El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi libró exhortos a Estados Unidos para avanzar con la investigación criminal que tiene bajo la lupa al actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez. ¿Objetivo? Determinar si el zar de los impuestos argentinos es, en efecto, el dueño de tres inmuebles en el estado de Florida.

Martínez de Giorgi admitió así el requerimiento del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien propuso múltiples medidas de prueba adicionales para avanzar en la pesquisa contra Vázquez por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al tiempo que considera que el Juzgado ya acumuló evidencias suficientes para indagarlo por la presunta omisión maliciosa de esos inmuebles en su declaración jurada patrimonial.

“Los tiempos pasan a depender de la buena o mala voluntad de las autoridades estadounidenses”, indicó una fuente tribunalicia ante la consulta de . “En ocasiones, la respuesta llega en un par de meses; en otras, empiezan a pedir explicaciones y fundamentos antes de responder, lo que puede demorar el proceso durante dos o más años”, sostuvo.

Dentro del Gobierno, Vázquez transmitió que él no sería el verdadero dueño de esos inmuebles en Miami, valuados en más de US$2 millones, sino que pertenecen a un tercero, que no identificó y sobre el que tampoco aportó datos en los tribunales federales de Comodoro Py. Ante esa situación, tanto el juez Martínez de Giorgi, como el fiscal federal Guillermo Marijuan y la PIA esperan la respuesta oficial desde Estados Unidos.

En su dictamen, Rodríguez sostuvo que “sin duda alguna” Vázquez incurrió en el delito de omisión maliciosa de insertar datos en la declaración jurada al no declarar ante la Oficina Anticorrupción ni ante el fisco su vínculo con las sociedades extranjeras que registran los bienes. El reproche abarca declaraciones de 2012 a 2015 y de 2023.

Según la reconstrucción de la PIA, los departamentos de Miami fueron adquiridos entre 2013 y 2015 por dos sociedades panameñas, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. Ambas firmas, a su vez, quedaron bajo el control de Galanthus Capital Limited, una sociedad creada en 2016 en las Islas Vírgenes Británicas, en cuyos registros Vázquez figura como beneficiario final. Desde 2021, sus hijas mellizas son secretaria y tesorera de las dos panameñas.

Para sostener que Vázquez es el dueño real, la Procuraduría reunió indicios convergentes. El funcionario y su exmujer Silvia Ivone Rodríguez −también funcionaria de ARCA−, pagaron de su bolsillo los impuestos municipales de los inmuebles de Florida −unos US$136.000 entre 2014 y 2018− y recibieron a su nombre los cheques de reembolso. Sus dos hijas residen desde 2022 en la unidad de Sunny Isles que está a nombre de Pompeya Group Corp., y el domicilio del funcionario en Puerto Madero figura como sede de Alcorta Corp. en los registros oficiales del estado de Florida.

El dictamen marca, además, una desproporción patrimonial: en vísperas de las compras de los inmuebles en la avenida Brickell, Vázquez declaró disponibilidades líquidas por unos US$40.000, frente a operaciones por cerca de US$1.100.000, según remarcó el fiscal Rodríguez en su dictamen.

A partir de esos hallazgos, la PIA propuso ampliar la investigación hacia el presunto enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y la evasión, e incorporó al análisis a Consultora San Andrés SA, sociedad que Vázquez controla con el 51% junto a su hermana. La firma no registra empleados, llegó a tener cuatro automóviles a la vez y le habría prestado al funcionario el dinero para comprar su departamento de Puerto Madero, esquema que el fiscal asocia con una posible “sociedad pantalla”.

Otro foco es la compra, en 2018, de un triplex de 318 m² en el edificio Los Molinos Building (Faena Properties), en Puerto Madero, que Vázquez escrituró en torno a los US$226.000 cuando unidades comparables se ofrecían por más del doble, lo que la PIA considera un indicio de subvaluación.

Para avanzar, el juez también libró exhortos a los bancos estadounidenses Bank of America, PNC y Wells Fargo en busca de los extractos de Vázquez y su familia, consultar si Alcorta y Pompeya tienen cuentas allí y reiteró a las autoridades estadounidenses que le informen los movimientos migratorios de todo el grupo familiar. En el plano local requirió información a ARCA, al Colegio de Escribanos, al Banco Central (BCRA) y otros organismos.

Dos nuevos testigos declaran esta mañana en la fiscalía de Gerardo Pollicita, en la causa por presunto enriquecimiento contra Manuel Adorni. Se trata de funcionarios públicos que le pagaron gastos personales al exjefe de Gabinete, que luego les restituyó el dinero.

La sospecha de los investigadores es que Adorni pretendía así que no quedaran rastros de sus erogaciones, que no se condecían con sus ingresos.

La primera en llegar a los tribunales de Comodoro Py 2002 fue Gisela Kocsis, que el 2 de junio pasado pagó en efectivo sommiers y ropa de cama en un local de blanquería para su entonces jefe. La factura se hizo a nombre de ella, pero las compras estaban destinadas a equipar la casa de fin de semana de los Adorni en Indio Cua.

Después entró a la fiscalía Luis Enrique Aluju, también empleado de la Casa Rosada, que según las constancias que están en poder de la Justicia, es el dueño de dos tarjetas de crédito con las que Adorni pagó dos proyectores para videojuegos que costaron $1.831.795 cada uno.

Anteayer, se presentó a declarar Laura Schiuma, quien confirmó que le había prestado a Adorni la tarjeta Mastercard con la que él adquirió un monitor para videojuegos por $2.184.999,05.

Según Schiuma, el entonces vocero, que además de su jefe era su amigo, le pidió su tarjeta para hacer una compra de unos 2,2 millones de pesos, pero no le contó qué iba a adquirir ni cuál sería el destino de esa compra. Ella le dio los datos de la tarjeta y él hizo la operación. Schiuma no precisó si él anotó los números o le sacó una foto al plástico. Dijo que fue la única vez que esto pasó y que no guarda en su teléfono ningún mensaje alusivo a esta operación.

Schiuma añadió que, cuando llegó el resumen de los gastos de su Mastercard, Adorni le reintegró personalmente el importe en efectivo.

La funcionaria, que hoy es directora general de Actividades Presidenciales, contó que entró a la administración pública por una convocatoria personal de Adorni, que le dijo que necesitaba “gente de confianza”, informó a una fuente al tanto de la declaración judicial. Se habían conocido trabajando en una agencia comercializadora del Plan Rombo-Renault, según Schiuma.

Noticia en desarrollo