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Detectaron graves irregularidades en la gestión del intendente de Misiones investigado por abuso sexual

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La intendente interina de Caraguatay (Misiones), Norma Gularte, asumió la conducción del municipio tras la denuncia penal contra el intendente titular, Mario Peyer, quien se encuentra de licencia desde hace casi un mes. En este contexto, la funcionaria inició un proceso de auditoría interna e identificó graves irregularidades en la gestión de los fondos.

El caso, iniciado tras la acusación de una empleada del Consejo Deliberante por abuso sexual, mantiene en vilo a la comunidad mientras la justicia avanza con la investigación.

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Hoy miércoles, Peyer deberá presentarse a declarar ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, mientras que mañana vence el plazo de la licencia que lo apartó del cargo.

Durante estos treinta días, Gularte no solo se ocupó de la gestión diaria sino que también impulsó una revisión exhaustiva de distintas áreas del municipio. La transición estuvo marcada por cambios en el gabinete: fueron removidos el tesorero, la jefa de personal, la directora de acción social y el director de obras públicas. La funcionaria interina puso el foco en detectar posibles irregularidades administrativas y operativas, algunas de las cuales ya fueron elevadas a la Justicia y a las autoridades policiales locales.

La revisión interna reveló datos de alto impacto sobre el uso de recursos municipales. Según Gularte, el 38% del combustible adquirido por el municipio se destinaba a un automóvil particular del intendente Peyer, mientras que otro 27% era utilizado por un camión perteneciente a un familiar directo. Solo el 35% restante quedaba disponible para la ambulancia y el resto de los vehículos municipales que prestan servicios a la comunidad. Estos números, recopilados en el informe preliminar, fueron remitidos ante la comisaría y la fiscalía de Puerto Rico para su investigación.

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La intendente interina de Caraguatay, Norma Gularte, asumió la conducción del municipio y denunció irregularidades en la administración

De acuerdo con lo informado por el portal El Territorio, en paralelo al control de recursos, la intendenta interina identificó que unas 20 personas no se presentaron a trabajar durante su gestión, al menos cinco de ellas con vínculos familiares directos con el intendente suspendido. Los salarios de ese grupo rondaban los 900 mil pesos mensuales.

Al dejar de pagar esos sueldos, el Municipio pudo redirigir fondos para obras públicas, como la colocación de veredas en más de 1.200 metros sobre la ruta de acceso a la localidad y el sostenimiento de servicios esenciales, entre ellos la recolección de residuos y la ambulancia.

Durante el proceso de auditoría también surgieron obstáculos en el acceso a la información financiera y administrativa del municipio. Según explicó la intendenta interina, el equipo a su cargo no pudo acceder a los archivos contables ni a los documentos digitalizados porque la contadora municipal y la jefa de personal no facilitaron las claves de ingreso al sistema informático. Esta situación, junto con otras inconsistencias detectadas, fue incluida en la denuncia formal ante la justicia local.

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Además, se habló del hallazgo de cajas con medicamentos vencidos que no habrían sido entregados a la población, situación que continúa bajo investigación.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el intendente solicitará una prórroga de su licencia, que expira este jueves. Gularte subrayó que la administración interina aguardará la decisión de la Justicia y de Peyer, respetando los procedimientos legales y los derechos de todas las partes involucradas.

En caso de que el acusado decida retomar sus funciones, Gularte manifestó que volverá a ocupar su banca en el Concejo Deliberante y que exigirá explicaciones sobre las irregularidades observadas durante su gestión al frente del Ejecutivo local.

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Ahora, el proceso judicial y la investigación administrativa avanzan en paralelo, mientras la comunidad de Caraguatay sigue de cerca los acontecimientos. A la espera de la declaración de Peyer, la estructura municipal se mantiene en estado de revisión y ajuste, con la promesa de mayor transparencia y control sobre la gestión de los recursos públicos.

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Abren dos nuevos frentes judiciales para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino – Nexofin

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Artículo publicado originalmente en Clarín

La Justicia abrió dos nuevos frentes en las causas sobre los negocios de la cúpula de la AFA. Por un lado, dos fiscales apelaron el polémico sobreseimiento de familiares y socios del tesorero Pablo Toviggino en la causa de la mansión de Pilar. Por otro, la fiscal porteña Silvana Russi pidió enviar un exhorto a Estados Unidos para obtener los movimientos bancarios de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni que manejó unos 300 millones de dólares en nombre de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

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Así el fiscal federal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas, y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, apelaron el polémico sobreseimiento que el juez federal Adrián González Charvay dictó a favor de familiares y socios de Pablo Toviggino en la causa de la mansión de Pilar.

Juez de Zárate-Campana, Adrian Gonzalez Charvay

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En una presentación conjunta, los fiscales advirtieron que la decisión de González Charvay de transformar una desestimación en un sobreseimiento podría convertir el caso en “cosa juzgada” e impedir nuevas investigaciones sobre los millonarios movimientos financieros e inmobiliarios del entorno del tesorero de la AFA. La apelación quedó en la sala de la Cámara Federal de San Martín, integrada por Alberto Lugones y Juan Pablo Salas.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, cerrar la investigación iniciada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, sin profundizar en las pruebas presentadas constituye una grave falencia que debe ser revisada por la Cámara Federal de San Martín.

Simón había fundamentado su acusación, presentada en mayo pasado, en informes oficiales de ARCA y otros organismos públicos. Sin embargo, el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, desestimó la denuncia.

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Posteriormente, la Cámara Federal de Tucumán dispuso que la causa iniciada por Simón quedara radicada en el Juzgado Federal de Zárate-Campana, por una cuestión de competencia.

Pero la apelación no es el único frente judicial que preocupa al entorno de Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien se encuentra en Suiza para participar de una reunión de la FIFA.

Por otra parte, la fiscal porteña Silvana Russi pidió a la jueza Paula Petazzi que libre un exhorto a la Justicia de Estados Unidos para obtener oficialmente la documentación bancaria reunida mediante el procedimiento conocido como discovery.

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Se trata de los movimientos financieros de TourProdEnter LLC, la empresa del empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que recibió fondos en nombre de la AFA por contratos comerciales y otros derechos vinculados con la Selección argentina.

El pedido se formuló en la causa iniciada por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA por la presunta ruptura de un contrato para organizar partidos amistosos del seleccionado nacional.

La documentación obtenida en Estados Unidos permitiría reconstruir movimientos financieros por unos 300 millones de dólares y transferencias por aproximadamente 40 millones a sociedades estadounidenses cuyos beneficiarios y actividades están bajo sospecha.

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Entre las entidades bancarias mencionadas en los procedimientos de obtención de información figuran Bank of America, JPMorgan Chase Bank, Citibank, Synovus Bank y PNC Bank.

La incorporación oficial de esos registros sería clave para las distintas investigaciones judiciales abiertas en la Argentina. Especialmente, para determinar el destino final de los fondos recaudados por los derechos comerciales de la Selección dirigida por Lionel Scaloni.

Otro punto central es establecer si la totalidad de esos ingresos fue debidamente registrada en los balances de la AFA y si las transferencias realizadas por TourProdEnter tuvieron una justificación comercial verificable.

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Fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón.

Fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón.

Mientras espera que se tramite el exhorto, Russi obtuvo un dictamen del procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, favorable a que la investigación permanezca en la Justicia de la Capital Federal y no sea trasladada a Zárate-Campana.

Ahora será la Corte Suprema de Justicia la que deberá resolver ese conflicto de competencia, una decisión que puede determinar el futuro de una de las investigaciones sobre el manejo de los negocios internacionales de la AFA.

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El polémico sobreseimiento de los familiares de Toviggino

A pedido de las defensas, González Charvay resolvió la semana pasada que las personas y empresas denunciadas por el fiscal Simón no estaban sometidas a proceso porque, según su interpretación, no existía una acción penal legalmente promovida.

El magistrado, que tiene desde hace ocho meses la causa principal contra Toviggino y Tapia sin avances significativos, según el planteo fiscal, fue más allá de la desestimación de la denuncia y dispuso el sobreseimiento de los involucrados.

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El empresario Guillermo Tofoni denunció a Tapia y Toviggino.

El empresario Guillermo Tofoni denunció a Tapia y Toviggino.

Para hacerlo, invocó el artículo 336, inciso 4°, del Código Procesal Penal de la Nación, referido a los casos en los que se establece que el delito investigado no fue cometido por el imputado.

Además, dejó constancia de que el proceso no había afectado el buen nombre y honor de los sobreseídos y sostuvo que no existían ni habían existido medidas cautelares o restricciones contra ellos en ese expediente.

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La diferencia jurídica es sustancial. Una desestimación de una denuncia no tiene necesariamente los mismos efectos que un sobreseimiento firme, que puede ser invocado por las defensas para impedir una nueva persecución penal por los mismos hechos.

Precisamente, ese es uno de los principales cuestionamientos de Bringas y Velasco: que una decisión adoptada sin profundizar en la investigación termine cerrando definitivamente la posibilidad de examinar operaciones patrimoniales millonarias.

La entrada Abren dos nuevos frentes judiciales para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino se publicó primero en Nexofin.

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El Gobierno ganó en Diputados, pero siguen las dudas sobre el apoyo para suspender las PASO

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El Gobierno ganó ayer en Diputados cuando logró blindar su DNU 70/2023, y algunos actores de la cúpula libertaria vieron en el resultado de la cruzada con la oposición dura una muestra de las perspectivas para el debate por la reforma política. Sin embargo, no todaños los diagnósticos post sesión convergen en el oficialismo y siguen las dudas sobre el nivel de apoyo que tendrán para suspender las PASO.

De hecho, aún no se atreven a ponerle fecha a la convocatoria de una sesión en el Senado para debatir el tema que más apremia, inquieta e interesa al Gobierno de cara a 2027.

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Las miradas están divididas puertas adentro sobre lo que significa haber frenado la sesión opositora para esa discusión, que todavía está pendiente y que hoy es la más importante para la Casa Rosada. Quizás más aún que la defensa del DNU 70.

El Presidente siguió la jornada legislativa desde Estados Unidos junto a Karina Milei, que delegó las gestiones políticas para mantener en pie el DNU en Buenos Aires a su mano derecha, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y a Diego Santilli, jefe de Gabinete.

Diego Santilli, junto con Martín y

Al final, la oposición no llegó a los llegó a 129 presentes para abrir el recinto. Y la diferencia la hicieron los diputados que responden a gobernadores con diálogo fluido con el oficialismo: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut). La jujeña María Inés Zigarán, que había firmado el pedido de sesión, finalmente no bajó. Y ayudaron un fueguino del bloque Unión por la Patria que responde a Gustavo Melella y una diputada de Santiago del Estero, alineada con Gerardo Zamora.

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En la mesa política, dicen que no fue “una victoria circunstancial”, aunque aclaran que todas las sesiones son particulares y tienen su lógica. De todos modos, en el ánimo triunfalista, ayer admitían en privado que lo tomaban como una señal de buena predisposición de los gobernadores, en especial el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el resto de las provincias que retiraron a sus diputados.

Para algunos referentes de la mesa política de Karina Milei, el desenlace de ayer, positivo para los violetas, fue una muestra de que se encuentran supuestamente más cerca de ganar la discusión por la PASO. “Estamos confiados en que sí”, dijeron en el bloque de LLA. Y redoblaron: “Antes de diciembre está aprobada”. En el bloque oficialista de Diputados agregaron con bastante seguridad: “En la última semana de noviembre se sesiona”.

Pero acotaron una obvia condición: “Esto, si logran sacarla del Senado antes de noviembre”. Y ahí aparece el primer motivo de duda. La relación con la Cámara alta no está aceitada después de los roces con Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario. La senadora aflojó bastante en el último tiempo con las críticas, después del encuentro del viernes con el Presidente en Olivos durante dos horas para volver a sintonizar, luego de los sucesivos señalamientos y desmarques que hizo en público.

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La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Burllcih (Fotos: Gabriel Cano/Comunicación Senado)

El motivo de principal duda está en los propios gobernadores. Queda una pregunta: ¿fue una mala señal para la PASO que los tres diputados de Catamarca que responden a Raúl Jalil, un mandatario afín, se hayan sentado en el recinto cuando el Gobierno buscaba que no hubiera quorum? Lo mismo ocurrió con los de Gustavo Sáenz, de Salta, y con tres de los misioneros. En el caso de Jalil el ruido es mayor, y la incógnita es cuánto de ese respaldo puede dar por descontado el oficialismo cuando llegue una votación que más le interesa ganar.

En el Senado algunos senadores violetas no coinciden con amalgamar las dos sesiones y no se animan a decir que el resultado den una esté atada a la otra. Con más determinación que en Diputados, donde sí dejan abierta la posibilidad de que haya un vínculo de correlación, los senadores sostienen en off que este triunfo no los deja más cerca de lograr la reforma política. “No creemos que influya”, dijeron, sin ánimo.

De todas formas, incluso en Diputados los más optimistas se recataban y trataban de evitar mostrarse demasiado triunfalistas por adelantado. “Cada sesión es distinta”, dijeron. También en Fuerzas del Cielo, el espacio de Santiago Caputo, que salió a festejar el resultado en la red X pero sin retuitear a Martín Menem. Como la mayoría, deslizaron que “son dos cosas distintas”.

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Desde el entorno de Bullrich dejan ver que no son optimistas respecto de los apoyos para el fin de lsnla PASO. Sin embargo, en la Casa Rosada aclaran que ella no es la encargada de reunir los votos sino de hacer funcionar la sesión, y que la reforma política es algo más grueso, que se teje con acuerdos macro en los que intervienen directamente Karina Milei con los gobernadores, y Santilli y Menem. Es una lectura que no calza del todo con la confianza que se busca lograr en la mesa política.

El balance general que hacen puertas adentro tiene como eje la sesión de la semana próxima y lo que quieren mostrar como el verdadero triunfo: “Tuvimos muñeca política”.

Respecto de esa sesión, convocada por el oficialismo para frenar la de ayer, la oposición relativiza su alcance. Se discutirán, a grandes rasgos, la emergencia en discapacidad, el endeudamiento de las familias y la restitución de la Ley de Tierras. “Todas las sesiones son particulares, ninguna es consecuente ni se correlaciona con otra o con algún futuro. La de la semana que viene será otra historia. De todos modos, no debería ser tan heavy, porque son dictámenes que fueron consensuados y firmados con aliados”, plantearon.

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Tras el fracaso de la sesión, las universidades realizaron la quinta Marcha Federal (Foto: RS Fotos)

En paralelo, el Gobierno defendió el accionar en la calle y en privado. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo que se reprimió a los violentos y nada más. Pero, igual que en la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras, hubo represión contra manifestantes que se expresaban de manera pacífica. Por lo bajo sostienen lo mismo que en público y no hay ningún mea culpa, porque no creen que las imágenes de gases lacrimógenos ni los incidentes influyan en el votante del Gobierno, ni en el del centro ni en los indecisos.

Por lo pendiente en los próximos días podría haber novedades. Santilli participa hoy de un evento sobre logística del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con una decena de gobernadores. Según pudo confirmar Infobae, estarán presentes los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; Santiago del Estero, Elías Suárez; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Jujuy, Carlos Sadir; Chubut, Ignacio Torres, y Río Negro, Alberto Weretilneck. El jefe de Gabinete apuesta a aprovechar el viaje de alguno de ellos a Buenos Aires para invitarlos a conversar mano a mano en la Casa Rosada y continuar un diálogo que consideran clave. La última vez que se vieron en persona con la mayoría fue en la Argentina Week de París, donde el oficialismo deslizaba, hace sólo dos, semanas que la discusión Sucre la Paso estaba prácticamente ganada. Hoy, la incertidumbre sigue.

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Tras la sesión fallida, la oposición reordena su agenda en Diputados y priorizará discapacidad y endeudamiento familiar

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La oposición reorientará su estrategia en la Cámara de Diputados y pondrá el foco en los proyectos de discapacidad y endeudamiento familiar para la sesión convocada el próximo miércoles 21 de octubre. Después de no conseguir el quórum para debatir la nulidad del DNU 70/2023, los bloques opositores buscarán reunir mayorías para defender sus dictámenes frente a las propuestas impulsadas por La Libertad Avanza.

La sesión fallida de este jueves dejó un balance dispar para los sectores que intentaron abrir el recinto. Si bien no lograron alcanzar los 129 diputados necesarios, consiguieron reunir a 121 legisladores y sumar a representantes vinculados con gobernadores que hasta ahora se habían mantenido al margen de algunas convocatorias opositoras.

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Entre ellos estuvieron sectores con terminales políticas en Salta, con Gustavo Sáenz; Catamarca, con Raúl Jalil; y Misiones, con Hugo Passalacqua.

“Que hayamos juntado 121 voluntades no es poca cosa”, destacó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. También sostuvo que esos legisladores fueron los que “decidieron no quebrarse ante las maniobras de todo tipo que hubo desde el momento en que convocamos a esta sesión”.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados.

Discapacidad y endeudamiento, en el centro de la estrategia

Más allá de no haber podido avanzar con la derogación del decreto firmado por Javier Milei en 2023, que modificó y eliminó distintas leyes nacionales, entre ellas la Ley de Tierras Rurales, la oposición buscará priorizar los proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento familiar.

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En materia de discapacidad, los bloques reclaman la prórroga de la Ley de Emergencia y pretenden que sus dictámenes tengan prioridad en el debate parlamentario.

“La prioridad ahora es la sesión del próximo miércoles 21 de octubre pedida por la oposición”, afirmó el diputado cordobés Juan Brügge en declaraciones a TN.

La convocatoria incluye también el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorporó un capítulo relacionado con la Ley de Tierras Rurales. Para la oposición, esos tres asuntos constituyen los principales ejes de la próxima discusión.

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El oficialismo, por su parte, busca incorporar al temario el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en Malvinas, siempre que consiga dictamen el próximo martes.

La sesión convocada por Martín Menem

El pedido de sesión especial para el miércoles 21 lleva la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de legisladores oficialistas. En el temario figuran dos de las tres iniciativas reclamadas por la oposición: discapacidad y endeudamiento familiar.

Ambos proyectos cuentan con dictámenes y habían sido incluidos en la agenda impulsada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y sectores de Provincias Unidas durante la sesión que no pudo abrirse este jueves.

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También está incorporado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que avanzó esta semana en las comisiones con un dictamen de mayoría. El texto sumó un capítulo sobre la Ley de Tierras Rurales con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical y el diputado santafesino José Núñez, de Provincias Unidas.

El radical Diógenes González anunció la incorporación de un cuarto capítulo, integrado por dos artículos: el 38, que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, y el 39, que restablece la Ley de Tierras Rurales. Según explicó, la propuesta fue elaborada por el interbloque Fuerza del Cambio, integrado por la UCR, el PRO y el MID.

La autocrítica de Pichetto tras la sesión fallida

La falta de quórum también abrió una discusión interna sobre la estrategia parlamentaria de la oposición. Durante las expresiones en minoría del miércoles, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto planteó la necesidad de revisar los cálculos antes de convocar a una sesión.

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“La oposición va a tener que analizar más detenidamente las matemáticas. No hay que colocarse en situación de perder”, advirtió.

Sin embargo, Pichetto también justificó la convocatoria al señalar que existía “un planteo de reclamo muy fuerte” de la sociedad.

Miguel Pichetto. Diputado nacional Encuentro Federal. Fotos: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado
Miguel Pichetto. Diputado nacional Encuentro Federal. Fotos: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado

Su intervención dejó expuesta la tensión entre la necesidad de sostener los reclamos opositores y la conveniencia de evitar una nueva convocatoria sin los votos necesarios para abrir el recinto.

Para la sesión de la semana próxima, la oposición espera volver a reunir a los diputados de Unión por la Patria, los cuatro representantes del Frente de Izquierda y los tres legisladores de Elijo Catamarca, espacio que conduce Sebastián Nóblega.

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También buscará sumar a los representantes salteños vinculados con Sáenz y a los cuatro diputados misioneros de Argentina Federal: Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruíz y Daniel Vancsik.

La estrategia incluye además a buena parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica de Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, Encuentro Federal de Pichetto y Nicolás Massot, Primero San Luis, con Jorge Fernández y Ernesto Pipi Alí, y los monobloques de Marcela Pagano, de Coherencia, y Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba.

Leé También: La trastienda de la sesión fallida en Diputados: las ausencias que dejaron a la oposición a ocho votos del quórum

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Con esa base, los bloques intentarán reunir los votos para defender sus dictámenes frente a los textos de mayoría firmados en los plenarios de comisiones por La Libertad Avanza.

A diferencia de lo ocurrido este jueves, la oposición no tendrá que construir el quórum inicial, ya que la convocatoria fue solicitada por el oficialismo. Su objetivo será concentrarse en las mayorías necesarias para imponer sus posiciones durante el tratamiento de los proyectos.

El papel de los gobernadores

Las definiciones de los mandatarios provinciales volverán a ser determinantes. Los diputados que responden a los gobernadores podrían acompañar las propuestas opositoras en los temas incluidos en la convocatoria o alinearse nuevamente con la estrategia de la Casa Rosada.

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Esas decisiones se conocerán sobre el cierre de la convocatoria y serán claves para establecer si la oposición consigue transformar las adhesiones reunidas en la sesión fallida en una mayoría parlamentaria efectiva.

El próximo miércoles, la discusión estará centrada en discapacidad, endeudamiento familiar y propiedad privada, en una jornada que también podría incorporar el debate sobre la soberanía argentina en Malvinas si el oficialismo consigue avanzar con el dictamen correspondiente.

Diputados, Oposición, La Libertad Avanza

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