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POLITICA

Con una foto de unidad, la UCR reunió a sus gobernadores en busca de ordenar al partido para el 2027

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Cuatro de los gobernadores que tiene la UCR en todo el país asistieron este miércoles a las oficinas del Comité Nacional, en la calle Alsina, en lo que representó una muestra de unidad de cara a 2027. La foto con las autoridades partidarias es una novedad dentro del partido centenario, tras varios períodos de tensión entre los máximos referentes, entre ellos Alfredo Cornejo y Martín Lousteau. Según pudo saber Infobae, el encuentro se dio en buenos términos, aunque sin definiciones específicas sobre la relación con el gobierno de Javier Milei y los apoyos parlamentarios.

Del encuentro participaron el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), además del resto de las autoridades partidarias. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, envió una carta de apoyo por no poder concurrir. Según informaron, analizaron la situación económica, institucional y política del país. Además, resolvieron convocar a un encuentro federal con los presidentes partidarios de todas las provincias.

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Maximiliano Pullaro, Leonel Chiarella y Alfredo Cornejo

“Las cinco provincias que conduce la UCR son la mejor expresión de un radicalismo que gobierna, gestiona y transforma: sostienen la educación pública, garantizan la seguridad, impulsan la producción, invierten en infraestructura y honran la palabra empeñada con sus ciudadanos. Son gestiones que demuestran, día a día, que se puede gobernar con honestidad, coraje y resultados, y que el radicalismo tiene mucho para aportarle a la Argentina que viene”, expresaron en un comunicado.

La foto entre los mandatarios toma valor tras varios períodos de fuertes internas y diferencias estratégicas dentro de la UCR, que se profundizaron con la irrupción de La Libertad Avanza en la escena política. Cornejo fue el principal detractor de la presidencia de Lousteau pero, como reconstruyó este medio en varias oportunidades, el mendocino mejoró su relación con las autoridades partidarias desde la llegada de Chiarella. De hecho, en la elección para presidente del Comité no integró la mesa nacional, aunque pocas semanas después avanzó en conversaciones para sumar a sus referentes.

La reunión se realizó en las oficinas del Comité Nacional en la calle Alsina

En los últimos días se conoció un avance de Cornejo en su armado nacional con el lanzamiento de la Fundación Deliberar, representada por su aliado en la ciudad de Buenos Aires, Lucas Clark, lo que representa una disputa electoral abierta contra Lousteau en territorio porteño. Según dejaron trascender, el espacio tendrá como objetivo construir una identidad que permita recuperar el apoyo de los tradicionales votantes radicales que se alejaron por no compartir la impronta del sector Evolución.

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De acuerdo a lo que consultó Infobae, en la reunión de esta mañana no se habló de ninguna definición electoral. Se respetará la estrategia que cada territorio considere apropiada para disputar poder. “Se expresó la voluntad común de fortalecer al partido, profundizar el trabajo territorial y reafirmar el compromiso del radicalismo con la defensa de las instituciones democráticas y la calidad de la representación política”, detallaron.

La foto de unidad toma relevancia, además, en un contexto de crisis económica y social que atraviesa la gestión de Milei. Cornejo, que junto a Zdero integra una alianza provincial con La Libertad Avanza, siempre advirtió que, si bien esa coalición era necesaria porque comparten electorado, el desafío pasa por la reactivación económica. “El contexto es importante. Todos valoramos las condiciones macroeconómicas de este Gobierno, pero falta que se traduzcan en la vida de la gente”, expresaron.

Pullaro, en cambio, mantiene una relación más distante con la gestión libertaria a partir de la creación de Provincias Unidas junto a Martín Llaryora. Ambos, junto a otros cuatro mandatarios de la UCR y el PRO, pregonan por una avenida del medio que, si bien tuvo un frustrado debut electoral, hoy les sirve como paraguas para las negociaciones parlamentarias.

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“Los gobernadores radicales y la Mesa Nacional asumieron el compromiso de seguir trabajando juntos para fortalecer a la Unión Cívica Radical e impulsar una mirada federal del desarrollo argentino, que permita generar empleo privado, fortalecer las economías regionales y recuperar competitividad”, agregaron sobre la reunión de hoy y se comprometieron a mantener este tipo de encuentros con más frecuencia.

Otro encuentro clave de la UCR

Ernesto Sanz convocó a un encuentro para la próxima semana en CABA

Casi en la misma sintonía de lo que sucedió esta mañana, otro grupo de dirigentes radicales prepara un encuentro para la próxima semana, en lo que será otro gesto de cara a 2027. La reunión cobra trascendencia porque la convocatoria está a cargo de Ernesto Sanz, socio fundador de Cambiemos, junto a otros dirigentes de peso como Jesús Rodríguez y Mario Negri.

Según pudo saber Infobae, el encuentro será el próximo 29 de mayo en Buenos Aires, con el objetivo de “debatir la construcción de una alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2027”. También estarán presentes Lilia Puig, Facundo Suárez Lastra, Adolfo Stubrin y Walter Ceballos.

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En el documento difundido para invitar al encuentro, los dirigentes señalaron que el objetivo será “conversar sobre la presencia de nuestras ideas y propuestas como alternativa popular en la elección presidencial de 2027”.

“El tiempo transcurre inexorablemente. Sobre mediados de 2026 ya se preparan las fuerzas con aspiraciones de participar en la elección nacional del año próximo. El radicalismo, que expresa el legado de Raúl Alfonsín, apenas aparece en el panorama de las opciones”, afirmaron.

Los convocantes sostuvieron que, “en apoyo de las autoridades partidarias”, sienten “la necesidad de movilizarnos para evitar que ese espacio quede vacío, porque debe ser llenado a tiempo”.

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POLITICA

Monteoliva marcó distancia con Bullrich en medio de la interna en el Gobierno: “Mi respuesta es al señor Presidente”

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La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, se refirió a las versiones de tensión entre Patricia Bullrich y Karina Milei dentro del oficialismo y aseguró que, en su rol como integrante del Gabinete, responde directamente al Presidente. Además, habló sobre el operativo organizado para el velorio del Indio Solari y la relación con la provincia de Buenos Aires.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Monteoliva respondió a las versiones de internas en el Ministerio de Seguridad. “Las tensiones, las internas, todo eso de lo que ustedes hablan, a veces es más la conversación que lo que en realidad ocurre”, enfatizó. Ante la consulta sobre su alineación, fue tajante: “En mi caso, yo respondo al señor Presidente. No hay posibilidad humana que como ministra de Seguridad Nacional tenga otro tipo de alineación”.

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Monteoliva sostuvo que el debate interno es propio de cualquier gestión, pero que el rumbo de Seguridad está claro: “Yo no concibo espacios donde no pensemos diferente o donde no tengamos a veces posiciones distintas, pero el norte es el mismo”. Aclaró su vínculo con Patricia Bullrich: “Con Patricia trabajé hace años, he trabajado años, hemos compartido, los equipos técnicos somos los mismos, porque somos el mismo equipo. Le tengo un aprecio y un cariño muy grande a Patricia. Patricia es un actor político clave en el país, pero como ministra mi respuesta es al señor presidente y estoy en total alineación con lo que define el presidente”.

Consultada sobre si percibe el “aire de tensión” entre la mano del presidente y Bullrich, Monteoliva relativizó: “Yo lo que no concibo es que se haga política. Y yo no vengo de la política ni tengo historia en la política, pero no me explico de qué manera se generan definiciones, consensos, acuerdos, si no es en las discusiones. A mí me parecería raro que todo el mundo pensara igual o creyera igual, sería como sospechoso”.

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Sobre el video viralizado de Patricia Bullrich, Monteoliva optó por eludir la polémica: “El equipo de comunicación de Patricia son muy ingeniosos. Patricia tiene otras cosas para comunicar como actor político”. Ante la pregunta sobre la presentación de su declaración jurada, aclaró: “No, todavía no presenté porque el plazo es hasta el 31 de julio. No tengo ningún inconveniente en hacerlo”.

Otro de los temas abordados fue el operativo desplegado durante el velorio del Indio Solari. La ministra explicó que, tras conocerse la muerte del músico, algunos diputados solicitaron que la despedida se realizara en el Congreso, pero el Ministerio de Seguridad desaconsejó esa alternativa por cuestiones técnicas.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, en los estudios de Infobae en Vivo

“Hicimos una consulta técnica rápida y dimensionamos una posible asistencia de 400 mil personas. Para ese escenario, en un lugar eminentemente urbano como el Congreso o la Casa Rosada, no estaban garantizadas las condiciones de seguridad”, explicó.

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Según detalló, el Gobierno propuso como alternativa el predio de Tecnópolis por sus condiciones de acceso y por la posibilidad de organizar un operativo de gran escala. “La última palabra la tiene la familia en casos como este. Nosotros podemos proponer lugares, pero después tenemos que acompañar la decisión que se tome”, indicó.

Monteoliva también defendió el trabajo conjunto realizado con el gobierno bonaerense y rechazó las lecturas políticas sobre el despliegue. “No ideologizo nada ni politizo una situación como esa. Cuando algo está bien hecho hay que decir que está bien hecho”, sostuvo.

En ese sentido, calificó el procedimiento como “un operativo bien planteado” y aseguró que existió una coordinación permanente con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “Había más de 1.500 policías. Es imposible hacer un operativo de esas características sin policías”, concluyó.

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POLITICA

Aprobaron las ternas para reemplazar a dos jueces de la Cámara Federal porteña, clave en los casos de corrupción

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El Consejo de la Magistratura decidió elevar al Poder Ejecutivo la terna de los candidatos propuestos para ocupar dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña, para reemplazar allí a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Es el primer paso la refundación de este estratégico tribunal, cuya integración pretende cambiar el Gobierno.

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La terna que fue aprobada por mayoría incluye en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, que volvió a concursar para su cargo.

Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola y el propio Bertuzzi, pero esta decisión es del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.

A fines de la semana pasada, Bruglia solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar de no innovar. Reclamó que se suspendan todas las acciones vinculadas al concurso del Consejo de la Magistratura con el que, según denunció, buscan removerlo de la Sala I de la Cámara Federal porteña.

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La presentación, que incluyó duras críticas a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a colegas del Poder Judicial, se incorporó dentro de la petición P-35-21, en trámite ante la CIDH desde 2021, en la que se analiza la situación de Bruglia y la de sus colegas Bertuzzi y Germán Castelli, tras los embates que lideró contra ellos el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández.

Bruglia identificó un punto de no retorno para sostener su petición a la CIDH: el momento en que la eventual designación de reemplazantes tornaría irreversible su salida del cargo. Según sostuvo, el 27 de abril pasado el consejero Diego Barrotaveña reactivó el concurso 461, que había permanecido paralizado durante la instancia de solución amistosa que se había iniciado ante la CIDH. Tres días después, el 30 de abril, las ternas fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo, en menos de quince minutos y, según planteó Bruglia, sin debate sustantivo, tras una reunión previa a puertas cerradas.

De acuerdo con el planteo de Bruglia, el Poder Ejecutivo proyecta que las ternas sean elevadas al Ministerio de Justicia a mediados de este mes, que los pliegos ingresen al Senado en julio y que los nuevos jueces juren en agosto. Ese sería, sostuvo, el momento en que la situación se volvería irreversible.

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En su presentación, además, Bruglia señaló al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al viceministro, Santiago Viola. Consignó que Viola fue designado por Milei como representante del Poder Ejecutivo ante el propio Consejo y recordó que tanto él como Bertuzzi lo habían procesado en el pasado en una causa en la que Viola fue acusado de haber promovido testigos falsos que declararon contra el juez federal Sebastián Casanello.

Así, el camarista sostuvo que funcionarios y jueces que integran el Consejo impulsan una aplicación selectiva del fallo de la Corte Suprema de 2020 que estableció que los jueces trasladados ocupan sus cargos de manera transitoria hasta completar el proceso constitucional de designación.

Cabe recordar que en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde un tribunal oral a la Cámara Federal porteña, con el aval del Consejo de la Magistratura. Pero tras el fallo de la Corte Suprema, Bruglia remarcó que las nuevas pautas ordenadoras se aplicaron únicamente en sus casos. En otras palabras, en decenas de situaciones similares no se activaron concursos ni se retrotrajeron vacantes.

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Como respaldo a su planteo, Bruglia presentó el caso “testigo” de Carlos Mahiques. Lejos de activar un concurso en el Consejo de la Magistratura, el presidente Javier Milei impulsó darle un nuevo acuerdo por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Ese acto, sostuvo Bruglia, evidencia con nitidez el trato desigual.

Bruglia advierte que su trato fue el contrario del que el Gobierno le dio a Carlos Mahiques (padre del actual ministro de Justicia), quien también llegó a su cargo por traslado y lejos de querer reemplazarlo, Milei pidió extenderle su mandato por cinco años cuando cumpla 75 años

La gravedad institucional del argumento tiene, para Bruglia, un respaldo inesperado: las palabras del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, uno de los firmantes del fallo “Bertuzzi”, quien declaró públicamente que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad”, y contrastó el tratamiento recibido por Carlos Mahiques con el de Leopoldo Bruglia.

El conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi” en el marco de un “per saltum” y fijó el carácter transitorio de todos los traslados de jueces y camaristas. En 2024, el Estado argentino impulsó ante la CIDH un proceso de solución amistosa que implicó la paralización de los concursos 461 y 479 durante casi dos años.

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Ricardo Lorenzetti cuestionó la decisión del Consejo de la Magistratura de tratar de modo desigual a los distintos jueces trasladadosCSJN

Sin embargo, ese proceso se interrumpió el 15 de octubre de 2025, apenas veinte días antes del inicio del juicio oral en la “causa Cuadernos”. El cambio de estrategia se consolidó con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia y de Viola al Consejo, en marzo de este año.

Bruglia sostuvo además que ya agotó las instancias internas, al solicitar sin éxito ante el Consejo de la Magistratura la suspensión del concurso al amparo del artículo 25 del reglamento de la CIDH. Según indicó, el organismo habría considerado que no reviste carácter de parte interesada, una interpretación que el magistrado cuestionó.

Así, la cautelar apunta a suspender todas las acciones vinculadas al concurso 461 hasta que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre el fondo del caso. Bruglia sostuvo que se encuentran acreditados los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable, e invocó la posible vulneración de garantías como la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Según alertó, si los nuevos jueces juran antes de que la CIDH resuelva, cualquier decisión posterior del organismo podría resultar de imposible cumplimiento.

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Manuel Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de la investigación por su patrimonio

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, ingresaron al régimen simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La normativa contempla la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, en el marco del paraguas del esquema de Inocencia Fiscal.

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Fuentes oficiales consultadas por Infobae aseguran que en el trámite ya realizado por el matrimonio, que es investigado en la Justicia por el incremento de su patrimonio, no hubo una suerte de “blanqueo” o depósito de dólares que no habían sido declarados con anterioridad. La explicación sobre el origen de fondos para la adquisición de los bienes de la pareja no se realizó por esta vía, aclararon.

La constancia de inscripción del régimen simplificado de Ganancias de Bettina Angeletti

El periodista Hugo Alconada Mon anticipó anoche que Angeletti adhirió el 31 de mayo a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. Las fuentes oficiales consultadas por este medio confirmaron la información aunque rechazaron la versión de que se había amparado en el régimen de inocencia fiscal que permite exteriorizar bienes. Además precisaron que el jefe de Gabinete adoptó la misma estrategia impositiva.

“El régimen simplificado de Ganancias ayuda a que se haga la declaración más rápido y de manera simplificada, porque el trámite lo termina completando el fisco y no quien aplica. Se gana tiempo operativo. Nada tiene que ver con la inocencia fiscal”, argumentan.

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No va a ser para blanquear dinero. Se equivocan quienes piensan que va a ser por eso”, afirman cerca de Adorni, desde donde agregan que no se va a meter un solo dólar a través del régimen de Inocencia Fiscal. La justificación de los fondos con los que el matrimonio compró sus inmuebles se explicarían, en parte, por tenencia de criptomonedas.

La declaración impositiva es privada, aunque la Justicia tiene la potestad de solicitar el levantamiento el secreto fiscal, tal como sucedió en el expediente judicial que investiga al matrimonio.

La adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias por parte de Adorni y Bettina no significa, necesariamente, que vayan a sacar dólares del colchón. Uno de los beneficios de Régimen es que les calculará a ambos -en base a información existente en su base de datos— el impuesto a pagar. Pero el más importante que tendrían ambos, en caso de ser aceptados en el Régimen, es el “tapón fiscal”.

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El mismo bloquearía a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de poder revisarlos por periodos fiscales anteriores. Entre ellos, el 2025, que es donde el jefe de Gabinete y su esposa hicieron movimientos que la Justicia investiga por posibles inconsistencias. Aunque hay que destacar un dato: en 2025 no se podían sacar dólares del colchón, la Ley de Inocencia Fiscal se aprobó en febrero. Si se lo conceden, ARCA no podrá mirar la ecuación patrimonial de sus bienes poseídos entre 2022, 2023 y 2024; y el año base de 2025.

El jefe de Gabinete tiene lista la declaración jurada y en su entorno prometen que su presentación será “inminente”.

El avance de las causas y los próximos pasos

Manuel Adorni deberá explicar ante la Justicia federal el crecimiento de su patrimonio en las próximas semanas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que podría derivar luego en una indagatoria y que también se entrecruza con otra investigación sobre su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, contratos estatales y un viaje en avión privado a Punta del Este.

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El avance del expediente depende de dos informes clave que esperan el juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita. Uno de ellos apunta a establecer si las cuentas del jefe de Gabinete cierran o no; el otro, a analizar comunicaciones vinculadas con la causa por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

A pedido de Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones prepara un estudio contable para definir si existió un incremento patrimonial injustificado y, en caso de detectar irregularidades, medir su magnitud. Ese análisis cruza ingresos, deudas, pagos relevantes para la compra de propiedades y gastos corrientes.

La revisión financiera estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio. Cuando la DAFI establezca una cifra sobre el supuesto enriquecimiento ilícito, Pollicita quedará en condiciones de pedirle a Lijo un requerimiento de justificación patrimonial.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Si recibe el requerimiento, Adorni podrá responder de qué manera compró y remodeló dos propiedades: un semipiso en Caballito y una casa de country en Exaltación de la Cruz, sin vender los bienes que tenía antes de asumir como funcionario. También deberá explicar de dónde salió el dinero para viajar por el país y el mundo, adquirir una nueva camioneta y cómo pensaba cancelar antes de noviembre una deuda de USD 335.000 con distintos acreedores.

La declaración jurada del ciclo 2025 que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción no parece suficiente para evitar ese paso inmediato. Si su descargo no desarma la hipótesis delictiva que impulsa el fiscal, el siguiente movimiento sería citarlo a declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro.

La pesquisa patrimonial incluye además un foco específico sobre las criptomonedas. La Justicia ya tiene acreditados movimientos, fondos y billeteras virtuales de Adorni, aunque los investigadores sospechan que podría haber más activos digitales y no descartan que algunos le pertenezcan sin estar registrados a su nombre.

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La otra investigación que rodea al jefe de Gabinete se concentra en su relación con Marcelo Grandio y con la productora ImHouse. En ese expediente, Lijo espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado sobre las llamadas de Grandio y de Horacio Silva, presidente de esa empresa. Para el feriado de Carnaval de este año, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que viajaron a Punta del Este el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos. El costo total de ida y vuelta fue de USD 7.830. Adorni dijo públicamente que pagó su parte y debe presentar el comprobante a la Justicia.

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