El pasado 10 de febrero, después de un juicio por jurados populares que mantuvo en vilo a la provincia de Chaco, el clan Sena fue declarado culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y condenado a prisión perpetua. A tres meses del veredicto, Emerenciano Sena (61), Marcela Acuña (54) y su hijo César (22) permanecen detenidos y sostienen su inocencia.

“Soy un preso político. Vivo peor que un perro callejero”, escribió el ex dirigente social en una carta dirigida a Infobae.

Según pudo saber este medio, luego de que la Justicia autorizara su revinculación, los Sena pueden verse cada 15 días. También se comunican a diario a través de un “teléfono win” provisto por el servicio penitenciario provincial, con minutos controlados. Todas las llamadas realizadas quedan registradas en un libro de actas.

Están seprados, pero no del todo. Acuña continúa en la Alcaidía de Mujeres del barrio Don Santiago. Emerenciano, en tanto, está en el Pabellón 5 del Complejo Penitenciario I de Resistencia (Villa Barberán), donde comparte celda con César y otro dirigente social, Carlos Barraza.

En ese contexto, hay un detalle que se repite entre quienes tienen contacto con el entorno familiar: el silencio de César. “Está muy cerrado”, le dijeron a Infobae. Incluso en los encuentros con sus padres, aseguran, no habla de lo qué pasó el 2 de junio de 2023 en la casa de Santa María de Oro 1400. “Hay cosas que con Emerenciano nos enteramos en las audiencias probatorias del juicio”, le contó Marcela Acuña a este medio en noviembre de 2025. Nada cambió.

La pelea por la domiciliaria

Tras más de dos años en la cárcel, Marcela y Emerenciano buscan la prisión domiciliaria, un pedido que realizaron durante el debate oral y que fue rechazado. El planteo se apoya en cuestiones de salud: ambos arrastran complicaciones de salud desde que ingresaron al sistema penitenciario, con mayor impacto en el ex dirigente social, quien aduce sufrir hipertensión, diabetes, cáncer de colon y acaba de recuperarse de COVID.

“Estoy peleando por mi vida y parte de la pelea es solicitar la domiciliaria. Las condiciones generales de la prisión son un desastre. Si no fuera por la ayuda que recibo desde afuera, ya estaría muerto”, escribió Emerenciano.

En los últimos días, su defensor presentó un hábeas corpus ante la jueza Dolly Fernández, titular de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. En el escrito, redactado de puño y letra, el ex líder piquetero invocó la Ley 23.098 y denunció “violaciones recurrentes” a sus derechos de acceso a la educación intramuros y al trabajo dentro de la unidad penitenciaria, contemplados en la Ley 24.660 de Ejecución Penal.

“Hace más de dos años que solicito el acceso a tales derechos con invocación precisa de la ley en cada caso, pero no he recibido respuesta de la institución penitenciaria”, escribió. También cuestionó la alimentación: según el documento, la dieta “sufrió cambios” que habrían afectado la calidad y cantidad de las raciones, lo que —sostuvo— agrava sus problemas de salud.

De acuerdo a su entorno, Emerenciano quedó afectado anímicamente tras el juicio. “Pensó que iba a saber la verdad e iba a salir en libertad. Sostiene que es un preso político y que no hay pruebas en su contra”, aseguraron.

Una relación sin etiquetas

En el día a día de Emerenciano, aparece una figura clave: Nancy González, ex directora de la Biblioteca Popular N.º 2 del ex barrio Emerenciano y actual empleada de la Biblioteca Pública Central de Resistencia. Estuvo presente en todas las jornadas del juicio, lo visita dos veces por semana y comparte con él un domingo al mes en horario extendido. Además, hablan por teléfono dos veces al día.

Nancy le lleva medicación, comida y libros, y también impulsa gestiones para que pueda estudiar y trabajar dentro del penal. “Ahora le estoy tramitando el título secundario para que empiece una carrera en la Universidad Nacional del Nordeste. La idea es cursar con él para acompañarlo. Tenemos ese proyecto en conjunto”, le cuenta a Infobae.

En marzo pasado, su nombre también apareció en portales chaqueños por un conflicto vinculado a su salida de la Biblioteca Popular del ex barrio Emerenciano. Según relató a este medio, se trató de una “maniobra” para desplazarla del cargo que ocupaba hace diez años. También afirmó que sufrió agresiones físicas durante el procedimiento y que realizó denuncias penales y presentaciones ante organismos de Derechos Humanos.

Sin embargo, medios locales dieron otra versión del episodio: señalaron que González se habría atrincherado en el edificio e impedido el ingreso de docentes, lo que derivó en la intervención de la policía y de la Fiscalía N°10.

Acerca del vínculo que mantiene con el ex dirigente social, evitó definirlo. “No quiero ponerle un rótulo a nuestra relación”, dice. Y agrega: “Hoy por hoy soy la única persona que lo acompaña. Soy su sostén. Estoy peleando por su domiciliaria y, si eso pasara, lo traeré a vivir conmigo. Soy una mujer que está soltera y él es hombre muy bueno y cariñoso”.

¿Y Marcela?

En el caso de Marcela, la visita más frecuente es la de su hermana Patricia Acuña, que también se ocupa de ver a su sobrino. Al igual que Sena, pidió hacer valer su derecho de acceso a la educación intramuros y alegó problemas de salud. Días atrás fue trasladada para realizarse una resonancia magnética que, finalmente, no se pudo concretar por cuestiones vinculadas a la obra social.

Según supo este medio, Marcela está al tanto de la relación que Emerenciano tiene con Nancy. “La tomó bien. ¿Sabés por qué? Porque Nancy también le lleva cosas al hijo. Libros, comida… Y a Emerenciano lo cuida. El año pasado le pagó la vacuna contra el dengue”, señalaron desde su entorno.

En el plano judicial, Acuña fue la única que cambió su defensa. Durante el juicio estuvo representada por la defensora oficial Celeste Ojeda. En las últimas semanas asumieron Patricia Samantha Di Benedetto y Guido Borelli. Emerenciano continúa con Ricardo Osuna y César con Gabriela Tomljenovic.

En paralelo, entre sus allegados marcan otra preocupación: la salud mental de su hijo. Según Marcela, César no estaría recibiendo atención psicológica en el lugar de detención. Vale recordar que, durante el juicio, su abogada solicitó que un especialista evaluara su condición. “Tomaba medicación y había recibido tratamiento en el área de salud mental del Hospital Perrando. Nunca se hizo un seguimiento ni se cuenta con su historia clínica”, sostuvo la letrada.

Tras la condena, las defensas presentaron un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chaco, que actualmente se encuentra en trámite.

El cuerpo de Cecilia Strzyzowski aún no fue hallado.

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