Frigorífico General Pico, la empresa de la familia Lowenstein, vinculada al origen de las hamburguesas Paty, retomó su producción tras más de seis meses de parálisis total. Luego de su venta frustrada a un holding europeo, la empresa recuperó su actividad de la mano de un grupo local, a la vez que reincorporó a más de 400 trabajadores que permanecían suspendidos en su planta de Trenel, en la provincia de La Pampa.

El nuevo operador de la compañía es el Frigorífico Gorina, uno de los mayores exportadores de carne vacuna de capitales exclusivamente argentinos. La firma tomó la conducción de la planta mediante un contrato de alquiler por tres meses, renovable, en el marco del concurso preventivo que el frigorífico General Pico atraviesa desde marzo.

Los dueños y accionistas históricos de Frigorífico Gorina son los hermanos Carlos y Roberto Riusech, representantes de la tercera generación familiar de la empresa. La firma ocupa un lugar de peso en el sector, ya que se ubica detrás de Swift Argentina —líder en volumen de faena y exportación— pero se posiciona como el mayor exportador del rubro con capital exclusivamente nacional. El Grupo Lequio completa el podio de los grandes jugadores del sector.

Dardo Loza, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de La Pampa, fue quien confirmó públicamente la novedad y aportó los detalles del acuerdo. “Tiene un alquiler por tres meses que lo van a ir renovando”, dijo el dirigente, y precisó que la firma “comenzó a trabajar la semana pasada”. Sobre el plazo trimestral, Loza explicó que responde a que “hay cuestiones legales que hay que resolver con el Directorio”, en alusión a las instancias judiciales propias del concurso preventivo. El sindicalista también salió a desmentir versiones que reducían la cantidad de reincorporados: “No son 200 personas que están trabajando”, aclaró, y afirmó que se trata de “450 compañeros que ya ingresaron a trabajar”.

Como condición previa al regreso del personal, la empresa regularizó la deuda salarial acumulada durante los meses de parálisis: abonó los haberes correspondientes a parte de abril y a la totalidad de mayo. Recién con esa deuda saldada se habilitó la vuelta a la actividad. Infobae intentó comunicarse con voceros de la compañía que no respondieron respondió al momento de cierre de esta nota.

La planta opera con una faena de alrededor de 400 cabezas diarias, destinadas tanto al mercado interno como a la exportación, con proyección de aumentar ese volumen de forma gradual hasta estabilizar la actividad en las próximas semanas. Toda la producción se concentra en Trenel; la instalación de General Pico permanece inactiva. Los activos de esa planta —infraestructura, equipamiento y habilitaciones internacionales— son los que el propio comunicado de los Lowenstein identificó como el principal activo productivo de la empresa y la base sobre la que se apoya la eventual recuperación.

La crisis de Frigorífico General Pico se fue profundizando a lo largo de varios meses hasta llevar a la empresa al borde del colapso. A fines del año pasado, la compañía suspendió a la totalidad de sus 450 empleados y redujo al mínimo su actividad ante el deterioro sostenido de sus finanzas. En los meses siguientes, desvinculó a 194 trabajadores distribuidos entre sus tres plantas en la provincia: alrededor de 156 en la localidad de General Pico, unos 30 en Trenel y ocho en Arata. El plantel quedó reducido a poco más de 250 personas, todas ellas en un limbo laboral que se extendió por meses.

El cuadro financiero era grave. La empresa acumuló una deuda superior a los $34.000 millones y registró más de 1.186 cheques rechazados por casi $16.000 millones, lo que evidenciaba la imposibilidad de sostener la cadena de pagos. Las exportaciones habían caído, los costos internos se dispararon y los efectos de la última devaluación golpearon de lleno la estructura de costos de la firma.

Ante ese panorama, en marzo de 2026 Ernesto “Tito” Lowenstein y su hijo Alan Lowenstein —al frente de una empresa cuya historia se remonta a la participación de Tito como accionista de Quickfood en 1960, el frigorífico creador de la marca Paty— solicitaron la apertura del concurso preventivo. En el comunicado oficial, los directivos describieron el proceso como una herramienta para “blindar de la mejor manera posible la continuidad de la empresa, preservar las fuentes de trabajo y encauzar de forma ordenada su situación financiera”.

El texto también apuntó directamente contra un grupo financiero que era a la vez accionista y acreedor de la compañía, al que responsabilizaron por el fracaso de las negociaciones previas. Según el comunicado, ese grupo bloqueó todas las propuestas que se pusieron sobre la mesa, entre ellas una alternativa de leasing a ocho años por cerca de USD 40 millones y otras ofertas de resolución inmediata al contado. La acusación fue explícita: el grupo priorizó “el recupero de su crédito contrariando el interés social”, sin presentar propuestas superadoras. Esa obstrucción fue, según los Lowenstein, la que terminó por cerrar el camino a una solución extrajudicial.

Con el proceso concursal abierto y la planta paralizada, la búsqueda de un operador que pudiera hacerse cargo de la operación derivó en el acuerdo con Gorina.

La recaudación en junio cayó en torno a un 7,2% en términos reales, luego de un repunte en mayo por el salto que mostró el rubro Ganancias

01/07/2026 – 16:53hs

Fue lindo mientras duró, pero la ilusión de que la actividad industrial y comercial estaba en recuperación tuvo un rápido final: exactamente un mes. Las cifras de recaudación impositiva de junio volvieron a mostrar la dura «normalidad», con un regreso a las caídas interanuales en las cajas de ARCA y de Anses.

En mayo, una cifra voluminosa en lo recaudado por el impuesto a las Ganancias permitió a los economistas afines al Gobierno ilusionarse con que se estaba, por fin, en un punto de inflexión, dado que se quebraba una saga de nueve meses consecutivos de caída en la recaudación.

Pero pronto se impuso la sospecha de que todo era producto de una distorsión creada por el vencimiento del saldo de declaración jurada de Ganancias Sociedades con cierre diciembre correspondiente al período fiscal 2025. Como el año pasado se había producido una disminución del saldo a ingresar, por los anticipos que se habían hecho en el período fiscal 2024, quedó una base de comparación muy baja, que hizo que el rubro de Ganancias registre ahora un aumento de 67,9% en la caja de ARCA.

Gracias a ese efecto es que la recaudación impositiva de mayo pudo mostrar un aumento real de 1,6%. Pero si se excluía el impuesto a las Ganancias, el resto de la recaudación registraba una brusca caída de 8,8% en comparación con el año pasado.

Y esa presunción pesimista se acaba de confirmar: en junio, con una suba nominal de 23,7%, la recaudación real -una vez descontada la inflación- volvió a dar una variación interanual negativa, de 7,2%.

Cuánto recaudó cada impuesto en junio 2026

Según informó ARCA, la mayoría de los impuestos crecieron por debajo de la inflación interanual, estimada en algo más de 30%.

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $ 6.549.322 millones y tuvo una variación interanual de 28,2%. El IVA Impositivo aumentó 28,1%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo una variación de 26,6%.

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 11,3%, recaudando $ 3.211.778 millones.

En el Impuesto a los Débitos y Créditos se alcanzaron $ 1.432.017 millones, con un incremento interanual de 33,2%.

Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 29,6%, alcanzando $ 4.589.199 millones.

En Derechos de Exportación se obtuvieron $ 881.128 millones con una variación interanual negativa de -27,8%.

En Derechos de Importación y otros, ingresaron $ 545.789 millones con una variación interanual de 13,8%.

En Bienes Personales, se alcanzaron $ 1.709.458 millones con una variación interanual de 46,2%.

En Impuesto a los Combustibles ingresaron $ 674.831 millones con una variación interanual de 70,4%.

NOTICIA EN DESARROLLO

Si bien no va a cumplir con aquella promesa, simbólica o no, de dinamitar el Banco Central (BCRA), el gobierno de Javier Milei se prepara para cambiar sus funciones. La Carta Orgánica de la autoridad monetaria, instrumento esencial de la política monetaria, tuvo su última reforma en 2012, en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y hacia allí apunta el gobierno, según explicó el propio Presidente durante una reunión con legisladores oficialistas en la que se repasaron las prioridades de la agenda parlamentaria.

La reforma del 2012, impulsada por la presidenta del BCRA de entonces, Mercedes Marcó del Pont, dispuso diversos cambios. El kirchnerismo puso especial énfasis en modificar el artículo 3, que establecía como “función primaria y fundamental” de la entidad “preservar el valor de la moneda”. Esa función se reemplazó por un mandato múltiple que sumó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Con ello, se aspiraba a que el rol del Central no se limite a contener la inflación sino que tenga también obligaciones que la orienten a fomentar el crecimiento de la economía y promocionar el empleo, pese a existir otros organismos del Estado a cargo de esas tareas. Tal fue el impulso a esa idea, que Marcó del Pont mandó a cambiar el cartel montado en el ingreso al edificio de Reconquista 266 con el antiguo artículo 3 para que pudiera leerse el nuevo.

Los años posteriores no trajeron ni inflación baja ni desarrollo con equidad. Pero si fueron testigos de una consecuencia de fondo de la nueva Carta orgánica -menos anunciada pero más utilizada- que fue el cambio del artículo 20 dedicado a los adelantos transitorios. Se trata de una herramienta crucial para que el Banco Central financie al Tesoro con emisión monetaria. Antes de la reforma, los adelantos transitorios se otorgaban por un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, a lo que podía sumarse un 10% de la recaudación obtenida por el Gobierno nacional en el último año.

La reforma del kirchnerismo elevó esos topes y añadió otro 10% de la recaudación del último año con “carácter excepcional”. También eliminó la asignación específica para el pago a organismos multilaterales, permitiendo al Poder Ejecutivo utilizar los adelantos transitorios para cualquier destino.

De ese modo, siguiendo el principio impulsado por Marco del Pont de que el BCRA debía financiar al Tesoro como función primordial, en 2012 se inició un proceso de llevar al límite los fondos que el Central le giraba al Gobierno. Como contrapartida, el Banco Central debía emitir sus propios títulos para esterilizar esos fondos y atenuar el impacto inflacionario. Así comenzó el crecimiento de los pasivos remunerados del BCRA, que derivaron en consecuencias posteriores.

Otros aspectos de la reforma establecían que el Banco Central deberá actuar “en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional”, para reducir su margen de independencia.

Si bien el actual gobierno ya limitó de hecho la independencia del Central, y aún sin conocerse los detalles de la contrarreforma que propone Milei, se espera que la iniciativa busque reducir la capacidad de emisión monetaria, ampliada por la reforma de 2012 para cubrir el déficit fiscal, especialmente en contextos de restricción o ausencia de financiamiento.

En su presentación ante la Fundación Faro la semana pasada, Milei propuso volver a la Carta Orgánica previa a 2012. “¿Qué podemos pretender de alguien de un Banco Central kirchnerista?“, afirmó el Presidente.

”La bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos. Si uno lee la Carta Orgánica actual por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantado una hiper. Pero, lo que quiero decir es que el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, decía que era misión fundamental del Banco Central de la República Argentina defender el valor de la moneda. Parece que no les salió, le sacaron 13 ceros», sentenció Milei.