ECONOMIA
Arrancó nueva etapa en el campo: controlarán el «DNI» de las semillas que se usen para sembrar

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo sistema de fiscalización de semillas que modifica de manera significativa la relación entre los productores agropecuarios y las empresas obtentoras de variedades genéticas.
A través de la Resolución Conjunta 3/2026 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y de la Secretaría de Agricultura, el Ejecutivo estableció un protocolo de control de identidad varietal en grano a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega de la cosecha, esto es, en acopios, cooperativas y puertos de exportación.
La norma, publicada en el Boletín Oficial en la mañana de este lunes, fue el resultado de un proceso de semanas en el que el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, había presentado el esquema a las entidades rurales y al sector semillero. La medida aplica únicamente a las variedades que se inscriban a partir de su publicación, lo que acota su alcance inmediato, pero sienta un precedente que alcanzará a todo lo que se registre de aquí en adelante.
Cómo funciona el nuevo sistema
El mecanismo toma como modelo el sistema Bolsatech, que en su momento fue utilizado para detectar la variedad Intacta de la ex Monsanto en la cadena de comercialización. Ahora, la nueva resolución generaliza ese tipo de control a todos los cultivos autógamos, que son aquellos en los que el productor puede guardar parte de su cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente, como ocurre con la soja, el trigo y el algodón.
En términos concretos, los establecimientos que operen como puntos de entrega primaria del grano deberán:
- Tomar muestras de cada cargamento y someterlas a análisis de identidad varietal mediante métodos reconocidos por el INASE
- Utilizar pruebas genéticas o de inteligencia artificial por imagen
- Conservar las muestras junto con las contramuestras en sobres rotulados durante 60 días corridos desde la emisión del certificado de análisis
- Enviar los resultados simultáneamente al titular de la variedad y al productor que entregó el lote
Si el obtentor detecta que la variedad fue utilizada sin el pago de las regalías correspondientes, tendrá un plazo de 60 días para denunciar el caso ante el INASE, que actúa como árbitro en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo directo. Antes de esta reforma, el organismo aplicaba sanciones y multas a los infractores; ahora su rol es más acotado.
Los análisis estarán a cargo de Cámaras Arbitrales o de entidades privadas habilitadas que hayan suscrito convenios con el INASE. El costo operativo del sistema recaería en los titulares de las variedades —las propias semilleras—, aunque en la práctica los productores del sector advierten que ese gasto terminará siendo trasladado a lo largo de la cadena.
Una reforma con historia y con presiones externas
El debate sobre la propiedad intelectual en semillas tiene en Argentina una historia de décadas, cruzada por intereses contrapuestos y por intentos fallidos de reforma. La Ley de Semillas vigente —la 20.247, sancionada en 1973— reconoce el derecho del productor al uso propio: la posibilidad de reservar parte de su cosecha para resembrar en campañas posteriores sin pagar nuevamente por la tecnología genética.
Las empresas obtentoras reclaman desde hace años que ese mecanismo, combinado con la escasa capacidad de control del Estado, genera un mercado informal de semillas que les impide cobrar las regalías por sus desarrollos.
El Gobierno llegó a esta resolución tras descartar una reforma legislativa directa. La adhesión de la Argentina al convenio UPOV 91 —que restringe severamente el uso propio— había sido incorporada como compromiso en el acuerdo bilateral firmado con la administración de Donald Trump, pero esa adhesión requiere una ley del Congreso y enfrenta resistencia tanto en las cámaras como en las organizaciones agrarias. En ese contexto, el Ejecutivo optó por avanzar por vía reglamentaria en aquello que tenía a su alcance: fortalecer el control en la cadena comercial.
Ya en 2016, el gobierno de Cambiemos había implementado un mecanismo similar a través de la resolución 207 del INASE, denominado Sistema Bolsatech, para evitar una colisión frontal con Monsanto. Y en 2024, la entonces Secretaría de Bioeconomía había establecido la obligación para los productores de informar la compra de semilla original y conservar la factura correspondiente. La resolución de hoy profundiza esa línea.
El argumento de Sturzenegger: genética, brecha de rendimientos y reforma estructural
Sturzenegger salió a defender la medida con fuerza en sus redes sociales, presentándola como una reforma de fondo que permitirá a la Argentina alcanzar la frontera tecnológica en producción agrícola. El ministro sostuvo que el atraso del país en materia de rindes respecto de competidores como Brasil y Estados Unidos se explica, en gran medida, por la falta de protección efectiva a la propiedad intelectual en semillas.
Para ilustrar su argumento, Sturzenegger comparó los rendimientos del algodón en el Chaco —alrededor de 600 kilos de fibra por hectárea— con los de Brasil, donde superan los 1.800 kilos, y planteó que la diferencia se origina en que Brasil protege los derechos de los obtentores mientras que la Argentina no lo hace de manera efectiva.
En esa misma línea, señaló que el crecimiento de la productividad en soja viene siendo la mitad de la velocidad mundial desde hace décadas, y que el año pasado Brasil registró 330 variedades nuevas de esa oleaginosa frente a apenas 23 en la Argentina.
«Lo que vamos a hacer es transferir el control al sector privado, que es el que tiene capacidad de hacerlo eficientemente. Cuando surge un cargamento donde no se pagó la propiedad intelectual, los privados se tienen que arreglar entre ellos. Solo si no hay acuerdo pueden ir al INASE, que actúa como tribunal de alzada», explicó el ministro.
Sturzenegger aclaró que el nuevo sistema no implica la adhesión a UPOV 91 —que continúa siendo un objetivo declarado del Ejecutivo para una instancia legislativa futura— y que tampoco afecta retroactivamente a las variedades ya inscriptas. También señaló que su estimación indica que, al acercarse a la frontera tecnológica, la Argentina podría incrementar sus exportaciones agrícolas en al menos u$s4.000 millones anuales.
Sin embargo, los críticos apuntan que el propio Sturzenegger reconoció en su texto que la Ley de Semillas vigente ya establece el derecho de propiedad de manera clara, y que el problema real era la falta de voluntad del INASE para fiscalizar. Un señalamiento que resulta llamativo teniendo en cuenta que el mismo ministerio impulsó el año pasado un decreto que redujo la jerarquía institucional de ese organismo, el cual estuvo prácticamente paralizado durante seis meses hasta que el Congreso rechazó la iniciativa.
El campo responde: los costos, el uso propio y la pregunta por las retenciones
Las entidades rurales habían presentado su propia propuesta para actualizar la Ley de Semillas —elaborada junto con CREA y Aapresid— que el Gobierno no tomó en cuenta. En su defensa pública de la medida, Sturzenegger fue un paso más allá y acusó a las organizaciones rurales de haber monopolizado el debate con el tema de las retenciones, incluso cuando las discusiones involucraban medidas con potencial de incrementar la producción en proporciones significativas. Esa acusación sí encontró respuesta.
Quien salió al cruce fue Pablo Ginestet, productor agropecuario y coordinador de la Comisión de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En la misma red social en que Sturzenegger había lanzado su escrito, Ginestet aclaró que las entidades no hablan de retenciones por rédito político sino porque durante décadas constituyeron un impuesto confiscatorio que el propio presidente Javier Milei calificó como un robo, y porque miles de productores desaparecieron bajo su vigencia.
Al mismo tiempo, Ginestet fue claro en señalar que la innovación y las mejores semillas son bienvenidas: «Celebramos toda medida que promueva innovación y mejores semillas», dijo, antes de pedir que el diagnóstico no se reduzca a un solo factor.
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ECONOMIA
Qué espera con urgencia el mercado tras la buena respuesta inicial al plan anticrisis de Caputo

El economista Miguel Kiguel tiene un diagnóstico que, hoy en día, es compartido por varios de sus colegas y también por las consultoras más escuchadas en la City.
«El semestre que arranca no va a ser fácil, pero tampoco empieza desde cero. El Gobierno llega con una mejor posición de reservas, una inflación que retomó el camino descendente y un volantazo político. Lo más difícil será convertir un semestre financieramente sólido en algo que también se sienta en el bolsillo y que, llegado 2027, pueda trasladarse a las urnas», apuntó Kiguel.
La preocupación por la situación de la denominada «economía real» es concreta y extendida. Para los economistas no está nada claro cuáles podrían ser los motores de la actividad económica.
El mercado financiero tomó muy bien el anuncio de Luis Caputo sobre el plan para refinanciar los vencimientos de la deuda de los próximos 18 meses. No es poco; la incertidumbre por los dólares siempre es la base de las crisis en la Argentina, pero nadie duda de que en el actual contexto falta más.
El mensaje de Caputo sobre los vencimientos de deuda
Lo cierto es que Caputo consiguió ayer lunes un objetivo que venía persiguiendo desde hace meses: despejar el principal foco de preocupación de los inversores. Con el anuncio de su estrategia para afrontar los vencimientos de deuda de este año y de 2027, el equipo económico buscó instalar la idea de que no habrá una nueva crisis cambiaria ni sobresaltos financieros en la antesala de las elecciones.
El mensaje fue contundente. La administración de Javier Milei aseguró que tiene cubiertos los compromisos de deuda por u$s19.200 M de este año y que también tiene diseñado el esquema para afrontar los u$s24.900 M que vencen en 2027. Incluso sostuvo que el programa financiero para 2026 terminaría con un excedente de unos u$s3.700 M.
La señal apunta directamente al mercado. Después de las turbulencias cambiarias de 2025, el Gobierno intenta convencer a bancos, fondos de inversión y empresas de que esta vez el dólar permanecerá bajo control y que no habrá riesgos de un default que obligue a cambiar el rumbo económico.
Sin embargo, una vez despejado —al menos parcialmente— el frente financiero, la atención comienza a desplazarse hacia otro problema que preocupa tanto a los empresarios como a los propios inversores: la economía real sigue mostrando señales de debilidad.
La reactivación que no llega y el consumo masivo que no despega
Mientras las variables financieras muestran una situación mucho más ordenada que un año atrás, la actividad continúa ofreciendo un panorama heterogéneo, con varios sectores todavía en retroceso. Los últimos indicadores recopilados por iProfesional, en base a fuentes oficiales y de las cámaras empresariales, muestran que los últimos 90 días fueron particularmente flojos para la producción.
La industria sufrió una caída mensual superior al 3%, la construcción retrocedió más del 3% y el comercio también volvió a mostrar números negativos. Lo más preocupante es que el deterioro no aparece concentrado en un único sector. Los economistas remarcan que las bajas y subas se distribuyen entre distintas ramas de actividad, lo que dificulta encontrar una explicación puntual. El fenómeno luce bastante más generalizado de lo esperado.
Donde más se percibe la desaceleración es en el consumo. El patentamiento de autos volvió a caer, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires retrocedieron y tampoco aparecen señales claras de recuperación en el crédito al sector privado. La recaudación también encendió una alarma: registró en junio una merma del 7,6% real.
La morosidad bancaria continúa en niveles históricamente elevados, un dato que explica por qué las entidades financieras mantienen una actitud mucho más cautelosa a la hora de prestar dinero. Sin crédito y con familias todavía financieramente ahogadas, el consumo masivo continúa sin encontrar un motor consistente.
En este escenario complicado, algunos datos ofrecen cierto alivio. El salario real volvió a mostrar una ligera mejora en los últimos 60 días y, si el proceso desinflacionario continúa, podría comenzar a traducirse en una recuperación más firme del poder adquisitivo durante los próximos meses. Pero, por ahora, ese efecto todavía no alcanza para modificar el humor del mercado interno.
La economista Marina Dal Poggetto dio un panorama para los próximos meses en su último informe:
«Hacia adelante, según nuestro estimador de actividad, la economía volvería a rebotar en junio con una suba del 0,8% empujado principalmente por el segmento de bienes. La mayor tracción es concedida por el sector energético, luego de un gran mayo, con una suba del 8,1% s.e., mientras que la construcción volvería a dar buenas señales anotando un crecimiento del 2,8% sin estacionalidad«.
El desafío electoral que enfrentará Milei si la macro no baja a la calle
Hasta ahora, la principal preocupación de los financistas era evitar una nueva crisis cambiaria de cara a las próximas elecciones presidenciales. Con el anuncio oficial sobre el financiamiento de la deuda, el Gobierno intentó responder a esa inquietud.
Ahora la discusión cambia de eje: el desafío pasa por transformar esa estabilidad financiera en crecimiento económico más generalizado. En definitiva, aparece un trade-off que hasta hace pocos meses permanecía oculto.
Para el Gobierno ya no alcanza con mostrar una inflación en descenso y un programa financiero blindado. El mercado empieza a exigir que esa estabilidad también llegue a las fábricas, al comercio, al consumo y al bolsillo.
No se trata solamente de una cuestión económica. También es política.
Entre los inversores existe la convicción de que, si la mejora de la macro no termina llegando a la economía cotidiana durante los próximos meses, Milei podría enfrentar mayores dificultades para sostener el respaldo electoral que necesitará de cara a la elección presidencial de 2027.
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ECONOMIA
El fabricante de Nike y Adidas cierra su última planta en la Argentina y despide a sus 150 trabajadores

Grupo Dass, la firma de capitales argentinos y brasileños y uno de los principales jugadores de la industria del calzado local, cerró de forma definitiva su planta de Eldorado, en la provincia de Misiones, y despidió a los 150 trabajadores que aún quedaban en el establecimiento. La empresa comunicó al sindicato del sector que la producción cesará entre el 17 y el 25 de julio, y garantizó el pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes.
Según pudo saber Infobae, la decisión responde a una adaptación al nuevo escenario comercial: con la apertura de las importaciones, resulta más conveniente y rentable traer el producto terminado desde el exterior que fabricarlo en el país. Nike y Adidas, las dos marcas para las que Dass producía en Eldorado, ya abastecen el mercado local desde las ocho plantas que el grupo opera en Brasil, donde los costos son más competitivos. La falta de pedidos de ambas marcas para la producción local dejó a la fábrica misionera sin actividad sostenible.
El grupo, no obstante, no abandonará su presencia en la Argentina. Sí cambiará su perfil de operaciones. Según comentaron fuentes del sector a este medio, el grupo continuará en el país como representante e importador de Fila, Umbro y Asics —marcas cuyas licencias administra— y concentrará su actividad en las funciones comerciales y logísticas. Coronel Suárez y Cañuelas serán los dos centros logísticos desde los que operará la firma.
La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) atribuyó el cierre a la apertura de importaciones, la caída del consumo interno y la ausencia de políticas de apoyo a la industria nacional. Infobae pudo confirmar que, desde la perspectiva de la compañía, el cierre no es el resultado de una crisis financiera sino de una reconversión estratégica: importar se volvió más rentable que producir.
El desenlace en Eldorado es el capítulo final de un proceso de retracción que Dass inició en enero de 2025, cuando cerró su planta de Coronel Suárez —donde fabricaba zapatillas Adidas— y despidió a unos 360 operarios. En ese momento, la empresa había prometido consolidar toda su producción en Misiones. Un año después, en enero de 2026, la planta misionera ya acusaba el impacto: 43 empleados fueron desvinculados y el sindicato advirtió que la producción comprometida llegaba solo hasta junio de ese año. “No sabemos con cuánto personal llegarían a esa fecha ni qué pasará después de junio”, señalaron entonces fuentes de UTICRA a Infobae. La respuesta llegó esta semana con el cierre total.

El caso de Dass no es aislado en un sector que atraviesa una de sus contracciones más pronunciadas de los últimos años. John Foos, la marca argentina fundada en los años ’80, cerró su planta de Beccar, en el partido de San Isidro, para importar calzado terminado desde distintos países de Asia. La empresa redujo su plantilla de casi 400 trabajadores en 2023 a unos 50 a comienzos de 2026, antes de cesar por completo la fabricación local.
En mayo, Gomas Gaspar, una fábrica de suelas con más de treinta años de actividad en el barrio de San Vicente, en la ciudad de Córdoba, también cerró sus puertas y dejó sin trabajo a 40 operarios, quienes además reclaman sueldos atrasados e indemnizaciones impagas.
Los datos oficiales reflejan la magnitud del retroceso. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la fabricación de calzado y sus partes registró una caída interanual del 30,9% en noviembre de 2025. El organismo vinculó esa baja con “la menor demanda local y el ingreso de productos importados”. La producción nacional de calzado alcanzó su pico en 2015, con 125 millones de pares, y desde entonces no dejó de contraerse.
ECONOMIA
Panorama Financiero | Caputo calmó al mercado, pero la economía real todavía no arranca

El Gobierno consiguió una primera respuesta positiva a su plan financiero, pero el verdadero examen empieza ahora: que la calma del mercado se convierta en una economía con más movimiento. Luis Caputo aseguró que tiene cubiertas necesidades por u$s19.200 millones en lo que queda de 2026 y presentó el esquema para afrontar 2027. La reacción fue favorable y el riesgo país bajó a la zona de 412 puntos, su nivel más bajo desde 2018.
El dato no es menor porque despeja, al menos por ahora, una de las dudas que más inquietaban a la City: cómo iba a financiar el Gobierno los próximos vencimientos en dólares sin reabrir una tensión cambiaria. Con ese frente más ordenado, el mercado cambió de foco. La pregunta ya no pasa solo por la deuda, sino por algo más difícil: si la estabilidad financiera puede bajar a la economía real.
Caputo despejó dudas por la deuda y consiguió aire financiero
El programa que presentó Economía buscó justamente eso: mostrar que el Gobierno no llega improvisando al tramo más sensible del calendario financiero. Para este año, el equipo económico afirmó que ya tiene cubiertas las necesidades previstas. Y para 2027, el mensaje fue que existe una hoja de ruta diseñada con distintas fuentes de financiamiento para evitar sobresaltos.
Ese anuncio le devolvió aire al oficialismo en el frente financiero. Bonos, riesgo país y expectativas cambiarias reaccionaron mejor porque el mercado leyó que el Gobierno logró ganar tiempo y previsibilidad. Después de varios meses en los que la discusión pasaba por los dólares y por la posibilidad de un nuevo episodio de tensión, Caputo consiguió mover la conversación hacia otro terreno.
Pero ese logro tiene un límite claro. Ordenar la deuda y sostener la calma del dólar sirve para estabilizar la macro, no para garantizar por sí solo que la economía se reactive. Y ahí es donde hoy aparecen las mayores dudas.
Industria, construcción y recaudación muestran que la actividad sigue débil
El problema es que esa mejora financiera convive con una actividad todavía frágil. En los últimos datos, la industria cayó más de 3% mensual y la construcción retrocedió en una magnitud similar. La recaudación, además, mostró en junio una baja real de 7,6%, otra señal de que el movimiento económico sigue sin afirmarse de manera amplia.
Eso importa porque no se trata de una debilidad aislada en un solo sector. La industria, la construcción y el comercio siguen mostrando un comportamiento flojo, en un contexto donde tampoco aparece un crédito más dinámico que pueda empujar inversión o consumo. La macro se ordenó más rápido que la calle.
En ese punto está la discusión que empieza a dominar esta nueva etapa. Para el mercado ya no alcanza con mostrar un programa financiero blindado, inflación en descenso y una situación cambiaria menos tensa. Ahora quiere ver si esa estabilidad logra convertirse en algo más concreto: más actividad, más consumo y una recuperación menos dependiente de sectores puntuales como energía o minería.
La mejora del mercado todavía no llega con fuerza al bolsillo
Esa fragilidad se ve directamente en los hogares. Un relevamiento privado mostró que el 61% de los argentinos asegura que sus ingresos se terminan antes del día 20, mientras que el 86,1% siente que su salario pierde frente a la inflación. Solo el 13% dice que puede cubrir todos sus gastos y, además, ahorrar.
Es un dato relevante porque marca la distancia entre la mejora financiera y la percepción cotidiana. Aunque la inflación haya bajado y algunos segmentos del salario real hayan mostrado una leve recuperación, el bolsillo sigue muy exigido. La sensación dominante no es la de alivio, sino la de ingresos que todavía corren desde atrás.
Ahí aparece el verdadero examen para el Gobierno. La estabilidad financiera ya consiguió una primera validación del mercado. Pero el foco pasa ahora por una señal mucho más concreta: si esa calma empieza a traducirse en actividad y en una mejora sostenida del poder de compra.
Porque el riesgo país puede bajar, los bonos pueden mejorar y la deuda puede verse más ordenada. Pero si la industria sigue floja, la construcción no repunta y la mayoría de los hogares siente que no llega a fin de mes, el orden macroeconómico seguirá siendo una condición necesaria, aunque todavía insuficiente, para consolidar una recuperación más amplia.
iprofesional, diario, noticias, periodismo, argentina, buenos aires, economía, finanzas,
impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
campus, real estate, newspaper, news, breaking, argentine, politics, economy, finance, taxation, legal, business,
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