En pocos días más empieza la segunda mitad del año, y los aumentos en servicios esenciales empezarán a golpear el bolsillo del trabajador.

Algunos de los precios regulados y servicios esenciales que van a actualizarse son el transporte público, las cuotas de medicina prepaga, los alquileres, los colegios privados y los servicios públicos.

Las subas se implementarán luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo, y sobre esa referencia se activarán distintos mecanismos de actualización tarifaria previstos tanto por organismos públicos como por contratos del sector privado.

De esta manera, aquellos que alquilaron bajo la Ley de Alquileres deberán afrontar en julio subas cercanas al 31,54% anual, a partir del Índice de Contratos de Locación (ICL), que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios, mientras que quienes ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomarán la inflación trimestral del 8,1%; cuatrimestral 11%; o semestral con el 16,7%.

Aumento del transporte

Los usuarios del transporte público en la provincia de Buenos Aires enfrentarán un aumento del 4,1% a partir del 1 de julio, por lo que el boleto de colectivo mínimo pasará a costar $1.057,25, mientras que el tramo de 3 a 6 km tendrá un costo de $1.189,39, el de 6 a 12 kilómetros $1.321,55 y los recorridos de 12 a 27 kilómetros llegarán a $1.585,89, según Noticias Argentinas.

Este aumento en el boleto de colectivo, que regirá por doce meses, se basará en el mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación más un adicional de 2 puntos porcentuales, y según la administración nacional, «el ajuste tiene como objeto garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad así como las condiciones en la prestación de los mismos», manteniéndose el descuento del 55% para quienes tengan la tarifa social, jubilados, pensionados y otros grupos que perciben ayuda de ANSES.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, los viajes de hasta 3 kilómetros pasarán a costar $822,18 y en cuanto al subte, el boleto subirá de $1.558 a $1.621 con SUBE registrada, mientras que quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán abonar $2.541.

Salud y luz

Por el lado de la salud, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus clientes las subas previstas para las cuotas de julio de este año, que en la mayoría de los casos serán superiores a la inflación, ya que los incrementos estarán en torno al 2,9%.

En cuanto a las tarifas, las facturas de luz del AMBA registrarán un nuevo ajuste en julio, en línea con el esquema de actualización mensual que aplican Edenor y Edesur en base a los índices de precios, por lo que la actualización del servicio eléctrico de junio a pagarse en julio tendrá una suba promedio del 1,5%.

Asimismo, las facturas de gas registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país, en un mes de mayor consumo por la estacionalidad invernal, al tiempo que las facturas de agua y cloacas de AySA subirán un 3% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense.

En el mercado laboral argentino, la insatisfacción con el sueldo y la falta de perspectivas de crecimiento conviven con una llamativa cautela: muchos trabajadores quieren irse, pero pocos dan el paso. Un estudio reciente sobre comportamiento laboral y preferencias de los trabajadores ilumina ese aparente contrasentido y revela qué factores pesan más a la hora de decidir si quedarse o buscar algo mejor.

El 33% de los trabajadores argentinos tiene intención de cambiar de empleo, pero solo el 10% concretó ese cambio en el último semestre. Esa brecha entre la voluntad y la acción es uno de los datos centrales del Randstad Employer Brand Research 2026, que releva anualmente el comportamiento laboral en 34 países y que en Argentina consultó a más de 4.000 personas de entre 18 y 65 años.

Los números muestran, además, que la situación no es nueva ni se está agravando. Respecto de la medición anterior, la intención de cambio bajó apenas un punto porcentual —del 34% al 33%— y quienes efectivamente cambiaron de trabajo pasaron del 12% al 10%. En términos estadísticos, el panorama es de relativa estabilidad.

Las razones que llevan a los trabajadores a querer irse son claras y están encabezadas por una sola variable: la plata. El 50% de los encuestados señala la baja remuneración como el principal motivo para renunciar, un porcentaje que cobra mayor peso en un contexto de aumento sostenido del costo de vida.

A esa razón le siguen la falta de oportunidades de desarrollo profesional (36%), un balance insuficiente entre trabajo y vida personal (27%) y un ambiente laboral negativo (26%).

El patrón no es uniforme entre grupos. Las generaciones más jóvenes son las que más piensan en cambiar: el 39% de los trabajadores de la generación Z lo tiene previsto para los próximos meses, seguido del 35% de los millennials. En cambio, entre los de mayor edad la propensión cae: 23% en la generación X y 19% entre los baby boomers.

También hay diferencias por género. Las mujeres mencionan el salario como motivo de renuncia con mayor frecuencia que los hombres —52% contra 48%—, mientras que ellos son más propensos a irse por falta de interés en las tareas o por un liderazgo deficiente.

En cuanto al balance trabajo-vida personal, son las generaciones más jóvenes quienes más lo valoran como razón de salida: el 29% de los más jóvenes lo menciona, frente al 24% de los grupos de mayor edad. En el caso de las generaciones mayores, en cambio, cobra más peso la percepción de inequidad salarial y la insuficiencia de incentivos: el 22% lo señala como motivo, por encima de la media general del 18%.

El estudio identifica una brecha entre lo que los trabajadores esperan de un empleador ideal y lo que perciben en su empleo actual, y esa distancia puede ser parte de la explicación de por qué tantos evalúan irse sin terminar de hacerlo.

El 70% de los encuestados señala el salario y los beneficios como el atributo más importante de un empleador ideal. Le siguen un ambiente laboral agradable (67%) y las oportunidades de desarrollo profesional (63%). Sin embargo, cuando los mismos trabajadores evalúan a sus empleadores actuales, el peso de esos factores cae de manera significativa: tanto el salario como las posibilidades de crecimiento rinden por debajo de lo que el talento considera deseable.

Esa distancia entre expectativa y realidad configura un cuadro de insatisfacción latente que no siempre se traduce en una renuncia efectiva.

El estudio no ofrece un dato único que explique la inacción, pero el contexto macroeconómico aparece como telón de fondo. La incertidumbre, la inflación y la falta de señales de crecimiento sostenido en la actividad económica y el mercado laboral funcionan como freno. En un escenario así, cambiar de trabajo implica asumir un riesgo que muchos prefieren no correr.

Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, puso el foco en la responsabilidad de las empresas ante ese escenario: “Aunque los niveles de movilidad laboral muestran estabilidad, una parte considerable de los trabajadores continúa evaluando nuevas alternativas de desarrollo profesional. Esto representa una oportunidad para que las organizaciones revisen y fortalezcan su propuesta de valor, atendiendo las expectativas y necesidades del talento para generar mayores niveles de compromiso y fidelización”.

La ejecutiva también amplió la lectura sobre qué buscan hoy los trabajadores más allá de los factores tradicionales. “Es importante ver a estos factores como un todo, como un mix donde cada empresa, en base a sus valores, su cultura, su estructura organizacional y los estilos de liderazgo que promueve, arma la combinación que mejor la representa. Y estos factores son apenas el principio, ya que el talento tiene hoy expectativas multifacéticas y mucho más amplias y personales, por eso, cuando hablamos del trabajo, en las organizaciones empezamos a hablar de realización personal, de bienestar e incluso de felicidad”, comentó.

El salario sigue siendo el eje central del descontento, pero el dato de que solo uno de cada diez trabajadores efectivamente cambió de empleo en el último semestre sugiere que las condiciones del entorno económico pesan tanto o más que la voluntad individual de moverse.

A pesar de que tantos los bancos como el Gobierno sostienen que en materia de morosidad lo peor ya pasó, los últimos datos oficiales reportados mostraron que en abril la irregularidad en los préstamos siguió creciendo, en especial en el segmento de consumo.

La mora en los préstamos a individuos subió a 12,1% en abril, su nivel más alto en 20 años, según el Informe sobre Bancos del BCRA. Los créditos personales llegaron al 14,9% de irregularidad en la cartera (+0,5% en el mes) y las tarjetas de crédito alcanzaron al 12,5% (+0,7%). Tomando el crédito al sector privado en su conjunto, la morosidad total llegó en abril al 7,3% (+0,3%).

La explicación para que los banqueros digan que la mora está aflojando y que los números no lo demuestren no está en los créditos impagos sino en la falta de créditos nuevos. El mismo informe muestra que en abril el crédito para el consumo cayó un 0,9% en términos reales (es decir, descontada la inflación), en un contexto de reducción de todo el financiamiento al sector privado.

Así, aún cuando la irregularidad empiece a frenarse, los datos de la mora seguirán siendo negativos mientras la otra parte de la ecuación, el stock total de créditos, no pueda despegar. Y para eso falta mucho.

En los bancos explican claramente que no están saliendo a colocar préstamos en ninguna línea por dos razones.

La primera es que la demanda no lo exige: el consumo privado luce estancado y hay más clientes tratando de cubrir agujeros que pidiendo financiación para comprar algo. En el crédito para empresas, el panorama es igual de desalentador.

En segundo lugar, los bancos quieren bajar su nivel de riesgo hasta “limpiar” sus carteras de préstamos con atrasos. De esa forma, eligen al público, no lanzarse a prestar hasta que el panorama sea más claro y seguir colocando sus fondos en la deuda pública. Las estrategias para esto son conocidas: no actualizar los límites de las tarjetas, ponerse más estricto a la hora de calificar a los clientes y, sobre todo, mantener las tasas de interés en un nivel elevado.

La excepción fue el crédito en dólares, que creció atado al buen momento del comercio exterior. La pre-financiación de exportaciones y otras líneas en moneda extranjera están sosteniendo la actividad crediticia en muchos bancos. De ahí que algunas entidades -no todas- sigan presionando al BCRA para que se flexibilice aún más la posibilidad de prestar en dólares, restringida como medida precautoria desde la crisis de 2001.

Cada vez que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, habló acerca de la creciente morosidad en el crédito para las familias, señaló dos cuestiones. La primera es que la irregularidad ya tocó su máximo nivel durante el verano, por lo que ya comenzó a reducirse. Los datos oficiales de abril, aún con las particularidades de la medición, ponen en duda esa afirmación.

El segundo mensaje oficial es que desde el Gobierno no va a haber medidas concretas para paliar la situación. Bausili dijo que hacerlo sería “decidir sobre el dinero de la sociedad” y que el BCRA no está dispuesto a hacer eso. Por ello, no cabría esperar ninguno de los auxilios clásicos, como generalizar topes en las tasas o extensión en los plazos. Se descarta que haya algún “alivio regulatorio”, que brinde flexibilidad a los bancos a los efectos de refinanciar a los endeudados o cualquier posibilidad en la que el Estado absorba las pérdidas en alguna medida.

“El proceso de digestión de la mora está muy avanzado. Muchos bancos ya han visto el pico de la mora, algunos en diciembre, otros en febrero o marzo. Eso hace que algunos bancos ya empezaron a retomar una política de expandir el crédito», dijo Bausili en su última conferencia de prensa.

Aún con ese mensaje que llegó del BCRA, claramente hubo soluciones desde la órbita oficial ante la preocupación por la mora. Un mes atrás, el Banco Nación lanzó un primer “kit de soluciones” para los que necesitan refinanciar deudas, con tasa fija nominal del 65%, plazos de hasta 72 meses y montos de hasta $ 100 millones. También ofreció la cancelación de deudas con tarjetas, con tasas del 35% hasta $10 millones.

Esta semana el Nación avanzó con un nuevo mecanismo de refinanciación para deudas de consumo, esta vez con tasas del 12% al 14% ajustadas por UVA y plazo de hasta 120 meses. Se trata de un verdadero rescate ofrecido por el banco estatal: su primer plan abarcó a deudores en situación 1 y 2, con 90 días de atraso como máximo. En esta segunda etapa, la refinanciación admite deudores en categorías 3, 4 y 5. Esta última es la de los “irrecuperables” según el Banco Central, aquellos que dejaron de pagar hace más de un año.

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, también hubo movimiento. La Legislatura porteña sancionó un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que permitirá refinanciar deudas de tarjetas y préstamos personales a una tasa del 35% a familias con ingresos menores a 10 salarios mínimos ($3,7 millones). El plan se implementará a través del Banco Ciudad y se espera la adhesión de otras entidades financieras.

Más allá de que los datos oficiales sobre morosidad llegan hasta abril, en las semanas posteriores parece haberse acentuado el escenario de retracción para todos los préstamos. En junio, con el último dato oficial al día 23, el stock total de préstamos al sector privado en pesos creció apenas 0,5%, con una evidente caída en los créditos al consumo: los personales subieron solo 0,6% y el saldo de tarjetas cayó -4,2%, al igual que los prendarios (-0,4%). Con ese pobre desempeño en el otorgamiento de nuevas financiaciones, el ratio de morosidad tendrá combustible para mantenerse elevado.