POLITICA
De patentes medicinales y pacientes
Una paciente con cáncer avanzado lleva a la justicia a su sistema de salud para acceder a un medicamento que quizás le salvara la vida. El ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) documentó miles de estos casos en 47 países y para el pembrolizumab. La escena se repite en todo el espectro de los tratamientos más innovadores. En este caso puntual, la Argentina es el único lugar del mundo donde existe un biosimilar de ese fármaco. Otro tanto ocurre con los moduladores del canal de cloro de las células epiteliales (elexacaftor, tezacaftor, ivacaftor), un tratamiento biológico también producido en el país, para una severa dolencia pediátrica conocida como fibrosis quística. En ambos casos los medicamentos nacionales redujeron los costos de tratamiento entre 60 y 80% respecto de las drogas producidas por laboratorios internacionales. Y más gente mejoró su salud. Son casos de interés mundial y ocurrieron gracias a un margen de acción que existía en la regulación local de las patentes farmacéuticas. La Argentina cuenta con varios otros ejemplos parecidos. Hablamos de una moneda de doble cara. Y una de ellas es la salud.
El pembrolizumab es una molécula que combate el cáncer. El reporte del ICIJ señala que desde su aprobación por la FDA en 2014, su formulación originaria (Keytruda) acumuló más de 163.000 millones de dólares en ventas globales. Detrás de esa cifra hay décadas de investigación, riesgo financiero, y una arquitectura regulatoria que protege la innovación. Eso es legítimo. Sin patentes y sin retornos razonables sobre la inversión, la industria farmacéutica pierde el incentivo para desarrollar los próximos medicamentos que necesitará la humanidad. Pero el precio de Keytruda en Argentina, antes de la competencia, era un 325% más caro que en España. Mismo medicamento, misma presentación, misma marca. Esa cifra no refleja diferencias en la innovación sino poder de exclusividad de mercado. Y tiene consecuencias sanitarias.
Keytruda no fue patentado en Argentina. La patente original fue desarrollada en Organon, compañía que pasó sucesivamente a Schering-Plough y luego a Merck. Más allá de la controversia sobre las razones exactas del registro incompleto, cuando el laboratorio Elea desarrolló Pembrox, el primer biosimilar global del pembrolizumab, y operó dentro de la legalidad vigente. Y el precio de la droga cayó más del 50%. El mercado argentino pasó entonces de 50.000 a 80.000 unidades en un año. Más pacientes acceden hoy al tratamiento, y eso es un hecho clínico de primer orden.
Una situación parecida ocurrió con el tratamiento para la fibrosis quística producido por otro laboratorio argentino (Gador). Se logró una reducción enorme del precio de la medicación. La consecuencia fue que familias de todo el mundo pudieron acceder a él a un costo que los precios internacionales hacían imposible. Hay varios ejemplos más.
Sería un error convertir este episodio en una cruzada contra la protección de la propiedad intelectual en medicamentos. Tan error como ignorar lo que se nos revela. Los medicamentos no tienen un precio natural. Tienen un precio determinado por la estructura de mercado, el poder de negociación del comprador, la existencia o ausencia de competencia, y por la capacidad regulatoria de los países. Cuando un Estado no produce medicamentos, no regula con criterio propio considerando el mayor beneficio de sus pacientes y la sustentabilidad de su sistema de salud, y no desarrolla capacidad biotecnológica, entonces paga un precio más elevado por los tratamientos para sus pacientes. La experiencia internacional demuestra inequívocamente que ese precio puede ser incompatible con los presupuestos de salud de cualquier país latinoamericano, y conlleva menos acceso para los pacientes. Lamentablemente es África la prueba más acabada de esto.
Incluso Estados Unidos ha impulsado políticas de precio de referencia internacional para abaratar medicamentos, y allí se plantea promover biosimilares desde prestigiosos think tanks como RAND Corporation y otros. La India construyó la tercera industria farmacéutica del mundo en volumen con política estatal activa, preferencia de compra pública y formación de recursos humanos. Brasil destina 8000 millones de dólares en tres años para cubrir el 70% de su demanda de medicamentos con producción propia para 2033. Corea del Sur legisló para fomentar su industria farmacéutica como sector estratégico. China se encamina a liderar la innovación farmacéutica en pocos años más. Cada uno de estos países entiende que detrás de cada medicamento no hay solo “sector privado internacional”, sino que hay políticas de Estado que determinan quién compite, a qué precio y en qué mercados.
La capacidad de producción de vacunas o medicamentos biológicos de nuestro país es excepcional y constituye una clara demostración de que el ecosistema biotecnológico argentino existe, y puede generar valor clínico real cuando se le dan condiciones.
La gran industria innovadora internacional seguirá siendo indispensable, seguirá trayendo mejoras reales a las afecciones de salud de la gente, y la Argentina debe mantener relaciones productivas con todos (como de hecho ocurre desde hace años). La patente puede ser un instrumento legítimo para premiar la innovación. Pero cuando la exclusividad utilizada de manera imprudente se traduce en precios incompatibles con el acceso y la apertura de una grieta biotecnológica, entonces la discusión deja de ser jurídica y pasa a ser sanitaria.
Nuestro país debe fortalecer su propio sistema de medicamentos, como la India, Brasil, Israel, China, los Estados Unidos, o Corea del Sur. Utilizando para ello un ecosistema donde inversión pública en investigación básica, formación universitaria, financiamiento eficiente de los sistemas de salud, promoción de un sistema nacional farmacéutico, y criterios regulatorios inteligentes y sustentables, se articulen en función de que todos los argentinos accedan a los mejores tratamientos disponibles.
Siempre debemos volver a casos como Frederick Banting, el médico canadiense que descubrió la insulina y vendió su patente en 1923 por un dólar; “-La insulina no me pertenece, pertenece al mundo”, habría dicho. O a Jonas Salk, quien no patentó la vacuna contra la polio, preguntándose si “¿acaso se puede patentar el sol?”. O a nuestro César Milstein, científico bahiense que ganó el Nobel en 1984 por inventar los anticuerpos monoclonales, (paradójicamente la plataforma científica sobre la que se construyó el propio Keytruda), y que no patentó su descubrimiento. La política farmacéutica no consiste en elegir entre innovación y pacientes, sino en diseñar un régimen donde la innovación llegue efectivamente al paciente. Y la Argentina tiene un largo camino recorrido que debemos aprovechar.
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El autor es médico, Doctor en Ciencias Biomédicas (UBA), y fue director ejecutivo del PAMI
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POLITICA
Hotesur-Los Sauces: habrá una audiencia clave para reunificar los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo
La Cámara Federal de Casación Penal realizará este jueves una audiencia clave para decidir la reunificación de los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por los casos Los Sauces y Hotesur, en los que ambos están acusados de integrar una asociación ilícita y de lavado de dinero.
El tribunal podría así disponer que ambos juicios, juntos, comiencen como estaba previsto el 23 de octubre próximo.
En paralelo, Cristina Kirchner confía en que este mes se conozca un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que pregone la anulación de su condena por la causa Vialidad, que la mantiene detenida y con prohibición de postularse para ocupar cargos públicos.
Es una estrategia que tiene pocas chances de prosperar, pues la justicia argentina ya dictó una sentencia que está firme y que no está dispuesta a revisar más allá de una opinión favorable a la expresidenta de un organismo internacional.
El debate por la reunificación de los casos Los Sauces y Hotesur se da en medio de una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco, que se opuso a la división en dos del juicio.
Los jueces del Tribunal Oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo, además del resto de los 15 acusados.
Los jueces habían decidido de manera unánime que el 23 de octubre comience el juicio oral por Los Sauces y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027.
Pero el fiscal Velasco se opuso porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar a una condena.
Teme la fiscalía que la medida sea una estrategia para que terminen todos absueltos. Además, hay razones jurídicas para sostener la reunificación, como por ejemplo que se trata de la misma maniobra.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar habían convocado a una audiencia el 15 de octubre para instar a que comience el proceso oral, pero ahora revisarán también la decisión de partir los juicios.
Esto es porque el fiscal ante la Casación, Mario Villar, los notificó de esta decisión que a su juicio pone en riesgo la acusación.
Los jueces de la Casación le dieron la razón al fiscal Villar. El juez Alejandro Slokar no emitió opinión propia porque sus colegas ya votaron. Acudió a la fórmula “a tenor del temperamento concordante de los distinguidos colegas, cabe estar a lo dispuesto por el art. 30 bis”, que es la manera ritual de decir que sus colegas ya decidieron, por lo que no hace falta su voto.
Nexos con Báez y López
Hotesur y Los Sauces es un caso de asociación ilícita y lavado de dinero en el que Cristina Kirchner y su hijo Máximo, accionista de esas empresas, están acusados de recibir dinero de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en sus hoteles y por el alquiler de sus propiedades, en compensación por los negocios que tenían en el Estado.
El caso Los Sauces persigue la supuesta maniobra de lavado mediante el alquiler de propiedades de los Kirchner que realizaban las empresas de López y de Báez. Pagaron 25.968.042,30 pesos entre 2009 y 2016, lo que representa el 88% de la facturación de la firma de la entonces familia presidencial.
El caso Hotesur apunta a la contratación de habitaciones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner, por las empresas de Báez, que presuntamente no las utilizaban, según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los Kirchner recibieron más de 28 millones de pesos de ese entonces.
La principal objeción del fiscal Velasco es que, partiendo los juicios en dos, se divide la acusación y es difícil, por ejemplo, probar una asociación ilícita que prevé la reunión de tres o más personas para cometer delitos indeterminados.
Si se dividen los juicios, las maniobras se separan y se pierde la visión de conjunto como una sola actividad destinada al blanqueo de fondos protagonizada por la misma organización, sostuvo el fiscal, aunque en cada caso la actividad no sea protagonizada por todos sus integrantes.
Si esa estructura se prueba fragmentada, en dos juicios distintos y con prueba recortada en cada uno, “se pone en riesgo la posibilidad misma de sostener la asociación ilícita como delito”, señaló Velasco.
En este caso no es nuevo que desaparezcan las acusaciones. Cuando integraban este tribunal, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la disidencia de Adriana Palliotti, sobreseyeron a Cristina y Máximo Kirchner sin juzgarlos, el 26 de noviembre de 2021.
Los acusados en estos dos juicios son, además de Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de la hermana de Mercado y directivo de la compañía.
También Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso Cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
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POLITICA
El Gobierno prevé que el vicepresidente de EE.UU. llegue al país la tercera semana de noviembre y avanza con el operativo de seguridad
El Gobierno espera que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegue a la Argentina durante la tercera semana de noviembre y comenzó a coordinar con Washington los preparativos de la visita. La fecha exacta todavía no está cerrada, pero en Nación ubican el viaje después del paso del papa León XIV por el país y ratifican que la iniciativa partió de la administración de Donald Trump.
La organización ya tuvo una primera avanzada estadounidense para trabajar sobre logística, seguridad y agenda. La Casa Rosada considera confirmada la visita y mantiene como principal actividad una reunión de Vance con Javier Milei. El esquema inicial contempla entre dos y tres días en la Argentina.
El cálculo oficial ubica la llegada a partir de mediados de noviembre, con la tercera semana como principal ventana. El viaje será parte de una recorrida regional, aunque Washington todavía no informó públicamente qué otros países integrarán el itinerario ni el orden de las escalas.
La secuencia se definió también en función de la visita de León XIV. El Vaticano mantiene programada la presencia del Papa en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de una gira por Uruguay, la Argentina y Perú. El pontífice será recibido por Milei en la Casa Rosada el 8 de noviembre y partirá hacia Lima el 11.
La gira papal continúa oficialmente en pie pese a que León XIV ingresó este martes al hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención por un nódulo pulmonar. El Vaticano prevé aproximadamente una semana de recuperación y, hasta ahora, no modificó el viaje sudamericano programado entre el 6 y el 17 de noviembre.
Antes de que Vance llegue a Buenos Aires, Christopher Landau, subsecretario de Estado y número dos de Marco Rubio, que tiene previsto viajar el 21 de octubre junto con Juan Pablo Segura, responsable de la política estadounidense para el Hemisferio Occidental. Parte de esas conversaciones servirá para seguir preparando la visita del vicepresidente.
La agenda de Landau y Segura incluirá además seguridad, cooperación contra el crimen organizado y el pedido argentino para incorporarse al Programa de Exención de Visa. Washington y Buenos Aires profundizaron en las últimas semanas el intercambio de información y la asistencia técnica en materia de narcotráfico.
POLITICA
ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves contra el DNU 70/23 del Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este martes un nuevo paro nacional de 24 horas para este jueves 15 para apoyar la derogación por parte de Diputados del DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei.
La medida de fuerza, anunciada por el secretario general Rodolfo Aguiar, incluirá paros, asambleas y movilizaciones durante toda la jornada y coincidirá con la marcha por el financiamiento universitario y la Ley de Tierras convocada para los alrededores del Congreso.
“¡¡Ahora!! ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el 15/10. ¡¡Tenemos que ir por todo y voltear el DNU 70/30 completo!! Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, expresó el secretario de ATE Nacional en su cuenta de X.
Y añadió: “No podemos permitir que sigan gobernando a la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”.
“Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni [Jorge Rafael] Videla se animó a tanto. No sólo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo”, expresó el titular.
La nota en la que confirmaron la medida de fuerza —dirigida a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano— resaltó que el objetivo será “reclamar por la Soberanía Nacional, contra la Extranjerización de las tierras y en defensa de la Educación Pública Universitaria”.
De forma similar a lo que ocurrirá durante la Marcha Federal Universitaria convocada por el Partido Justicialista (PJ), el radicalismo, la izquierda y los movimientos sociales, ATE concentrará su movilización en la Ciudad en las inmediaciones de la Plaza del Congreso a partir de las 13.30, mientras que las actividades en las otras provincias del país serán “definidas por las conducciones locales”.
“El sindicato protesta por el Financiamiento Universitario, la derogación del DNU 70/23, en defensa de la Soberanía Nacional sobre el territorio y los recursos estratégicos, repudiando las políticas del Gobierno Nacional de entrega de tierras a capitales extranjeros, la constante vulneración derechos y deterioro del empleo estatal”, añadieron en el documento dirigido al secretario Julio Cordero.
La medida de fuerza se mantiene más allá de que la Corte Suprema repuso la vigencia de la Ley de Tierras a través de una medida cautelar interina publicada el viernes luego de haber refrendado la vigencia del decreto 70/23, que en su artículo 154 la dejaba sin vigencia.
La movilización no sólo exigirá el cumplimiento de la Ley de Tierras (que regula y limita la compra de terrenos rurales en la Argentina por parte de personas o empresas extranjeras), sino también exigirá el “cumplimiento efectivo” de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes universitarios, la actualización de las becas estudiantiles y la obtención de los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades.
Servicios afectados
Según indicaron desde el sindicato a , durante la jornada sólo se garantizarán los servicios de guardias mínimas en hospitales y de atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.
Al mismo tiempo, la recolección de residuos, los auxiliares de educación, la guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y el mantenimiento de plantas nucleares también se verán afectados. Por ahora, informaron, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), mientras que PAMI y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) atenderán únicamente emergencias.
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