El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este miércoles al gendarme Walter Álvarez a 17 años de prisión por el homicidio de Ivo Torres, un estudiante de turismo de 22 años que murió en La Quiaca tras recibir un disparo por la espalda durante una persecución en la frontera con Bolivia, ocurrida el 6 de febrero de 2025.

El tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Alejandra Cataldi, ya había declarado al acusado penalmente responsable del delito de homicidio con dolo eventual el pasado 8 de junio. La audiencia de esta semana se destinó exclusivamente a la determinación del monto de la pena.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) había requerido 18 años de prisión, la querella de la familia de la víctima solicitó 22 años, y la defensa pidió el mínimo de la escala penal: 8 años.

El caso se remonta a aquel jueves de verano en la zona conocida como “Ladrillera”. Torres, integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques, cruzó la frontera en motocicleta por un paso no habilitado con 30 kilos de hojas de coca en su mochila.

Una patrulla del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, en la que viajaba Álvarez, lo divisó y comenzó una persecución que se extendió por poco más de 3 kilómetros durante aproximadamente 6 minutos.

En el transcurso de esa persecución, el acusado realizó tres disparos que la fiscalía calificó como disuasivos, tras los cuales su superior le ordenó cesar el fuego. Álvarez desobedeció esa orden y efectuó seis tiros más. Dos de ellos impactaron en el cuerpo de Torres: uno en el tobillo y otro que atravesó la mochila, los paquetes de hojas de coca, ingresó por la espalda, perforó la región pulmonar y salió por el pecho.

Ese disparo fue mortal. A pesar de la llamada al servicio de emergencias y el esfuerzo de los médicos, Torres falleció a las 10.51 producto de la hemorragia que provocó la herida.

El fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Casos Complejos, y la auxiliar fiscal Marina Cura llevaron adelante la acusación. En su alegato, Zurueta sostuvo que la secuencia de los hechos se dividía en dos momentos diferenciados. El primero, cuando el gendarme realizó los tres tiros iniciales y recibió la orden de no disparar. El segundo, cuando desobedeció esa instrucción y volvió a abrir fuego en dirección a la motocicleta y a Torres.

Según los peritos, los disparos que dieron en la moto y los que impactaron en la víctima se efectuaron a corta distancia, probablemente cuando Álvarez descendió de la camioneta para continuar la persecución a pie, mientras Torres bajaba hacia el cauce de un río.

“Estamos en presencia de un homicidio lamentable, pero acreditado en cuanto a cómo ocurrieron los hechos”, afirmó Zurueta durante su exposición. El representante del MPF subrayó que el acusado tenía 18 años de trayectoria en la fuerza, con todos los exámenes cumplidos en materia de uso de armas. “Era un experto en el manejo de armas, no fue un disparo impulsivo ni un error gigante como afirmó”, agregó.

Resaltó también la coincidencia entre los tres gendarmes del móvil al declarar que Álvarez fue el único que sacó el arma reglamentaria e hizo disparos, y ponderó el valor probatorio de las imágenes de cámaras y la inspección ocular realizada por el tribunal en el lugar del hecho.

Para la fiscalía, el accionar de Álvarez fue doloso porque fue advertido de no disparar y desobedeció esa orden, conocía los protocolos de uso de armas y era consciente de que podía causar la muerte. “Tenía sobrados motivos para repensar su conducta, pero hubo una instancia en seguir”, afirmó Zurueta, quien rechazó de plano la hipótesis de un arrebato impulsivo.

El fiscal también remarcó que Torres no representaba una amenaza para nadie: la persecución se desarrolló en una zona inhóspita y el joven no portaba armas. “Ivo solo miraba hacia atrás, no hubo indicio de que estaba armado, solo llevaba hojas de coca, unos chocolates y unos turrones”, señaló.

Durante el juicio que se inició el 5 de mayo, las partes sostuvieron calificaciones penales muy distintas. La fiscalía había pedido en los alegatos de responsabilidad que se declarara a Álvarez culpable de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y el uso de arma de fuego, figura que habría habilitado la posibilidad de una pena de prisión perpetua.

La querella, por su parte, solicitó que se aplicara el agravante de alevosía. La defensa, en el extremo opuesto, planteó la calificación de homicidio con exceso en el cumplimiento del deber o, en su defecto, homicidio culposo, cuya escala penal va de 1 a 5 años de prisión.

El tribunal resolvió con los votos de Batule y Matteucci declarar al acusado responsable de homicidio simple, mientras que la jueza Cataldi, en minoría, se inclinó por la calificación de homicidio agravado por abuso de funciones. Esa diferencia de criterio se trasladó también a la instancia de determinación de la pena.

Al ver una araña de pared en casa, muchas personas pueden asustarse, ya que temen picaduras o una posible plaga. Sin embargo, lejos de ser algo por lo que preocuparse, esta presencia tiene una explicación biológica y está vinculada con aspectos positivos del entorno.

Qué significa ver una araña de pared en casa

Estos arácnidos buscan lugares tranquilos y con poca circulación, como paredes o techos. Sin embargo, no es una señal de falta de limpieza, sino que significa que encontraron un sitio cómodo y seguro para instalarse.

Como si fuera poco, su presencia es una buena señal para el ambiente, ya que ayudan a controlar pequeñas plagas, como mosquitos, polillas u otros insectos que entran al hogar desde el exterior.

Por eso, las arañas de pared tienen un rol esencial adentro del hogar y colaboran en el equilibrio natural del ambiente.

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Por qué tener una araña de pared puede ser una buena señal

Las ventajas de que aparezcan arañas de pared en casa son las siguientes:

• Ayudan a controlar mosquitos y otros insectos pequeños.
• Suelen instalarse en ambientes tranquilos y con poco movimiento.
• No suelen representar un peligro para las personas.
• No dañan muebles, ropa ni alimentos.
• Cumplen una función natural dentro del hogar.
• Contribuyen al equilibrio del ambiente de manera silenciosa.

De todas maneras, aunque su presencia tiene distintos beneficios, muchas personas se sienten incómodas al verlas y prefieren mantenerlas lejos. En esas situaciones, es recomendable no aplastarlas, sino retirarlas con cuidado hacia un espacio exterior.

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Cómo retirarlas sin hacerles daño

Para retirarlas sin dañarlas, se pueden seguir estos pasos:

1. Evitar tocarlas directamente con las manos.
2. Usar un papel, cartón o recipiente pequeño.
3. Moverlas con cuidado, sin aplastarlas.
4. Llevarlas hacia un patio, balcón o jardín.
5. Limpiar rincones y telarañas viejas para evitar que vuelvan a instalarse.

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El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá próximamente una nueva sede del Centro Único de Discapacidad en su edificio de la avenida Presidente Julio A. Roca 534/536.

La apertura responde a un convenio de colaboración firmado el miércoles 17 de junio entre la presidenta del organismo judicial, Karina Leguizamón, y la vicejefa del Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio, junto a representantes de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). El acuerdo, con una vigencia de dos años, apunta a ampliar el acceso a trámites y servicios vinculados a la discapacidad, entre ellos la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El acto de firma tuvo lugar en el Salón Eva Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y reunió a funcionarios de distintas áreas del gobierno porteño y del Consejo. La secretaria de Administración General y Presupuesto del organismo, Genoveva Ferrero, la directora general de Responsabilidad Social del Gobierno de la Ciudad, Sofía Torroba, y el consejero Marcelo Meis estuvieron presentes. La iniciativa se enmarca en una política de descentralización de los servicios vinculados a la discapacidad, con foco en acercar la atención a vecinos que, según advirtieron los propios funcionarios, muchas veces desconocen los derechos que les corresponden.

Leguizamón subrayó durante el acto que “la temática de la discapacidad es una de las prioridades que impulsa el Consejo” y calificó el acuerdo como “un paso muy importante para seguir construyendo herramientas más accesibles y amigables para las personas con discapacidad y sus familias”. La funcionaria también señaló que el objetivo del organismo es “colaborar y aprender de quienes tienen una amplia experiencia en la materia para fortalecer el trabajo conjunto y acercar soluciones concretas a la ciudadanía”.

Muzzio, por su parte, destacó que el proyecto “es el resultado del trabajo conjunto de muchos equipos y de una decisión clara de poner la discapacidad en agenda”. Uno de los ejes centrales que mencionó es reducir los tiempos de espera para la obtención del CUD y optimizar la atención a las familias. “Contar con el acompañamiento del Consejo de la Magistratura es muy significativo para acercar este derecho a más vecinos y vecinas”, afirmó la vicejefa de Gobierno, y agregó: “Queremos estar cerca de las personas con discapacidad y sus familias, acompañarlas y garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos”.

Según establece el convenio, el Consejo, a través de la Dirección General de Políticas Vinculadas a Poblaciones Vulnerables, a cargo de Juan Manuel Valdés, tendrá a su cargo la gestión administrativa y operativa de la sede. COPIDIS, en tanto, será responsable de la administración del sistema de turnos. El acuerdo busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y los estándares de calidad aplicables a este tipo de prestaciones.

Ferrero destacó la relevancia del acuerdo para el trabajo institucional del Consejo. “Este es uno de los proyectos más importantes que estamos impulsando y nos genera una enorme ilusión poder concretarlo”, subrayó la secretaria, y añadió que detrás de la iniciativa hay “un gran trabajo de equipo y el compromiso de seguir ampliando las políticas vinculadas a discapacidad”. También advirtió sobre una dimensión territorial del problema: “Buscamos fortalecer la presencia en los barrios y acercarnos a aquellas personas que muchas veces desconocen los derechos que les corresponden, porque todavía existe una gran necesidad de acompañamiento e información”.

En esa misma línea, Torroba señaló que el objetivo del trabajo articulado apunta a que las personas “tengan una experiencia más ágil y eficiente al momento de acceder al Certificado Único de Discapacidad y a los derechos vinculados al mismo”. La funcionaria también puso el acento en la zona sur de la Ciudad como área de alta demanda: “La necesidad es muy grande, especialmente en esa zona, por eso resulta fundamental acercar estos servicios y brindar respuestas integrales que permitan resolver distintas necesidades en un mismo espacio”.

Valdés cerró el acto con una reflexión sobre el recorrido institucional y los desafíos pendientes. “En los últimos años logramos darle centralidad a la temática de discapacidad y ampliar las herramientas destinadas a garantizar derechos para este sector de la población”, afirmó el director general. No obstante, reconoció que “todavía muchas personas desconocen los derechos que tienen y allí es donde debemos redoblar los esfuerzos”.

Para Valdés, la nueva sede representa una oportunidad concreta de acercar “información, acompañamiento y oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”.