La Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, confirmó por mayoría el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados en Vialidad, causa por la que la expresidenta cumple una pena en su casa de seis años de prisión.

La decisión la tomó este viernes la Sala IV de la Casación y ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022.

En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme aquel fallo -lo que habilitó la ejecución de las penas-, pero el decomiso entró en un sendero de apelaciones que llevó a esta parte de la condena hasta las puertas de la Casación. Es lo único que restaba ejecutar.

Las defensas apuntaron a limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin “trazabilidad directa” con el delito. La expresidenta, por caso, intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos y una serie de terrenos en Lago Argentino, también en Santa Cruz, todas propiedades que fueron cedidas a sus hijos y que no forman parte del proceso.

Pero la estrategia quedó enterrada hoy por los votos de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes, en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar, se opusieron. El primero marcó que el decomiso no puede quedar en una “declaración abstracta”, sino que debe traducirse en una “recuperación real y efectiva” de los activos provenientes del delito.

“La pena sólo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito”, sostuvo Hornos. Su colega Barroetaveña adhirió en todos sus términos.

El juez Mariano Borinsky, en tanto, tuvo una interpretación distinta, que hizo eco parcial del planteo de la expresidenta. Sostuvo que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito y propuso así excluir del decomiso los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner.

La medida alcanza también a bienes del empresario Báez -principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz- así como también de Austral, su empresa insignia, y otras firmas satélites.

Plazo vencido

El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de “forma solidaria” por el monto actualizado que dispuso el TOF 2 venció el 13 de agosto del año pasado, pero las partes apelaron y el decomiso quedó empantanado.

Las defensas de los condenados señalaron que la fiscalía no demostró un nexo causal entre cada uno de los bienes identificados y el delito. Dijeron que el decomiso se estaba desnaturalizando y convirtiéndose en una suerte de “multa encubierta”.

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El fiscal de la Cámara Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, pidió endurecer los procesamientos de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), en la causa por presunta “evasión” impositiva, al pedir que se incluyera un “subconcepto” especial, que habría sido desatendido por el juez y que representa más de $6.679.796.471.

Al procesar a los dirigentes por retención de aportes, a fines del mes pasado, el juez Diego Amarante consideró que no correspondía incluir allí a una serie de impuestos, relativos mayormente a la publicidad, por pertenecer al régimen de “autorretención” y no de “retención”.

Pero el fiscal de primera instancia, Claudio Navas Rial, y ahora su colega de Cámara, Pérez Barberá, se opusieron a ese apartamiento, que representa el 77% del monto total denunciado por aportes de seguridad social: $6.679.796.471 sobre un total de $ 8.675.262.968.

“El concepto de ‘autorretención’ puede –y debe– ser comprendido dentro del término ‘retención’ utilizado por la ley penal», dijo el fiscal. “Porque, sencillamente, no constituye una categoría distinta o ajena, sino una modalidad específica en la que aquella puede realizarse”, completó.

“En consecuencia –y tal como la más elemental intuición léxica lo indica– la autorretención se encuentra claramente alcanzada por el tenor literal de la norma. Una interpretación restrictiva que la excluya (como la del juez a quo) tiene el déficit de ser irrazonable, y en consecuencia no puede ser sino arbitraria», sostuvo Pérez Barberá.

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