Con la inflación de junio del 1,9%, la conducción de la Asociación Bancaria (AB) informó que se actualizó automáticamente la paritaria de la actividad, detallando que la mejora será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en el primer semestre del año un 16,8% sobre los salarios de diciembre pasado.

El secretario general de la organización gremial, Sergio Palazzo, manifestó que «una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios».

Cómo quedó conformado el nuevo salario bancario

Con esta suba, el salario inicial del personal bancario quedó en $2.412.128,22 más $69.727,10 correspondiente a participación de ganancias (ROE), haciendo un total de $2.481.855,31 para la primera categoría.

En cuanto al Día del Bancario, quedó en un monto mínimo de $2.150.328,87 para la categoría inicial. En este beneficio vale aclarar que también se irá corrigiendo mes a mes, hasta el 6 de noviembre cuando se liquida al celebrarse el día del empleado.

El acuerdo entre el gremio y los representantes de las cámaras privadas y públicas (ABAPPRA, ADEBA y ABA) más el Banco Central no espera la homologación de parte de la Secretaría de Trabajo y del Ministerio de Capital Humano, y las subas de los haberes se aplican en tiempo y forma, casi en forma automática.

A este básico se debe sumar adicionales como títulos, presentismo y arqueo de caja, entre otros. Desde el gremio subrayaron que «una vez más, garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarias continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios». Desde La Bancaria señalaron que «en el medio de una reforma laboral que afecta los derechos de los trabajadores y trabajadoras, estamos comprometidos en continuar defendiendo tanto los puestos de trabajo como los ingresos, para que no pierdan poder adquisitivo».

Renegociación de la paritaria

En paralelo, el consejo directivo de La Bancaria reinició la negociación paritaria para ver si continúa la recomposición de ingresos mes a mes, como así también plantear un fuerte rechazo a la reconversión de la actividad, por el cierre de sucursales y el despido de personal.

Palazzo, a su vez diputado nacional, expresó su rechazo a la recientemente aprobada reforma laboral, adelantando que «no va a generar más puestos de trabajo; todo lo contrario, va a crecer más la precarización«. Asimismo, viene cuestionando la gestión de entidades como el Hipotecario, Supervielle y Santander por la «política de cierre de sucursales y el despido de trabajadores sin un plan de contención que atienda la situación humana».

Por otra parte, el sindicato informó que firmó un acuerdo con Banco Columbia SA por la incorporación de 92 empleados al convenio colectivo de la actividad, luego de que la entidad adquiriera parcialmente activos y pasivos de Compañía Financiera Argentina SA (conocida comercialmente como Efectivo Sí).

Traspaso de Efectivo Sí al Banco Columbia

La transacción comercial incluye el traspaso de un total de 36 sucursales de Efectivo Sí, que mantendrán sus puertas abiertas bajo la marca Banco Columbia, con la inclusión de activos y pasivos correspondientes por un monto cercano a los $46.000 millones. Para el sindicato, la operación significa un avance «en la defensa del correcto encuadramiento laboral de quienes desempeñan tareas propias del sector».

Voceros gremiales detallaron que después de intensas negociaciones con las autoridades del Banco Columbia, quedó establecido que los trabajadores y trabajadoras que pertenecían a la Compañía Financiera Argentina están bajo el convenio colectivo de trabajo 18/75, con «el reconocimiento pleno de todos los derechos, beneficios y garantías que establece esa normativa, además de quedar representado sindicalmente por la Asociación Bancaria».

Desde el Banco Columbia indicaron que se trata «de una de las inversiones más significativas del sector financiero actual«, que le permitirá aumentar exponencialmente su cartera de clientes. En un comunicado, la firma planteó que «a partir de esta incorporación, los nuevos clientes accederán a un ecosistema financiero de vanguardia. La propuesta institucional se apoyará en un portfolio de productos altamente competitivo que incluirá soluciones de banca digital de última generación, tarjetas de crédito con beneficios exclusivos y líneas de financiamiento diseñadas para potenciar el bienestar de las personas y el crecimiento de los comercios».

El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió esta semana por tercera vez en tres meses. El aumento del 2% que entró en vigor el miércoles 15 de julio, completó una serie de incrementos escalonados que la Secretaría de Transporte de la Nación había anunciado a comienzos del segundo trimestre del año.

El mismo día del aumento, la Secretaría de Transporte publicó en el Boletín Oficial la Resolución 48/2026, mediante la cual aprobó la actualización de los Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de Jurisdicción Nacional para los períodos de junio, julio, agosto y septiembre de 2026. La norma también establece los montos de las compensaciones tarifarias que el Estado distribuirá entre los prestadores del servicio.

El sistema tarifario del transporte público en el AMBA opera con una lógica de múltiples variables. El precio que paga el pasajero en el colectivo cubre una fracción del costo real del servicio; el resto lo aporta el Estado a través de subsidios. Esa ecuación, que involucra el precio del gasoil, la masa salarial del sector y los aportes estatales, es la que determina el ingreso total de las empresas de transporte. La Tarjeta SUBE es, dentro de ese esquema, el instrumento central del sistema: permite acceder a la tarifa más baja y es el mecanismo a través del cual se registran y procesan los viajes.

El ajuste de julio se distribuyó en tres etapas de 2% cada una, en mayo, junio y julio, para un acumulado del 6%. Ese esquema, impacta de manera desigual entre las distintas jurisdicciones y mantiene al AMBA con una tarifa más baja en comparación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires. La razón es estructural: tanto en la Ciudad como en el Conurbano, el boleto se ajusta mensualmente dos puntos por encima de la inflación.

El incremento del 2% rige para todas las líneas que entran y salen de la CABA. Con ese ajuste, el boleto mínimo quedó en $742,84 para los usuarios con SUBE registrada. Quienes no tengan la tarjeta registrada abonan $852,02 por el mismo viaje mínimo.

La tarifa de las líneas que operan dentro de CABA es más alta que la del AMBA. Con SUBE registrada, el boleto mínimo en la Ciudad asciende a $820,99. Esa diferencia responde al mecanismo de actualización propio de la jurisdicción porteña, que aplica incrementos mensuales de dos puntos por encima de la inflación, un esquema distinto al que rige para las líneas nacionales del AMBA.

La política oficial apunta a incentivar el registro de la tarjeta como condición para acceder a la tarifa más baja. Quienes no realicen el trámite de registro enfrentan un costo mayor en cada viaje, independientemente de la línea o jurisdicción en la que viajen.

En la provincia de Buenos Aires, el boleto de colectivo supera ampliamente los valores del AMBA. Con SUBE registrada, la tarifa mínima es de $1.063,98, una cifra que refleja el impacto acumulado de los ajustes mensuales que aplica el distrito bonaerense.

Al igual que en CABA, el mecanismo de actualización en la provincia contempla incrementos de dos puntos por encima de la inflación cada mes. Ese esquema, sostenido en el tiempo, generó una brecha tarifaria apreciable entre las líneas del Conurbano y las líneas nacionales que operan en el AMBA.

La diferencia entre jurisdicciones no es menor para los pasajeros que combinan líneas nacionales y provinciales en sus trayectos diarios, ya que el costo total del viaje varía según qué tramo recorren y qué tarifa aplica cada servicio.

La Tarjeta SUBE registrada es el requisito para acceder a la tarifa mínima en todas las jurisdicciones del AMBA. El registro también habilita el uso del saldo negativo, un crédito de emergencia que permite viajar aun cuando la tarjeta no tiene fondos disponibles.

Para colectivos de todo el país y subtes de la Ciudad de Buenos Aires, el saldo negativo máximo permitido es de $1.200. En los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur, el tope es de $650. La línea Urquiza mantiene el saldo de emergencia en $480, valor que se actualizará una vez que concluya el recambio tecnológico en sus molinetes.

El monto utilizado en concepto de saldo negativo se descuenta de manera automática en la próxima recarga que realice el usuario. Una vez superado el límite permitido según el medio de transporte, la tarjeta no admite nuevas operaciones hasta que se regularice la deuda mediante una nueva carga de crédito.

El Sector Público Nacional (SPN) registró en junio un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, en un resultado que el equipo económico ya tenía previsto debido al impacto estacional del pago del medio aguinaldo a los empleados públicos. A pesar del rojo mensual, el primer semestre de 2026 concluyó con saldo positivo en las cuentas fiscales.

El dato fue informado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X. Según explicó, el déficit financiero se produjo luego de afrontar pagos de intereses netos por $328.049 millones y estuvo además condicionado por una menor recaudación derivada de la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

El primer semestre terminó con superávit fiscal

Más allá del resultado de junio, el Gobierno destacó que el balance acumulado del año continúa siendo superavitario.

Entre enero y junio, el SPN alcanzó un superávit primario equivalente al 0,6% del PBI, mientras que el superávit financiero se ubicó en 0,1% del PBI, manteniendo el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas.

El Gobierno considera al superávit fiscal uno de los ejes centrales de su programa económico y busca sostenerlo durante la segunda mitad del año y de cara al escenario electoral de 2027. En ese marco, semanas atrás el Ministerio de Economía presentó su programa financiero para 2026 y 2027, en el que volvió a ratificar el compromiso de preservar el equilibrio de las cuentas públicas como principal ancla de la política económica.

Luis Caputo defendió el ajuste del gasto público

Al difundir los datos fiscales, Caputo remarcó que «el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico» y sostuvo que ese objetivo se alcanzó «a través de una fuerte reducción en el gasto público».

El ministro también afirmó que esa estrategia hizo posible avanzar con una reducción de impuestos nacionales acumulada desde 2024 equivalente a casi tres puntos del PBI.

El resultado de junio representó el primer déficit financiero mensual registrado en lo que va de 2026. Sin embargo, desde el Palacio de Hacienda atribuyeron el rojo principalmente a cuestiones estacionales, especialmente al pago del medio aguinaldo, además del efecto transitorio generado por la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

El peso de los impuestos todavía presiona en los bolsillos

Lo cierto es que, más allá del dato, la presión impositiva continúa presionando los bolsillos, pese a que el Gobierno de Javier Milei convirtió la reducción de impuestos en una de las principales banderas de su gestión.

La eliminación del Impuesto PAIS, la rebaja de retenciones para distintos sectores y otros cambios tributarios alimentaron la idea de que la presión fiscal comenzó a ceder. Sin embargo, buena parte de las cámaras empresariales, profesionales y trabajadores formales todavía no perciben un verdadero alivio en sus bolsillos.

Un trabajo del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) va al punto: concluye que la carga tributaria formal que soporta una familia asalariada sigue ubicándose en torno al 50% del ingreso laboral total.

Dicho de otro modo: de cada $100 que representa el costo laboral de un trabajador registrado, alrededor de $50 terminan absorbidos por impuestos nacionales, provinciales y municipales.

La diferencia entre la percepción oficial y la realidad que viven quienes pagan impuestos tiene una explicación técnica, pero de enorme impacto práctico: mientras el Gobierno suele destacar la baja de la presión tributaria medida como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), el IARAF analiza otra variable: cuánto termina pagando efectivamente un contribuyente formal que cumple con todas sus obligaciones impositivas.

La clave de la simulación

No es una diferencia menor. La presión tributaria refleja lo que el Estado consigue recaudar. La carga tributaria formal, en cambio, estima cuánto debería pagar un contribuyente que no evade y cumple íntegramente con el sistema vigente.

Y allí aparece la sorpresa.

Según el estudio, la reducción respecto del año pasado resulta prácticamente imperceptible. Para tres de los cuatro perfiles familiares analizados, la carga tributaria baja apenas una décima porcentual, mientras que para el segmento de mayores ingresos directamente permanece sin cambios.

En otras palabras, hubo rebajas impositivas, pero todavía no alcanzan para modificar de manera significativa el peso que soporta el contribuyente formal.

La cuenta que explica la sensación de ahogo

El informe incorpora un indicador muy gráfico: el denominado «Día de la Independencia Tributaria».

La idea consiste en calcular cuántos días debería trabajar una persona únicamente para cumplir con todas sus obligaciones fiscales. El resultado vuelve a mostrar la magnitud del fenómeno.

Dependiendo del nivel de ingresos, un asalariado formal necesita trabajar entre 172 y 182 días del año para cancelar todos los tributos que recaen sobre su actividad económica.

Recién entre el 21 de junio y el 1 de julio comienza, en términos simbólicos, a generar ingresos para sí mismo.

Es un cálculo teórico, pero ayuda a comprender por qué la percepción de la carga impositiva continúa siendo tan elevada aun cuando algunos impuestos hayan sido reducidos.

El empleo sigue siendo uno de los más castigados

Otro dato que sobresale es la fuerte incidencia de los impuestos vinculados al trabajo.

Los aportes personales, las contribuciones patronales y, para determinados ingresos, el Impuesto a las Ganancias, siguen representando el componente más importante de la carga tributaria.

A eso se suman los tributos que aparecen ocultos en prácticamente todos los bienes y servicios consumidos: IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, impuesto al cheque, combustibles e impuestos internos, entre otros.

Es decir, la presión no termina cuando el trabajador cobra su sueldo. Continúa cada vez que consume.

Precisamente por esa superposición de gravámenes, el estudio contabiliza impuestos nacionales, provinciales y municipales que muchas veces pasan inadvertidos para el contribuyente, aunque igualmente terminan reduciendo su poder de compra.

El desafío pendiente de Milei

El informe del IARAF no contradice que el Gobierno haya iniciado un proceso de reducción de impuestos. De hecho, proyecta una nueva caída de la presión tributaria consolidada durante 2026.

Lo que sí muestra es que ese proceso todavía no logró modificar la estructura de fondo del sistema tributario argentino.

Para empresarios y profesionales, la conclusión resulta evidente. Más allá de las rebajas puntuales implementadas durante los últimos meses, la carga impositiva que enfrenta quien trabaja y cumple con todas las normas continúa cerca de uno de cada dos pesos que genera.

Esa, probablemente, sea la principal paradoja tributaria que enfrenta hoy la administración de Milei: los impuestos comenzaron a bajar, pero el alivio todavía no logra sentirse con la intensidad que esperaba el sector privado.