ECONOMIA
Créditos más baratos para el agro: el BCRA derogó una norma que penalizaba el acopio de soja y trigo
A través de la publicación de la Comunicación “A” 8418, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la remoción de una normativa que imponía costos financieros adicionales a los productores agropecuarios que mantenían existencias de granos en sus acopios.
La medida, que entró en vigencia inmediata para las operaciones concertadas a partir del 10 de abril de 2026, pone fin a una restricción que durante años afectó la estructura de costos del sector primario al vincular el acceso al financiamiento bancario con el ritmo de comercialización de la cosecha.
La resolución de la autoridad monetaria impacta directamente sobre el cálculo de las exigencias de capital mínimo por riesgo de crédito que deben cumplir las entidades financieras. Según establece el documento oficial, se dispuso “dejar sin efecto las disposiciones que refieren a la mayor exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito sobre las financiaciones a clientes con actividad agrícola no Mipyme que mantienen acopios de su producción superiores al 5% (cinco por ciento) de su capacidad de cosecha anual”.
Esta disposición técnica se traduce en la eliminación de un factor multiplicador que encarecía significativamente las tasas de interés. Hasta la publicación de esta nueva norma, el sistema financiero estaba obligado a aplicar un coeficiente igual a 4 sobre la exigencia de capital para préstamos otorgados a grandes productores que conservaran un stock superior al umbral mencionado. Al eliminarse este “castigo” regulatorio, el costo de las líneas de crédito debería alinearse con los valores estándar del mercado, sin distinciones basadas en el volumen de granos almacenados por el solicitante.
Un esquema de presión sobre la liquidación
La normativa que ahora se deroga tenía sus raíces en una estrategia de política económica implementada en mayo de 2020. En aquel contexto, el objetivo central era incentivar una liquidación más acelerada de las exportaciones agrícolas, especialmente de soja y trigo, para fortalecer las reservas de divisas del Banco Central. Al encarecer el crédito para quienes no vendían su producción, el Estado forzaba a los productores a utilizar sus propios granos como fuente de liquidez en lugar de recurrir al apalancamiento bancario.
La penalización financiera se aplicaba específicamente a las empresas que no calificaban como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MiPyME). Para este universo de contribuyentes, mantener más del 5% de su capacidad de cosecha en silos significaba enfrentar intereses sustancialmente más elevados que el resto de los actores económicos. Según estimaciones del sector productivo, este sobrecargo podía representar una diferencia de hasta 20 puntos porcentuales en el costo financiero total de un crédito en pesos.
El texto ordenado de la normativa del BCRA detalla que estas condiciones restrictivas se aplicaron sobre las financiaciones acordadas desde el 18 de mayo de 2020 hasta el 31 de octubre de 2024, y se mantuvieron para los créditos en pesos gestionados entre el 1 de noviembre de 2024 y el 10 de abril de 2026. Con la firma de los funcionarios Darío C. Stefanelli y Marina Ongaro, la entidad central da por cerrada esta etapa de regulaciones diferenciales para el agro.
Semana de desregulación
La decisión del BCRA se enmarca en un proceso más amplio de flexibilización de las restricciones que pesan sobre la economía argentina. Junto con la baja del sobrecargo al crédito agrícola, la autoridad monetaria también avanzó en la simplificación de otras normativas relacionadas con el mercado de cambios y el acceso a divisas para operaciones de comercio exterior.
Desde el punto de vista técnico, la Comunicación “A” 8418 modifica el punto 11.5 del Texto Ordenado sobre Capitales Mínimos de las Entidades Financieras. Al remover este inciso, se eliminan las distorsiones que afectaban la oferta crediticia de los bancos, que en muchos casos preferían evitar este tipo de operaciones debido a la alta carga de capital que les exigía el regulador.
La unificación de criterios para el otorgamiento de préstamos busca que el riesgo crediticio se evalúe únicamente por la capacidad de pago y la solvencia del cliente, y no por su decisión logística de acopio. Esto es especialmente relevante en vísperas de nuevas campañas de siembra, donde la demanda de capital de trabajo para la compra de insumos, maquinaria y tecnología suele incrementarse de manera estacional.
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ECONOMIA
Brasil activó su ley de reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos y culpó a la familia Bolsonaro
El Gobierno de Brasil anunció que activará de forma inmediata los trámites para aplicar la ley de reciprocidad como respuesta a los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a determinados productos brasileños. Además, atribuyó la situación a la familia del ex presidente Jair Bolsonaro.
La Presidencia brasileña lo calificó como “un hito lamentable” en la relación bilateral, según un comunicado difundido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes sociales.
La Administración de Lula rechazó la decisión de la Administración Trump de aplicar “aranceles del 25% a los productos brasileños, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974”.
El comunicado enfatizó: “No existe justificación para adoptar medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio Gobierno estadounidense, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años un superávit de 424.500 millones de dólares en el comercio con Brasil”.
Brasil comunicó que iniciará los trámites para activar los mecanismos que prevé la Ley de Reciprocidad y que volverá a presentar el tema ante el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) abrió hace un año una investigación y concluyó que varias políticas brasileñas son “irrazonables” y limitan el comercio estadounidense. Entre ellas citó el sistema PIX de pagos electrónicos, las leyes anticorrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado de etanol y la deforestación ilegal.
“Brasil no reconoce la legitimidad de investigaciones que no estén amparadas por las normas multilaterales de comercio”, sostuvo el comunicado.
El texto añadió que en 2025, un 76% de las importaciones estadounidenses ingresaron a Brasil sin pagar aranceles y que el gravamen medio real aplicado a esos productos fue del 3,1%.
El Gobierno de Lula remarcó que nunca se apartó de la mesa de negociación durante el último año y que presentó “pruebas que refutan todas las acusaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales”.
También defendió el sistema de pagos PIX y la regulación de las redes sociales, y afirmó que no renunciará a la protección de las familias y los niños frente a la codicia de “un puñado de ‘tecnooligarcas’”.
El comunicado responsabilizó a la familia Bolsonaro del ‘tarifazo’, en un contexto en el que faltan menos de tres meses para las elecciones presidenciales, que enfrentarán a Lula con Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex mandatario.
La nota oficial señaló: “Es lamentable constatar que el desafortunado desenlace de las investigaciones basadas en la Sección 301 forma parte de un relato construido con la activa colaboración de la familia Bolsonaro”.
Agregó: “Son falsos patriotas que planearon y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales”.
Actualmente, Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión domiciliaria por un intento de golpe de Estado contra Lula.
Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del ex mandatario, fue condenado recientemente por la Corte Suprema de Brasil a cuatro años de prisión en régimen semiabierto por promover desde Estados Unidos sanciones contra Brasil para obstaculizar el proceso judicial contra su padre.
Por su parte, Flávio Bolsonaro remitió una carta a la Administración Trump solicitando el aplazamiento de los aranceles hasta después de las elecciones, por considerar que la medida podría beneficiar a Lula.
El Ejecutivo de Lula concluyó: “No se puede amar a Brasil solo cuando se ganan las elecciones. Proteger nuestra soberanía es una obligación que está por encima de todos los partidos y de todas las tendencias. El Gobierno brasileño no vacilará en su deber de preservarla”.
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Durante la cosecha 2025-26, Brasil exportó 38,46 millones de sacos de 60 kilos de café, lo que representa una baja del 15,7% respecto al ciclo anterior. Esta disminución se atribuyó a una menor disponibilidad del grano, inconvenientes logísticos en los puertos y al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, según informó la patronal del sector.
A pesar de la caída en el volumen, los ingresos por exportaciones descendieron solo un 1%, alcanzando 14.595 millones de dólares, la segunda mayor cifra histórica tras el récord del ciclo precedente, según el Consejo de los Exportadores de Café de Brasil (Cecafé).
En junio, último mes del año cafetero, el país exportó 3,06 millones de sacos, un 16,9% más que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, la facturación disminuyó en un 6%, situándose en 972,8 millones de dólares.
Durante el primer semestre de 2026, los embarques totalizaron 17,83 millones de sacos, un 8,3% menos que en igual periodo de 2025. Los ingresos también retrocedieron un 13,3%, hasta los 6.534 millones de dólares.
El presidente de Cecafé, Márcio Ferreira, señaló que la reducción de las exportaciones era previsible tras el récord de 2024, que disminuyó considerablemente las existencias del grano en el país, sumado a condiciones climáticas adversas que afectaron la cosecha de 2025.
A esto se añadieron dificultades logísticas en los principales puertos brasileños, que ocasionaron retrasos y la imposibilidad de exportar cientos de miles de sacos, generando costos extra para las empresas, según el directivo.
El arancel del 50% impuesto por Estados Unidos durante casi cuatro meses al café brasileño provocó una reducción del 54,9% en las exportaciones a ese mercado entre agosto y noviembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque la mayoría de estos gravámenes fueron eliminados posteriormente, el café soluble sigue sujeto a la tarifa, mientras persiste la incertidumbre sobre posibles nuevos aranceles por parte de la administración de Donald Trump.
Como consecuencia, Alemania superó por primera vez a Estados Unidos como principal destino del café brasileño desde la cosecha 2009-10, con 5,19 millones de sacos importados, equivalentes al 13,5% del total anual exportado.
Estados Unidos se ubicó en segundo lugar, con 4,24 millones de sacos —un 43,2% menos que la temporada anterior— seguido por Italia, Bélgica y Japón.
El café arábica representó el 76,7% de las exportaciones, con 29,5 millones de sacos; el café de tipo canéfora, 5,03 millones; y el café soluble, 3,87 millones de sacos.
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ECONOMIA
Uber busca quedarse con la dueña de PedidosYa por USD 14.800 millones: cómo impacta en la Argentina
Uber lanzó este jueves una oferta pública de adquisición sobre Delivery Hero, la empresa alemana dueña de PedidosYa en la Argentina. Según trascendió, la transacción rondaría los USD 14.800 millones y el objetivo de la firma estadounidense de movilidad es construir la mayor plataforma de reparto de comida del mundo fuera de China.
La operación combinará dos redes que, en conjunto, operan en 99 países y registraron un volumen bruto de mercancías de USD 236.000 millones en 2025. Para Uber, la compra amplía la red de Uber Eats en Europa, Medio Oriente, Asia y América Latina, y refuerza su posición frente a sus rivales DoorDash —que el año pasado adquirió la británica Deliveroo— y Just Eat, ahora en manos del grupo holandés Prosus.
La oferta está condicionada a que Uber alcance un umbral mínimo de aceptación del 50% más una acción, según informó la compañía en un comunicado. El cierre de la operación se espera para la segunda mitad de 2027.
Como parte del acuerdo, Delivery Hero acordó vender una porción de su negocio en 14 mercados a la firma de inversión estadounidense SSW Partners por aproximadamente 1.400 millones de euros. A su vez, Uber se comprometió a invertir 2.000 millones de euros en Alemania antes de 2031 y a mantener la sede central de Delivery Hero en Berlín y su plantilla de empleados hasta al menos 2029.
El mayor accionista de Delivery Hero, Prosus -el fondo también es dueño de la empresa argentina de viajes Despegar-, acordó vender su participación de casi el 17% en la compañía. Uber ya había asegurado exposición a cerca del 37% de las acciones de Delivery Hero —incluyendo derivados financieros—, lo que eleva su interés económico total a más del 53% tras los compromisos de venta.
Esta operación llega en un momento de fuerte expansión de Uber en el país. La empresa retomó las operaciones de Uber Eats después de más de cinco años de ausencia, con un relanzamiento que arrancó en Mendoza y que busca extenderse a otras plazas como Córdoba, Rosario y Capital Federal. La división de delivery había abandonado el mercado local en noviembre de 2020, en medio de la pandemia y como parte de una decisión global de concentrar recursos en los mercados donde la compañía tenía posiciones de liderazgo.
El regreso de Uber Eats se da en un mercado que no es el mismo que dejó. PedidosYa y Rappi tienen presencia territorial consolidada, acuerdos con miles de restaurantes y bases de repartidores establecidas. A ellas se sumó el año pasado Mercado Libre, que incorporó la compra de comida tanto a través de su aplicación de comercio electrónico como de su billetera virtual, Mercado Pago. La estrategia de Uber apunta a diferenciarse con una sola aplicación que integre movilidad y delivery.
El sector de delivery en la Argentina generó ingresos por USD 1.860 millones en 2024, según datos de Statista Market Insights, por debajo de Brasil —el principal mercado de la región, con USD 8.400 millones— y México, con USD 2.530 millones. La pandemia fue el punto de inflexión del negocio, ya que el delivery fue declarado actividad esencial, lo que aceleró su adopción masiva.
Entre 2020 y 2021, la cantidad de trabajadores activos en el sector creció entre un 20% y un 78%, y para 2025 se estima que alrededor de 160.000 personas participan en este segmento. Según datos del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) en la actualidad hay aproximadamente 1.000.000 de repartidores y choferes de aplicación. Si bien se trata de estimaciones, ya que las empresas no publican datos oficiales, este número es casi un 900% más alto que la cantidad de trabajadores de plataforma que había seis años atrás.
El timing de la adquisición global también coincide con un debate regulatorio en marcha en el país. Este año el Gobierno logró la aprobación de la reforma laboral que incluye cambios orientados a simplificar la contratación de trabajos temporales y de la economía de plataformas. Para las empresas de delivery, la definición de ese marco es una variable de peso: la ausencia de reglas claras fue históricamente una fuente de litigios y de incertidumbre sobre los costos laborales.
Delivery Hero también es propietaria de Glovo, marca que operó en Argentina hasta 2020 y que hoy concentra sus operaciones en Asia, y de otras plataformas regionales como Foody, Efood y FoodPanda.
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