Granja Tres Arroyos, la mayor empresa avícola de la Argentina, presentó a sus acreedores una propuesta para reestructurar una deuda total de USD 350,9 millones. Según un documento al que accedió Infobae, el plan elaborado por la firma de banca de inversión VALO Columbus, divide la deuda en cuatro grandes bloques y ofrece a cada tipo de acreedor condiciones distintas. Además, reserva un tramo especial con mejores condiciones para quienes se comprometan a seguir proveyendo de materia prima e insumos, de manera que la empresa pueda retomar su actividad. La fecha prevista para cerrar el acuerdo es el 30 de junio de 2026.

La propuesta llega en el momento más crítico de la historia reciente del grupo. Fundado en la década de 1930 por el inmigrante italiano Gaspar De Grazia, que vendía pollos en carreta por las calles de Buenos Aires, el grupo creció durante décadas hasta convertirse en el actor dominante del sector: procesaba hasta 760.000 aves por día, empleaba a más de 6.500 personas, exportaba a más de 60 países y facturaba alrededor de USD 1.300 millones anuales. Hoy, tiene sus plantas paralizadas y, según datos oficiales, acumula más de 1.800 cheques rechazados por más de $29.000 millones, adeuda salarios a sus trabajadores y opera con una faena diaria que cayó a cerca de 200.000 aves.

La empresa, conducida por Joaquín De Grazia, agrupa a tres sociedades: Granja Tres Arroyos S.A., WADE S.A. y Avex S.A. La reestructuración abarca la deuda de las tres en forma conjunta.

El pasivo total de USD 350,9 millones —calculado al tipo de cambio de $1.450 por dólar— se divide en cuatro categorías. La deuda comercial es la de mayor monto individual, con USD 123 millones, e involucra a proveedores de granos como ACA, Bunge y Dreyfus, laboratorios veterinarios, fleteros, pequeños granjeros y proveedores de energía.

La deuda fiscal suma USD 88,1 millones, principalmente con ARCA (ex AFIP) por USD 56,2 millones y con organismos provinciales como ARBA por otros USD 31,9 millones.

La deuda financiera garantizada asciende a USD 85,1 millones y tiene cuatro acreedores: Rabobank (USD 43,8 millones), ACA (USD 36 millones), el Banco de la Nación Argentina (USD 3,5 millones) y el BICE (USD 1,8 millones). La deuda financiera sin garantía suma USD 54,7 millones y se distribuye entre más de diez bancos —entre ellos BBVA, Banco Santander, BAPRO, Credicoop y Supervielle—, más acreedores no bancarios, fideicomisos y cheques diferidos emitidos en el mercado de capitales. A ese total se le suma, con monto aún por determinar, una deuda con Proteinsa S.A. por saldo de precio de una compra anterior.

Consultadas fuentes de la empresa, precisaron a Infobae: “Estamos totalmente abocados a encontrar soluciones que nos permitan salir de esta difícil situación para continuar operando en Argentina y preservar las fuentes de trabajo de nuestros más de cinco mil empleados”. Y agregaron: “Para eso, hemos decidido iniciar un proceso de reordenamiento y reestructuración de deuda con el asesoramiento de Columbus Investment Banking que esperamos tengan un impacto positivo en el mediano plazo y poder así consolidar el legado que hemos construido con esfuerzo y compromiso por el país”.

La parte más elaborada de la propuesta es la que concierne a la deuda comercial, porque son los proveedores quienes sostienen el abastecimiento diario de la planta. El plan les ofrece cuatro opciones —llamadas tramos— y cada uno puede elegir la que prefiera, o combinarlas.

El Tramo 1 es el más agresivo para el acreedor: acepta una quita del 75% del capital. Es decir, si un proveedor tiene un crédito de USD 100.000, le perdonan USD 75.000 y solo cobra USD 25.000. A cambio, lo recupera en 12 cuotas mensuales a una tasa del 1% anual en dólares, con seis meses de gracia antes de que empiecen los pagos.

El Tramo 2 reduce la quita al 50%: el acreedor cobra la mitad de lo que le deben, en 24 cuotas mensuales al 2% anual, también con seis meses de gracia.

El Tramo 3 no aplica ninguna quita: el acreedor cobra el 100% de su crédito, pero espera hasta siete años (84 cuotas mensuales al 3% anual, con seis meses de gracia).

Los tres primeros tramos están respaldados por un mecanismo de garantía, de manera que GTA cede a un fiduciario —un administrador independiente— los derechos sobre sus cobros presentes y futuros. Ese fiduciario recibe el dinero que entra a la empresa y lo aplica al pago de los acreedores en orden de prioridad: primero cobra el Tramo 1, luego el Tramo 2 y finalmente el Tramo 3. Si en algún momento sobra caja por encima de lo necesario para cubrir el próximo vencimiento, ese excedente se destina automáticamente a cancelar deuda por adelantado —un mecanismo conocido como cash sweep— para reducir el saldo pendiente más rápido.

El Tramo 4 tiene una lógica distinta: no es para acreedores que ya tienen deuda con GTA, sino para proveedores estratégicos dispuestos a seguir abasteciendo a la empresa durante los 120 días posteriores al cierre del acuerdo. Cada uno debe comprometerse a entregar materia prima e insumos por al menos USD 5 millones en ese período, y el conjunto debe sumar un mínimo de USD 20 millones. A cambio, la deuda preexistente se refinancia en 60 cuotas mensuales al 4% anual con garantía hipotecaria sobre activos de GTA, y la nueva asistencia de emergencia se consolida en una facilidad al 6% anual en 8 cuotas trimestrales, también con hipoteca de primer grado.

Según el informe de VALO al que accedió Infobae, el plan no puede cerrarse si la empresa no consigue, antes del 30 de junio, al menos USD 80 millones de capital de trabajo fresco para sostener la operación durante la transición. El documento identifica cuatro fuentes posibles para reunir ese monto.

La primera es el propio Tramo 4: los proveedores estratégicos que se sumen aportarían al menos USD 30 millones en materia prima e insumos. La segunda es la venta de activos no estratégicos por al menos USD 30 millones; el documento menciona explícitamente cinco propiedades en carpeta: la planta de deshidratados en Zárate (Buenos Aires), un tambo en Santa Elena (Entre Ríos), una cría de porcinos en Bella Vista (Entre Ríos), la Planta Becar en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y la Planta Wade I en Ezeiza (Buenos Aires).

La tercera fuente son anticipos de grandes clientes y contratos de maquila —donde GTA faena para terceros usando su capacidad instalada ociosa— por al menos USD 10 millones. La cuarta, y la más abultada, es la incorporación de un nuevo inversor que aporte al menos USD 45 millones bajo la forma de deuda o capital.

GTA ya dio un paso en esa dirección: a principios de 2026 vendió a ACA la planta de Avex en Río Cuarto (Córdoba) bajo un esquema de leaseback —venta con alquiler posterior— que le permitió obtener liquidez inmediata sin perder el uso de las instalaciones, con opción de recompra en cuatro años.

Para que el acuerdo entre en vigor, el plan exige condiciones estrictas de adhesión. El 100% de los acreedores financieros —tanto los garantizados como los no garantizados— debe aceptar la propuesta. En el caso de los acreedores comerciales, el umbral es del 90% de la deuda total de ese bloque.

Además, todos los acreedores deben renunciar a cobrar los intereses por mora y punitorios acumulados hasta la fecha de cierre, y liberar las garantías personales que hayan otorgado personas físicas y la sociedad HAI S.A.

Como condición adicional, GTA debe ceder al fideicomiso de garantía un conjunto de productos destinados a la exportación —principalmente garras de pollo y otros subproductos— valuados en USD 35 millones. Esa cesión está condicionada a la reapertura de los mercados de China, la Unión Europea y Chile, que se cerraron para la empresa tras el brote de influenza aviar que golpeó al sector en 2024 y que, según estimaciones del sector, implicó una pérdida de alrededor de USD 160 millones en exportaciones.

El plan financiero proyecta un rebote productivo en nueve meses. La empresa estima que, una vez cerrada la reestructuración, la producción mensual de pollitos bebé pasaría de los 10 millones actuales a 14,9 millones, la tasa de mortandad en la crianza bajaría del 18% al 12%, y la faena diaria volvería a 430.000 aves —lejos aún del pico histórico de 760.000, pero más del doble de las 200.000 actuales.

En términos financieros, las proyecciones elaboradas por VALO prevén que las ventas caigan a USD 450,8 millones en 2026 —el año del ajuste—, para luego recuperarse a USD 763,2 millones en 2027 y estabilizarse en torno a USD 780 millones anuales a partir de 2030. El resultado operativo, negativo en USD 34,7 millones en 2026, pasaría a positivo en USD 46,4 millones en 2027.

El EBITDA —indicador que mide la capacidad de generar caja antes de impuestos, intereses y amortizaciones— se proyecta en USD 50,2 millones para 2027 y en USD 65,6 millones anuales desde 2030 en adelante. Las proyecciones macroeconómicas que sustentan el modelo fueron elaboradas por la consultora Eco Go y asumen una inflación del 32% para 2026, una devaluación del 10% ese año y un tipo de cambio de $1.600 por dólar a fin de diciembre.