El dólar mantuvo ayer su tendencia alcista y, salvo el oficial, el resto de las cotizaciones superaron los 1.500 pesos. La mayor presión compradora del mercado obligó al Banco Central a reducir su participación en el mercado, donde adquirió solo USD 20 millones, una de las cifras más bajas de los últimos meses.

El “blue” cerró la jornada a $1.505, mientras que el dólar MEP (que es el que operan los inversores no autorizados a comprar y vender por el oficial) trepó 1,6% para finalizar en 1.507 pesos. La cotización más alta quedó para el contado con liquidación, que llegó 1.550 pesos.

La suba del CCL también reflejó mayor presión de los inversores por dolarizarse y enviar divisas al exterior. La brecha con el tipo de cambio oficial subió significativamente desde menos de 3% a 4,5% en las últimas horas.

La suba de la divisa de los últimos días habría estado influida por distintos factores: por un lado el pago del medio aguinaldo, que llevó a mucha gente a comprar dólares con el dinero adicional que recibieron en sus cuentas. También estaría influyendo que muchos inversores aprovecharon para dolarizarse a lo largo del mes, aprovechando que el tipo de cambio venía muy planchado.

El ajuste del dólar ya se ubica en alrededor del 4,5% en lo que va de junio. Esto significa que por primera vez en lo que va de 2026 le gana a la inflación del mes, que perforaría el 2 por ciento. De esta forma, la economía dejó de encarecerse en moneda dura, un tema que preocupa especialmente a los sectores que se ven obligados a competir con las importaciones.

En los primeros cinco meses del año, producto de un dólar planchado y la inflación que acumuló un incremento superior al 14%, la apreciación cambiaria resultó significativa. Pero para adelante se espera un escenario más parejo, donde el tipo de cambio no se atrasaría tanto en relación a la evolución de la inflación.

El nuevo escenario, con el dólar nuevamente arriba de los $1.500, llevó a algunos asesores de inversión a recomendar un regreso al “carry trade”. “Estamos diciéndoles a nuestros clientes que aprovechen el tipo de cambio a este nivel para pasarse a pesos, porque creemos que la cotización del dólar no tiene mucho recorrido en estos niveles”, explicó el director de una Alyc local.

La desaceleración de compras por parte del Banco Central sería una clara muestra de la voluntad del Gobierno de evitar que el tipo de cambio se escape. Por eso, el ritmo de compras oficiales a lo largo de junio disminuyó sustancialmente. Si el BCRA se hubiera mantenido con la mismas posturas compradoras de mayo, por ejemplo, el tipo de cambio hubiera tenido un ajuste mucho más sustancial.

No obstante, el BCRA ya compró casi USD 11.000 millones en lo que va del año, aunque desacelerando de manera sustancial en lo que va de junio. Además, este mes también dejaron de subir las reservas, que ayer finalizaron en 47.469 millones de dólares.

Junto a la suba del dólar, también repuntó el riesgo país más de 2%, hasta los 433 puntos básicos. Fue una jornada muy negativa para los mercados internacionales y el índice tecnológico Nasdaq se derrumbó 3%. Esto impactó negativamente en los bonos argentinos y también en las acciones. Pero en este último caso pegó la decisión del MSCI de no abrir la consulta para recalificar a la Argentina como mercado fronterizo o emergente.

La decisión del Gobierno de mantener los controles cambiarios para las empresas y los inversores en general llevó al MSCI a mantener al mercado argentino en la categoría de “aislado” o como ellos mismos lo califican “Standalone”.

La Ciudad de Buenos Aires avanzó con una de las primeras aplicaciones concretas de la Ley de Modernización Laboral. Mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se estableció que los servicios de transporte público y recolección de residuos deberán mantener niveles mínimos de funcionamiento aun cuando existan medidas de fuerza sindicales.

La normativa obliga a garantizar entre el 50% y el 75% de la prestación habitual, según la actividad involucrada. El objetivo oficial es evitar que paros gremiales paralicen por completo la movilidad urbana y los servicios considerados estratégicos para el funcionamiento de la Ciudad.

Desde el Gobierno porteño presentaron la medida como parte de una política orientada a asegurar la continuidad de servicios esenciales y a limitar el impacto de los conflictos sindicales sobre los usuarios.

«Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios», sostuvo Jorge Macri al anunciar la iniciativa.

Qué servicios deberán seguir funcionando durante una huelga

El decreto adopta las categorías previstas por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que distingue entre servicios esenciales y actividades de importancia trascendental.

En ese marco, la recolección de residuos fue considerada un servicio esencial, por lo que deberá mantener al menos el 75% de su funcionamiento habitual durante una medida de fuerza.

Por su parte, el transporte público de pasajeros -incluidos subtes, Premetro y líneas de colectivos bajo jurisdicción porteña- fue catalogado como actividad de importancia trascendental, con una obligación de prestación mínima del 50%.

La medida alcanza a cada línea de manera individual y será aplicada exclusivamente sobre aquellos servicios cuya regulación corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. La fiscalización quedará en manos de la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña, mientras que Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y la concesionaria Emova deberán definir los esquemas operativos para garantizar el cumplimiento de los porcentajes establecidos.

La ley que cambió las reglas del derecho de huelga

El decreto porteño encuentra respaldo en las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 al régimen de conflictos colectivos de trabajo.

La reforma amplió significativamente el listado de actividades consideradas esenciales y creó una nueva categoría denominada «actividades de importancia trascendental». Para ambas estableció porcentajes mínimos de prestación obligatoria durante los conflictos gremiales.

Según la normativa, en los servicios esenciales no puede acordarse una cobertura inferior al 75% de la actividad normal, mientras que en las actividades de importancia trascendental el piso obligatorio es del 50%.

Entre los servicios esenciales figuran:

• Salud
• Provisión de agua, energía y gas
• Telecomunicaciones
• Educación
• Seguridad privada
• Recolección de residuos

En tanto, dentro de las actividades de importancia trascendental se incluyen:

• Transporte terrestre y subterráneo
• Servicios bancarios y financieros
• Producción de medicamentos
• Industria alimenticia
• Servicios aduaneros
• Actividades vinculadas a exportaciones

Nuevas obligaciones para los sindicatos

La reforma laboral también incorporó requisitos específicos para la convocatoria y ejecución de medidas de fuerza.

Los sindicatos deberán comunicar las huelgas con cinco días de anticipación y acordar con empleadores y autoridades el esquema de prestación mínima. Si no existe consenso, la autoridad de aplicación podrá definir unilateralmente cómo se garantizará el servicio.

Además, empresas y organizaciones gremiales deberán informar con antelación a los usuarios sobre el alcance de la medida y los niveles de funcionamiento previstos.

La ley también endureció las sanciones frente a bloqueos, ocupaciones de establecimientos o acciones que impidan trabajar a quienes decidan no adherir a una huelga. Estas conductas pueden derivar en multas significativas para las organizaciones sindicales e incluso comprometer su personería gremial en casos de reincidencia.

El trasfondo económico de la reforma laboral

La decisión de Jorge Macri se produce en el contexto de una transformación más amplia impulsada por la Ley de Modernización Laboral, que introdujo cambios relevantes para empresas y trabajadores.

Entre las modificaciones más importantes aparecen nuevas reglas para la contratación de profesionales independientes, limitaciones a la responsabilidad solidaria en esquemas de tercerización y la posibilidad de reemplazar las indemnizaciones tradicionales por fondos de cese laboral acordados en convenios colectivos.

La normativa también creó los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), instrumentos destinados a financiar futuras indemnizaciones mediante aportes patronales administrados por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Asimismo, reguló la actividad de las plataformas digitales, consolidando la figura del trabajador independiente para repartidores y prestadores de servicios que operan mediante aplicaciones.

Un nuevo equilibrio entre huelga y continuidad de servicios

Con esta reglamentación, la Ciudad de Buenos Aires se convierte en uno de los primeros distritos en aplicar de manera concreta las nuevas reglas de la reforma laboral.

La medida inaugura un escenario en el que el ejercicio del derecho de huelga deberá convivir con la obligación de garantizar niveles mínimos de funcionamiento en actividades consideradas estratégicas para la vida urbana.

El alcance de estas disposiciones, así como las eventuales impugnaciones judiciales que puedan surgir desde el sindicalismo, anticipan un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de la protesta gremial y el equilibrio entre derechos colectivos y continuidad de servicios esenciales.

Los datos fiscales de enero del 2024 tomaron por sorpresa al propio ministro, que entonces llamó al Presidente y transmitió la novedad: el equilibrio fiscal se había alcanzado antes de lo esperado. El fogonazo hiperinflacionario del cambio de gobierno había producido la paradoja del electrodoméstico; el candidato que había llegado prometiendo la motosierra, saneaba las cuentas con una licuadora, que él mismo había ayudado a encender levantando la mano en el congreso para borrar de un plumazo la recaudación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, lo que hizo subir el rojo de las cuentas públicas sobre finales del 2023 y le causó el primer enfrentamiento con los gobernadores que le reclamaron reinstalarlo, para no perder coparticipación.

Lo cierto es que Javier Milei se abrazó tan fuerte al equilibrio presupuestario que incluso aceptó pagar un enorme costo político congelando los salarios de los residentes del hospital de niños más prestigioso de América Latina, por menos de una décima parte de un punto del PBI. El mensaje se leyó fuerte y claro; “no hubo en los últimos 40 años, ni habrá en las próximas cuatro décadas, ningún presidente tan comprometido con el ancla fiscal”.

Con el fin de la emisión para financiar el déficit y ayudada por la tablita cambiaria, la inflación se derrumbó hasta abril del 2025 y siguió cayendo una vez liberado el tipo de cambio y eliminado el cepo para las personas físicas. Pero en junio, el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas con el FMI, forzó al Gobierno a cambiar la política monetaria; el BCRA empezó a controlar agregados y la tasa de interés se puso tan volátil como lo indican los manuales de la facultad. Después vino el riesgo electoral y el programa monetario y cambiario quedó en una trampa, porque por un lado se había comprometido a la acumulación de reservas, pero por el otro tenía un mecanismo de bandas que obligaba al Central a funcionar como un cajero automático de dólares, cuando la paridad pasaba el límite superior de intervención. El revés electoral del oficialismo en septiembre derrumbó la demanda de dinero y aceleró el proceso de dolarización, pero la desmonetización de la economía no se detuvo siquiera en octubre, a pesar de que las urnas dieron entonces un espaldarazo a los libertarios.

La aceleración de la inflación hundió los salarios reales en la segunda mitad del 2025 y mató la demanda de crédito, quitándole al consumo sus dos principales motores. La volatilidad de tasas hacía daño por el lado de la oferta penalizando los stocks y enfriando la actividad. Para abril, el Banco Central ensayó otro cambio en su política monetaria y, aunque decía que seguía controlando la cantidad de dinero, en la práctica armó un corredor de pases activos que planchó la tasa. Por fortuna, más por el timming de los precios regulados y por los shocks estacionales, que por la errática política monetaria, la inflación cedió en el cuarto y el quinto mes del año.

Si los precios continúan en relativa calma durante junio, como lo muestran las mediciones de alta frecuencia de las consultoras privadas, para cuando termine el mundial la economía habrá hilado tres meses consecutivos de baja de la inflación y es plausible pensar que entonces se recuperen los salarios y reviva la demanda de crédito, empujando la reactivación de la economía en el segundo semestre, pero tan pronto empiece el ruido político del 2027, el fantasma del “riesgo kuka” golpeará otra vez la puerta.

El acta de defunción del principal problema económico argentino de los últimos 20 años depende de la irrelevancia de la próxima elección. En Brasil, en Chile, o en Uruguay, también pasaba en los 80 lo mismo que acá, pero hoy la izquierda y la derecha alternan sin que se hunda la demanda de dinero cuando ganan los que quieren más gasto público o amenazan con más regulaciones sobre los mercados. La clave es que ellos tienen un banco central independiente, de suerte que la política monetaria no depende del gobierno de turno.

Nosotros somos los únicos latinoamericanos, además de Venezuela, que tenemos problemas con la inflación y seguimos insistiendo en nuestra capacidad de hacer cosas distintas a las que hacen todos los países que terminaron con el flagelo. Al borde de una hiper, con el Banco Central estallado de pasivos remunerados y el balance enfermo, el ejecutivo tenía un argumento para concentrar el poder de la política monetaria en cabeza del ministro de economía, pero resuelto ese problema y luego de dos temporadas repartiendo “utilidades” al tesoro, la felicitación del presidente al ministro por el dato de la inflación de mayo es un desatino innecesario. Pensemos que la moneda es una institución basada en la confianza y si el presidente se atribuye la política monetaria, entonces la moneda refleja la confianza en su gobierno, que naturalmente será volátil.

Para que la próxima elección resulte monetariamente irrelevante y se termine para siempre la inflación en Argentina necesitamos una regla muy simple; que nunca más un presidente de la nación pueda nombrar, ni mucho menos despedir, a un director o al presidente del Banco Central.

Hay varias fórmulas posibles para esa arquitectura, pero la que más me gusta es una regla simple: que los diez principales bancos del país según volumen de depósitos nombren cada uno a un director y que entre ellos elijan al presidente. En paralelo, en el ámbito del ministerio de economía, una superintendencia de entidades financieras, sin poder sobre la política monetaria, regularía el normal funcionamiento del sistema.

Idealmente, esa tecnología debería estar protegida por la constitución, pero hasta que tengamos una nueva carta magna puede hacerse por ley. Es cierto que un nuevo gobierno con mayoría parlamentaria podría afectar la independencia del central, pero, como ocurrió con la norma que derogó el régimen de convertibilidad, los responsables de ese cambio se convertirían en muertos políticos, porque la sociedad los condenaría por atacar la estabilidad.