INTERNACIONAL
Comprar una casa es cada vez más difícil: ventas de viviendas nuevas caen a su nivel más bajo desde 2017 en Estados Unidos
Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos disminuyeron a su nivel más bajo desde 2017 durante junio de 2026, afectando a compradores, constructores y al conjunto del sector inmobiliario, de acuerdo con datos oficiales del U.S. Census Bureau. La caída se registró pese a una leve mejora en la asequibilidad por precios medianos más bajos, y revela la persistencia de problemas de acceso a la vivienda para amplios sectores de la población.
Según el informe publicado el 24 de julio por el U.S. Census Bureau, el ritmo anualizado ajustado estacionalmente de ventas de viviendas nuevas en junio fue de 628.000 unidades, un incremento marginal del 1,6% respecto a mayo, pero un retroceso del 5,6% frente a junio de 2025. The Street y la National Association of Home Builders (NAHB) confirmaron que el primer semestre de 2026 es el más débil desde 2017 para este segmento del mercado, pese a los incentivos y ajustes en los precios de venta.
El contexto inmobiliario estadounidense está marcado por el impacto de las tasas hipotecarias elevadas y la desaceleración en la formación de nuevos hogares. Tras el auge registrado durante la pandemia, la demanda se ha moderado y la oferta de viviendas aún no logra equilibrar las necesidades de la población, según análisis de Zillow, la NAHB y reportes de Newsweek.
La disminución en la venta de casas nuevas responde a una combinación de factores macroeconómicos y sociales. Uno de los principales es la evolución de las tasas de interés hipotecarias, que han vuelto menos accesible el financiamiento para la compra de viviendas. Según datos de Redfin citados por Newsweek, la tasa promedio fija a 30 años se ubicó en 6,55% para la semana terminada el 19 de julio, el nivel más alto en 11 meses.
A esto se suma la ralentización en la creación de nuevos hogares. La Reserva Federal reportó que el 49% de los adultos estadounidenses menores de 30 años vive con al menos uno de sus padres, cifra que ha crecido 12 puntos porcentuales desde 2019. Además, el 47% de este grupo ha recibido ayuda económica externa para cubrir gastos relacionados con la vivienda, lo que retrasa la independencia y la demanda de casas nuevas.
El economista sénior de Zillow, Orphe Divounguy, señaló que “las dificultades de asequibilidad y el aumento de los costos de vida están retrasando la independencia de los adultos jóvenes y, en consecuencia, la formación de nuevos hogares”, según declaraciones recogidas por Newsweek.
El U.S. Census Bureau informó que en junio de 2026, el precio mediano de venta de viviendas nuevas fue de 398.300 dólares, lo que representa una baja del 2,7% respecto a junio de 2025. El precio promedio descendió a 475.400 dólares, una disminución interanual del 6,5%. Estas cifras reflejan la estrategia de los constructores de ajustar los valores para incentivar la compra, aunque la demanda se mantiene contenida.
El inventario de viviendas nuevas alcanzó las 485.000 unidades, prácticamente sin variación frente a mayo y una caída del 3,2% en comparación con el año anterior. La NAHB indicó que “más constructores están optando por pausar la actividad, y los permisos, los inicios de obra y las viviendas en construcción muestran descensos”, lo que podría afectar la oferta futura de casas nuevas si la demanda repunta.
El comportamiento regional muestra diferencias notables en el mercado de viviendas nuevas. Según la National Association of Home Builders, durante el primer semestre de 2026 las ventas aumentaron un 2,6% en el Medio Oeste, pero disminuyeron un 4,7% en el Noreste, un 4,9% en el Sur y un 10,1% en el Oeste.
La mayor concentración de inventario y nuevas construcciones se observa en regiones con mayor disponibilidad de terrenos y regulaciones más flexibles, como el Sur y la zona conocida como Sun Belt. Por el contrario, las áreas metropolitanas costeras, donde la demanda es más alta, siguen enfrentando restricciones por falta de suelo y normativas más estrictas, según la NAHB y Newsweek.
Las tasas hipotecarias influyen de forma directa sobre la capacidad de compra de los hogares estadounidenses. Durante las últimas semanas, el incremento de las tasas, que alcanzaron su máximo en casi un año, ha reducido la cantidad de compradores calificados y ha frenado las transacciones. Redfin reportó una caída del 1,3% en las ventas pendientes de viviendas existentes durante las cuatro semanas previas al 19 de julio.
El entorno macroeconómico, caracterizado por una inflación persistente y menor dinamismo laboral, complica aún más el acceso al crédito hipotecario. “Las tasas hipotecarias más altas, la contratación más lenta y la inflación todavía elevada están desincentivando la formación de nuevos hogares”, declaró Divounguy, de acuerdo con Newsweek.
¿Qué medidas adoptan los constructores ante la baja demanda?
Ante la desaceleración en las ventas, los constructores de viviendas han optado por ofrecer incentivos como descuentos en los precios y acuerdos para reducir las tasas hipotecarias de los compradores. Sin embargo, el aumento de los costos de materiales y la incertidumbre sobre la evolución del mercado han provocado una reducción en la solicitud de permisos y en el inicio de nuevas obras.
La NAHB alertó que la decisión de pausar nuevos proyectos podría agravar el déficit de viviendas asequibles, estimado en 4,7 millones de unidades. “Un exceso de casas terminadas y en construcción dificulta la viabilidad de nuevos proyectos”, señaló la asociación en su último reporte mensual. El ajuste en la producción busca evitar una sobreoferta que presione aún más los precios a la baja y reduzca los márgenes de ganancia de las empresas constructoras.
Para los compradores, la reducción de precios no ha compensado completamente el encarecimiento de los préstamos hipotecarios ni el aumento de otros gastos asociados, como los impuestos a la propiedad y los seguros. Las condiciones actuales han obligado a muchos potenciales compradores a posponer la decisión de adquirir una vivienda y, en muchos casos, a permanecer en alquiler o compartir vivienda con familiares.
Por su parte, los vendedores enfrentan el dilema de aceptar menores precios de venta o retirar sus propiedades del mercado en espera de mejores condiciones. Según The Street, “el menor dinamismo obliga a reconsiderar las expectativas de precio o a esperar un entorno más favorable”.
El impacto también se extiende a los constructores, quienes deben gestionar un inventario creciente y márgenes de beneficio reducidos, al tiempo que ajustan su estrategia de producción para el resto del año.
El futuro del mercado inmobiliario estadounidense dependerá de la evolución de las tasas hipotecarias, la recuperación del empleo y la evolución de la inflación. Mientras la oferta de viviendas sigue siendo insuficiente en varias regiones, especialmente en las zonas costeras, la mayor parte de la nueva construcción se concentra en áreas donde la tierra es más abundante y las regulaciones más flexibles.
Informes institucionales y análisis sectoriales coinciden en que el equilibrio entre oferta y demanda requerirá tanto ajustes en las políticas de vivienda como una mejora en las condiciones de acceso al crédito. El reto para los próximos meses será evitar un retroceso mayor en la construcción, que podría acentuar el déficit habitacional en el mediano plazo.
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INTERNACIONAL
Brasil: a menos de un mes de las elecciones, una inédita crisis en la Corte Suprema irrumpió en la campaña presidencial
Un juez de la corte suprema de Brasil reintegró este miércoles al director de la Policía Federal, suspendido el martes por un colega, en medio de una crisis inédita desatada en el máximo tribunal a menos de un mes de las elecciones presidenciales del 4 de octubre.
Desatado por una investigación sobre un enorme esquema de fraude, el pulso en la corte toca de lleno la campaña para octubre, cuando el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección ante el derechista Flávio Bolsonaro.
Lula pidió este miércoles transparencia para acabar con filtraciones que dijo buscan un impacto electoral.
Los jueces enfrentados fueron ambos ministros de Justicia, uno de Lula y otro de Jair Bolsonaro, padre del postulante presidencial.
¿Qué está pasando en la corte?
El magistrado Flávio Dino ordenó que el jefe policial Andrei Rodrigues vuelva a sus funciones contra una decisión de su colega André Mendonça, quien lo suspendió luego de acusar a la Policía Federal (PF) de haberlo espiado ilegalmente.
Rodrigues volvió este miércoles a trabajar en la sede policial en Brasilia, dijo la asesoría de prensa de la institución.
Tras la decisión de Dino, el presidente de la corte suspendió este miércoles el plenario que los jueces celebran semanalmente, una medida infrecuente según dijo una fuente del tribunal.
La crisis en la corte estalló la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes del banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido a otro juez del máximo tribunal, Alexandre de Moraes.
Vorcaro pedía ayuda para eludir una investigación que poco después llevó a su arresto en noviembre, por sospechas de un multimillonario desfalco financiero que resultaría en la liquidación de su banco Master.
Cruce de acusaciones
El juez Moraes condujo el juicio que el año pasado llevó a la cárcel al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio, por un intento de golpe de Estado en 2022.
Los mensajes de Vorcaro se divulgaron por orden de Mendonça, exministro de Justicia de Bolsonaro y designado en la corte por el exmandatario.
A partir de entonces se sucedieron decisiones hostiles entre los jueces.
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En base a informes secretos de inteligencia policial, Moraes denunció a su colega por abuso de autoridad al apuntar en su contra.
Mendonça acusó el martes a la Policía Federal de espionaje ilegal y ordenó la suspensión preventiva de su director general.
Pero apenas un día más tarde, Flavio Dino, exministro de Justicia de Lula, ordenó que el presidente restituya a Rodrigues en sus funciones.
En su decisión, el juez adujo que la “medida inédita en la historia de la corporación” de Mendonça puede “paralizar investigaciones y los trabajos policiales” en casos bajo su órbita.
La orden de Dino corre en paralelo a un recurso de la Procuraduría General de la Unión para que el presidente de la corte, Edson Fachin, reincorpore definitivamente a Rodrigues.
“Filtraciones selectivas”
Lula pidió en X levantar el secreto de sumario de “las investigaciones de todos los involucrados en el caso Master, sea quien fuere”, para terminar con “filtraciones selectivas que impactan la disputa electoral”.
Tras respaldar la suspensión de Rodrigues, Flávio Bolsonaro dijo en un acto de campaña en Juiz de Fora (sureste) que Dino “dio un plumazo (…) intentando interferir en un proceso judicial” y que Lula “quiere ganar” fuera de las urnas.
El bolsonarismo también se vio sacudido por el caso Master.
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La policía investiga giros millonarios solicitados por Flávio Bolsonaro a Vorcaro que, según el candidato derechista, se usarían para pagar una película biográfica sobre su padre.
El caso Master es un expediente “tóxico”, dijo una fuente del tribunal supremo, ya que la policía presume que el banquero “puso dinero en varios lugares para luego cobrarse favores”.
Unas tres mil entidades empresariales brasileñas divulgaron este miércoles un manifiesto a la nación en el que alertaron sobre una “crisis institucional de extrema gravedad” cuyo “epicentro” es la corte.
“Si la legitimidad (de los jueces) es cuestionada, todo lo demás se vuelve incierto: la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y la misma paz social”, señalaron.
(Con información de AFP)
Brasil
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As opposition to artificial intelligence data centers spreads across rural America, one group is proposing «data center dividends» to counter the backlash by allowing residents to share directly in the wealth generated by the technology hubs.
A new report from the Bitcoin Policy Institute, a think tank based in Washington, D.C., proposes that data center dividends are a model that would return part of the property tax revenue generated by AI data centers directly to households living in the communities that host the data centers, potentially providing annual payments of between about $4,500 and $8,900 per household without creating new taxes or increasing costs for developers.
«Every American deserves to benefit from the AI boom,» Sam Lyman, head of research at the nonprofit, told Fox News Digital. «It can’t just be the developers in Silicon Valley who are becoming wealthy from this revolution. It needs to be the Americans who are building the county infrastructure that makes these data centers possible in the first place.»
The proposal comes as opposition to data centers intensifies nationwide, fomented over the past year by a network of socialists and communist nonprofits funded by a tech tycoon, Neville Roy Singham, living in Shanghai, supporting the Chinese Communist Party and a «new world order» promulgated by Chinese leader Xi Jinping. The opposition has widened to conservatives and centrists, with the report noting that Americans are now more likely to oppose a data center in their community than a nuclear power plant.
In a poll earlier this year, Gallup found that 71% of Americans oppose construction of an AI data center in their area, while only 53% oppose a nearby nuclear plant. The report says local data center moratoriums have exploded from six in 2024 to 59 last year and 294 last month.
Over the past year, groups in the Singham network – including the Party for Socialism and Liberation, the People’s Forum, CodePink and BreakThrough News – have opposed data centers and also Flock surveillance cameras with aggressive media campaigns, elevating China as a technological powerhouse and denigrating any developments by U.S. technology companies.
«These influence actions are cognitive warfare. Foreign actors don’t need Americans to become pro-China,» Rob Joyce, former director of cybersecurity at the National Security Agency, recently told Fox News Digital. «They need Americans to argue for the outcomes Beijing wants. And a free society that can’t build the power and govern the advanced technology is going to wind up renting it from the adversary, read the PRC, that doesn’t share its own values. And that scares me as an American.»
Sen Bernie Sanders and Rep. Alexandria Ocasio-Cortez hold a press conference to announce the Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act at the U.S. Capitol on March 25, 2026, in Washington, D.C. (Tasos Katopodis/Getty Images)
Lyman said the political problem is that many Americans believe technology companies are reaping the benefits of the AI boom while local communities bear the costs. The propaganda campaigns by the pro-China groups are promoting that message by describing tech executives as «oligarchs» and «imperialists.» One constant message in the campaigns is «People Over Profits.»
«I really think that data center dividends will reverse the momentum in the data center debate, because suddenly every American who lives in these counties where data centers might be built recognizes that he or she can have a material stake in the AI economy,» said Lyman, a former senior advisor and speechwriter for Treasury Secretary Scott Bessent.
Protesters react as the Box Elder County Commission approves a large AI data center project in Tremonton, Utah, on May 4, 2026. Activists opposed the 40,000-acre development over concerns about water use, energy demand and environmental impact. (Natalie Behring/Getty Images)
Polling cited in the report found that 73% of Americans believe the costs of data center construction outweigh the benefits, while voters overwhelmingly believe AI will primarily enrich executives and business owners rather than workers.
Rather than creating a new tax, the proposal would redirect a portion of property tax revenue that counties already collect from data centers. «Data center dividends can ensure that rural Americans rise in the age of AI alongside the engineers developing this technology,» the report notes.
An Amazon Web Services data center in Aldie, Virginia, on May 31, 2026. (Lexi Critchett/Bloomberg via Getty Images)
Under the model, counties would first continue funding schools, roads, police and other essential services. After those obligations are met, local communities would return a portion of remaining revenue directly to residents through annual checks, direct deposits, tax credits, utility bill credits or permanent investment funds. The report emphasizes that the dividends would be financed entirely from existing tax revenue, meaning developers wouldn’t pay any additional taxes.
The report estimates that a single one-gigawatt AI data center could generate enough tax revenue to provide households in a typical rural county between $4,500 and $8,900 annually in a «data center dividend,» depending on how much revenue local governments dedicate to dividends after paying for public services.
The estimate is based on tax collections from Loudoun County, Va., one of the nation’s largest data center hubs. Loudoun collected about $685 million in personal property taxes on data center computer equipment in fiscal year 2024. Dividing those collections by the county’s data center electrical load produced an estimate of roughly $165 million in annual property tax revenue per gigawatt of AI infrastructure, researchers estimated.
The report cites new policies in West Feliciana Parish, La., where policymakers are attempting to spread new-found wealth. The parish expects a Hut 8 AI campus to generate about $90 million annually, more than tripling its current budget, according to estimates. Earlier this year, Louisiana lawmakers passed Act 434, allowing local officials to provide property tax credits funded by the new revenue, although lawmakers removed an earlier proposal that would have authorized direct cash payments.
If the cash provision had remained, the report estimates households could have received about $5,600 annually if one-quarter of the revenue were distributed, or $11,200 annually if half the revenue were shared with residents after funding government services.
In another example, Alaska has a «Permanent Fund,» or state-owned investment account that collects part of Alaska’s revenues from oil produced on state land, invests it in stocks, bonds and real estate, and disburses part of the returns to residents as an annual dividend.
Volunteers hand out yard signs against a data center complex in Canaan Valley on June 30, 2025, after a public meeting organized by the state Department of Environmental Protection regarding an air quality permit application for a gas-fired power plant near Davis, W.Va. (Ulysse Bellier/AFP via Getty Images)
The report outlines several options communities could adopt.
- Cash payments. Residents could receive annual dividend checks or direct deposits similar to the payments from Alaska’s «Permanent Fund.»
- Property tax credits. Local governments could reduce residents’ property tax bills using data center revenue, similar to Louisiana’s approach.
- Utility bill credits. Counties could apply the money directly to electricity bills, benefiting both homeowners and renters while addressing concerns that data centers increase electricity costs. The report notes that a $4,500 dividend would cover the average American household’s electric bill for more than two years.
- Education funds. Communities could place the money into scholarship endowments guaranteeing college tuition for local graduates.
- Permanent investment funds. Counties could invest the tax revenue and distribute only investment earnings, creating an enduring source of local wealth similar to Alaska’s Permanent Fund even if the data center eventually closes.
Lyman argues that direct payments create stronger public support than simply lowering taxes or expanding government spending because residents would see the benefit. «I think a lot that opposition is born from the fact that many Americans feel left out of the AI boom. They feel like this economic revolution is taking place without them,» said Lyman, noting, «What data center dividends do… is they give every American in rural America a share in the material prosperity that is taking place with artificial intelligence.»
The report notes that rural counties possess two scarce assets essential for AI development – land and abundant power – and argues those communities should share directly in the economic gains generated by the AI buildout.
politics, artificial intelligence, technologies, taxes
INTERNACIONAL
El mar de Ecuador está hasta 4,1 grados más caliente y el nivel del océano sigue elevado
Ecuador enfrenta una combinación de señales oceánicas que ha colocado al fenómeno de El Niño en una fase decisiva. La temperatura del mar en la región Niño 1+2, ubicada frente a las costas de Ecuador y Perú, registra anomalías de hasta 4,1 grados Celsius por encima de los valores normales, mientras el nivel medio del océano en varias estaciones del país permanece decenas de centímetros por encima de su promedio.
El calentamiento no es un dato aislado. El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) mantiene al país bajo el estado de El Niño Activo, aunque sus boletines técnicos advierten que el fenómeno todavía se encuentra en una fase de desarrollo y que su evolución dependerá de lo que ocurra durante las próximas semanas. El boletín más reciente disponible, publicado el 4 de septiembre, mantiene esa caracterización.
La principal señal está en el Pacífico oriental. En la región Niño 1+2, una de las áreas oceánicas más relevantes para Ecuador por su cercanía con la costa continental, las anomalías térmicas han llegado a 4,1 grados. Las temperaturas del agua se han ubicado entre 26 y 28 grados Celsius, según información difundida por organismos vinculados al monitoreo del ERFEN.
Pero el calentamiento de la superficie es solo una parte del fenómeno. Las expediciones científicas realizadas frente a Ecuador durante este año encontraron que las aguas cálidas han penetrado a profundidades inusuales. El crucero oceanográfico del buque BAE Orión detectó en junio una anomalía cercana a los 2 grados Celsius en una columna de agua que se extendía hasta unos 100 metros de profundidad, cuando en condiciones normales el calentamiento superficial suele concentrarse mucho más cerca de la superficie.
Esa alteración modifica la estructura del océano y afecta procesos fundamentales para la productividad marina. El calentamiento y el hundimiento de la termoclina reducen el ascenso de aguas frías y ricas en nutrientes hacia la superficie, un fenómeno que puede repercutir en la distribución de especies y en la actividad pesquera.
A este escenario se suma otra variable: el aumento del nivel del mar. A finales de agosto, las mediciones de estaciones del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada registraban incrementos de hasta 40 centímetros en puntos de la costa y Galápagos. El aumento está relacionado con la expansión térmica del agua y la acumulación de masas cálidas en el Pacífico.
La elevación del océano puede adquirir especial importancia cuando coincide con oleajes y aguajes. En las zonas costeras, un nivel del mar más alto reduce el margen disponible para el drenaje natural y puede aumentar la vulnerabilidad de sectores bajos frente a inundaciones costeras.
Sin embargo, los especialistas han insistido en una diferencia fundamental: un océano excepcionalmente cálido no significa automáticamente que Ecuador experimentará lluvias extremas. Para que los efectos atmosféricos asociados a El Niño se consoliden plenamente debe producirse un acoplamiento entre las condiciones del océano y la atmósfera.
Esa distinción es ahora uno de los puntos centrales del monitoreo científico. El Inocar había advertido durante los últimos meses que la evolución entre septiembre y los meses posteriores sería clave para determinar cómo responderá la atmósfera al calentamiento registrado en el Pacífico.
Las proyecciones del ERFEN apuntan a que el mayor impacto potencial del fenómeno en Ecuador podría concentrarse entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, coincidiendo con la temporada lluviosa. Los escenarios técnicos contemplan un evento que podría alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte desde el punto de vista oceánico, aunque esa clasificación no determina por sí sola la magnitud de las inundaciones, las lluvias o el incremento de los caudales que podrían producirse en el país.
La diferencia es relevante porque Ecuador ya conoce las consecuencias de episodios extremos asociados a El Niño, pero los científicos evitan establecer comparaciones automáticas con eventos históricos como el de 1997 y 1998 únicamente a partir de la temperatura actual del océano.
coronavirus,covid-19
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