POLITICA
Denunciaron ante la Justicia presiones y desplazamientos en ARCA para frenar una investigación por un fraude millonario en Camioneros

Un alto funcionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) se presentó ante la Fiscalía Federal General de Mar del Plata y denunció que autoridades del organismo en esa ciudad y en Buenos Aires ejercieron presiones y desplazaron a media docena de funcionarios, incluido él mismo, que investigaban presuntos desvíos por al menos $13.000 millones a través de proveedores apócrifos del hotel del sindicato de Camioneros.
La denuncia la radicó Manuel Rodríguez, contador público con más de 35 años de trayectoria en ARCA, donde llegó a ser director de la Regional Mar del Plata y luego “asesor mayor”, y que fue desplazado de su cargo y enviado al área de Capacitación por cuestionar los intentos de frenar las fiscalizaciones que investigaban maniobras en un hotel en la ciudad del gremio de Hugo Moyano, causa que también es indagada por la Justicia provincial.
Según el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, los desplazamientos fueron ordenados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, el contador Carlos García Pastrana, que reporta al actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza del titular de ARCA, Andrés Vázquez.
Rodríguez detalló que García Pastrana impartió órdenes directas por teléfono al entonces titular de la Regional marplatense, Luis Tymkiw, y a uno de los jefes de fiscalización abocados a la investigación, Gustavo Capdeville, para detener la pesquisa. Ambos se negaron por considerarlo ilegal. Ambos terminaron fuera de sus cargos.
Las motivaciones serían, según reconstruyó , de índole política. “En Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros; en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias”, indicó una fuente al tanto de lo ocurrido que accedió a dialogar bajo reserva estricta de su nombre.
Tras la salida de Tymkiw, en tanto, desde Buenos Aires fue enviado como nuevo titular de la Regional el contador Pablo Catracchia, ajeno hasta entonces al ámbito marplatense. Casi de inmediato, según la denuncia, Catracchia habría presionado a otro jefe de fiscalizaciones, Diego González, con una frase que Rodríguez transcribe textualmente: “Sos consciente que si apretás la tecla para descargar la fiscalización tengo que correrte del cargo”. González habría respondido: “Hacé lo que creas conveniente”.
La investigación en la Justicia bonaerense, cabe aclarar, se inició en agosto del año pasado, cuando un empleado del Hotel 15 de Diciembre, perteneciente al Sindicato de Camioneros, se negó a convalidar las irregularidades y el mismo gremio, a través de un aliado de Moyano, radicó una denuncia en su contra.
Por el avance esta causa, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos están imputados en la causa. “No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a una fuente con acceso al expediente judicial.
En ese contexto, los relevos en la Regional Mar del Plata de ARCA se sucedieron en menos de siete meses y alcanzaron a funcionarios con antigüedades de entre diez y catorce años en sus cargos. El 22 de octubre pasado fue separado José Visca, jefe de la División Jurídica, cargo que había ganado por concurso. El 22 de enero de este año fue desplazada Mariela Álvarez, jefa de Dictámenes y Sumarios con diez años en el puesto. Y este miércoles, fueron removidos Capdeville (catorce años en el cargo) y González (doce años) como jefes de Fiscalización 1 y 3. Tymkiw había presentado su renuncia semanas antes, luego de que le comunicaran su desplazamiento. Y el propio Rodríguez fue enviado al área de Capacitación en enero.
Consultados por , voceros del organismo negaron toda irregularidad y plantearon que la fiscalización sobre el Sindicato de Camioneros “no se lleva adelante en Mar del Plata, sino en su jurisdicción natural, la Subdirección de Operaciones Impositivas Metropolitanas, que es donde el sindicato está inscripto”. Señalaron que el gremio se encuentra bajo fiscalización desde junio de 2025 “a partir de un desvío detectado por ARCA, en el marco de las tareas habituales de control del organismo”.
Sobre los desplazamientos, afirmaron: “Los movimientos de personal que se mencionan no tienen ninguna excepcionalidad. Desde enero de 2024 se desplazaron 1883 jefes, de los cuales 163 no fueron reemplazados. Son procesos habituales dentro de la estructura administrativa del organismo, que responden a criterios de mérito, oportunidad y conveniencia, y no afectan investigaciones en curso ni su trazabilidad”. Respecto a los proveedores investigados, sostuvieron que “la gran mayoría fue incorporada a la base de contribuyentes no confiables a partir del nombramiento de la actual conducción, en el marco de tareas ordinarias de fiscalización y dejando atrás demoras injustificadas por los jefes desplazados”.
El organismo añadió que “no se ocupa ni tiene competencia en causas o conflictos entre privados, ni emite opinión sobre materias ajenas a sus facultades legales. Su función es clara: fiscalizar, recaudar y, cuando la justicia lo requiere, brindar la información correspondiente”.
Conviene precisar, sin embargo, que la denuncia de Rodríguez no versa sobre la fiscalización al sindicato en sí —que, como señala ARCA, tramita en la órbita metropolitana— sino sobre las fiscalizaciones a proveedores apócrifos del hotel del gremio, que sí estaban a cargo de la Regional Mar del Plata.
En su denuncia, Rodríguez rechazó por falaz el argumento de que el caso sea “entre privados”. Recordó que la facturación apócrifa detectada superaría los $13.000 millones, sobre los que correspondería aplicar la alícuota del 35% de Ganancias, “lo que conllevaría un posible monto evadido de aproximadamente 4550 millones de pesos”, además de configurar el delito de evasión.
“Va de suyo que no estamos en presencia de una situación exclusivamente entre particulares como posiblemente se la pretenda hacer ver”, escribió Rodríguez. “Ese entendimiento solo puede darse desde una profunda ignorancia del sistema tributario argentino o con la intencionalidad de ‘influenciar’ a quienes realizan las fiscalizaciones”.
En su denuncia, Rodríguez remarcó la irregularidad de todo lo ocurrido. “En mi carácter de funcionario de ARCA por un espacio de 35 años y habiendo pasado por las funciones de inspector, jefe de sección, jefe de división fiscalización, director regional y asesor de la Dirección Regional jamás he observado semejantes irregularidades en el desarrollo de la función”, planteó el denunciante. “Jamás en 35 años se reemplazaron en un espacio de tiempo menor a siete meses a tantos funcionarios de jerarquía y conocimiento en su función. Jamás en el transcurso de mis 17 años de jefe de fiscalización sufrí algún tipo de ‘sugerencia’ como las que han sufrido los contadores González y Capdeville”.
Rodríguez advirtió, por último, sobre eventuales represalias salariales: todos los funcionarios afectados, señaló, han sido calificados “con las máximas puntuaciones” a lo largo de los años, lo que influye en sus remuneraciones. En ese contexto, solicitó a la Justicia federal que evalúe abrir una investigación por la presunta comisión de los delitos de coacción, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento y peculado.
investigaban presuntos,Hugo Alconada Mon,Conforme a
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Javier Milei defendió a Espert, el diputado que renunció a su candidatura por sus vínculos con Machado

“Con José Luis Espert, siempre. Siempre del lado de la verdad y la libertad”, escribió el presidente Javier Milei en defensa del exdiputado, que renunció a su candidatura y a su banca de diputado nacional en 2025, cuando se contradijo en público varias veces sobre su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Federico “Fred” Machado.
En los últimos días, Machado, que financió y prestó aviones a Espert, alcanzó un acuerdo con la fiscalía en Estados Unidos. Pasó meses clamando su inocencia, aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica, tal como publicó . Este lunes, un juez federal evaluará si convalida la negociación, con la que logró quitarse de encima la acusación por narcotráfico.
Sin mencionar este acuerdo, aun no avalado por un magistrado federal, Milei escribió que la justicia de Estados Unidos declaró la “inocencia de la persona utilizada para golpear y ensuciar a Espert.
Escribió el presidente sobre Espert: “A José Luis Espert le DESTRUYERON [las mayúsculas son del posteo original] la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME.
Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo.
Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”.
Según los documentos en los que Machado reconoció los hechos para sustentar su culpabilidad, cuya copia obtuvo , el rionegrino admitió haber operado una estafa montada sobre la venta de aeronaves que en realidad eran “invendibles”.
Machado reconoció que, junto a su socia y otros coconspiradores, captaba millonarios depósitos de inversores por aviones que, en realidad, pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways o una compañía privada con base en China, y que no estaban en venta. La socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión en 2023.
Tal como publicó , aunque el acuerdo se centra en los delitos económicos cometidos por Machado en Estados Unidos, la sombra de la política local permanece. Entre otros motivos, porque la Fiscalía mantuvo como evidencia la transferencia de US$ 200.000 que el rionegrino emitió a favor de Espert en enero de 2020.
Documentada a través del Bank of America con la instrucción “further credit” —una orden de subacreditación que enmascara al beneficiario final— y vinculada a la aeronave con matrícula N28FM, la operación es utilizada por los investigadores para probar la ruta del dinero que utilizó Machado para sus delitos.
Según Espert, cabe aclarar, esa operación se trató de una consultoría vinculada a una mina en Guatemala, por un contrato de US$ 1 millón del que solo habría cobrado una cuota. Pero la investigación que instruye en la Argentina el fiscal federal Fernando Domínguez no halló pruebas concretas de que Espert haya realizado esa consultoría.
Con las novedades en Estados Unidos, Milei salió en defensa de Espert. Y aprovechó para culpar a los periodistas por la situación del exlegislador nacional. “Ahora pregunto: ¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?“, escribió en X.
“Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina. ¿Y todo por qué? Por MISERABLES. Por operadores. Por basura política y mediática que vive de destruir gente honesta. Muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir DISCULPAS PÚBLICAS. Pero todos sabemos que NO LO VAN A HACER, porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar. Y si surgiera el milagro de que algunos lo hicieran, no veríamos ni un DÉCIMO del tiempo empleado en pedirle disculpas con respecto al tiempo empleado en arruinarle la vida. Es por eso que NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS», sostuvo.
“Con José Luis Espert, SIEMPRE del lado de la verdad y de la libertad. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, manifestó.
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Encendida defensa del presidente Milei a José Luis Espert: «Lo empujaron al ostracismo»

El presidente Javier Milei salió en defensa del economista José Luis Espert tras conocerse que Federico “Fred” Machado —quien financió y proveyó aeronaves a la campaña de Espert en 2019— alcanzó un acuerdo con la fiscalía federal de Estados Unidos en el que abandonó el cargo por narcotráfico a cambio de declararse culpable de lavado de activos y fraude electrónico.
En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe de Estado calificó lo ocurrido como una infamia y exigió disculpas públicas a dirigentes. “Hicieron mierda a un tipo inocente”, escribió Milei, quien sostuvo que a Espert “le arruinaron la vida” y “le destruyeron la carrera política” mediante lo que describió como una campaña de difamación sostenida durante semanas y ejecutada “sin pruebas”.
El mandatario también cuestionó la lógica de la acusación original: “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, preguntó en el texto.
Milei cerró su publicación con una advertencia dirigida a quienes, según él, condujeron la operación contra Espert: “Deberían pedir disculpas públicas”, aunque anticipó que no lo harían. No alcanzaría “ni un décimo del tiempo empleado en arruinarle la vida”, sostuvo. Concluyó el mensaje con una declaración de respaldo sin condiciones al economista: “Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad”.
La publicación del presidente llegó en el marco del acuerdo que, según informó La Nación, Machado formalizó ante los tribunales federales de Texas esta semana. El rionegrino, detenido en un penal de Oklahoma desde noviembre pasado, aceptó declararse culpable de dos cargos: conspiración para lavar activos —con pena de hasta 20 años de prisión— y conspiración para cometer fraude electrónico, con una penalidad similar.

La audiencia de cambio de declaración quedó fijada para el lunes en el marco de la causa United States v. Mercer-Erwin et al. El acuerdo implicó un giro respecto de la estrategia que Machado había adoptado días después de su extradición, cuando se declaró “no culpable” ante el juez Bill Davis y apostaba a un juicio oral por jurados. Tras seis meses de detención, el otrora financista de la campaña “Avanza Libertad” cambió de táctica y negoció con la fiscalía federal, representada por Heather Rattan, la eliminación del cargo que mayor peso político tenía en Argentina: el narcotráfico.
Según los documentos presentados ante los tribunales y que difundió La Nación, Machado admitió haber operado una estafa sobre la venta de aeronaves “invendibles”. La trama consistía en captar depósitos millonarios de inversores por aviones que pertenecían a compañías como Air India, All Nippon Airways o una empresa privada con base en China, y que no estaban disponibles para la venta.
Entre las pruebas que la fiscalía mantuvo en el expediente figura una transferencia de USD 200.000 que Machado realizó a favor de Espert en enero de 2020, documentada a través del Bank of America. Espert sostuvo que esa operación correspondía a una consultoría vinculada a una mina en Guatemala, por un contrato de USD 1 millón del que habría cobrado solo una cuota. No obstante, según La Nación, la investigación que instruye en Argentina el fiscal federal Fernando Domínguez no halló pruebas concretas de que Espert haya realizado ese trabajo.
La causa tiene antecedentes directos en la condena de Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Machado, quien en 2023 recibió una sentencia de 16 años de prisión en el mismo tribunal de Texas. La sentencia definitiva de Machado quedará en manos del juez Amos Mazzant III, quien evaluará el grado de cooperación del acusado para determinar la pena final. La defensa especula con que se computen los seis meses ya cumplidos en Estados Unidos y los cuatro años de prisión domiciliaria que Machado cumplió en las afueras de Viedma, tras su detención en Bariloche en abril de 2021.
POLITICA
FF.AA: tras el recorte presupuestario, el jefe de la Armada pidió “recuperar capacidades navales y submarinas”

El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, planteó la necesidad estratégica que tiene la Argentina de “mirar al mar” haciendo especial hincapié en la proyección antártica del país, tras lo cual destacó la aspiración de la fuerza de “recuperar capacidades navales y submarinas”.
“La Armada Argentina tiene la misión primordial de proteger vastos espacios marítimos y fluviales de jurisdicción e interés nacional. Por ello, aspiramos a recuperar capacidades navales y submarinas, que contribuyan a optimizar esa misión en la inmensidad de nuestros mares”, afirmó Romay.
El jefe de la Marina formuló estos conceptos menos de una semana después de conocerse el fuerte recorte presupuestario decidido por el Gobierno de Javier Milei para el área de defensa. Fue durante el discurso que ofreció esta tarde en la base naval de Puerto Belgrano en ocasión de celebrarse el 212 aniversario de la batalla de Montevideo, combate naval considerado mojón fundacional de la Armada nacional.
Romay compartió escenario con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, que fue el principal orador del acto, y el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.
A su turno, el marino realizó un breve repaso sobre el rol protagónico de la marina de guerra en la historia argentina, legado del que dijo sentirse orgulloso, tras lo cual aseguró que “hoy la Armada Argentina procura estar preparada para hacer frente a los desafíos del siglo XXI”.
“La situación geográfica y conformación física de nuestro país nos obligan a mirar al mar. La Argentina es un país bicontinental y oceánico, por lo cual el Atlántico Sur constituye un escenario estratégico para la Nación, en virtud de los vastos espacios marítimos de nuestro mar territorial, zona económica exclusiva, zona continua y extensa plataforma continental, ricos en recursos naturales, con acceso a los pasajes interoceánicos y una proyección privilegiada hacia la Antártida”, agregó Romay.
En dirección a la población civil, Romay le pidió que “tomen conciencia del valor del mar como fuente de prosperidad y factor de progreso”, y destacó la importancia del comercio por vía marítima y la explotación de los recursos marinos como “dinamizadores de la economía y, al mismo tiempo, soportes imprescindibles para asegurar la integridad nacional”.
Fue entonces cuando Romay pidió “recuperar capacidades navales y submarinas”. Tras lo cual agregó: “Contamos para ello con el firme apoyo del Ministerio de Defensa y nuevos instrumentos recientemente promulgados por el gobierno nacional para la adecuación y reequipamiento militar argentino, lo cual nos genera expectativas positivas en cuanto a la efectiva posibilidad de recuperación de las capacidades que nuestra Institución necesita”.
Las Fuerzas Armadas no pudieron evitar un recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno en toda la administración pública y que en el caso del área de Defensa alcanza a los $59.600 millones.
Si bien no hubo precisiones oficiales, fuentes consultadas por revelaron que los ajustes serán de $12.600 millones en el Ejército, $27.040 millones en la Armada, $16.500 millones en la Fuerza Aérea y $3762 millones en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Precisamente, la Armada sería la más fuerza perjudicada por el recorte. Se verá obligada a reducir $15.220 millones en componentes del alistamiento operacional, como el proyecto de helicópteros navales livianos ($10.600 millones) y servicios de mantenimiento ($2300 millones), y otros $11.820 millones en áreas de sanidad naval, que repercutirán en una caída de los bienes de consumo y servicios profesionales técnicos.
Los ajustes se conocieron semanas después de la publicación del decreto 314/2026, por el cual el presidente Javier Milei ordenó destinar el 10% del producido de las privatizaciones de empresas estatales al financiamiento de un plan de adecuación y reequipamiento militar. Las primeras conclusiones, en virtud del nuevo recorte, definen esta fuente de recursos como “un financiamiento aleatorio e insuficiente”, al no garantizar un flujo constante de recursos.
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