtieron que el texto contiene definiciones demasiado amplias, sanciones desproporcionadas y riesgos de afectar actividades legítimas de representación e incidencia pública.

Las objeciones fueron planteadas durante la segunda reunión informativa realizada en Diputados, conducida por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Mientras tanto, la Coalición Cívica, Provincias Unidas, Encuentro Federal y la radical Karina Banfi avanzan en la elaboración de un proyecto alternativo al enviado por el Poder Ejecutivo.

Actualmente existen siete iniciativas parlamentarias sobre regulación del lobby, incluida la del oficialismo.

Antes del encuentro, trece organizaciones de la sociedad civil difundieron un documento titulado “Ley de participación vigilada”, en el que advirtieron que la propuesta oficial podría someterlas a “un control estatal discrecional que compromete su independencia y su capacidad de fiscalizar al poder público”. El texto lleva las firmas, entre otras entidades, de Amnistía Internacional, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Alejandro Díaz, representante de AmCham Argentina −la Cámara de comercio de Estados Unidos−, respaldó la creación de un régimen de transparencia para la actividad de lobby, aunque reclamó modificaciones al proyecto. Pidió definiciones más precisas, mecanismos de registro menos burocráticos y cuestionó la incorporación de sanciones penales. Según sostuvo, la ley debería fortalecer la transparencia sin desalentar la participación de empresas y organizaciones en el debate de políticas públicas.

Su exposición provocó una reacción del kirchnerismo. La diputada Florencia Carignano interrumpió la transmisión oficial para gritar “caraduras” y “corruptos”. Mayoraz debió intervenir y pidió al jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que ordenara a los integrantes de su bancada para continuar con el listado de oradores.

Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, advirtió que la definición de “gestión de intereses” es tan amplia que podría abarcar actividades habituales de abogados, sindicatos, organizaciones sociales y entidades profesionales. Según sostuvo, la iniciativa “criminaliza el ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades”. También cuestionó las sanciones previstas y alertó que una conversación informal con un funcionario podría ser interpretada como “gestión clandestina de intereses”.

En la misma línea, Eduardo Ferreyra, codirector ejecutivo de ACIJ, advirtió que el proyecto podría prestarse a aplicaciones discrecionales. “Debe mirarse con fuerte sospecha y rechazarse toda iniciativa que, aun cuando busque regular una actividad legítima como el lobby, pueda ser utilizada de manera parcial y arbitraria por cualquier autoridad de turno, ahora o en el futuro”, afirmó.

María Barón, directora ejecutiva de Directorio Legislativo, puso el foco en otro aspecto: la falta de autonomía de la autoridad de aplicación. Advirtió que el organismo previsto carece de independencia funcional y financiera, una falencia que, según señaló, ya afecta a otros regímenes de transparencia vigentes, como la ley de Acceso a la Información Pública.

Por su parte, Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, recurrió a los casos de Susana Trimarco, Juan Carlos Blumberg y María Luján Rey para cuestionar el alcance de la iniciativa. Sostuvo que, con la redacción actual, todos ellos podrían ser considerados “gestores de intereses” por haber impulsado cambios legislativos tras tragedias personales. “Esto no es regular el lobby corporativo, esto es criminalizar la participación ciudadana”, afirmó.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), Agustina Briner reclamó incorporar la figura del “beneficiario colectivo” para contemplar las gestiones realizadas por cámaras empresarias en representación de sectores productivos completos y no de compañías individuales. Según explicó, exigir la identificación de beneficiarios finales en esos casos podría resultar impracticable para entidades que nuclean a miles de empresas.

Debate por el “Súper RIGI”

La Cámara de Diputados también realizó este miércoles a la mañana la segunda jornada de exposiciones sobre el proyecto conocido como “Súper RIGI”, otra de las iniciativas que el oficialismo busca dictaminar antes de fin de mes.

Participaron el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea; y el asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka. Los referentes del sector defendieron el régimen vigente de incentivos a las grandes inversiones −RIGI− y destacaron su impacto en proyectos mineros, petroleros y gasíferos. La oposición, en cambio, cuestionó la selección de expositores y volvió a reclamar precisiones sobre las industrias que el Gobierno pretende atraer con el nuevo esquema.