El conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja, que parecía dormido desde hace décadas, volvió a la superficie con fuerza esta semana. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para reafirmar el rechazo histórico de su provincia al decreto-ley 18.004, la norma que desde 1968 fija los límites entre ambas jurisdicciones, y para habilitar acciones judiciales que permitan reclamar territorios que hoy están bajo jurisdicción sanjuanina.

La respuesta del lado de la cordillera fue inmediata y contundente: tanto el gobernador Marcelo Orrego como la Cámara Minera de San Juan rechazaron la iniciativa y advirtieron sobre el impacto que una disputa de ese tipo podría tener sobre las inversiones en curso.

El detonante inmediato de la escalada es el proyecto Vicuña, la sociedad formada por la minera australiana BHP y la canadiense Lundin Mining para explotar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ambos ubicados en San Juan, pero con parte de su logística dependiente del territorio riojano. Apenas cuatro días antes del anuncio de Quintela, el Gobierno nacional había aprobado el ingreso de Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, comprometiendo una inversión inicial de USD 9.700 millones con posibilidad de escalar hasta USD 18.000 millones a lo largo de una década. El ministro de Economía, Luis Caputo, había calificado al emprendimiento como “el mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo”.

La aprobación del RIGI otorga a Vicuña beneficios de largo alcance: reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por 40 años. Con el conflicto entre La Rioja y San Juan, se enciende la alarma sobre uno de los ejes más sensibles de cualquier inversión: la seguridad jurídica.

El conflicto limítrofe entre ambas provincias tiene raíces en la dictadura. El decreto-ley 18.004, firmado en diciembre de 1968 por el entonces presidente de facto Juan Carlos Onganía y su ministro del Interior, Guillermo Borda, fijó los límites interprovinciales a partir de un acuerdo suscrito por los interventores militares de la época. La norma es precisa en sus definiciones: establece tramo por tramo la línea divisoria entre ambos territorios y deja en claro, en su artículo primero, que los parajes Ichigualasto y Los Baldecitos “quedarán en la provincia de San Juan”.

Sin embargo, en 1973 la Legislatura riojana sancionó una ley desconociendo la validez de ese instrumento. Ese rechazo es el que Quintela busca ratificar y proyectar en nuevas acciones legales.

El proyecto enviado a la Cámara de Diputados riojana faculta a la Fiscalía de Estado a “impulsar medidas cautelares y otras acciones judiciales para defender los intereses” de la provincia en las áreas en disputa. Además, crea una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial de carácter permanente, integrada por siete diputados provinciales y miembros consultivos como historiadores, geógrafos y especialistas en minería y cartografía.

La posición riojana sostiene que el acuerdo de 1968 fue perjudicial para sus intereses territoriales y que significó un “despojo” de áreas que hoy tienen enorme valor económico por sus recursos minerales e hídricos. La reactivación del reclamo no es casual: la cordillera sanjuanina se convirtió en los últimos años en uno de los principales polos de desarrollo cuprífero del país, con proyectos como Josemaría, Lunahuasi y el propio distrito Vicuña.

El conflicto tuvo un episodio concreto en abril, cuando la Justicia riojana suspendió temporalmente las operaciones en territorio de esa provincia y cerró caminos estratégicos, argumentando que Vicuña no había presentado el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente ante las autoridades riojanas.

La respuesta del gobernador sanjuanino fue inmediata. A través de su cuenta de X, Orrego descartó cualquier posibilidad de negociación sobre el territorio. “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, escribió el mandatario.

Orrego fue más allá y convocó a la unidad política interna ante lo que calificó como una amenaza sobre el patrimonio provincial. “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, afirmó.

El argumento jurídico central de San Juan es que la Ley 18.004 no puede ser modificada por una norma provincial. La Constitución Nacional reserva al Congreso la facultad de fijar límites entre provincias, por lo que ninguna legislatura provincial podría alterarlos de manera unilateral. El propio proyecto de Quintela, al mencionar que la Fiscalía de Estado deberá coordinar con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso y recurrir a la Justicia, reconoce implícitamente que el camino no pasa por la sola voluntad de la Legislatura local.

La Cámara Minera de San Juan también tomó posición de manera pública. En un comunicado emitido este viernes, la entidad advirtió sobre los riesgos que genera cualquier cuestionamiento a las condiciones legales vigentes. “La Cámara Minera de San Juan expresa su preocupación hacia las iniciativas orientadas a cuestionar o desconocer situaciones jurídicas e institucionales consolidadas, cuya estabilidad resulta esencial para el desarrollo de inversiones de largo plazo”, señaló el texto.

La entidad recordó que San Juan construyó durante décadas una reputación basada en la previsibilidad institucional y la continuidad de políticas de Estado, y subrayó que ese historial fue lo que permitió atraer inversiones y generar empleo. “La actividad minera requiere reglas claras y seguridad jurídica. Las inversiones que hoy se encuentran en distintas etapas de desarrollo demandan confianza en las instituciones y en la vigencia de los marcos legales que sustentan las decisiones de inversión”, advirtió la Cámara.

El comunicado incluyó además un llamado a priorizar el diálogo por sobre la confrontación política. “En momentos como los que vivimos, es primordial que prime la racionalidad, el diálogo institucional y una visión clara que permita el crecimiento del país. La actividad minera que impulsa nuestra Cámara puede convertirse, dentro de poco, en un gran complejo exportador, generador de empleo y beneficios económicos para toda Argentina. Es una oportunidad histórica que no debe demorarse y empañarse por discusiones de orden político”, concluyó.

La posición de Quintela en este conflicto se produce en un momento de fragilidad fiscal para su provincia. A principios de junio, el propio gobernador reconoció ante Infobae que La Rioja atraviesa dificultades para afrontar el pago de salarios y anunció el retorno de los “chachos”, denominados oficialmente Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade), cuasimonedas que ya habían sido utilizadas como herramienta de emergencia en el pasado. “Tengo dificultades, pero vamos a abonar igual. Vuelven los chachos”, dijo Quintela. La provincia también solicitó al gobierno nacional un adelanto de $85.000 millones en concepto de coparticipación, sin obtener respuesta hasta el momento.

En esa misma entrevista, Quintela había calificado al RIGI como “una entrega total de nuestros recursos” y se había mostrado crítico de la gestión económica nacional. “Todos los gobernadores nos tendríamos que poner de acuerdo, porque toda la riqueza la producen las provincias”, señaló entonces.

Más allá de los argumentos históricos y jurídicos, el trasfondo económico del conflicto es de primera magnitud. Vicuña proyecta una producción promedio anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata, con exportaciones esperadas de USD 6.000 millones anuales una vez en plena operación, una cifra equivalente a la totalidad de lo que exportó la minería argentina en 2025, cuando el sector marcó un récord de USD 6.037 millones. La etapa de construcción demandará 12.000 puestos de trabajo directos y la fase operativa sostendrá 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con más del 81% de los empleados directos oriundos de San Juan.

La relevancia de la provincia en el mapa minero internacional quedó reflejada en el último ranking del Instituto Fraser, de Canadá, que ubicó a San Juan como el 18° (sobre 68) distritos mineros del mundo, con 76,94 puntos sobre 100, lo que la convierte en la jurisdicción más atractiva de América Latina en minería. El informe también identificó entre las preocupaciones emergentes para San Juan precisamente los “conflictos por reclamos territoriales”, una advertencia que cobra mayor relevancia a la luz de la disputa en curso.

El 63,1% de la flota “potera” que, bajo bandera argentina, pesca calamar dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina (ZEEA) -el área marina hasta 200 millas desde la costa continental conocida como “Mar Argentino”- es propiedad de empresas chinas, precisa un reporte que profundizó y extendió los hallazgos de una investigación internacional realizada en 2024 sobre el dominio chino de los mares del mundo mediante su “flota de aguas distantes”.

Lo novedoso del reporte, titulado “China y el control de la pesca dentro de la ZEE Argentina”, de Milko Schvartzman, investigador en pesca ilegal y conservación marina, en base a observaciones satelitales de Global Fishing Watch y la traducción de documentos del gobierno y provincias chinas, es que precisa que 53 de los 84 buques “poteros” (especializados en la pesca de calamar) que capturan esa especie bajo pabellón nacional dentro del Mar Argentino tienen como dueños o “beneficiarios finales” a empresas chinas y que confirma un secreto a voces del sector pesquero: las empresas “embanderadas” pero propiedad de corporaciones chinas, cuentan con subsidios encubiertos de Beijing, lo que les otorga ventaja en sus ventas al gigante asiático en un claro caso de competencia desleal.

Debe tenerse en cuenta que China es el principal consumidor e importador mundial de calamar y que en abril la venta de “calamares y potas” explicó el 12% de las exportaciones argentinas a China, casi igualando el porcentaje de las de carne vacuna (13%).

El calamar es la especie más buscada por la flota china, en particular en el “agujero azul” del Mar Argentino. Por ser una especie fotosensible, la flota china la pesca de noche. De ahí la luminosidad nocturna en la “Milla 201″, tan notable que fue captada desde la luna por fotos de la Mision Artemis II.

Schvartzman agrega que más de la mitad de la flota de pesca de calamar argentina se encuentra bajo el control de cinco corporaciones de pesca del gigante asiático: Shanghai Fisheries Group Co. Ltd. (estado provincial), Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., Qingdao Haoyang Ocean Fishery Co. Ltd., Dalian Huafeng Aquatic Products Co. Ltd. y China National Fisheries Corporation (CNFC) que gozan de subsidios encubiertos del Estado chino.

El reporte muestra que, según la norma 260/200017 de la Administración General de Aduanas y el Ministerio de Agricultura de China, los productos capturados por empresas pesqueras chinas en aguas extranjeras se consideran “productos nacionales” y están exentos del pago de aranceles al ingresar a China.

En 2019 la Oficina de Desarrollo Oceánico de Weihai, provincia de Shandong, mencionaba textualmente que en los últimos años el número de embarcaciones pesqueras que faenan en alta mar en el Atlántico Sudoccidental ha seguido aumentando y la producción de calamar ha seguido disminuyendo, pero existen abundantes recursos pesqueros en la Zona Económica Exclusiva Argentina de 200 millas náuticas. (…) bajo la modalidad de pesca cooperativa, y se ha explorado con éxito una nueva modalidad de cooperación en la pesca del calamar en aguas lejanas.

Otra nota, en el sitio oficial del gobierno de Rongcheng, afirma: “este año, Bodelong Group Co. Ltd. adquirió la empresa argentina Patagonia Fishing S.A., que Bodelong poseía el 95% de las acciones y que gracias a eso es la primera vez que los pesqueros de nuestra provincia ingresan a las aguas de las 200 millas náuticas de Argentina en la modalidad de pesca cooperativa, y exploran con éxito un nuevo esquema de cooperación en la pesca de calamar”.

Según Schvartzman, la apropiación del caladero de pesca argentino ha sido parte de un plan estratégico, que para la normativa china las embarcaciones continúan bajo nacionalidad china, su ingreso al caladero de Argentina es una autorización derivada de un acuerdo de cooperación y los productos capturados dentro de la ZEE Argentina son productos de origen chino.

Se trata, afirma, de competencia desigual y asimetría de mercado, teniendo en cuenta que más del 95% de la captura de pesca argentina se destina a la exportación. En 1997 el Ministerio de Finanzas chino dictó la norma 64/199720, que excluye del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos pesqueros obtenidos en alta mar o por la flota pesquera que opere dentro de la jurisdicción marítima de otro país y cuyo beneficiario final esté registrado en China.

Así, los productos acuáticos (y sus procesados) capturados por pesqueras chinas en alta mar o en aguas extranjeras de conformidad con los acuerdos pertinentes y devueltos a China para su venta se consideran productos nacionales y están exentos de derechos de importación e impuesto al valor agregado relacionado con la importación.

Muestra el reporte, en el Informe Financiero de 2023 de la empresa Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., que posee subsidiarias en Argentina y Kiribati, opera embarcaciones de bandera argentina, se resalta la ventaja arancelaria de sus operaciones en Argentina.

Durante los últimos 20 años, las empresas pesqueras de capitales chinos que operan en Argentina bajo una filial local y a través de embarcaciones con bandera argentina y bajo normas argentinas han estado enviando sus productos pesqueros a China exentas de impuestos aduaneros e IVA, mientras que las empresas registradas en Argentina y con embarcaciones bajo pabellón argentino pero cuyo capital controlante pertenecía a entidades locales o de otra nacionalidad han pagado estos impuestos para ingresar sus productos a China, principal destino de las exportaciones pesqueras argentinas.

“Para Argentina, el calamar es biológicamente argentino, legalmente extraído bajo permiso o cuota argentina y exportado desde puertos de Argentina, pero fiscalmente entra a las plantas de procesamiento de China como si hubiese sido pescado por un barco bajo bandera de China, en alta mar. Para la normativa de China, la pesca dentro de la ZEE de Argentina no es ‘importada’, es propia, y los productos capturados dentro del Mar Argentino son productos nacionales chinos. El arancel que aplica China a la importación de calamar congelado es del 12%, al que se le suma el IVA de importación de un 9 por ciento.

Se configura así una ventaja económica de un 21% para exportar a China, desde donde a su vez se los vende a otros mercados, donde, luego de procesamiento en China, nuevamente compite con productos argentinos”.

Subraya el autor, “las empresas pesqueras radicadas en Argentina bajo control de capitales argentinos u otra nacionalidad deben competir varias veces con un producto capturado en el mismo caladero pero subsidiado por China: por un lado dentro del marco de costos nacionales, por otro lado ante el principal mercado de exportación, y luego en otros mercados internacionales”.

Esta competencia desigual perjudica a las empresas de capitales nacionales argentinos y de otros países que mantienen filiales radicadas en Argentina, como pesqueras de capitales de Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Noruega que han invertido en Argentina y deben competir bajo asimetrías de mercado con las empresas chinas radicadas en el país.

Este tipo de exención, enfatiza, “es un subsidio con el cual se benefició la competencia desleal dentro del mercado argentino y afecta de manera ilegítima la competencia en el comercio internacional de productos pesqueros. Teniendo en cuenta que el calamar (Illex argentinus) es la segunda especie por volumen de captura global, el impacto en el comercio mundial es significativo”. De hecho, facilita a las empresas chinas desplazar a las empresas de capitales nacionales y de terceros países del Mar Argentino “en un proceso de completa extranjerización a manos de capitales estatales y privados de China”.

Para dimensionar el subsidio encubierto, Milsko Schvartzman precisa que durante 2025 Argentina exportó calamar por 193.385 toneladas y un monto de USD 550 millones. China fue el principal destino, con 124.037 toneladas por USD 337 millones. En base a los datos de captura por embarcación de enero a abril de este año y asumiendo que las de bandera argentina pero propiedad china capturaron en proporción a su número de buques sobre el total de la flota y cuota de las ventas a China, eso implica ventas por USD 216 millones. Sobre esa cifra, una ventaja o subsidio encubierto del 21% (exención de tasas aduaneras e IVA) resulta en un beneficio “extra” de USD 45 millones respecto de sus competidores locales.

“Esta ventaja económica implica una distorsión de mercado que hace imposible la competencia legítima, inclinando la balanza y permitiendo a los capitales chinos tener un excedente que les permite absorber los altos costos operativos de los puertos argentinos (combustible, estiba, salarios gremiales, etc.) e incluso los impositivos (nacionales, provinciales y municipales), además de las retenciones (derechos de exportación) que fija la legislación argentina, costos que para un armador local independiente son determinantes”, dice el estudio.

De cara al futuro, nota el investigador, lo crucial es que con ese beneficio extra de USD 45 millones cada año las corporaciones estatales y privadas chinas “abanderadas” con pabellón argentino pueden seguir adquiriendo empresas argentinas, financiando la expansión de su flota abanderada dentro de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina (ZEEA). Un buque congelador potero como los que operan en el Mar Argentino puede tener un precio de mercado de entre USD 3 y 6 millones, dependiendo de su estado, características y antigüedad.

Si se toma un valor medio de USD 4,5 millones, el subsidio del Estado chino a sus empresas basadas en Argentina permite comprar unas 10 embarcaciones industriales congeladoras por año. “Con este nivel de subsidio estatal, las empresas chinas necesitarán tan solo de 2 a 3 años para terminar de adquirir la totalidad de la flota de calamar nacional. Es imposible para los armadores locales competir con una diferencia de costos de más del 20%. De seguir el proceso de adquisición de la industria de pesca nacional argentina a través de subsidios del Estado chino, en menos de una década, la totalidad de la flota pesquera de Argentina estará en manos de China”, alerta el informe.

Además de los efectos económicos del estatus “cooperativo” de pesca china en Mar Argentino, el reporte también destaca que al menos el 15,5% de los beneficiarios finales/controlantes de la flota está vinculado a la pesca ilegal, algo que viola la Ley Federal de Pesca. Solo en 2025 y lo que va de 2026 ocurrieron al menos cuatro casos de embarcaciones bajo control de corporaciones de pesca chinas que realizaron pesca ilegal dentro de la ZEEA, en algunos casos bajo banderas de “conveniencia”, como la de Vanuatu, que ante esa información retiró el uso de su bandera a empresas chinas que operan en la Milla 201 y rápidamente se “reembanderaron” con pabellón de Tanzania.

“Si bien los pesqueros ilegales chinos fueron detectados y sancionados, no se ha realizado ningún tipo de protesta diplomática ante el Estado asiático, ni se ha investigado a los beneficiarios finales de estas embarcaciones para verificar que no estuvieran operando dentro de la ZEE de Argentina con permisos de pesca nacionales”, resalta Schvartzman.

El informe también documenta el fraude laboral mediante tripulaciones encubiertas y el fenómeno de “lavado biológico” en plantas de procesamiento en tierra, donde la captura regulada, legal, argentina es mezclada con pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) procedente de la “Milla 201”, vulnerando la trazabilidad internacional y exponiendo a todo el sector pesquero argentino al riesgo de sanciones comerciales.

El informe reseña que en 2006 el Consejo Federal Pesquero rechazó el pedido de otorgamiento de licencia de pesca a la China National Fisheries Corporation (CNFC), subordinada al Ministerio de Agricultura de China y vinculada directamente a las estructuras de control del Partido Comunista Chino, porque en marzo de 2005 la Prefectura Naval Argentina había capturado a un pesquero de su propiedad (Zhong Yuan Yu 1) realizando pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina.

Sin embargo, en 2013, luego de la firma de un “Acuerdo Estratégico” con China, se dejó de exigir a los solicitantes el detalle de estructura societaria y vínculos corporativos y se olvidaron los antecedentes de pesca ilegal, otorgándole licencia para pescar en el Mar Argentino a los buques Ming Wang y Ming Yuan que habían sido rechazados ocho años antes debido a sus vínculos con la CNFC y la pesca ilegal en el Mar Argentino. Y la mala conducta continuó: en 2016 un buque (Lu Yan Yuan Yu 010) de la misma empresa, pero no autorizado a pescar en la ZEEA, fue detectado, intentó huir y fue finalmente hundido. Los tripulantes fueron auxiliados por la misma PNA y por los buques Zhong Yuan Yu 11 y Lu Yan Yuan Yu 016, de la misma CNFC, que también hacían pesca ilegal y tenían antecedentes de piratería pesquera (bajo bandera de Ghana), lo que no impidió que fueran visitados por el entonces embajador de China en la Argentina, en Puerto Madryn, donde fueron retenidos por un tiempo.

“Las tres embarcaciones pertenecían a empresas del mismo grupo corporativo estatal chino. El Lu Yan Yuan Yu 010 era propiedad de Shandong Yantai Marine Fisheries Co.; el Lu Yan Yuan Yu 016 pertenecía a China Yantai Marine Fisheries Co.; y el Zhong Yuan Yu 11 pertenecía a Zhong Yu Global Seafood. Todas subsidiarias de CNFC”, dice el reporte.

Otro caso notable es el de Shanghai Fishery Group (SFG), cuyos barcos Huali 8 (detenido mucho tiempo después en Indonesia), Hu Shun Yu 6, Hu Shun Yu 7 y Hu Shun Yu 8 hicieron pesca ilegal, pese a lo cual en enero de 2024 el actual gobierno argentino les permitió incorporar a su flota esos tres barcos para pescar en la ZEEA.

Otro aspecto controvertido del accionar de las pesqueras de propiedad final china pero “abanderadas” con pabellón argentino y que actúan en la ZEEA es lo que el informe llama “fraude operacional”, por falta de control sobre las tripulaciones. “Mediante una maniobra sistemática, estas empresas utilizan capitanes y oficiales de nacionalidad china en violación directa de la normativa nacional, la cual prohíbe estrictamente que ciudadanos extranjeros ocupen cargos de jerarquía en la flota local. Este fraude se ejecuta mediante la figura del personal ‘de firma’: se embarcan capitanes y oficiales argentinos que, en la práctica, viajan simplemente como pasajeros y perciben un salario sin prestar el servicio real. Su función es figurar como tripulación al mando para dar una fachada de legalidad. Una vez que la embarcación zarpa, el control real del barco es asumido por los ciudadanos chinos”, explica el reporte.

Como evidencia, el informe muestra el listado embarcado en un buque de Fenix International, filial local de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., que opera en el Mar Argentino. La lista incluye siete tripulantes chinos, todos con el mismo domicilio, Lima 355, a su vez sede en CABA de cinco pesqueras chinas, dijo Schvartzman a Infobae.

“Esto no ocurre en otros países, pasa aquí por falta de transparencia y de exigencia de información sobre el beneficiario final (propiedad corporativa) y laxitud de otorgamiento de permisos de pesca”, subrayó el investigador.

Otro perjuicio al sector pesquero local es que, al mezclar en las plantas de procesamiento chino las capturas en aguas internacionales con las realizadas por firmas chinas dentro del Mar Argentino del “Illex argentinus”, una denominación reconocida internacionalmente, se pierde la trazabilidad del producto y se compromete el prestigio de la denominación.

“Para un inspector de sanidad o un departamento de compras de un supermercado en España, Italia o Estados Unidos resulta técnicamente imposible descifrar qué porcentaje del calamar Illex argentinus fue pescado bajo las normas y controles, laborales, sanitarios y ambientales (vedas, cuotas y artes de pesca sustentables) de la Argentina, y qué porcentaje proviene de los buques que operan de manera depredatoria y con denuncias de abusos a los derechos humanos en la Milla 201. El calamar de la ZEE Argentina es utilizado en la práctica para blanquear los estándares del calamar obtenido mediante pesca Indnr”, describe el documento.

“En los últimos años se han documentado casos de abuso laboral, trata de personas a bordo de la flota de pesca de aguas distantes que opera en el Océano Atlántico Sur, especialmente la flota de bandera china”, dice el informe, que cita incidentes de muerte a bordo debido a maltratos, malnutrición o falta de tratamiento de enfermedades. “Si bien dentro de la ZEE de Argentina existen normativas y ciertos controles sobre el cumplimiento de los derechos laborales a bordo, la flota nacional no queda exenta de casos de violación a los Derechos Humanos”, dice un pasaje, y cita dos casos al respecto:

La muerte en 2021 del Jefe de Máquinas del potero Xin Shi Ji 89 (de Fenix International, la ya citada filial local de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd.), Manuel Quiquinte, quien falleció por Covid a bordo del buque luego de que el capitán (o las autoridades en tierra de la empresa) no autorizaran su traslado a puerto para ser tratado. El capitán fue imputado por abandono de persona.

La denuncia por abusos y puesta en riesgo de vida humana en alta mar de dos tripulantes argentinos del buque Xin Shi Ji 28, de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., luego de que uno de ellos grabó con su celular el riesgoso traslado de un compañero enfermo en un cestillo hacia otro barco de la misma empresa, el Xin Shi Ji 91. Así lo describe el informe: “En una filmación de la maniobra, se muestra cómo el trabajador se golpea violentamente contra el casco de la embarcación. Tras la difusión del material, un oficial del buque confrontó a los marineros exigiéndoles borrar el video bajo amenazas de “graves consecuencias” a bordo y de impedirles volver a embarcar en el futuro. Los tripulantes cuestionaron que la empresa priorizó el ahorro de combustible y costos operativos por sobre la salud de un trabajador. Ante la situación, la madre de uno de los afectados radicó denuncia ante Prefectura Naval y el SOMU Puerto Madryn intervino presentando una denuncia formal contra el capitán del Xin Shi Ji 28 por amenazas y hostigamiento”.

La investigación subraya que la falta de controles, de transparencia y trazabilidad y la laxa aplicación de la Ley Federal de Pesca han permitido la competencia ilegítima, el fraude pesquero, abusos a tripulantes y que empresas chinas dueñas de embarcaciones con antecedentes de pesca ilegal operen en el Mar Argentino al punto de detentar hoy casi dos tercios de la flota pesquera de calamar nacional, gozando además de subsidios encubiertos de Beijing. “De continuar esta situación, en unos pocos años, el total de la flota pesquera en aguas nacionales será de capitales y control chinos”, advierte.

Al abrir el Gobierno, a través del Consejo Pesquero, la ampliación de licencias de pesca de calamar para 18 nuevas embarcaciones (a sumarse a las 84 existentes), si bien entre los requisitos se excluye a empresas con estructuras de capitales estatales, el proceso de licitación no incluye la exigencia de que los postulantes informen su estructura de capital y beneficiarios finales, el mismo error que permitió a las empresas chinas adueñarse ya de dos tercios del caladero nacional.

“De no corregirse la metodología de esta nueva licitación sobre el caladero argentino, no servirá más que para entregar lo último que queda de la captura de calamar dentro de la ZEE (Illex argentinus) a la flota de pesca INDNR de la ‘Milla 201’”, dice tersamente el informe.

Un mega data center en la Patagonia con una inversión de hasta USD 25.000 millones con el respaldo, y los dólares, de uno de los gigantes del negocio que mueve al mundo de hoy, la inteligencia artificial.

El anuncio se hizo hace ocho meses y, desde entonces, hubo pocos avances, al menos públicos. Son proyectos de largo plazo, se mueven lento y al ritmo de estos nuevos gigantes corporativos que se sientan a la mesa con las grandes naciones del mundo y salen a la bolsa. Son los verdaderos arquitectos del futuro.

OpenAI, el gigante detrás de ChatGPT, vino al país, se reunió con Javier Milei y anunció con bombos y platillos la mega inversión que, detallaron, llevará adelante con Sur Energy, una empresa nueva que comanda Emiliano Kargieman, el fundador y CEO de Satellogic, la empresa satelital que acaba de convertirse en el último unicornio argentino. También era (¿es?) muy cercano al proyecto Demian Reidel, el experto nuclear que también fue asesor del Presidente y que cayó en desgracia y abandonó el Gobierno en medio de sospechas de gastos excesivos y mal desempeño en Nucleoeléctrica.

Esta semana, por otro lado, Infobae contó en exclusiva que Tesla, el gigante automotriz de Elon Musk, desembarca en Argentina y que una de las ideas que tiene en carpeta para analizar es la construcción de un data center en el país. Lo haría de la mano de YPF Luz.

El anuncio de OpenAI y Sur Energy se dio en el contexto de Stargate, el programa global de inversión en este tipo de instalaciones de la empresa de Sam Altman.

Se comunicó también que se habían firmado acuerdos con Central Puerto y Genneia para la provisión de la energía de la instalación que, según detalló este medio en ese momento, se realizará en Neuquén.

Hubo algunas reuniones con representantes del gobierno de Rolando Figueroa y se afinó la locación: se trabaja para que sea en el departamento de Confluencia, en la línea de localidades cercanas al río Limay, límite con Río Negro. Se vieron terrenos en Senillosa y Arroyito, esta última más cercana al El Chocón y la idea es hacer una suerte de parque industrial para la actividad. En el norte de ese departamento están Tratayén, uno de los extremos del Gasoducto Perito Moreno (ex GPNK) y Añelo, la localidad que es corazón de Vaca Muerta. El acceso cercano a gas está asegurado.

“Ahora la provincia espera que los privados activan”, detalló una fuente neuquina. Dos ejecutivos vinculadas al proyecto aseguraron a este medio que el proyecto “sigue en pie”, aunque hay temas bajo análisis. Espero novedades para este año y hace hincapié en que son procesos largos con muchas variables en juego.

Enseguida se habló del alto consumo de agua de estas instalaciones y del impacto ambiental que provocan. Kargieman salió rápido a asegurar que será una planta alimentada por energía limpia y sustentable, con sistema de enfriamiento “direct-to-chip”, y que usará agua para el enfriamiento en un circuito cerrado. “El consumo de agua esperado es el mismo que tendrán los baños del personal. Es un proyecto 100% sustentable”, destacó el empresario. También prometió estudios previos de impacto antes del inicio de las obras de infraestructura y que se cumplirán con todos los controles y requerimientos.

Por otro lado, Kargieman estimó que durante los 20 años de vida útil del data center, los flujos de divisas por exportación de servicios computacionales superarán con creces la inversión de capital inicial. Aproximadamente, el 20% del costo de construcción, según sus proyecciones, se ejecutaría a través de empresas locales.

Desde entonces, ni Sur Energy ni OpenAI dieron pistas sobre novedades de la iniciativa aunque se sabe que el gigante IA está demorando, y que hasta puso en pausa otras inversiones anunciadas.

“Construir la infraestructura necesaria para que la inteligencia sea más accesible, útil y confiable para personas y empresas en todo el mundo es un esfuerzo de largo plazo, y OpenAI está comprometida con ese objetivo. En octubre, anunciamos que OpenAI y Sur Energy firmaron una Carta de Intención (LOI) para explorar un proyecto de centro de datos a gran escala en Argentina, en el que Sur Energy sería el desarrollador de energía e infraestructura. Es un proyecto complejo y de largo plazo. Mantenemos nuestra intención”, dijeron desde la empresa a Infobae.

La empresa dice que desarrolla deliberadamente una estrategia flexible a través con varios socios, lo que les permite sumar capacidad de cómputo adicional en línea “de manera eficiente a medida que evolucionan las condiciones del mercado”.

“Nuestra estrategia es poner capacidad en línea a escala para que la IA pueda ser más útil, confiable, eficiente y asequible para más personas. La reciente inauguración de obras en Michigan es una muestra sólida de esa estrategia pasando de anuncios a proyectos reales sobre el terreno, con socios sólidos, empleos locales, beneficios para la comunidad y una planificación responsable de la infraestructura”, dijeron. De Argentina, nada puntual.

También son parte de las inversiones de OpenAI empresas como Oracle, Nvidia y SoftBank. De forma conjunta anunciaron inversiones por unos 500.000 millones de dólares para 10 GW de potencia e instalaciones en varios puntos del globo. Con todo, el propio Altman reconoció en marzo, en la Cumbre de Infraestructura de BlackRock, que la escala del proyecto genera fallas constantes —ejemplificó con un evento climático severo que afectó temporalmente el campus de Abilene— y que la compañía navega problemas de cadena de suministro y presión de plazos, en momentos en que OpenAI moderaba su agresividad de gasto de cara a una potencial salida a bolsa, en una carrera con su rival Anthropic, creador de Claude. En el medio hubo algunos “parates”, como freno en una de las expansiones del mega data center de Abilene, Texas, una pausa en Stargate UK y cambios en el negocio en Noruega, que lleva adelante con Microsoft.

El proyecto local, pensado para unos 500 megavatios, una capacidad que más que triplicaba la demanda actual de toda la región cuando se anunció, sonaba ideal en ese momento para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que diseñó Milei para atraen dólares del exterior y que hoy conforman un poco menos de 2o proyecto, sobre todo de energía y minería. Ahora entraría de lleno en lo que se anunció como Súper RIGI, un nuevo esquema para proyectos de más de USD 1.000 millones y que incluye a data centers e infraestructura IA. Se trata de una iniciativa del Gobierno que aún debe ser aprobada por el Congreso.

Sur Energy fue ideada por Kargieman y Mat Travizano, un físico y emprendedor tecnológico que falleció en un accidente de escalada en California, días antes del anuncio. “Mat debería estar acá, anunciando este mega proyecto. Vamos a seguir con su idea y legado”, dijo Kargieman. OpenAI se presentó como offtaker: se comprometió a comprar la capacidad computacional que genere la instalación, garantizando así la viabilidad del proyecto sin ser el inversor directo, y no mucho más. “Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina“, afirmó Altman en un video que se difundió en el anuncio. Nunca más se lo escuchó hablar del tema.

En paralelo, la semana que pasó apareció Tesla, el gigante de los autos eléctricos y autónomos de Musk, y se sumó a los rumores sobre nuevos data centers en la Patagonia. O al menos a la posibilidad de que eso pueda ocurrir. También lo adelantó este medio.

Tesla e YPF anunciaron un acuerdo para comenzar a desplegar una red de cargadores eléctricos en el país, y rápido aparecieron otros posibles negocios que podría hacer la empresa en el país, donde abrió oficina propia y ya designó un CEO para la operación local y Uruguay. Se trata de Joaquín Lizarralde, ex director comercial de Kavak.

El primer proyecto ya definido comenzará en el segundo semestre de este año con estaciones de servicio de YPF equipadas con cargadores eléctricos. El despliegue arrancará en el AMBA y en otras ciudades grandes de la provincia de Buenos Aires, con una primera instalación prevista en Nordelta, mientras en paralelo se tramitarán permisos provinciales.

Musk pidió puntualmente llegar al sur de la Patagonia, a Ushuaia puntualmente, con esa red: lo desvela el despliegue de empresas chinas, de autos y otras, en la región y quiere ser competitivo en todo el continente llegando a todos los rincones con sus empresas. Y también con su influencia: es conocida la relación de cercanía que tiene con el presidente Javier Milei, con quien se reunió varias veces en EEUU. Solo basta recordar sus fotos con la motosierra que le regaló el mandatario cuando el magnate aún era funcionario de Trump.

La semana pasada, el presidente de YPF, Horacio Marín, visitó la Gigafactory de Tesla en Texas el mismo día en que se conoció el acuerdo. En el comunicado oficial de la compañía, Marín afirmó: “En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación”.

El segundo negocio en estudio es un data center en la Patagonia, específicamente en Neuquén, que Tesla desarrollaría en asociación con YPF Luz. En ese esquema, Tesla aportaría infraestructura a través de su unidad de negocios especializada y la empresa eléctrica de YPF sumaría el gas para el desarrollo del proyecto.

Para avanzar en esa asociación llegará una delegación de Tesla en julio. El itinerario previsto incluye Buenos Aires y luego Neuquén. Fuentes cercanas a la negociación dijeron a Infobae: “La idea es firmar un acuerdo los próximos meses. Es un proyecto que podría entrar al Súper RIGI”.

Así, al menos con ideas que se verá cómo evolucionan, Altman y Musk ponen sus ojos en el país para sus mega data centers. Se trata de proyectos: uno anunciado con poco avance, el otro como una posibilidad. Ambos son viejos conocidos; enemigos íntimos podría decirse.

En los últimos meses de 2015 sellaron lo que parecía una sociedad histórica: Altman cofundó OpenAI junto con Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman y otros investigadores, todos con intereses profundos en IA. El objetivo declarado era tan ambicioso como idealista: construir una IA que beneficiara a la humanidad entera, no a un puñado de accionistas. Altman y Brockman habían previsto recaudar 100 millones de dólares para arrancar. Musk, en cambio, insistió en apuntar más alto. Fue una breve luna de miel: el hoy hombre más rico del mundo dejó el board en 2018, oficialmente para evitar conflictos de interés con Tesla, que avanzaba en IA para sus vehículos autónomos. Otros dicen que buscó más poder –incluso ser CEO–, no lo logró y se fue.

Luego, Musk lanzó su propia firma de inteligencia artificial, xAI, en 2023, con Grok como modelo insignia y un relato fundacional muy parecido a OpenAI: misión abierta, sin fines de lucro, al servicio de la humanidad. Un año después, presentó una demanda contra Altman, Brockman y la propia OpenAI. Habló de incumplimiento de contrato y que sus ex socios lo estafaron: pidió una compensación de más de USD 134.000 millones.

En abril fue el juicio. Altman reconoció que durante años sintió una profunda admiración por Musk antes de que la relación se deteriorara por completo. El jurado dijo que tenía razón y Elon prometió apelar.

¿Serán vecinos en Neuquén? Como sea, aún tiene cuentas pendientes.