A casi un año del arresto de Germán Darío Giuliani, el último ciudadano argentino detenido por el régimen chavista, Argentina volvió a reclamar ante el Consejo Permanente de la OEA la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y el acceso de una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ese país.

Durante la reunión ordinaria que se realizó este miércoles en Washington, EEUU, se trató a cuestión humanitaria en Venezuela a instancias de Argentina y otras delegaciones. El representante argentino, Carlos Cherniak, exigió que el tema se mantenga en la agenda del organismo. “Esta organización debe ser la voz de los sin voz en todo contexto donde se produzcan violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, afirmó ante el Consejo.

El diplomático subrayó que los instrumentos del Sistema Interamericano —la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana— “no fueron concebidos para ser invocados únicamente en tiempos de normalidad”, sino precisamente para situaciones en que “el poder se ejerce sin controles” y “el Estado se convierte en un instrumento de represión”.

El caso de Giuliani adquirió nueva dimensión diplomática días antes de la reunión: el 27 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la OEA, adoptó la Resolución 32/2026, mediante la cual le otorgó medidas cautelares al argentino y exigió a Caracas que informara de inmediato su paradero exacto, su estado de salud y las condiciones de su detención. La resolución incorporó denuncias de tormentos físicos, golpizas y presuntas torturas. Según el expediente, Giuliani habría declarado que “le hicieron firmar una declaración a fuerza de golpes”. Un periodista excarcelado que compartió celda con él en el Comando Militar de Las Acacias lo vio llegar “con la mirada perdida, asustado y golpeado”.

El detenido fue arrestado entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras navegaba en una embarcación alquilada en aguas del estado Anzoátegui. Según la denuncia, al advertir su acento argentino fue aprehendido de inmediato y luego vinculado a acusaciones de terrorismo y narcotráfico, sin que existan precisiones judiciales públicas conocidas. Desde entonces fue trasladado por al menos tres centros de reclusión —el Comando Militar de Las Acacias, Yare II y Yare III— y sus familiares desconocen hasta hoy su ubicación exacta dentro del Complejo Penitenciario de Yare.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la OEA, también documentó un régimen de comunicación: las llamadas con su familia eran esporádicas, de no más de dos minutos, grabadas y supervisadas, y en ocasiones transcurrieron meses sin contacto. El organismo alertó sobre el deterioro de su salud mental y exigió acceso inmediato a agua potable, alimentación adecuada y atención médica. El régimen venezolano no respondió el requerimiento de información que la Comisión formuló el 16 de abril; el plazo venció sin contestación oficial.

Ante el Consejo Permanente de la OEA, Cherniak reconoció que existe “una pequeña luz en Venezuela”, pero advirtió que eso no equivale a una señal de tranquilidad mientras haya detenidos y desaparecidos. Reclamó fortalecer la diplomacia preventiva regional “no como un mecanismo de señalamiento, sino como una herramienta de acompañamiento oportuno”. En ese marco, reafirmó el compromiso de Buenos Aires con “la libertad de todos los presos políticos en Venezuela” y con “la restauración de la democracia plena” en ese país.

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El oficialismo buscará este miércoles y jueves avanzar en el Senado con las audiencias públicas en la Comisión de Acuerdos para nombrar jueces y fiscales federales. Sin embargo, la oposición se plantó y pidió modificaciones al proyecto sobre propiedad privada que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El debate de este proyecto lo llevan adelante los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, respectivamente.

Ante ellos pasaron, entre otros, el ministro Sturzenegger y el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, quien cuestionó aspectos vinculados a los barrios populares, en particular, advirtió que las modificaciones sobre la Ley 27.453 podrían resultar “regresivas”.

El oficialismo aceptó eliminar ese capítulo que buscó la regularización de las viviendas incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Urbana (RENABAP). La norma establece regularizar el dominio de propiedad, suspender desalojos y fijar condiciones para acceder y usar los inmuebles en los barrios populares.

La bancada de Convicción Federal que lidera la jujeña Carolina Moisés, vicepresidenta del Senado, manifestó que, “el avance sobre el Registro Nacional de Barrios Populares representa una de las mayores amenazas de la iniciativa oficial y es un punto inaceptable”.

“El RENABAP no se toca. Este proyecto no solo frena la integración socio-urbana, sino que habilita desalojos masivos de manera encubierta”, denunciaron los senadores.

Carolina Moisés agregó, “la normativa impulsada por el Ejecutivo ignora la realidad de más de cinco millones de argentinos que viven en barrios populares».

“El oficialismo busca imponer ‘desalojos exprés’ sin contemplar situaciones de extrema vulnerabilidad. Nuestra propuesta es clara: límites estrictos y protección especial para los niños y adultos mayores. No es lo mismo un intruso que un inquilino, no pueden manejarse los mismos plazos en uno y otro caso”, agregó.

La propuesta del Poder Ejecutivo

El Gobierno quería que la tarea del Registro de Barrios Populares, que hoy está concentrada en el Estado Nacional, se traslade a los municipios y provincias.

Además, derogaba un punto central que era la suspensión de desalojos por 10 años que podría traer un grave conflicto social si las familias perdían esas viviendas.

También se suprimía en la reforma del Gobierno del 25% de obras destinadas a organizaciones de los propios barrios y los artículos sobre expropiaciones.

Los funcionarios señalaron que esa ley no logró cumplir su objetivo, ya que luego de siete años desde su entrada en vigencia, tan solo un 0,08 % del suelo de los barrios populares a los que apunta la norma tiene título de propiedad privada.

Es decir, un número extremadamente bajo de sus habitantes posee título de propiedad sobre la tierra que habita.

Postura del Pro

La bancada amarilla del partido de Mauricio Macri, encabezada en el Senado por Martín Goerling Lara, rechazó desde el primer día la modificación del RENABAP.

Es que la Ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominical para la Integración Socio Urbana fue sancionada el 29 de octubre de 2018, durante el Gobierno de Macri.

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El proyecto en aquel entonces fue impulsado por la exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en acuerdo con los movimientos sociales.

A la postura del PRO se acoplaron varios legisladores de la UCR, ya que cuando se sancionó la norma, formaban parte de Cambiemos, el frente político que gobernó la Argentina en aquel entonces.

Puntos centrales del proyecto

La iniciativa incluye modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Procesal y a otras normas vinculadas a la propiedad.

Entre sus principales puntos, propone cambios en el régimen de expropiaciones y desalojos, elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y modifica la Ley de Manejo del Fuego —especialmente en relación con el cambio de uso del suelo en tierras incendiadas.

Si bien se encontraba en la iniciativa, se dejará de lado la delegación en provincias y municipios la regularización de barrios populares incluidos en el RENABA.

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Además, redefine el cálculo de las indemnizaciones por expropiación, que se limitarán al valor de mercado y a daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos.

También prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que las ocupaciones temporarias no podrán extenderse más de 60 días.

El proyecto además introduce cambios en los mecanismos judiciales para desalojos y en los esquemas de regularización dominial, con criterios más estrictos sobre la ocupación de tierras. Desde el oficialismo aseguran que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.

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