ECONOMIA
Arrancó nueva etapa en el campo: controlarán el «DNI» de las semillas que se usen para sembrar

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo sistema de fiscalización de semillas que modifica de manera significativa la relación entre los productores agropecuarios y las empresas obtentoras de variedades genéticas.
A través de la Resolución Conjunta 3/2026 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y de la Secretaría de Agricultura, el Ejecutivo estableció un protocolo de control de identidad varietal en grano a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega de la cosecha, esto es, en acopios, cooperativas y puertos de exportación.
La norma, publicada en el Boletín Oficial en la mañana de este lunes, fue el resultado de un proceso de semanas en el que el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, había presentado el esquema a las entidades rurales y al sector semillero. La medida aplica únicamente a las variedades que se inscriban a partir de su publicación, lo que acota su alcance inmediato, pero sienta un precedente que alcanzará a todo lo que se registre de aquí en adelante.
Cómo funciona el nuevo sistema
El mecanismo toma como modelo el sistema Bolsatech, que en su momento fue utilizado para detectar la variedad Intacta de la ex Monsanto en la cadena de comercialización. Ahora, la nueva resolución generaliza ese tipo de control a todos los cultivos autógamos, que son aquellos en los que el productor puede guardar parte de su cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente, como ocurre con la soja, el trigo y el algodón.
En términos concretos, los establecimientos que operen como puntos de entrega primaria del grano deberán:
- Tomar muestras de cada cargamento y someterlas a análisis de identidad varietal mediante métodos reconocidos por el INASE
- Utilizar pruebas genéticas o de inteligencia artificial por imagen
- Conservar las muestras junto con las contramuestras en sobres rotulados durante 60 días corridos desde la emisión del certificado de análisis
- Enviar los resultados simultáneamente al titular de la variedad y al productor que entregó el lote
Si el obtentor detecta que la variedad fue utilizada sin el pago de las regalías correspondientes, tendrá un plazo de 60 días para denunciar el caso ante el INASE, que actúa como árbitro en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo directo. Antes de esta reforma, el organismo aplicaba sanciones y multas a los infractores; ahora su rol es más acotado.
Los análisis estarán a cargo de Cámaras Arbitrales o de entidades privadas habilitadas que hayan suscrito convenios con el INASE. El costo operativo del sistema recaería en los titulares de las variedades —las propias semilleras—, aunque en la práctica los productores del sector advierten que ese gasto terminará siendo trasladado a lo largo de la cadena.
Una reforma con historia y con presiones externas
El debate sobre la propiedad intelectual en semillas tiene en Argentina una historia de décadas, cruzada por intereses contrapuestos y por intentos fallidos de reforma. La Ley de Semillas vigente —la 20.247, sancionada en 1973— reconoce el derecho del productor al uso propio: la posibilidad de reservar parte de su cosecha para resembrar en campañas posteriores sin pagar nuevamente por la tecnología genética.
Las empresas obtentoras reclaman desde hace años que ese mecanismo, combinado con la escasa capacidad de control del Estado, genera un mercado informal de semillas que les impide cobrar las regalías por sus desarrollos.
El Gobierno llegó a esta resolución tras descartar una reforma legislativa directa. La adhesión de la Argentina al convenio UPOV 91 —que restringe severamente el uso propio— había sido incorporada como compromiso en el acuerdo bilateral firmado con la administración de Donald Trump, pero esa adhesión requiere una ley del Congreso y enfrenta resistencia tanto en las cámaras como en las organizaciones agrarias. En ese contexto, el Ejecutivo optó por avanzar por vía reglamentaria en aquello que tenía a su alcance: fortalecer el control en la cadena comercial.
Ya en 2016, el gobierno de Cambiemos había implementado un mecanismo similar a través de la resolución 207 del INASE, denominado Sistema Bolsatech, para evitar una colisión frontal con Monsanto. Y en 2024, la entonces Secretaría de Bioeconomía había establecido la obligación para los productores de informar la compra de semilla original y conservar la factura correspondiente. La resolución de hoy profundiza esa línea.
El argumento de Sturzenegger: genética, brecha de rendimientos y reforma estructural
Sturzenegger salió a defender la medida con fuerza en sus redes sociales, presentándola como una reforma de fondo que permitirá a la Argentina alcanzar la frontera tecnológica en producción agrícola. El ministro sostuvo que el atraso del país en materia de rindes respecto de competidores como Brasil y Estados Unidos se explica, en gran medida, por la falta de protección efectiva a la propiedad intelectual en semillas.
Para ilustrar su argumento, Sturzenegger comparó los rendimientos del algodón en el Chaco —alrededor de 600 kilos de fibra por hectárea— con los de Brasil, donde superan los 1.800 kilos, y planteó que la diferencia se origina en que Brasil protege los derechos de los obtentores mientras que la Argentina no lo hace de manera efectiva.
En esa misma línea, señaló que el crecimiento de la productividad en soja viene siendo la mitad de la velocidad mundial desde hace décadas, y que el año pasado Brasil registró 330 variedades nuevas de esa oleaginosa frente a apenas 23 en la Argentina.
«Lo que vamos a hacer es transferir el control al sector privado, que es el que tiene capacidad de hacerlo eficientemente. Cuando surge un cargamento donde no se pagó la propiedad intelectual, los privados se tienen que arreglar entre ellos. Solo si no hay acuerdo pueden ir al INASE, que actúa como tribunal de alzada», explicó el ministro.
Sturzenegger aclaró que el nuevo sistema no implica la adhesión a UPOV 91 —que continúa siendo un objetivo declarado del Ejecutivo para una instancia legislativa futura— y que tampoco afecta retroactivamente a las variedades ya inscriptas. También señaló que su estimación indica que, al acercarse a la frontera tecnológica, la Argentina podría incrementar sus exportaciones agrícolas en al menos u$s4.000 millones anuales.
Sin embargo, los críticos apuntan que el propio Sturzenegger reconoció en su texto que la Ley de Semillas vigente ya establece el derecho de propiedad de manera clara, y que el problema real era la falta de voluntad del INASE para fiscalizar. Un señalamiento que resulta llamativo teniendo en cuenta que el mismo ministerio impulsó el año pasado un decreto que redujo la jerarquía institucional de ese organismo, el cual estuvo prácticamente paralizado durante seis meses hasta que el Congreso rechazó la iniciativa.
El campo responde: los costos, el uso propio y la pregunta por las retenciones
Las entidades rurales habían presentado su propia propuesta para actualizar la Ley de Semillas —elaborada junto con CREA y Aapresid— que el Gobierno no tomó en cuenta. En su defensa pública de la medida, Sturzenegger fue un paso más allá y acusó a las organizaciones rurales de haber monopolizado el debate con el tema de las retenciones, incluso cuando las discusiones involucraban medidas con potencial de incrementar la producción en proporciones significativas. Esa acusación sí encontró respuesta.
Quien salió al cruce fue Pablo Ginestet, productor agropecuario y coordinador de la Comisión de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En la misma red social en que Sturzenegger había lanzado su escrito, Ginestet aclaró que las entidades no hablan de retenciones por rédito político sino porque durante décadas constituyeron un impuesto confiscatorio que el propio presidente Javier Milei calificó como un robo, y porque miles de productores desaparecieron bajo su vigencia.
Al mismo tiempo, Ginestet fue claro en señalar que la innovación y las mejores semillas son bienvenidas: «Celebramos toda medida que promueva innovación y mejores semillas», dijo, antes de pedir que el diagnóstico no se reduzca a un solo factor.
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ECONOMIA
En la era de las inversiones globales, Uruguay sigue siendo la opción más segura

Durante décadas, Uruguay fue uno de los destinos preferidos por los argentinos para proteger y desarrollar su patrimonio. Tuvo puntos más resonantes post colapso financiero de Argentina en 2001 y el pico más alto llegaría entre 2020 y 2021, cuando Uruguay aplicó incentivos para atraer a inversores y residentes. Lo interesante es que esa tendencia no solo se mantiene, sino que cobra una nueva dimensión en contextos que mutan todo el tiempo.
Hoy un inversor puede acceder desde su celular a oportunidades en prácticamente cualquier parte del mundo. La tecnología eliminó barreras geográficas, amplió el acceso a mercados internacionales y multiplicó las alternativas disponibles. La tecnología eliminó barreras geográficas, amplió el acceso a mercados internacionales y multiplicó las alternativas disponibles. Sin embargo, lejos de perder atractivo, Uruguay sigue consolidándose como una de las principales opciones para los argentinos.
Los números ayudan a entenderlo. El mercado inmobiliario uruguayo cerró el 2025 con más de USD 2.700 millones en compraventas y más de 18.000 operaciones. En Montevideo, alrededor del 15% de las transacciones corresponden a capital argentino. Dentro del régimen de Vivienda Promovida, uno de los motores de la construcción del país, los argentinos adquirieron cerca de 7.800 inmuebles en los últimos doce años, equivalentes al 20% de las unidades desarrolladas bajo ese esquema. Y si tenemos en cuenta a las desarrolladoras líderes, al menos el 10% de las inversiones que reciben llegan desde el otro lado del río.
Uruguay ha logrado construir un marco institucional estable, con reglas claras para propietarios e inversores, incentivos al desarrollo inmobiliario y herramientas que aportan seguridad jurídica a los proyectos
Detrás de estos indicadores existen varias razones de carácter profundo: la previsibilidad, la cercanía, la rentabilidad y las exoneraciones impositivas al invertir en viviendas. Está claro: Uruguay ha logrado construir un marco institucional estable, con reglas claras para propietarios e inversores, incentivos al desarrollo inmobiliario y herramientas que aportan seguridad jurídica a los proyectos.
Esa estabilidad se refleja también en las oportunidades de obtener buenos índices de rentabilidad. Las propiedades destinadas al alquiler suelen ofrecer rentabilidades brutas del orden del 5% al 7% anual, mientras que los proyectos adquiridos en etapa de pozo permiten capturar valorización a medida que avanza la obra. En muchos casos, la diferencia entre el valor de ingreso y el precio final puede superar el 20%.
No obstante, reducir la decisión de invertir a una cuestión de rentabilidad sería simplificar demasiado el análisis. Si algo caracteriza al contexto actual es la abundancia de opciones. Un argentino puede invertir en Estados Unidos, Europa o Asia con apenas unos clics. La pregunta, entonces, no es dónde existen oportunidades, sino dónde esas oportunidades se combinan con estabilidad, liquidez y confianza.
Y allí Uruguay mantiene una ventaja competitiva difícil de replicar. La cercanía geográfica y cultural, el conocimiento mutuo entre mercados, la seguridad jurídica y una relación construida durante generaciones siguen pesando al momento de tomar decisiones patrimoniales de largo plazo.
Al final los negocios se tratan de relaciones, vínculos y acuerdos entre las personas, y pocos mercados reflejan esa realidad como Argentina y Uruguay
La paradoja es evidente: cuanto más global se vuelve el mundo de las inversiones, más valor adquieren los destinos capaces de ofrecer certezas. Por eso, y más allá de la proliferación de herramientas, invertir en ladrillos en Uruguay continúa destacándose como una de las opciones predilectas. No porque sea la única alternativa disponible, sino porque combina oportunidades de crecimiento con el atributo de la confianza.
La digitalización del mundo potencia oportunidades, pero hay cuestiones identitarias y humanas que prevalecen. Al final los negocios se tratan de relaciones, vínculos y acuerdos entre las personas, y pocos mercados reflejan esa realidad como Argentina y Uruguay.
El autor es fundador de Alpha Realtors
ECONOMIA
Qué pasará con las cuentas sueldo en dólares que ya están habilitadas en Argentina

El Gobierno nacional sigue implementando los cambios delineados ya en la Reforma Laboral, como la reglamentación de cuentas sueldo en dólares gratuitas para que los empleados puedan cobrar sus haberes o al menos parte de ellos en moneda extranjera en el país, previo acuerdo con el empleador.
No es un movimiento aislado sino parte de una política de reintroducir los dólares de los argentinos al sistema bancario, como lo es también por estos días la Ley de Inocencia Fiscal. Se estima por la Balanza de Pagos que los activos en moneda extranjera «en el colchón» y no en el mercado eran unos u$s218.217 millones hasta 2025.
Hay que reconocer también que, en años anteriores, muchos argentinos trabajaban para empresas en el exterior y prefirieron cobrar en plataformas fintech manteniendo sus ahorros fuera del país o ingresándolos informalmente para no perder poder adquisitivo en la conversión obligatoria con el tipo de cambio oficial.
La medida implementada ahora por el Banco Central es un impulso más a que los trabajadores debidamente registrados puedan utilizar el dinero ganado en buena fe y sin costos extra. ¿Pero la cuenta sueldo en dólares es algo que pueden implementar las empresas?
Quiénes pueden aprovechar la cuenta sueldo en dólares
La posibilidad de acordar el pago en dólares de todo o parte del sueldo, al menos hasta ahora, está restringida a unos pocos casos, y no porque faltara esta reglamentación sino por las trabas para el acceso a moneda extranjera por parte de las empresas.
«Esto está segmentado más que nada a determinados perfiles, es decir, las altas gerencias, la alta dirección, personas que actualmente tienen un salario en relación de dependencia dolarizado«, analizó Alejandro Servide, Director de Professional, Digital & Enterprise de Randstad Argentina y Chile. Pero a la vez consideró que eventualmente podria extenderse ese beneficio a nuevos perfiles.
«Era una necesidad del mercado en algunos casos, por la globalización y por las empresas del extranjero trabajando acá, sobre todo con el talento IT que pedía este cambio«, apuntó por su parte Martín Bravi, cofundador y Director de Nauta Group. Pero coincidió en que seguirá siendo un tema de nicho antes que una generalidad para muchos empleados en Argentina, algo que beneficiará a algunos perfiles que «tenían que hacer una ingeniería» para que su ingreso en moneda extranjera no perdiera valor al tipo de cambio oficial.
Es cierto que años atrás, la posibilidad de cobrar diréctamente en dólares y en el país hubiese sido la solución para muchas de las tareas de compensación ejecutiva de profesionales en Argentina. Hoy, el panorama cambió. «Todas las medidas de flexibilización siempre son bienvenidas y tienen una buena recepción tanto del lado del empleador como del candidato o empleado», enfatizó Servide, aunque aclaró que en este momento a las personas hoy «les resulta más conveniente percibir un salario en pesos ajustado por inflación» que cobrar en moneda extranjera.
«Y no se trata solo del salario, hoy la gente también elige la relación de dependencia porque eso implica un paquete de beneficios y no solamente el salario bruto y los premios,» añadió.
Apuntó que en la actualidad, quienes pueden elegir y tienen mayor poder de negociación -ya sea por jerarquía o por tratarse de perfiles de alta calificación- prefieren un salario en pesos ajustado por inflación frente a un esquema dolarizado, principalmente porque el dólar se encuentra estable. Sin embargo, advirtió que ese escenario puede modificarse en función de la evolución de las variables económicas.
Sueldos en dólares: qué harán las empresas y los empleados
Vale la pena aclarar que son muy pocas las personas que trabajan en la Argentina y cobran su sueldo en dólares o al menos una parte de él, como el bono anual. Tampoco todos los ejecutivos y altos directivos tienen ese beneficio, ya que se utilizó en los momentos más álgidos de la inflación y el cepo cambiario otro método en lugar del pago en moneda extranjera: la dolarización del monto y el pago correspondiente en pesos todos los meses a valor oficial.
Los últimos datos disponibles sobre el tema surgen de la Encuesta de Incrementos Salariales de WTW en abril último. En aquel entonces, de las 419 grandes empresas argentinas y multinacionales que operan en el país relevadas, las que tenían presupuestos salariales en dólares (una minoría), tenían agendado un 6,5% de incremento salarial promedio para 2026.
Otro dato relevante surge respecto del bono a empleados fuera de convenio y ejecutivos: el 92% de estas compañías con las mejores prácticas hacia los empleados efectivizaba el pago total en pesos. Solo un 1% lo hacía en dólares en una cuenta en el exterior, y otro 2% en una cuenta local para moneda extranjera. El resto usaban una combinación de pesos y valor dolarizado.
Esto es así porque la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744) exigía hasta hace muy poco que el haber se pagara con la moneda de curso legal. Por eso, las alternativas en especie funcionaron en grandes empresas, pero sobre todo las que generan ingresos en moneda extranjera, como las exportadoras. Poco tiene que ver con los argentinos de a pie que no tienen la chance de negociar con su empleador el pago de su sueldo de otra forma que no sea pesos argentinos. Aquí vale la pena recordar que el cepo cambiario se abrió para particulares pero no para las empresas, que siguen adquiriendo esta moneda al valor MEP.
Sin embargo, la nueva Ley de Modernización Laboral (N° 27.802) modificó en marzo el articulo 105 de la normativa mencionada, para que ahora el salario pueda pagarse «en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera», abriendo la puerta a nuevas negociaciones y modalidades que hasta el momento no se fortalecían como tendencia en el mercado local y actuaban como excepción.
Aunque incluso con esta posibilidad, no hay que descontar que las empresas y los trabajadores pongan en la balanza la inestabilidad de las reglas en la Argentina, potenciales nuevos cepos que den por tierra con este beneficio que acaba de reglamentar el Banco Central, y opten por no adoptarlo.
El líder de Randstad insiste en que al margen de la confiabilidad a largo plazo, en la ecuación actual la medida tendrá menos impacto inmediato: «Sabemos que en Argentina los ciclos son muy dinámicos y volátiles, por lo que una percepción que hoy predomina puede cambiar rápidamente. En otro contexto, con inflación elevada, cepo y una brecha cambiaria significativa, probablemente la preferencia hubiera sido distinta», mencionó Servide a iProfesional.
Cómo serán las cuentas sueldo en dólares
A través de la Comunicación «A» 8460/2026, publicada en el Boletín Oficial el lunes, el Banco Central habilitó ya plenamente la habilitación y funcionamiento de las cuentas sueldo en dólares estadounidenses, como se había anticipado con el cambio instaurado en la reforma laboral.
A partir de ahora, los bancos deberán permitir los depósitos y las extracciones de efectivo en la moneda de la cuenta en la sucursal donde se encuentre radicada. Es decir que, si una persona necesita realizar una operación en efectivo con los dólares depositados en su cuenta sueldo, debe tener como referencia principal la sucursal correspondiente a la radicación de la cuenta.
Según la mencionada comunicación del BCRA,las entidades también podrán atender los retiros en otras sucursales, cajeros automáticos y terminales habilitadas, de acuerdo a la disponibilidad de billetes norteamericanos.
La gratuidad prevista para las cuentas sueldo alcanzará los fondos provenientes de la relación laboral que permanezcan acumulados, sin un límite temporal. Esto quiere decir que los bancos no podrán cobrar comisiones por mantener ese capital dentro del sistema en la cuenta correspondiente. Pero también implica que si pueden aplicar otras reglas para montos en dólares que no provengan de dicha relación laboral y se depositen allí.
Pero es fundamental que las cuentas sueldo en dólares no tendrán costo de apertura o mantenimiento para el empleado, ni se cobrará por transferencias o extracciones de efectivo en la sucursal donde el usuario tiene la misma.
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ECONOMIA
El presidente Javier Milei recibió a la titular del FMI en Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras su arribo a la Argentina. Antes de la reunión, Georgieva participó en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en el Ministerio de Economía.
Durante ese encuentro, la funcionaria advirtió que los riesgos económicos deben gestionarse con políticas sólidas y buffers fuertes. Remarcó la disciplina fiscal ejercida por el Gobierno, destacó el aporte de sectores como petróleo, gas, minería y agricultura, y recomendó enfocar las reformas en la construcción, los servicios y la logística. Georgieva subrayó la relevancia de las pymes en la generación de empleo formal y respaldó la reforma laboral. Además, aseguró que Argentina no necesitará financiamiento adicional del FMI el año próximo, resaltando la estrategia de acumulación de reservas y la viabilidad económica hasta 2027.
A las 14 horas estaba programado que el presidente Milei reciba a la titular del FMI para mantener un encuentro de solo treinta minutos del que también participó el ministro de Economía, Luis Caputo. A las 14:30 se esperaba por una reunión de Georgieva con el gabinete ampliado.
“Es un placer escuchar al ministro de Luis Caputo y al presidente del Banco Central, Bausili, sobre el progreso económico de Argentina y las prioridades futuras. Discutimos mantener la estabilidad, avanzar en reformas y crear condiciones para un crecimiento más fuertes, inversión y creación de empleo”, escribió Georgieva en la red social X.
La agenda de la titular del FMI en la Argentina continuará este lunes ya que luego de las reuniones en Casa Rosada, mantendrá un encuentro en el Palacio Libertad junto con estudiantes de universidades privadas y públicas entre ellas la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la Universidad San Andrés (Udesa) la Universidad de Buenos Aires (UBA) y La Plata.
Esta noche, mantendrá una cena con empresarios del sector energético, tecnológico y del agro. Según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Economía no participaran funcionario del Gobierno ya que se trata de un evento que organiza el propio organismo internacional.
Mañana, toda la actividad va a estar concentrada en Vaca Muerta. Georgieva va a viajar a la provincia de Neuquén junto con el ministro de Caputo para visitar el yacimiento Loma Campana donde la va a recibir el presidente de YPF, Horacio Marín. El miércoles por la mañana ya abandonará el país rumbo a Uruguay.
La visita de Georgieva al país por invitación del presidente Milei representa un respaldo del organismo internacional sobre la evolución del programa económico del Gobierno. De cara al año electoral, en conferencia de prensa, Georgieva sostuvo que el Gobierno debe afrontar los riesgos político tanto nacionales como internacionales con el ancla fiscal y la consolidación de buffers.
“Sigan comprando”
“No me preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar; miró al Banco Central aquí presente: ‘Sigan comprando, sigan comprando’”, sostuvo y miró al presidente de la entidad, Santiago Bausili, que se encontraba en la primera fila y que en lo que va del año ya superó la meta de compra de USD 10.000 millones para este año.
Ante la repregunta, fue enfantica al asegurar que no ve la necesidad de que Argentina solicite financiamiento adicional al FMI. Argumentó que el país se preparó para distintos escenarios y aplicó una estrategia abarcativa para asegurar la viabilidad más allá de 2027. “No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del Fondo. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque vemos los peores escenarios y vemos cómo Argentina se preparó y vemos una gran determinación de acumulación de reservas y una estrategia muy abarcativa sobre cómo obtener y asegurar la viabilidad de Argentina a lo largo del 2027”, expresó.
Semanas atrás, el ministro Caputo junto con el secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentó el programa financiero para lo que resta del 2026 y 2027. El cual tuvieron que presentarle al FMI para lograr la aprobación de la segunda revisión del acuerdo, en palabras del viceministro de Economía, José Luis Daza.
Ante la pregunta sobre si el FMI proyecta que el Gobierno salga a emitir en el mercado internacional, Georgieva eligió eludirla y no responder. A pesar de que en el comunicado que emitió el organismo tras la aprobación de la segunda revisión marcaron que el objetivo debe ser salir a emitir deuda en el exterior. La postura que mantienen en el equipo económico es que salir al mercado internacional “es una opción y no una obligación”.
Sin embargo, el riesgo país no logra perforar los 400 puntos básicos (p.b). Luego de la presentación del programa financiero, el 6 de julio, el riesgo país se acercó a quebrar ese piso, pero no lo logró. La expectativa creció la semana pasada con la mejor en la calificación crediticia de Moody’s, sin embargo, las tensiones en el mercado internacional por el conflicto entre Estados Unidos e Irán no ayudaron.
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