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Despidos masivos en Irán a medida que las empresas sucumben ante las presiones de la guerra

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A mediados de marzo, Babak, de 49 años, diseñador de productos iraní en una empresa tecnológica de Teherán, Irán, fue llamado a la oficina de su jefe y se le comunicó que su puesto iba a ser eliminado.

El gobierno iraní había cortado el acceso a internet dos semanas antes, al comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra el país, sumiendo a la industria tecnológica iraní en el caos e imposibilitando el trabajo de Babak.

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“A lo largo de mi carrera, he trabajado duro, aprendido continuamente y tratado de crecer”, dijo Babak, quien envió mensajes de voz a The New York Times y pidió ser identificado solo por su nombre de pila para evitar represalias del gobierno.

“Sin embargo, en esta etapa de mi vida, me encuentro en una posición incierta y ambigua”, agregó.

La experiencia de Babak se ha vuelto cada vez más común en todo Irán, ya que las empresas han llevado a cabo sucesivas rondas de despidos en las últimas semanas, según entrevistas con empresarios y empleados e informes de la prensa iraní.

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Para la administración Trump, las graves dificultades económicas de Irán forman parte de una estrategia para presionar al país hasta someterlo.

«Espero que fracase», declaró el presidente Donald Trump a la prensa este mes, refiriéndose a la economía iraní. «¿Saben por qué? Porque quiero ganar».

Los funcionarios iraníes insisten en que la presión no funcionará y que el país no se rendirá.

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Situación

Muchas de esas empresas están sucumbiendo ante las presiones de la guerra.

Durante el conflicto, Estados Unidos e Israel atacaron instalaciones industriales iraníes que producen materias primas clave, así como infraestructura esencial.

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Además, el bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes, vigente desde el alto el fuego del mes pasado, ha interrumpido gran parte de sus exportaciones de petróleo y ha afectado las importaciones de otros bienes.

Según declaraciones recogidas por el medio de comunicación Tasnim, Gholamhossein Mohammadi, funcionario del gobierno iraní, estimó que la guerra ha provocado la pérdida de un millón de puestos de trabajo, «y el desempleo directo e indirecto de dos millones de personas».

Una tienda Digikala, a veces llamada el Amazonas de Irán, en Teherán, Irán, 8 de mayo de 2026. Según informes, muchas empresas en Irán, país que ya enfrentaba dificultades económicas antes de la guerra con Estados Unidos e Israel, han implementado rondas sucesivas de despidos en las últimas semanas, debido a la presión bélica que afecta a la economía. (Arash Khamooshi/The New York Times)
Tránsito peatonal en el Gran Bazar de Teherán, Irán, 9 de mayo de 2026. Según informes, numerosas empresas en Irán, país que ya enfrentaba dificultades económicas antes de la guerra con Estados Unidos e Israel, han implementado rondas sucesivas de despidos en las últimas semanas, debido a la presión bélica que ha afectado a la economía. (Arash Khamooshi/The New York Times)
Un negocio mayorista en Teherán, Irán, 9 de mayo de 2026. Según informes, muchas empresas en Irán, país que ya enfrentaba dificultades económicas antes de la guerra con Estados Unidos e Israel, han implementado rondas sucesivas de despidos en las últimas semanas, debido a la presión bélica que ha afectado a la economía. (Arash Khamooshi/The New York Times)
Tráfico cerca de un mercado mayorista en Teherán, Irán, 9 de mayo de 2026. Según informes, muchas empresas en Irán, país que ya enfrentaba dificultades económicas antes de la guerra con Estados Unidos e Israel, han implementado rondas sucesivas de despidos en las últimas semanas, debido a la presión bélica que ha afectado a la economía. (Arash Khamooshi/The New York Times)

El 25 de abril, una plataforma iraní de búsqueda de empleo informó de un récord de 318.000 currículums presentados en un solo día, una cifra que representa un 50% más que el récord anterior, según el sitio web de noticias Asr Iran.

Incluso antes de la guerra, la economía iraní ya sufría las consecuencias de años de sanciones, corrupción arraigada y mala gestión, mientras que la vertiginosa devaluación de la moneda había mermado el poder adquisitivo de los iraníes.

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“Ha surgido un extraño y abrumador torbellino de problemas económicos, que sigue volviéndose cada vez más complejo”, declaró en una entrevista Amir Hossein Khaleghi, economista de Isfahán.

Antes de la guerra, Irán “ya se encontraba en una situación económica muy precaria, enfrentando una serie de megacrisis”, añadió.

Las recientes dificultades del sector privado presagian una crisis cada vez más profunda para el gobierno iraní.

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Su presupuesto anual, presentado antes de la guerra, ya representaba una drástica reducción del gasto público al ajustarlo por la inflación, y dependía más de los impuestos que en el pasado.

Ahora, es probable que los ingresos fiscales del sector privado disminuyan significativamente.

Una tienda de alfombras en el Gran Bazar de Teherán, Irán, 9 de mayo de 2026. Según informes, muchas empresas en Irán, país que ya enfrentaba dificultades económicas antes de la guerra con Estados Unidos e Israel, han implementado rondas sucesivas de despidos en las últimas semanas, debido a la presión bélica que afecta a la economía. (Arash Khamooshi/The New York Times)

El descontento económico ha desencadenado repetidas protestas en Irán durante la última década, incluidas manifestaciones a nivel nacional que comenzaron en diciembre tras el colapso de la moneda.

Si bien esas protestas fueron reprimidas con una brutal represión que dejó miles de muertos, la ira que las alimenta sigue latente.

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En un comunicado con motivo del día nacional de Irán en honor a los trabajadores y maestros, el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, instó a las empresas a evitar los despidos «en la medida de lo posible».

Muchas de estas empresas se enfrentan a profundas crisis que son consecuencia directa de las acciones del gobierno de Khamenei.

Por ejemplo, el sector digital de Irán, que en su día fue un símbolo del potencial del país, se ha visto paralizado por un severo bloqueo de internet impuesto por el gobierno.

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Una tienda Digikala, a veces llamada el Amazon de Irán, en Teherán, Irán, 8 de mayo de 2026. (Arash Khamooshi/The New York Times)

El responsable de un grupo de presión de la industria tecnológica iraní estimó que el bloqueo de internet le está costando a Irán hasta 80 millones de dólares diarios en pérdidas directas e indirectas.

Digikala, conocida como el Amazon de Irán y la principal empresa tecnológica del país, ha despedido a 200 empleados, aproximadamente el 3% de su plantilla, siendo la reciente inestabilidad una de las causas, según declaró el director ejecutivo de la compañía, Masoud Tabatabaei.

El mes pasado, el fundador de Kamva, una empresa iraní de comercio electrónico, anunció que la empresa cerraría definitivamente.

«Tras dos guerras y meses sin internet, ya no podíamos eludir la crisis», declaró el fundador, Hadi Farnoud, en un comunicado publicado en su cuenta de la plataforma social X.

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«Esta vez, era imposible continuar».

En el sector industrial, la causa inmediata de muchos despidos es la escasez de materias primas.

Importantes plantas petroquímicas y siderúrgicas fueron blanco de los ataques estadounidenses e israelíes contra el país, interrumpiendo el suministro a las industrias relacionadas.

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Además, las importaciones se han visto afectadas por el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Según la Agencia Iraní de Noticias Laborales, un medio semioficial, una fábrica textil en el oeste de Irán ha despedido a 700 de sus 800 trabajadores.

La agencia también informó que otra fábrica en el norte del país despidió a 500 empleados.

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Según los líderes sindicales, incluso los fabricantes que no han anunciado despidos formales están prácticamente paralizados, permaneciendo abiertos solo de nombre pero con una producción mínima.

“En la práctica, algunas de estas unidades no tienen una producción real y solo trabajan de forma semiactiva o intermitente para mantener su existencia”, dijo Bahram Zonoubi Tabar, jefe de un consejo laboral local en la provincia iraní de Fars, en una entrevista con la agencia de noticias.

Mehdi Bostanchi, presidente del Consejo de Coordinación de Industrias del país, organismo que sirve de enlace entre las empresas y el gobierno, afirmó que el sector industrial iraní está atravesando una contracción que afectará a unos 3,5 millones de trabajadores.

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“En esta situación, a diferencia de los períodos clásicos de recesión, la disminución del empleo es menos visible en las estadísticas oficiales y, en cambio, se manifiesta a través de la no renovación de contratos, la reducción de las horas de trabajo y las licencias forzosas”, dijo Bostanchi en una respuesta escrita a las preguntas del Times.

En ocasiones, los esfuerzos del gobierno por afrontar la crisis económica han aumentado la presión sobre las empresas.

En marzo, el gobierno anunció un incremento del 60 % en el salario mínimo iraní, con el objetivo de mantener los salarios a la par de la galopante inflación del país.

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Sin embargo, según Nima Namdari, director ejecutivo de Karnameh, una empresa de venta de automóviles en línea, esto «provocó un shock en la economía».

“Como consecuencia, la ola de despidos se intensificó”, dijo Namdari.

Babak, el diseñador de productos, ha sido despedido dos veces en el lapso de un año.

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Su primer despido ocurrió apenas 10 días antes del ataque israelí contra Irán en junio de 2025, y tardó meses en encontrar un nuevo trabajo, con un salario menor.

Según cuenta, les costaba llegar a fin de mes, pero él y su esposa se las arreglaron.

Luego llegó la guerra entre Estados Unidos e Israel, el bloqueo de internet y su despido más reciente.

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Él y su esposa han vendido sus coches y joyas para salir adelante en las últimas semanas.

Sin nada más que vender, dijo, ahora dependen de la ayuda de sus familias.

Babak dijo que aún no ha podido encontrar otro trabajo. «Me duele ver cómo esta situación ha afectado el ánimo de mi esposa», añadió. «Hay momentos en que ambos lo pasamos mal, pero estamos haciendo todo lo posible por mantener la esperanza».

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«Me duele ver cómo esta situación ha afectado el ánimo de mi esposa», añadió.

«Hay momentos en que ambos lo pasamos mal, pero estamos haciendo todo lo posible por mantener la esperanza».

c.2026 The New York Times Company

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Biden scores temporary court victory as Trump-appointed judge delays release of Hur investigation materials

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

Former President Joe Biden has won another three weeks to block the release of audio recordings and transcripts tied to special counsel Robert Hur’s classified documents investigation after a federal judge granted a temporary injunction while a federal appeals court reviews his challenge.

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The recordings stem from Biden’s interviews with Mark Zwonitzer, the ghostwriter of his 2017 memoir, «Promise Me, Dad.» 

U.S. District Judge Dabney Friedrich, a Trump appointee, on Friday issued an injunction pending appeal that prevents the Justice Department from releasing the materials while the D.C. Circuit considers the case. The order came just hours after Friedrich denied Biden’s request for a preliminary injunction that would have stopped the release altogether.

The legal battle could determine whether Americans ever hear the recordings that helped shape Hur’s decision not to prosecute Biden over his handling of classified documents. The audio has been the subject of intense scrutiny because Hur raised questions about Biden’s memory in explaining why he declined to bring charges against Biden for mishandling classified documents.

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GREGG JARRETT: RELEASE THE BIDEN TAPES AND LET AMERICANS HEAR THE TRUTH FOR THEMSELVES

Although the Justice Department previously released audio from Biden’s interviews with Hur, the recordings at the center of the current legal battle involve separate conversations between Biden and Zwonitzer.

Hur’s 2024 report repeatedly referenced Biden’s recorded conversations with Zwonitzer. The special counsel described some exchanges as «painfully slow» and said Biden at times struggled to recall events and relay information, observations that fueled scrutiny of the Biden’s cognitive abilities during an election year.

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Former President Joe Biden speaks to a crowd during a fundraising event with the South Carolina Democratic Party at the Columbia Museum of Art on Feb. 27, 2026, in Columbia, S.C. (Sean Rayford/Getty Images)

The Heritage Foundation and its Oversight Project director, Mike Howell, have spent more than two years seeking the recordings and transcripts through FOIA requests.

Heritage Foundation officials have argued the public has a strong interest in reviewing the materials referenced throughout Hur’s report, particularly because the special counsel relied on the recordings in explaining his decision not to pursue criminal charges.

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Biden has been fighting to keep the potentially embarrassing recordings under wraps.

CNN HOST SUGGESTS ROBERT HUR ‘UNDERSOLD’ EXTENT OF BIDEN MEMORY LAPSES DURING SPECIAL COUNSEL INTERVIEW

After Friedrich denied Biden’s motion for a preliminary injunction Friday, Biden’s legal team immediately sought emergency relief to preserve the status quo while appealing the decision.

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In an emergency filing, Biden’s attorneys argued that disclosure would effectively end the case before appellate judges could review the legal questions involved. They maintained that once the recordings are released, any privacy protections would be permanently lost, and the appeal would become largely moot.

Special Counsel Robert K. Hur testifying before the House Judiciary Committee in Washington, D.C.

Former special counsel Robert K. Hur testifies before the House Judiciary Committee in Washington, D.C., March 12, 2024. Hur investigated President Joe Biden’s handling of classified documents and published a report with conclusions about Biden’s memory. (Win McNamee/Getty Images)

The filing also stressed that the FOIA litigation has already been pending for more than two years and argued there was no urgent public need requiring immediate disclosure of conversations that occurred roughly a decade ago between Biden and his ghostwriter. Biden’s attorneys noted that the former president is now a private citizen who neither holds nor is seeking public office.

OBAMA-APPOINTED JUDGE WITH TIES TO ANTI-TRUMP CONSPIRACY THEORY HIT WITH MISCONDUCT COMPLAINT

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The Justice Department initially withheld the recordings and much of the transcript material under several FOIA exemptions. Earlier this year, however, the department reversed course and determined the records could be released with redactions after concluding that significant public interest existed in understanding evidence relied upon by Hur during his investigation.

After the Justice Department announced plans to release the recordings, Biden filed suit in May to stop the disclosure, claiming the audiotapes contain private conversations that should remain protected from public release and, if released, would be in violation of the Privacy Act.

President Joe Biden speaking at an official transition event indoors.

President Joe Biden speaks during an official transition event to thank Ron Klain for his work and to welcome successor Jeff Zients. (Reuters/Kevin Lamarque)

His legal team argued that the department’s decision violates the Privacy Act and constitutes arbitrary agency action under the Administrative Procedure Act.

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Leading Biden’s legal effort is Amy Jeffress, a partner at Washington-based law firm Hecker Fink and a former Justice Department national security official. Jeffress has served as the primary attorney advancing Biden’s challenge to the release of the materials and signed the recent emergency filing seeking to prevent disclosure while the appeal proceeds.

Jeffress has also drawn attention because she is married to U.S. District Judge Christopher Cooper, an Obama appointee who recently ruled against the Trump administration in a high-profile dispute involving the Kennedy Center. Cooper’s ruling prompted criticism from some Trump allies and conservative commentators who pointed to the judge’s family connection to Biden’s attorney, suggesting a conflict of interest may be at play in Cooper’s work.

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INTERNACIONAL

Balotaje en Colombia: un país dividido elige presidente entre un libertario y un socialista

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Una Colombia dividida en dos elige este domingo qué rumbo tomará el país desde el 7 de agosto, cuando Gustavo Petro termine su mandato y deje en nuevas manos la difícil tarea de gobernar una nación marcada por la peor ola de inseguridad en décadas, un panorama económico complejo y un legado de mejoras en el área social que lograron reducir la pobreza y la desigualdad.

En un extremo del Parque de la 93, en el exclusivo barrio de Chapinero, en Bogotá, un puñado de militantes reparte folletos que llaman a votar por Iván Cepeda. Unas cuadras más allá, en la fachada de un edificio, un inmenso cartel sólo muestra la imagen de un tigre, en alusión al candidato de derecha populista Abelardo De la Espriella, quien ha usado a ese animal como símbolo de su campaña.

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Son las pocas señales que aquí marcan que este domingo habrá elecciones. Casi no se ve en las calles propaganda política. Pero todos saben que es mucho lo que se juega en las urnas.

De la Espriella, un recién llegado a la política que hizo fortuna como abogado y empresario, fue la sorpresa de la primera vuelta del 31 de mayo cuando cosechó 10,3 millones de votos (el 43,78%) y dejó en segundo lugar al senador oficialista Cepeda, que hasta entonces figuraba como favorito en los sondeos y obtuvo 9,7 millones de votos, (el 40,98%). En un lejano tercer lugar quedó Paloma Valencia, la candidata de la derecha más moderada, y mucho más atrás las figuras del centro, en una muestra clara de la crisis que atraviesan los partidos tradicionales, como se ha visto en varios países de la región.

En un país de algo más de 53 millones de habitantes, la polarización quedó bien clara: entre los dos candidatos ubicados en los extremos sumaron cerca del 85% del total de votos. Queda entonces una pequeña porción de votantes que ahora tendrán que volcarse hacia un lado o el otro.

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Los últimos sondeos -que por ley sólo podían difundirse hasta el domingo pasado- mostraban una ventaja para De la Espriella de entre 4 y 7 puntos porcentuales sobre Cepeda, quien hasta último momento intentó seducir a los votantes del centro, a los indecisos y a quienes no fueron a votar hace tres semanas. El voto aquí no es obligatorio y en la primera vuelta la participación fue cercana al 58% del padrón. Ahora ambos candidatos esperan ampliar ese porcentaje para sumar más apoyos.

Desconfianza en las encuestas

Pero los sondeos, se sabe, muestran una foto bastante parcial y han fallado no sólo aquí sino en procesos electorales en las Américas y en Europa. En Colombia, particularmente, las encuestas están muy cuestionadas y ahora debieron ceñirse a una nueva legislación que incorpora criterios mucho más estrictos, según explicó a Clarín Daniel Poveda, coordinador de análisis de la consultora Colombia Risk Analysis.

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“Somos un poco escépticos de la brecha a favor de De la Espriella. Es posible que gane, pero por un margen más estrecho”, señaló el experto en análisis político. En estos últimos días, la posibilidad de una diferencia de pocos votos entre los candidatos alimentó el temor a disputas y conflictos.

Petro todavía no reconoció oficialmente el resultado de la primera vuelta, que sorprendió a un oficialismo que se sentía ganador. Cepeda también presentó dudas al comienzo pero terminó por aceptar los datos unos días después, cuando era evidente que las denuncias de supuestas irregularidades presentadas por el presidente carecían de consistencia.

Ante rumores de posibles movilizaciones en la noche del domingo, la policía ya ha preparado un fuerte despliegue de seguridad para la jornada electoral.

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Un mural del candidato oficialista Iván Cepeda y su compañera de fórmula Aida Quilcué, en Bogotá. Foto: EFE

Un «referéndum» sobre Gustavo Petro

En este clima turbio, esta elección es para muchos una suerte de “referéndum” sobre el gobierno de Petro, el primero de izquierda –o mejor, socialdemócrata- en este país que durante décadas siguió una senda conservadora.

Con sus desaciertos y falencias, Petro deja el poder con una imagen positiva relativamente alta, cercana al 40%, sobre todo por el apoyo de los sectores populares a los que ha dado voz y espacio por primera vez.

“Petro ha diversificado por primera vez las preocupaciones de los colombianos. Ya no es un país que gravita alrededor del tema de seguridad, del enfrentamiento con grupos armados, como ha sido durante décadas, sino que le preocupa la corrupción, la salud, la economía. Es un país que ya no está en modo primario de sobrevivencia”, interpreta Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis.

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Al actual presidente le ha ido bien en áreas como inclusión social, pues se ha ocupado de sectores que habían sido históricamente postergados. A costa de un gasto fiscal inédito, el gobierno ha aumentado el salario mínimo, implementado programas sociales y ha llevado coberturas de salud a zonas rurales o aisladas donde nunca antes había llegado el Estado.

Cepeda, un filósofo y político de 63 años, encarna la continuidad del proceso de cambio que se inició en 2022. Aunque trató de despegarse de las medidas más polémicas o cuestionadas de Petro, como su fallido de plan de paz o el proyecto de una asamblea constituyente, fuertemente resistida por la mayoría de la población.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, termina su mandato en agosto. Foto: AFP

Del otro lado aparece un fuerte “antipetrismo”, según coinciden varios analistas consultados por Clarín. Un panorama económico de inflación, magro crecimiento, desinversión, una crisis del sistema de salud, un aumento de la inseguridad y el fortalecimiento de los grupos armados tras el fracaso de la política de “paz total” de Petro, que prometía desmovilizar a las guerrillas y logró todo lo contrario, alimenta ese rechazo.

Una gran porción de los colombianos no tiene tampoco confianza en De la Espriella –que con su estilo agresivo, desfachatado, ha mostrado actitudes o posturas muy criticables- pero le dará su voto por ser “lo menos malo”, como señalan aquí los expertos y ciudadanos de a pie.

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“Hay muchas propuestas de De la Espriella que son difíciles de tragar para los votantes de centro”, señala Guzmán. Su idea de alinearse ciegamente con Estados Unidos, abandonar todos los esfuerzos de los acuerdo con los grupos armados, recortar drásticamente el gasto del Estado –con el modelo de la motosierra de Javier Milei- o construir megacárceles para narcotraficantes al estilo de Nayib Bukele en El Salvador no caen bien a una porción considerable de votantes.

Pero “El Tigre” encarna la “antipolítica”, el profesional y empresario exitoso que no pertenece “a la casta” y que viene a traer nuevos aires al país.Y aunque se le ha cuestionado su pasado como abogado defensor de acusados por narcotráfico, por ejemplo, logró un caudal considerable de apoyos.

El propio Cepeda ha denunciado penalmente a De la Espriella semanas atrás por supuestos vínculos con paramilitares. Y lo ha calificado de “fascista mafioso” y “traidor de la patria”.

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El populista libertario no se quedó atrás y acusó a Cepeda de «bandido, colaborador de delincuentes», «narcoterrorista» o «heredero de las FARC».

En este ambiente los colombianos eligen el camino para los próximos cuatro años.

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African and Caribbean leaders call for payments, debt cancellation, formal apologies over slavery

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African and Caribbean leaders are demanding financial compensation, debt cancellation and formal apologies from countries that benefited from the transatlantic slave trade after adopting a sweeping reparations plan at a conference in Ghana.

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The 19-point framework calls for financial compensation, debt relief, a Global Reparations Fund and the return of looted cultural artifacts and ancestral remains. It also seeks reforms to international financial institutions that supporters say disadvantage Third World countries.

The proposal is expected to be presented at the next UN General Assembly as African and Caribbean nations step up a coordinated push for slavery reparations.

The plan was adopted Friday by the African Union and the Caribbean Community (CARICOM) Commission on Reparatory Justice at the end of a three-day conference.

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REPARATIONS ADVOCATES PUSH FOR PAYMENTS TO BLACK AMERICANS DESPITE BUDGET AND LEGAL CHALLENGES

John Dramani Mahama, president of Ghana, and other dignitaries attend a wreath-laying event at Christiansborg Castle in Accra, Ghana, Friday, during a high-level conference on the United Nations resolution addressing the trafficking of enslaved Africans. (Ernest Ankomah/Getty Images)

«None of us gathered in this hall today can be held personally responsible for the atrocities of the transatlantic slave trade,» Ghanaian President John Dramani Mahama told delegates.

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«History does not ask us to inherit guilt, but it asks us to inherit responsibility,» Mahama added.

The proposal does not identify specific countries that should provide compensation or issue formal apologies.

TULSA MAYOR PROPOSES $100M REPARATIONS PLAN FOR DESCENDANTS OF 1921 TULSA RACE MASSACRE

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John Dramani Mahama lays a wreath at Christiansborg Castle in Accra Ghana

John Dramani Mahama, president of Ghana, lays a wreath at Christiansborg Castle in Accra during a high-level conference on the United Nations resolution addressing the trafficking of enslaved Africans on Friday. (Ernest Ankomah/Getty Images)

It does call for debt cancellation, climate justice financing, expanded citizenship pathways for Africans in the diaspora and what organizers describe as a «right of return» for descendants of enslaved Africans.

The plan also urges African countries to preserve former slave forts and castles as memorial sites.

According to advocates, at least 12.5 million Africans were kidnapped and transported aboard European ships between the 15th and 19th centuries. Supporters of reparations argue the effects of slavery continue to be felt across Africa and the Caribbean generations later.

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UN COURT RULES WEALTHY NATIONS PAY UP FOR CLIMATE CHANGE DAMAGES IN CONTROVERSIAL GLOBAL RULING

John Dramani Mahama and Samuel Okudzeto Ablakwa seated at a conference table in Accra, Ghana.

President John Dramani Mahama and Minister Samuel Okudzeto Ablakwa host a high-level consultative conference on the next steps following the United Nations resolution on trafficking of enslaved Africans in Accra, Ghana, on Thursday. (Ernest Ankomah/Getty Images)

The conference follows a UN vote in March recognizing transatlantic slavery as the «gravest crime against humanity.»

The resolution passed with 123 votes in favor, but the U.S., Israel and 52 other countries either voted against it or abstained.

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According to Reuters, the United States and European Union raised concerns that the resolution could be interpreted as creating a hierarchy among crimes against humanity by treating some atrocities as more serious than others.

MACRON TAKES THE STAGE UNINVITED AT AFRICA SUMMIT TO SCOLD CROWD FOR ‘TOTAL LACK OF RESPECT’

John Dramani Mahama and Mia Amor Mottley attending wreath-laying at Christiansborg Castle in Accra Ghana

John Dramani Mahama, president of Ghana, Mia Amor Mottley, prime minister of Barbados, and Samuel Okudzeto Ablakwa, Ghana’s foreign affairs minister, attend a wreath-laying event at Christiansborg Castle in Accra, Ghana, Friday, during a high-level conference on the United Nations resolution addressing the trafficking of enslaved Africans. (Ernest Ankomah/Getty Images)

Heads of state from Namibia, Liberia, Senegal, Barbados and Sao Tome and Principe attended the conference, along with senior officials from several other countries.

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French President Emmanuel Macron addressed the gathering virtually from the Élysée Palace, where he acknowledged the suffering caused by slavery.

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Enslaved people were «torn from their homelands, deported, dehumanised, and treated as goods,» Macron said.

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Macron also said reparations should not be viewed «as an end point, or a cheque written to bring the story to a close.»

The conference in Ghana brought together separate reparations efforts previously pursued by African and Caribbean nations into a single document that organizers plan to take before the United Nations.

Reuters contributed to this report.

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