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ECONOMIA

Expansión, fraude y pesca ilegal: cómo hizo China para adueñarse de la pesca del calamar dentro del Mar Argentino

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Un buque «potero» en plena actividad de captura de calamar

El 63,1% de la flota “potera” que, bajo bandera argentina, pesca calamar dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina (ZEEA) -el área marina hasta 200 millas desde la costa continental conocida como “Mar Argentino”- es propiedad de empresas chinas, precisa un reporte que profundizó y extendió los hallazgos de una investigación internacional realizada en 2024 sobre el dominio chino de los mares del mundo mediante su “flota de aguas distantes”.

Lo novedoso del reporte, titulado “China y el control de la pesca dentro de la ZEE Argentina”, de Milko Schvartzman, investigador en pesca ilegal y conservación marina, en base a observaciones satelitales de Global Fishing Watch y la traducción de documentos del gobierno y provincias chinas, es que precisa que 53 de los 84 buques “poteros” (especializados en la pesca de calamar) que capturan esa especie bajo pabellón nacional dentro del Mar Argentino tienen como dueños o “beneficiarios finales” a empresas chinas y que confirma un secreto a voces del sector pesquero: las empresas “embanderadas” pero propiedad de corporaciones chinas, cuentan con subsidios encubiertos de Beijing, lo que les otorga ventaja en sus ventas al gigante asiático en un claro caso de competencia desleal.

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Debe tenerse en cuenta que China es el principal consumidor e importador mundial de calamar y que en abril la venta de “calamares y potas” explicó el 12% de las exportaciones argentinas a China, casi igualando el porcentaje de las de carne vacuna (13%).

El calamar es la especie más buscada por la flota china, en particular en el “agujero azul” del Mar Argentino. Por ser una especie fotosensible, la flota china la pesca de noche. De ahí la luminosidad nocturna en la “Milla 201″, tan notable que fue captada desde la luna por fotos de la Mision Artemis II.

Imagen satelital nocturna de Sudamérica, mostrando luces de ciudades como Buenos Aires y Santiago, y una línea de luces de pesqueros en el Mar Argentino
Una imagen satelital nocturna muestra las luces de grandes ciudades sudamericanas como Buenos Aires y Santiago, así como la actividad de embarcaciones pesqueras en el Mar Argentino.

Schvartzman agrega que más de la mitad de la flota de pesca de calamar argentina se encuentra bajo el control de cinco corporaciones de pesca del gigante asiático: Shanghai Fisheries Group Co. Ltd. (estado provincial), Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., Qingdao Haoyang Ocean Fishery Co. Ltd., Dalian Huafeng Aquatic Products Co. Ltd. y China National Fisheries Corporation (CNFC) que gozan de subsidios encubiertos del Estado chino.

El reporte muestra que, según la norma 260/200017 de la Administración General de Aduanas y el Ministerio de Agricultura de China, los productos capturados por empresas pesqueras chinas en aguas extranjeras se consideran “productos nacionales” y están exentos del pago de aranceles al ingresar a China.

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Para la Aduana y el Ministerio de Agricultura de China los productos capturados por empresas pesqueras chinas en aguas extranjeras se consideran “productos nacionales”

En 2019 la Oficina de Desarrollo Oceánico de Weihai, provincia de Shandong, mencionaba textualmente que en los últimos años el número de embarcaciones pesqueras que faenan en alta mar en el Atlántico Sudoccidental ha seguido aumentando y la producción de calamar ha seguido disminuyendo, pero existen abundantes recursos pesqueros en la Zona Económica Exclusiva Argentina de 200 millas náuticas. (…) bajo la modalidad de pesca cooperativa, y se ha explorado con éxito una nueva modalidad de cooperación en la pesca del calamar en aguas lejanas.

Otra nota, en el sitio oficial del gobierno de Rongcheng, afirma: “este año, Bodelong Group Co. Ltd. adquirió la empresa argentina Patagonia Fishing S.A., que Bodelong poseía el 95% de las acciones y que gracias a eso es la primera vez que los pesqueros de nuestra provincia ingresan a las aguas de las 200 millas náuticas de Argentina en la modalidad de pesca cooperativa, y exploran con éxito un nuevo esquema de cooperación en la pesca de calamar”.

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Según Schvartzman, la apropiación del caladero de pesca argentino ha sido parte de un plan estratégico, que para la normativa china las embarcaciones continúan bajo nacionalidad china, su ingreso al caladero de Argentina es una autorización derivada de un acuerdo de cooperación y los productos capturados dentro de la ZEE Argentina son productos de origen chino.

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Se trata, afirma, de competencia desigual y asimetría de mercado, teniendo en cuenta que más del 95% de la captura de pesca argentina se destina a la exportación. En 1997 el Ministerio de Finanzas chino dictó la norma 64/199720, que excluye del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos pesqueros obtenidos en alta mar o por la flota pesquera que opere dentro de la jurisdicción marítima de otro país y cuyo beneficiario final esté registrado en China.

Así, los productos acuáticos (y sus procesados) capturados por pesqueras chinas en alta mar o en aguas extranjeras de conformidad con los acuerdos pertinentes y devueltos a China para su venta se consideran productos nacionales y están exentos de derechos de importación e impuesto al valor agregado relacionado con la importación.

Competencia desigual y asimetría de mercado, teniendo en cuenta que más del 95% de la captura de pesca argentina se destina a la exportación (Schvartzman)

Muestra el reporte, en el Informe Financiero de 2023 de la empresa Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., que posee subsidiarias en Argentina y Kiribati, opera embarcaciones de bandera argentina, se resalta la ventaja arancelaria de sus operaciones en Argentina.

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Durante los últimos 20 años, las empresas pesqueras de capitales chinos que operan en Argentina bajo una filial local y a través de embarcaciones con bandera argentina y bajo normas argentinas han estado enviando sus productos pesqueros a China exentas de impuestos aduaneros e IVA, mientras que las empresas registradas en Argentina y con embarcaciones bajo pabellón argentino pero cuyo capital controlante pertenecía a entidades locales o de otra nacionalidad han pagado estos impuestos para ingresar sus productos a China, principal destino de las exportaciones pesqueras argentinas.

Pesca China Calamar Mar Argentino Milla 201
El capitan del buque Lu Yan Yuan Yu 010, de la China National Fisheries Co, esposado tras ser detectado haciendo pesca ilegal en 2016. Imagen del reporte de Schvartzman, de una foto originalmente publicada por la Revista Puerto

“Para Argentina, el calamar es biológicamente argentino, legalmente extraído bajo permiso o cuota argentina y exportado desde puertos de Argentina, pero fiscalmente entra a las plantas de procesamiento de China como si hubiese sido pescado por un barco bajo bandera de China, en alta mar. Para la normativa de China, la pesca dentro de la ZEE de Argentina no es ‘importada’, es propia, y los productos capturados dentro del Mar Argentino son productos nacionales chinos. El arancel que aplica China a la importación de calamar congelado es del 12%, al que se le suma el IVA de importación de un 9 por ciento.

Se configura así una ventaja económica de un 21% para exportar a China, desde donde a su vez se los vende a otros mercados, donde, luego de procesamiento en China, nuevamente compite con productos argentinos”.

Para la normativa de China, la pesca dentro de la ZEE de Argentina no es ‘importada’, es propia, y los productos capturados dentro del Mar Argentino son productos nacionales chinos

Subraya el autor, “las empresas pesqueras radicadas en Argentina bajo control de capitales argentinos u otra nacionalidad deben competir varias veces con un producto capturado en el mismo caladero pero subsidiado por China: por un lado dentro del marco de costos nacionales, por otro lado ante el principal mercado de exportación, y luego en otros mercados internacionales”.

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Esta competencia desigual perjudica a las empresas de capitales nacionales argentinos y de otros países que mantienen filiales radicadas en Argentina, como pesqueras de capitales de Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Noruega que han invertido en Argentina y deben competir bajo asimetrías de mercado con las empresas chinas radicadas en el país.

Este tipo de exención, enfatiza, “es un subsidio con el cual se benefició la competencia desleal dentro del mercado argentino y afecta de manera ilegítima la competencia en el comercio internacional de productos pesqueros. Teniendo en cuenta que el calamar (Illex argentinus) es la segunda especie por volumen de captura global, el impacto en el comercio mundial es significativo”. De hecho, facilita a las empresas chinas desplazar a las empresas de capitales nacionales y de terceros países del Mar Argentino “en un proceso de completa extranjerización a manos de capitales estatales y privados de China”.

Para dimensionar el subsidio encubierto, Milsko Schvartzman precisa que durante 2025 Argentina exportó calamar por 193.385 toneladas y un monto de USD 550 millones. China fue el principal destino, con 124.037 toneladas por USD 337 millones. En base a los datos de captura por embarcación de enero a abril de este año y asumiendo que las de bandera argentina pero propiedad china capturaron en proporción a su número de buques sobre el total de la flota y cuota de las ventas a China, eso implica ventas por USD 216 millones. Sobre esa cifra, una ventaja o subsidio encubierto del 21% (exención de tasas aduaneras e IVA) resulta en un beneficio “extra” de USD 45 millones respecto de sus competidores locales.

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Pesca China Calamar Mar Argentino Milla 201
Directivos de la pesquera Shandong Bodelong con el entonces embajador kirchnerista en China, Sabino Vaca Narvaja, que negociaron la «cooperación pesquera» con el gigante asiatico

“Esta ventaja económica implica una distorsión de mercado que hace imposible la competencia legítima, inclinando la balanza y permitiendo a los capitales chinos tener un excedente que les permite absorber los altos costos operativos de los puertos argentinos (combustible, estiba, salarios gremiales, etc.) e incluso los impositivos (nacionales, provinciales y municipales), además de las retenciones (derechos de exportación) que fija la legislación argentina, costos que para un armador local independiente son determinantes”, dice el estudio.

De cara al futuro, nota el investigador, lo crucial es que con ese beneficio extra de USD 45 millones cada año las corporaciones estatales y privadas chinas “abanderadas” con pabellón argentino pueden seguir adquiriendo empresas argentinas, financiando la expansión de su flota abanderada dentro de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina (ZEEA). Un buque congelador potero como los que operan en el Mar Argentino puede tener un precio de mercado de entre USD 3 y 6 millones, dependiendo de su estado, características y antigüedad.

Si se toma un valor medio de USD 4,5 millones, el subsidio del Estado chino a sus empresas basadas en Argentina permite comprar unas 10 embarcaciones industriales congeladoras por año. “Con este nivel de subsidio estatal, las empresas chinas necesitarán tan solo de 2 a 3 años para terminar de adquirir la totalidad de la flota de calamar nacional. Es imposible para los armadores locales competir con una diferencia de costos de más del 20%. De seguir el proceso de adquisición de la industria de pesca nacional argentina a través de subsidios del Estado chino, en menos de una década, la totalidad de la flota pesquera de Argentina estará en manos de China”, alerta el informe.

Con este nivel de subsidio estatal, las empresas chinas necesitarán tan solo de 2 a 3 años para terminar de adquirir la totalidad de la flota de calamar nacional

Además de los efectos económicos del estatus “cooperativo” de pesca china en Mar Argentino, el reporte también destaca que al menos el 15,5% de los beneficiarios finales/controlantes de la flota está vinculado a la pesca ilegal, algo que viola la Ley Federal de Pesca. Solo en 2025 y lo que va de 2026 ocurrieron al menos cuatro casos de embarcaciones bajo control de corporaciones de pesca chinas que realizaron pesca ilegal dentro de la ZEEA, en algunos casos bajo banderas de “conveniencia”, como la de Vanuatu, que ante esa información retiró el uso de su bandera a empresas chinas que operan en la Milla 201 y rápidamente se “reembanderaron” con pabellón de Tanzania.

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Barcos de la "flota de aguas distantes" de China amarrados en Fuzhou, China (Foto: Reuters)
Barcos de la «flota de aguas distantes» de China amarrados en Fuzhou, China (Foto: Reuters)

“Si bien los pesqueros ilegales chinos fueron detectados y sancionados, no se ha realizado ningún tipo de protesta diplomática ante el Estado asiático, ni se ha investigado a los beneficiarios finales de estas embarcaciones para verificar que no estuvieran operando dentro de la ZEE de Argentina con permisos de pesca nacionales”, resalta Schvartzman.

El informe también documenta el fraude laboral mediante tripulaciones encubiertas y el fenómeno de “lavado biológico” en plantas de procesamiento en tierra, donde la captura regulada, legal, argentina es mezclada con pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) procedente de la “Milla 201”, vulnerando la trazabilidad internacional y exponiendo a todo el sector pesquero argentino al riesgo de sanciones comerciales.

El informe reseña que en 2006 el Consejo Federal Pesquero rechazó el pedido de otorgamiento de licencia de pesca a la China National Fisheries Corporation (CNFC), subordinada al Ministerio de Agricultura de China y vinculada directamente a las estructuras de control del Partido Comunista Chino, porque en marzo de 2005 la Prefectura Naval Argentina había capturado a un pesquero de su propiedad (Zhong Yuan Yu 1) realizando pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina.

Sin embargo, en 2013, luego de la firma de un “Acuerdo Estratégico” con China, se dejó de exigir a los solicitantes el detalle de estructura societaria y vínculos corporativos y se olvidaron los antecedentes de pesca ilegal, otorgándole licencia para pescar en el Mar Argentino a los buques Ming Wang y Ming Yuan que habían sido rechazados ocho años antes debido a sus vínculos con la CNFC y la pesca ilegal en el Mar Argentino. Y la mala conducta continuó: en 2016 un buque (Lu Yan Yuan Yu 010) de la misma empresa, pero no autorizado a pescar en la ZEEA, fue detectado, intentó huir y fue finalmente hundido. Los tripulantes fueron auxiliados por la misma PNA y por los buques Zhong Yuan Yu 11 y Lu Yan Yuan Yu 016, de la misma CNFC, que también hacían pesca ilegal y tenían antecedentes de piratería pesquera (bajo bandera de Ghana), lo que no impidió que fueran visitados por el entonces embajador de China en la Argentina, en Puerto Madryn, donde fueron retenidos por un tiempo.

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“Las tres embarcaciones pertenecían a empresas del mismo grupo corporativo estatal chino. El Lu Yan Yuan Yu 010 era propiedad de Shandong Yantai Marine Fisheries Co.; el Lu Yan Yuan Yu 016 pertenecía a China Yantai Marine Fisheries Co.; y el Zhong Yuan Yu 11 pertenecía a Zhong Yu Global Seafood. Todas subsidiarias de CNFC”, dice el reporte.

Milla 201 Mar Argentino Pesca Buques extranjeros China Calamar
La «ciudad nocturna» al borde del Mar Argentino son buques «poteros», de pesca de calamar

Otro caso notable es el de Shanghai Fishery Group (SFG), cuyos barcos Huali 8 (detenido mucho tiempo después en Indonesia), Hu Shun Yu 6, Hu Shun Yu 7 y Hu Shun Yu 8 hicieron pesca ilegal, pese a lo cual en enero de 2024 el actual gobierno argentino les permitió incorporar a su flota esos tres barcos para pescar en la ZEEA.

Otro aspecto controvertido del accionar de las pesqueras de propiedad final china pero “abanderadas” con pabellón argentino y que actúan en la ZEEA es lo que el informe llama “fraude operacional”, por falta de control sobre las tripulaciones. “Mediante una maniobra sistemática, estas empresas utilizan capitanes y oficiales de nacionalidad china en violación directa de la normativa nacional, la cual prohíbe estrictamente que ciudadanos extranjeros ocupen cargos de jerarquía en la flota local. Este fraude se ejecuta mediante la figura del personal ‘de firma’: se embarcan capitanes y oficiales argentinos que, en la práctica, viajan simplemente como pasajeros y perciben un salario sin prestar el servicio real. Su función es figurar como tripulación al mando para dar una fachada de legalidad. Una vez que la embarcación zarpa, el control real del barco es asumido por los ciudadanos chinos”, explica el reporte.

Como evidencia, el informe muestra el listado embarcado en un buque de Fenix International, filial local de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., que opera en el Mar Argentino. La lista incluye siete tripulantes chinos, todos con el mismo domicilio, Lima 355, a su vez sede en CABA de cinco pesqueras chinas, dijo Schvartzman a Infobae.

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“Esto no ocurre en otros países, pasa aquí por falta de transparencia y de exigencia de información sobre el beneficiario final (propiedad corporativa) y laxitud de otorgamiento de permisos de pesca”, subrayó el investigador.

Otro perjuicio al sector pesquero local es que, al mezclar en las plantas de procesamiento chino las capturas en aguas internacionales con las realizadas por firmas chinas dentro del Mar Argentino del “Illex argentinus”, una denominación reconocida internacionalmente, se pierde la trazabilidad del producto y se compromete el prestigio de la denominación.

“Para un inspector de sanidad o un departamento de compras de un supermercado en España, Italia o Estados Unidos resulta técnicamente imposible descifrar qué porcentaje del calamar Illex argentinus fue pescado bajo las normas y controles, laborales, sanitarios y ambientales (vedas, cuotas y artes de pesca sustentables) de la Argentina, y qué porcentaje proviene de los buques que operan de manera depredatoria y con denuncias de abusos a los derechos humanos en la Milla 201. El calamar de la ZEE Argentina es utilizado en la práctica para blanquear los estándares del calamar obtenido mediante pesca Indnr”, describe el documento.

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Pesca ilegal Milko Schvartzman Milla 201 China
Lista de buques capturados haciendo pesca ilegal por el buque guardacostas GC-28 Prefecto Derbes de PrefecturaArgentina. Varios de ellos pertenecientes a China National Fisheries Co, una empresa estatal china

“En los últimos años se han documentado casos de abuso laboral, trata de personas a bordo de la flota de pesca de aguas distantes que opera en el Océano Atlántico Sur, especialmente la flota de bandera china”, dice el informe, que cita incidentes de muerte a bordo debido a maltratos, malnutrición o falta de tratamiento de enfermedades. “Si bien dentro de la ZEE de Argentina existen normativas y ciertos controles sobre el cumplimiento de los derechos laborales a bordo, la flota nacional no queda exenta de casos de violación a los Derechos Humanos”, dice un pasaje, y cita dos casos al respecto:

La muerte en 2021 del Jefe de Máquinas del potero Xin Shi Ji 89 (de Fenix International, la ya citada filial local de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd.), Manuel Quiquinte, quien falleció por Covid a bordo del buque luego de que el capitán (o las autoridades en tierra de la empresa) no autorizaran su traslado a puerto para ser tratado. El capitán fue imputado por abandono de persona.

La denuncia por abusos y puesta en riesgo de vida humana en alta mar de dos tripulantes argentinos del buque Xin Shi Ji 28, de Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., luego de que uno de ellos grabó con su celular el riesgoso traslado de un compañero enfermo en un cestillo hacia otro barco de la misma empresa, el Xin Shi Ji 91. Así lo describe el informe: “En una filmación de la maniobra, se muestra cómo el trabajador se golpea violentamente contra el casco de la embarcación. Tras la difusión del material, un oficial del buque confrontó a los marineros exigiéndoles borrar el video bajo amenazas de “graves consecuencias” a bordo y de impedirles volver a embarcar en el futuro. Los tripulantes cuestionaron que la empresa priorizó el ahorro de combustible y costos operativos por sobre la salud de un trabajador. Ante la situación, la madre de uno de los afectados radicó denuncia ante Prefectura Naval y el SOMU Puerto Madryn intervino presentando una denuncia formal contra el capitán del Xin Shi Ji 28 por amenazas y hostigamiento”.

Un trabajador con casco amarillo y chaleco salvavidas azul se agacha sobre una caja de pescado entre una gran cantidad de calamares marrones y blancos
Marinero trabajando en cubierta de un barco de captura de calamar

La investigación subraya que la falta de controles, de transparencia y trazabilidad y la laxa aplicación de la Ley Federal de Pesca han permitido la competencia ilegítima, el fraude pesquero, abusos a tripulantes y que empresas chinas dueñas de embarcaciones con antecedentes de pesca ilegal operen en el Mar Argentino al punto de detentar hoy casi dos tercios de la flota pesquera de calamar nacional, gozando además de subsidios encubiertos de Beijing. “De continuar esta situación, en unos pocos años, el total de la flota pesquera en aguas nacionales será de capitales y control chinos”, advierte.

Al abrir el Gobierno, a través del Consejo Pesquero, la ampliación de licencias de pesca de calamar para 18 nuevas embarcaciones (a sumarse a las 84 existentes), si bien entre los requisitos se excluye a empresas con estructuras de capitales estatales, el proceso de licitación no incluye la exigencia de que los postulantes informen su estructura de capital y beneficiarios finales, el mismo error que permitió a las empresas chinas adueñarse ya de dos tercios del caladero nacional.

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“De no corregirse la metodología de esta nueva licitación sobre el caladero argentino, no servirá más que para entregar lo último que queda de la captura de calamar dentro de la ZEE (Illex argentinus) a la flota de pesca INDNR de la ‘Milla 201’”, dice tersamente el informe.



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ECONOMIA

Malvinas: una petrolera británica se despegó del proyecto Sea Lion en medio de una sanción “heredada” y luego de una denuncia penal

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Harbour Energy, la petrolera británica que opera en Vaca Muerta y que quedó en el centro de la polémica por su conexión con el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, habló por primera vez sobre el tema. La empresa aseguró que “no tiene ningún interés en Sea Lion ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro”.

La aclaración llega después de varias semanas en las que, desde distintos sectores, se señaló el vínculo histórico entre Harbour y el yacimiento ubicado al norte del archipiélago. También se conoció, hace pocas semanas, una denuncia penal presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y su antecesor en el cargo, Eduardo Rodríguez Chirillo, por habrían autorizado a que la empresa desarrolle actividades en el país pese a una sanción administrativa que data de 2013.

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Cabe destacar que esa sanción recaía sobre Premier Oil, la compañía de la que proviene Harbour y con la que comparte, según registros societarios británicos, el mismo número de inscripción.

Una inhabilitación de 15 años que vence recién en 2028

El antecedente que atraviesa todo este episodio es anterior a la polémica de Sea Lion, que se activó luego del partido de la Selección Argentina contra Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo.

De hecho, el suceso data de 2013, cuando la Secretaría de Energía dictó la Resolución 481/2013, norma que inhabilitó a Premier Oil PLC por 15 años para desarrollar actividades en la Argentina. La sanción se fundó en que la empresa había llevado adelante actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en zonas próximas a las Malvinas, sin autorización del Gobierno nacional. El plazo de esa inhabilitación vence el 9 de octubre de 2028.

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Parte de la concesión Cuenca Marina Austral 1, en Tierra del Fuego, uno de los activos que posee Harbour Energy

El alcance de la sanción no se limita a una actividad puntual, sino que impide a la empresa desarrollar cualquier tipo de negocio en el país, ya sea de manera directa o a través de sociedades controladas, o de las que reciba algún tipo de beneficio económico. Esa amplitud es la que hoy genera controversia, porque Harbour Energy, que según registros corporativos y la PIA es la continuación jurídica de Premier Oil, mantiene participaciones activas en Tierra del Fuego y Neuquén.

El registro público de sociedades del Reino Unido confirma que Harbour Energy PLC conserva el mismo número de inscripción que tenía Premier Oil PLC antes de marzo de 2021: SC234781. No se trata de dos compañías distintas que compartan historia, sino de la misma persona jurídica que cambió de nombre tras una operación corporativa con Chrysaor Holdings Limited. Chrysaor y Premier se fusionaron y la nueva empresa fue bautizada como Harbour Energy.

Según explicaron fuentes de la compañía a Infobae, la continuidad de ese número de registro responde a motivos estrictamente formales y no implica una continuidad operativa real entre ambas compañías. La fuente detalló tres razones detrás de la decisión de mantener la estructura jurídica de Premier Oil: en primer lugar, la cotización bursátil de Premier en la Bolsa de Londres, que Harbour buscó aprovechar para evitar el proceso de listado, considerado “complicado, caro y lento”; en segundo lugar, los beneficios impositivos vinculados al estado de quebranto de Premier; y en tercer lugar, el interés de Harbour en determinados activos de Premier en el Mar del Norte, que solo podían adquirirse comprando la totalidad de la compañía, con Sea Lion incluido en el paquete.

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De acuerdo con este relato, apenas se concretó la operación, Harbour recibió una notificación del Gobierno argentino que advertía sobre la sanción vigente contra la empresa recién adquirida. A partir de ese aviso, la compañía habría comunicado a sus accionistas su intención de desprenderse del activo, decisión que se aprobó de inmediato y se concretó pocos meses después, cuando transfirió su participación en Sea Lion a Navitas Petroleum por USD 1. Según esas fuentes, el valor simbólico de la operación sería una prueba de que Harbour buscaba desligarse del activo sin intención de obtener ganancia alguna.

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La misma fuente remarcó que, tras la fusión, Harbour reemplazó de manera inmediata al CEO de la nueva compañía, renovó la totalidad del directorio y del equipo gerencial, y modificó la composición accionaria. Para la fuente, esos cambios demuestran que la única continuidad real con Premier Oil es “formal” y se limita al número de registro en la Bolsa de Londres, sin relación alguna con las actividades que esa empresa había desarrollado en el pasado.

“Harbour eligió la Argentina. Nuestro negocio en el país se apoya en casi cinco décadas de operación e inversión de Wintershall Dea, y estamos comprometidos a dar continuidad a ese legado mediante una inversión y un crecimiento responsable, en pleno cumplimiento del marco legal y regulatorio argentino. Harbour no tiene ningún interés en Sea Lion ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro”, detalló Martín Rueda, Director General de Wintershall Dea Argentina SA, una empresa del Grupo Harbour.

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“Nuestro foco está puesto en la Argentina: desarrollar nuestros activos, acompañar el crecimiento de la producción energética del país y contribuir a que alcance su potencial como gran exportador de energía”, agregó

Cómo Premier Oil se convirtió en Harbour Energy

La historia societaria detrás de Harbour comenzó en octubre de 2020, cuando Premier Oil PLC y Chrysaor Holdings Limited anunciaron un acuerdo de fusión. La operación se completó el 31 de marzo de 2021, cuando Premier adquirió legalmente a Chrysaor mediante la emisión de acciones y, en el mismo acto, cambió su nombre por el de Harbour Energy PLC.

En términos contables, sin embargo, la transacción se clasificó como una adquisición inversa. Eso significa que, aunque Premier fue la compradora desde el punto de vista legal, fueron los accionistas de Chrysaor quienes terminaron controlando el directorio y la conducción ejecutiva de la empresa resultante. Desde Harbour explican ahora que esa operación produjo “cambios sustanciales en el control económico, la estructura accionaria, el directorio, la conducción ejecutiva, los activos y la estrategia de la compañía”.

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La frase no niega, en ningún momento, la continuidad jurídica entre ambas firmas. Al contrario, el propio texto reconoce que Harbour heredó “intereses preexistentes” de Premier Oil a través de esa fusión, entre ellos la participación en las licencias de exploración de Sea Lion.

El vínculo con Sea Lion

El yacimiento Sea Lion fue descubierto en 2010 por Rockhopper Exploration y Premier Oil, que compartían entonces los derechos de exploración en la Cuenca Malvinas Norte.

En 2020, antes de la fusión con Chrysaor, las tres compañías —Premier, Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum— habían alcanzado un primer acuerdo para que Navitas ingresara al proyecto con un 30% de participación.

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Bluewater, la empresa que provee servicios de amarre y producción flotante, trabaja tanto para el Oleoducto Vaca Muerta Sur como para el proyecto Sea Lion

Ese mismo año, el Gobierno argentino envió notas de advertencia a Navitas y a Chrysaor, en las que recordaba las disposiciones de las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Cuando se completó la fusión entre Premier y Chrysaor, en marzo de 2021, la empresa resultante, ya bajo el nombre Harbour Energy, heredó la posición que Premier tenía en Sea Lion.

El 7 de julio de 2021, la Cancillería argentina y la Secretaría de Energía anunciaron el inicio de un proceso administrativo de sanción contra tres compañías: Chrysaor Holdings Limited, Harbour Energy PLC y Navitas Petroleum LP. Dos meses después, en septiembre de 2021, Harbour informó a sus accionistas que el proyecto Sea Lion no encajaba en su estrategia corporativa y que buscaría desprenderse de su participación.

En las últimas horas, según un documento de contexto que compartió, la empresa reconoció por primera vez de manera pública que esa decisión estuvo vinculada con la postura del Gobierno argentino. “Ese vínculo breve y heredado concluyó por completo cuando, tras ser notificada de la posición del Gobierno argentino, Harbour cumplió con los requerimientos establecidos por las autoridades, inició de inmediato su salida del proyecto y completó la transferencia de la totalidad de su participación en 2022”, señaló la compañía.

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La operación de salida se formalizó en abril de 2022, cuando Harbour, Rockhopper y Navitas firmaron la documentación definitiva. A través de ese acuerdo, Navitas adquirió la totalidad de las acciones de Premier Oil Exploration and Production Limited, la subsidiaria a través de la cual Harbour retenía sus derechos sobre las licencias de la Cuenca Malvinas Norte. La transacción se completó el 23 de septiembre de 2022 y dejó a Navitas como titular del 65% del proyecto y como operadora, mientras Rockhopper conservó el 35% restante.

Un mes antes de esa salida definitiva, en abril de 2022, la Secretaría de Energía ya había sancionado a Navitas Petroleum LP: declaró ilegales sus actividades, la calificó como clandestina y dispuso su inhabilitación por 20 años para operar en la Argentina.

Las monoboyas fabricadas por Bluewater forman parte de la terminal de carga del Oleoducto Vaca Muerta Sur

El nexo entre Harbour Energy y el historial de Sea Lion no surgió con el comunicado de este jueves. El 5 de septiembre pasado, Infobae había publicado una investigación sobre Bluewater, un proveedor estratégico del Oleoducto Vaca Muerta Sur que también presta servicios para el proyecto Sea Lion. En esa nota, el medio ya había señalado que Chrysaor “era, en ese momento, la firma que después se fusionó con Premier Oil para formar Harbour Energy”, en referencia a los años en que se gestó el vínculo entre esas compañías y el yacimiento de las islas.

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Una empresa con casi cinco décadas de historia en el país

Más allá de la controversia por Malvinas, Harbour Energy sostiene en su comunicado que su presencia en la Argentina responde a una decisión estratégica de largo plazo, desvinculada de Sea Lion. La compañía ingresó al país en 2024, cuando adquirió el negocio de exploración y producción de Wintershall Dea, que incluía una cartera de activos con casi 50 años de operación ininterrumpida en distintas provincias argentinas.

A través de esa adquisición, Harbour desarrolla hoy actividades en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro. Entre sus principales activos figuran la concesión Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), de producción de gas offshore, y los bloques San Roque y Aguada Pichana Este, ambos en la formación de Vaca Muerta, donde la empresa tiene participación minoritaria. Harbour también participa con un 15% en un proyecto de infraestructura destinado a exportar gas natural licuado desde la cuenca neuquina hacia el mercado internacional.

Según información publicada por la propia compañía, CMA-1 produjo en 2025 un promedio de 52.000 barriles equivalentes de petróleo por día, mientras que San Roque aportó 2.500 barriles equivalentes diarios. Tras la perforación de cuatro pozos de exploración y evaluación y otros cuatro pilotos, Harbour gestiona por estos día la renovación de su inscripción en el Registro de Empresas Petroleras, para cuya emisión energía verifica el cumplimiento de la Ley Malvinas y de su normativa aplicable, y que le permite operar hidrocarburos no convencionales. La empresa dice que espera esa renovación, que parece estar demorando más de lo esperado, “aunque dentro de la demora posible”, según dijeron, para iniciar el desarrollo de petróleo shale en Vaca Muerta, con un programa piloto de 16 pozos que estaba previsto para fines de 2026.

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Harbour Energy está a la espera de que el Gobierno argentino le otorgue su licencia como operador en el país

Presumiblemente, en caso de conseguir ese “ok” del Gobierno, ese sería un proyecto que la compañía podría presentar para acceder a los beneficios impositivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque la empresa no confirmó esa posibilidad.

Harbour tiene una base accionaria global y diversificada, encabezada por el gigante alemán BASF (16,4%), Altor Finance (10,4%), Control Empresarial de Capitales -de Carlos Slim- (5,3%), BlackRock (4%) y LetterOne (3,8%).

Qué dice la denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas

Días atrás trascendió una denuncia penal presentada ante la Cámara Federal porteña por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. La presentación se originó a partir de una investigación abierta en septiembre de 2025, luego de que la legisladora rionegrina María Magdalena Odarda pusiera en conocimiento del organismo la situación de Harbour Energy en el país.

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El punto de partida del expediente es, otra vez, la Resolución SE 481/2013. Según la denuncia, esa sanción “nunca fue derogada”, y el cambio de nombre de Premier Oil a Harbour Energy “no alteró su continuidad jurídica ni la vigencia de la inhabilitación”.

El nudo de la causa se ubica en 2024, cuando Harbour Energy negoció la compra de los activos globales de la petrolera alemana Wintershall Dea AG por USD 11.200 millones. Según el expediente, en el contrato de adquisición las partes incluyeron una cláusula denominada “Condición del Perdón Argentino” —Argentine Pardon Condition, en inglés—, que supeditaba el cierre de la operación a que la filial local de Harbour lograra inscribirse en el Registro de Empresas Petroleras de la Secretaría de Energía. Para la fiscalía, esa cláusula demuestra que las empresas conocían el impedimento legal vigente y que, dado que la legislación argentina no contempla ningún “perdón” para sanciones firmes, la condición solo podía cumplirse mediante un acto administrativo irregular.

Eso fue lo que ocurrió, de acuerdo con el expediente: Harbour Energy Argentina logró inscribirse en el registro el 14 de febrero de 2024 y se reinscribió el 26 de diciembre de ese mismo año, pese a la inhabilitación vigente. A su vez, Wintershall Dea Argentina S.A. permaneció inscripta en el registro después del 3 de septiembre de 2024, fecha en la que pasó a estar controlada por Harbour Energy, sin que los funcionarios exigieran la actualización de la declaración jurada ni evaluaran la incidencia de la sanción.

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El ex secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo y la actual funcionaria en el cargo, María Tettamanti

Gracias a esas inscripciones, Harbour pasó a controlar de manera indirecta participaciones en los bloques Aguada Pichana Este y San Roque, en Vaca Muerta, y en la Cuenca Marina Austral 1, además de beneficiarse de contratos con Cammesa y Enarsa. La denuncia suma, en abril y agosto de 2025, las resoluciones 165/2025 y 353/2025 de la Secretaría de Energía, que otorgaron a Southern Energy —el proyecto de GNL en el que Harbour tiene una participación del 15%— certificados de libre exportación de gas natural licuado por 30 años.

El escrito apunta directamente contra la actual secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; el exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo; el subsecretario de Combustibles Líquidos, Horacio Federico Veller; y el apoderado de Harbour Argentina, Tomás Lanardonne.

Según la PIA, los antecedentes que acreditaban la inhabilitación —las resoluciones de 2013, la nómina pública de empresas sancionadas y un expediente abierto en 2021 contra la propia Harbour— estaban disponibles en los registros del organismo, por lo que la omisión reiterada de aplicarlos no podría explicarse como un error, sino como una decisión deliberada. Las conductas se encuadran, de manera provisoria, en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, y, de comprobarse pagos o beneficios indebidos, en cohecho pasivo y activo para los representantes empresarios.

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La denuncia también pide investigar posibles falsedades documentales en las declaraciones juradas presentadas y la eventual responsabilidad penal de las empresas bajo la ley 27.401, de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

“La ausencia de estos mecanismos de control específicos no implica, sin embargo, que los funcionarios encargados de autorizar los proyectos de exportación de GNL no tuvieran el deber de analizar si los solicitantes o sus accionistas estaban inhabilitados por infracción a la ley 26.659. Como ya se ha señalado, esa ley es de orden público y se encuentra vigente, por lo que es de aplicación obligatoria e irrenunciable”, señala la denuncia.

El escrito concluye: “Las autoridades de la Secretaría de Energía omitieron de manera reiterada aplicar la ley 26.659 y la Resolución SE 481/2013 respecto de la empresa Harbour Energy plc. Esta actuación irregular posibilitó que dicha empresa realizara negocios millonarios en el país, a pesar de encontrarse inhabilitada”.

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La presentación cierra con una referencia a un giro posterior: el 3 de septiembre de 2026, el Poder Ejecutivo anunció un endurecimiento de la política de defensa de la soberanía sobre Malvinas y dictó el Decreto 868/2026, que busca reforzar los controles y agilizar las sanciones por violaciones a la ley 26.659. Para la fiscalía, esa medida posterior no modifica la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en los hechos denunciados, que deben juzgarse según la normativa vigente al momento en que se produjeron.

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ECONOMIA

Cómo comprar en Carrefour desde Mercado Libre y recibir el pedido en 45 minutos

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El nuevo acuerdo permite acceder a una amplia variedad de productos frescos y ofertas exclusivas con entregas rápidas en áreas seleccionadas


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Puntos importantes

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Mercado Libre y Carrefour Argentina lanzaron un servicio para comprar productos de supermercado online.
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La plataforma ofrece entrega rápida de hasta 45 minutos desde Mercado Libre, incluyendo alimentos frescos y congelados.
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Inicialmente disponible en zonas de CABA y GBA, con plan de expansión. Mercado Libre gestiona toda la logística.

Cómo funciona el acuerdo entre Mercado Libre y Carrefour

Qué productos se pueden comprar en Carrefour desde Mercado Libre

  • Alimentos secos: productos envasados y artículos de consumo habitual
  • Alimentos frescos: mercadería que requiere condiciones específicas de conservación
  • Productos congelados: distintas alternativas de alimentos que se comercializan bajo esa modalidad
  • Carnes: cortes y otros productos de la sección correspondiente
  • Frutas y verduras: productos frescos de la oferta de supermercado
  • Artículos de limpieza: productos para el mantenimiento y la higiene del hogar

En qué zonas funcionará el servicio de entrega en 45 minutos

Cómo comprar en Carrefour a través de Mercado Libre

  • Ingresar a Mercado Libre: abrir la aplicación desde el celular o acceder al sitio web
  • Entrar a la categoría Supermercado: seleccionar la sección desde el menú principal de la plataforma
  • Buscar la tienda Carrefour: ingresar al establecimiento que corresponda según la ubicación del domicilio
  • Consultar el catálogo: revisar los productos disponibles, sus precios y las distintas categorías
  • Seleccionar los artículos: agregar al carrito los alimentos y productos para el hogar que se quieran comprar
  • Verificar la entrega: consultar el tiempo estimado que informa la plataforma para la dirección registrada
  • Confirmar la compra: completar el proceso de pago y esperar la preparación y el envío del pedido

Qué beneficio tienen los usuarios de Meli+ en las compras de Carrefour

Qué implica la alianza entre Mercado Libre y Carrefour



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ECONOMIA

El riesgo país contagia al dólar: crece la brecha cambiaria y amenaza con encarecer las tasas y golpear a la actividad

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Tras varios meses de desacople, la suba del riesgo país empezó a tener impacto en el tipo de cambio. La fuerte caída de los bonos en dólares de ayer provocó un salto en todos los dólares: el contado con liquidación llegó a $1.730, el MEP se fue a $1.643 y el oficial trepó un poco menos, hasta 1.585 pesos.

Incluso Luis “Toto” Caputo había ponderado el lunes -antes del arranque de la semana financiera- este efecto y consideró que era una prueba de la mayor fortaleza del esquema cambiario. Pero en las últimas jornadas se produjo la tormenta perfecta en los mercados internacionales que impactó sobre los activos locales y la cotización de la divisa.

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Wall Street sufrió fuertes caídas, que ayer se agudizaron. Las acciones tecnológicas volvieron a caer más de 2%, igual que el índice S&P 500. Además, el dólar volvió a subir en Brasil hasta los 5,95 reales. En el mes posterior a la derrota de Flávio Bolsonaro en el balotaje el incremento llega a 19%. El Banco Central brasileño tuvo que salir a vender USD 2.000 millones para frenarlo antes de llegar a los 6 reales.

El riesgo país trepó a 930 puntos y el efecto más significativo fue el aumento de la brecha cambiaria. Entre el contado con liquidación y el oficial la diferencia ya se ubica en torno al 10%, cuando durante todo el año no llegaba al 5 por ciento.

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Esto significa que el tipo de cambio oficial a $1.585 quedó como el más barato del mercado. En la medida que no se corrija, la consecuencia será una mayor demanda para aprovechar esa diferencia.

El impacto de un escenario financiero más complicado amenaza con contagiar a la economía real. “No vemos que el panorama cambie de acá a las elecciones nacionales del año que viene, y los riesgos a la baja siempre resultan bastante más generosos que los riesgos al alza (que la coyuntura mejore)”, expresaron desde la consultora LCG.

El aumento de la desconfianza se refleja en venta de bonos y ahora también en la suba de la brecha cambiaria.

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En lo que va de noviembre el riesgo país aumentó 15% y en el año ya acumula una suba del 59%, según detalló el analista Damián Brik. El índice Merval no se queda atrás. Las acciones líderes ya pierden 15% en el mes y 33% en 2026.

Con el incremento del riesgo país y la brecha cambiaria en sus niveles más altos del año, una de las dudas que aparece en el mercado es qué sucederá con las tasas de interés y las futuros vencimientos de deuda. Las dudas no solo se centran en el mercado de dólares, sino también el de pesos.

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“Estamos llegando a meses en donde se concentran muchos vencimientos. La semana que viene vencen $25 billones, $37 billones en diciembre y $42 billones en enero”, indicaron en LCG.

Aunque nadie duda sobre la renovación de estos vencimientos, en cambio el escenario más probable es que se sienta mayor presión sobre la tasa de interés.

”Para todos los vencimientos (en pesos y dólares) tal vez el Tesoro requiera tentar a los inversores con más tasa. Además -agregaron en la consultora- si se acude a los depósitos en el Banco Nación, éste deberá desprenderse de títulos, haciendo subir las tasas en el mercado secundario”.

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Por lo tanto, un peligro cierto es que si no se calma la tensión cambiaria en los próximos días haya necesidad de aumentar las tasas en pesos. En ese escenario, un aumento del costo financiero para descontar cheques o para sacar un crédito al consumo es inevitable que este clima de mayor tensión financiero pase factura al nivel de actividad.

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