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POLITICA

Detectaron graves irregularidades en la gestión del intendente de Misiones investigado por abuso sexual

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La intendente interina de Caraguatay (Misiones), Norma Gularte, asumió la conducción del municipio tras la denuncia penal contra el intendente titular, Mario Peyer, quien se encuentra de licencia desde hace casi un mes. En este contexto, la funcionaria inició un proceso de auditoría interna e identificó graves irregularidades en la gestión de los fondos.

El caso, iniciado tras la acusación de una empleada del Consejo Deliberante por abuso sexual, mantiene en vilo a la comunidad mientras la justicia avanza con la investigación.

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Hoy miércoles, Peyer deberá presentarse a declarar ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, mientras que mañana vence el plazo de la licencia que lo apartó del cargo.

Durante estos treinta días, Gularte no solo se ocupó de la gestión diaria sino que también impulsó una revisión exhaustiva de distintas áreas del municipio. La transición estuvo marcada por cambios en el gabinete: fueron removidos el tesorero, la jefa de personal, la directora de acción social y el director de obras públicas. La funcionaria interina puso el foco en detectar posibles irregularidades administrativas y operativas, algunas de las cuales ya fueron elevadas a la Justicia y a las autoridades policiales locales.

La revisión interna reveló datos de alto impacto sobre el uso de recursos municipales. Según Gularte, el 38% del combustible adquirido por el municipio se destinaba a un automóvil particular del intendente Peyer, mientras que otro 27% era utilizado por un camión perteneciente a un familiar directo. Solo el 35% restante quedaba disponible para la ambulancia y el resto de los vehículos municipales que prestan servicios a la comunidad. Estos números, recopilados en el informe preliminar, fueron remitidos ante la comisaría y la fiscalía de Puerto Rico para su investigación.

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La intendente interina de Caraguatay, Norma Gularte, asumió la conducción del municipio y denunció irregularidades en la administración

De acuerdo con lo informado por el portal El Territorio, en paralelo al control de recursos, la intendenta interina identificó que unas 20 personas no se presentaron a trabajar durante su gestión, al menos cinco de ellas con vínculos familiares directos con el intendente suspendido. Los salarios de ese grupo rondaban los 900 mil pesos mensuales.

Al dejar de pagar esos sueldos, el Municipio pudo redirigir fondos para obras públicas, como la colocación de veredas en más de 1.200 metros sobre la ruta de acceso a la localidad y el sostenimiento de servicios esenciales, entre ellos la recolección de residuos y la ambulancia.

Durante el proceso de auditoría también surgieron obstáculos en el acceso a la información financiera y administrativa del municipio. Según explicó la intendenta interina, el equipo a su cargo no pudo acceder a los archivos contables ni a los documentos digitalizados porque la contadora municipal y la jefa de personal no facilitaron las claves de ingreso al sistema informático. Esta situación, junto con otras inconsistencias detectadas, fue incluida en la denuncia formal ante la justicia local.

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Además, se habló del hallazgo de cajas con medicamentos vencidos que no habrían sido entregados a la población, situación que continúa bajo investigación.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el intendente solicitará una prórroga de su licencia, que expira este jueves. Gularte subrayó que la administración interina aguardará la decisión de la Justicia y de Peyer, respetando los procedimientos legales y los derechos de todas las partes involucradas.

En caso de que el acusado decida retomar sus funciones, Gularte manifestó que volverá a ocupar su banca en el Concejo Deliberante y que exigirá explicaciones sobre las irregularidades observadas durante su gestión al frente del Ejecutivo local.

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Ahora, el proceso judicial y la investigación administrativa avanzan en paralelo, mientras la comunidad de Caraguatay sigue de cerca los acontecimientos. A la espera de la declaración de Peyer, la estructura municipal se mantiene en estado de revisión y ajuste, con la promesa de mayor transparencia y control sobre la gestión de los recursos públicos.

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POLITICA

El Gobierno quiere limitar el mandato del jefe de los fiscales y ocupar otras 300 vacantes de jueces

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El Gobierno se propone de acá fin de año cubrir todas las 300 vacantes de jueces nacionales y federales, incluidas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital, los tribunales orales federales y asegurarse con cubrir con postulantes propios el 40 por ciento del Poder Judicial.

Pero el ambicioso plan de la Casa Rosada va acompañado por una propuesta sorpresiva: la idea de acortar el mandato del Procurador General de la Nación a dos períodos y terminar así con el carácter vitalicio de su gestión. No está definido si la propuesta será dos períodos de 4 años, dos de 5 o dos de 6, según reconoció una alta fuente legislativa en diálogo con .

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El Presidente aún no tiene definido si avanzará con la integración de las dos vacantes de la Corte Suprema en el segundo semestre o lo dejará para 2028, según reconocieron distintas fuentes del Poder Ejecutivo.

“Aún no lo tiene resuelto”, ratificaron en el Congreso, en referencia al futuro de la Corte Suprema.

A pesar de la indefinición, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, visitó hace tres meses a Javier Milei para reforzar la idea de que complete las vacantes con candidatos del Poder Judicial y no de la política. Más aún, para Lorenzetti deben provenir de la justicia federal, porque la Corte es federal y porque las últimas vacantes fueron cubiertas con candidatos de la justicia nacional.

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La semana pasada volvieron a aparecer sobre la mesa los nombres de candidatos como Mariano Borinsky, la jueza Karina Perilli y Agustina Diaz Cordero, del lado de los jueces, hasta María Ibarzabal Murphy, la titular de la Secretaría de Legal y Técnica y cercana a Santiago Caputo.

Empezaron las comisiones por el proyecto de reforma del sistema de selección de jueces, en el consejo de la magistraturaMaría Bessone

En paralelo, el Gobierno quiere avanzar con el debate de un proyecto de ley que limite el mandato del Procurador General de la Nación.

Actualmente, el cargo es vitalicio, hasta los 75 años, al igual que el de los jueces.

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Desde 2017, el cargo está vacante y lo ocupa de manera interina, con eficiencia y sin estridencias, el procurador adjunto, Eduardo Casal.

El procurador Eduardo CasalFiscales.gob.ar

En el Gobierno piensan que la entrada en vigor del sistema acusatorio, que fija en manos de los fiscales la investigación de los delitos, dará al Procurador General un poder enorme. Entre sus funciones tiene la facultad de controlar y designar a los fiscales que pueden disponer de la acción penal, es decir, decidir si siguen o no adelante con un caso.

“Es mucho poder, la idea es no dejarlo vitalicio, aún no se decidió si se van a plantear la posibilidad de dos mandatos consecutivos de 4 años, de 6 años o de 5 años de duración”, dijo a una fuente oficial que trabaja en el tema.

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La danza de nombres para la Corte Suprema reactivó en la oposición la circulación de un viejo proyecto de ley de la senadora Carolina Moisés, que propone que el mandato del Procurador General, en lugar de ser vitalicio, tenga 8 años de mandato, con opción a 4 más. Se mantienen el requisito de los dos tercios de los votos del Senado para su designación.

Este proyecto comenzó a circular por despachos de diversos jueces, se comentó su contenido en la Procuración General de la Nación y los operadores políticos que transitan entre el Congreso y los tribunales, llevaron y trajeron esta ofrenda para dialogar. Se transformó en parte de la negociación por el eventual candidato a Procurador General. Todos quieren poner su propio nombre y la posibilidad de atenuar su poder es vista como una forma de facilitar un acuerdo.

El oficialismo del Senado puntualiza que actualmente la prioridad en las negociaciones pasa por la reforma política y la eliminación de las PASO. Pero los acuerdos por el futuro de la Justicia están entrelazados en las conversaciones. La presencia de 13 gobernadores en la asunción de Diego Santilli no pasó inadvertida en el Senado y en el Palacio de Justicia. Fue interpretada como señal de sólido apoyo a estas ideas.

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Diego Santilli luego de la jura como nuevo Jefe de Gabinete junto a su esposa y GobernadoresPresidencia

La otra prioridad -explicaron las fuentes- es cubrir todas las vacantes judiciales de aca a fin de año y tratar cada vez que se abra el Senado entre 20 y 30 pliegos por sesión.

La primera sesión está prevista para el 16 de julio y para agosto están citadas próximas audiencias. Hay ya enviados casi 140 pliegos y piensan en el Gobierno mandar los 300 antes de finde año, según dijeron en el Senado y en el Ministerio de Justicia a .

Esta semana quedó habilitado el envío de los pliegos para cambiar la Cámara Federal. Se cumplieron los plazos de impugnaciones, y se enviarán ahora al Senado, que tras la renuncia de Manuel Adorni, puede sesionar sin riesgo de que todo se convierta en un debate sobre el fantasma de la destitución.

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Para la Cámara Federal, el Gobierno debe enviar el pliego de sus candidatos para cubrir para cubrir las vacan­tes de los cama­ris­tas Leo­poldo Bru­glia y Pablo Ber­tuzzi.

Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces de la Cámara FederalTélam

Ambos fue­ron tras­la­da­dos hace diez años por el enton­ces pre­si­dente Mau­ri­cio Macri pero la Corte Suprema anuló esos tras­la­dos y ordenó con­cur­sar los car­gos.

Los favo­ri­tos para que el Poder Eje­cu­tivo pro­ponga al Senado son Pablo Yada­rola, alle­gado al minis­tro Juan Bautista Mahi­ques, y el pro­pio Ber­tuzzi o la fis­cal Cecilia Incar­dona para la otra voca­lía. Esta deci­sión corres­ponde al minis­tro de Jus­ti­cia y al Pre­si­dente.

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El diseño de una nueva Cámara Fede­ral se com­pleta en los pla­nes del Gobierno con la aper­tura de una ter­cera vacante, pues el juez Mar­tín Irur­zun cum­ple 75 años el 18 de julio, en un mes, y su pliego no fue ele­vado por el Poder Eje­cu­tivo al Senado para una revá­lida de su acuerdo.

La aprobación de este concurso provocó disgusto en el juez Lorenzetti, no por los candidatos, sino porque junto con Carlos Rosenkrantz propusieron cambiar el reglamento de concursos para hacer más transparentes las designaciones y el asunto quedó congelado en el Consejo de la Magistratura, que encabeza Horacio Rosatti.

Lorenzetti y Rosenkrantz seguirán reclamando estos cambios en el reglamento de selección de jueces y pedirán un nuevo Código de Ética de los magistrados: entienden que es una deuda de la Argentina y lo que consideran una atribución de la Corte.

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La conformación de la nueva Cámara Federal ya está generando debate en tribunales, donde Mariano Llorens aspira a conformar un núcleo de coincidencias con Bertuzzi, Yadarola y Eduardo Farah, dejando aislado a Roberto Boico, que llegó con el apoyo del kirchnerismo.

Mariano Llorens en su despacho de Comodoro PyFabián Marelli

Hasta hablan de “gobernar” las dos salas de la Cámara Federal. Para Boico, quedar en la vereda de enfrente de Llorens es como colocarse una cucarda en el pecho.

Las vacantes en Comodoro Py a llenar este año se completan con los juzgados federales, con cuatro lugares, y la Cámara de Casación Penal, con otras cuatro vacantes.

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Hay un concurso ya corregido para cubrir tres vacantes de la Cámara de Casación, que ahora algunos jueces que quedaron relegados en sus notas quieren hacer revisar por “asesores técnicos”.

El Consejo de la Magistratura está ocupado con otras cuestiones. Como la mayoría de los mandatos de los consejeros, especialmente de los jueces y abogados, vencen a fin de año, ya están pensando en esas elecciones.

Y el presidente de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña planteó su deseo de ser reelecto y presentó una medida cautelar. La ley del Consejo prohíbe la reelección, pero en su interpretación es posible.

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Su candidatura rompió la lista Bordó de la Asociación de Magistrados que tiene hegemonía en las elecciones de jueces. El juez Andrés Basso, presidente de la Asociación y juez de tribunal oral, tiene sus propias aspiraciones. La interna provocó fisuras entre los jueces que venían ganando las elecciones en los últimos años y controlando ahora el Consejo Directivo.

Hay oposición a esta reelección, del kirchnerismo, ya que Vanesa Siley, Mariano Recalde y el diputado Rodolfo Tahilade enviaron una nota a Micaela Soledad Figueredo, secretaria de asuntos jurídicos del Consejo de la Magistratura donde señalan que Barroetaveña “pretende forzar” la ley y que su intención “no tiene sustento normativo”, contradice a la Corte y “violenta” las reglas.

Se opuso también, desde la otra vereda, María Eugenia Talerico, de Será Justicia. Y el asunto tampoco es bien visto en el seno de la Corte Suprema.

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Hernán Cappiello,Conforme a

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POLITICA

Villarruel muestra su influencia en el Senado y aplicó un cambio para evitar el caos en las comisiones

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Mientras el oficialismo senatorial, que comanda Patricia Bullrich, busca con ansiedad algún sendero que destrabe la pesada mochila de leyes que envió el Ejecutivo desde hace ya varios meses, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, tomó una determinación para frenar una lesión poco visible en el día a día, pero que puso en riesgo la labor en el Congreso: salvo casos de extrema necesidad, frenará los cambios de último momento de legisladores en las comisiones, una situación que derivó en realidades descontroladas.

El embrollo, muy alejado de las lágrimas republicanas que se suelen actuar, complica una cuestión trascendental que, al parecer, sólo interesa a quienes de verdad adoptan con profesionalismo la labor en el Congreso. Es decir, el trámite para que una ley salga lo mejor posible. Para ello, las comisiones representan la base del trámite parlamentario. De hecho, los senadores se matan por integrar las que mueven hilos de poder, como la de Acuerdos -pliegos judiciales y militares, más ascensos diplomáticos-, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, etcétera. Ni hablar de las jugosas, como las bicamerales que “supervisan” a los organismos de inteligencia -tiene fondos reservados y ahí se “grita” el presente-, o la siempre pícara y juguetona de la Biblioteca.

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En las primeras, los temas que se debaten y analizan son, muchas veces, delicados. En el primer semestre de 2026 y, según un relevamiento realizado por Infobae -en base a anuncios realizados al inicio de cada cónclave, de fácil supervisión en versiones taquigráficas-, las modificaciones se convirtieron en moneda corriente. Muchas, a último minuto. Entonces, lo que queda vigente es que políticos con supuesta experiencia en una cierta cantidad de comisiones participan de un puñado de encuentros y, a la hora de firmar dictamen, aparece otro colega.

Hay algo peor: son los asesores de los legisladores quienes, con el correr de las semanas, pincelan idas y vueltas para acordar un despacho que, al final, es rubricado por otro compañero de bloque. Como siempre, el reglamento de la Cámara alta suele despejar dudas y permite, de una forma más ordenada, acercar la lupa. Por caso, el artículo 93 plantea: “Los miembros de las comisiones permanentes duran en ellas hasta la próxima renovación del Senado, de no mediar su renuncia. Los de las comisiones especiales e investigadoras, hasta el cumplimiento del plazo establecido en la resolución de su creación o del fijado en la prórroga que hubiere otorgado el cuerpo, en su caso, salvo que la comisión haya cumplido con su objeto antes del plazo establecido”.

La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (NA)

Veamos, ahora, los artículos 101 y 102. El primero expresa: “Si en alguna comisión no se alcanza quorum luego de dos citaciones, cualquiera de sus miembros puede ponerlo en conocimiento de la Presidencia”. Y agrega: “Verificado este trámite y subsistiendo la falta de quorum, la comisión puede sesionar y dictaminar con la presencia de un tercio de sus miembros”. El otro, en tanto, señala: “Para el caso de inasistencia injustificada de un senador a dos reuniones de comisión, corresponde el apercibimiento de la Cámara. La inasistencia injustificada a cuatro reuniones consecutivas de comisión, significará un descuento en su dieta. Es obligación del presidente de cada comisión informar al presidente de la Cámara lo relativo a las inasistencias mencionadas, la que dará cuenta en la primera sesión, a fin de que se someta lo informado a consideración del pleno, el cual resolverá sobre la aplicación de la sanción”.

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Para evitar dolores de cabeza, los enroques siempre fueron una herramienta a utilizar. No obstante, las personas más memoriosas no recuerdan una aceleración tan grande de estas jugadas, ni siquiera, en comparación con la época de Gabriela Michetti durante la era Cambiemos. Los más perjudicados son quienes ofician de secretarios de las comisiones, obligados a hacer malabares mientras cuentan los presentes para chequear el quorum ante modificaciones repentinas sobre las que, para estar seguros, deben verificarse y validarse con su decreto correspondiente. Todo, de manera exprés, como si se tratara de filetear -en unos pocos segundos- cien gramos de fiambre. La pequeña diferencia es que se refiere al armado de leyes que implicarán consecuencias para la ciudadanía.

La gota que rebalsó el vaso fue una ley de ecocidio, con penas de hasta 25 años de prisión -dictaminada a inicios de junio- que generó una fuerte polémica. Tras el despacho, libertarios tuvieron que desdecirse en relación con lo que habían rubricado a las apuradas y generó un fuerte malestar en Balcarce 50, que en paralelo promociona el RIGI -ya vigente- y el súper RIGI para proyectos mineros y energéticos, entre otros.

Además de la advertencia y eventual freno de esta mecánica, Villarruel impuso esta semana su criterio y pospuso una reunión de Labor Parlamentaria que apuraba Bullrich para sesionar. Ni siquiera los aliados acompañaron a la porteña. La titular de la Cámara alta también recibió al sindicalista ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. El platinado gremialista -referenciado en la izquierda socialista- se sacó fotos ese mismo día, un piso arriba de la oficina de la vicepresidenta, nada menos que con el interbloque cristinista, que maneja José Mayans. El formoseño mantiene una relación muy cordial con la líder del Senado y compañera de fórmula del jefe primer mandatario, el libertario Javier Milei.

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POLITICA

En medio de la tensión, Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a verse en la vigilia del 9 de Julio en Tucumán

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En medio de su ruptura, Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a coincidir el próximo miércoles en la vigilia ante la Casa de Tucumán por el Día de la Independencia de la Argentina. La última vez que el Presidente y su vice compartieron un festejo patrio, Milei evitó saludar a Villarruel y ella le dio la espalda durante la interpretación del Himno Nacional.

La presencia de Villarruel fue confirmada a TN por un colaborador, que señaló que la vicepresidenta fue invitada junto a todas las autoridades nacionales por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

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“Nosotros ya estamos circulando las invitaciones a todas las autoridades nacionales, a todas sin excepción”, había remarcado Jaldo en una búsqueda de no tomar partido en la interna que disputan Milei y su vicepresidenta. En ese sentido, remarcó: “Tucumán no excluye a nadie”.

Por su parte, el Presidente también confirmó su asistencia a la noche de la vigilia. Según explicaban en Casa Rosada, ese compromiso fue uno de los motivos por los que se decidió cancelar el viaje previsto a Estados Unidos para participar de los festejos auspiciados por Donald Trump por el Día de la Independencia norteamericana.

El Presidente volverá a participar de la vigilia por el 9 de julio en Tucumán, donde en 2024 firmó el Pacto de Mayo. (Foto: Presidencia/NA).

Será la segunda oportunidad en la que el Presidente encabezará la jornada patria. Ya lo había hecho en 2024, fecha en la que reunió a 18 gobernadores para firmar el Pacto de Mayo. Desde entonces, algunos de sus puntos fueron puestos en marcha, mientras que otros -como la Ley de propiedad privada- continúan bajo discusión.

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Un nuevo encuentro de Milei y Villarruel

Por la ruptura total entre ambos, el Presidente y su vice solo coinciden en ocasiones institucionales como la apertura de sesiones del Congreso y algunos actos patrios. La última vez que ambos se encontraron fue durante los festejos en Rosario por el Día de la Bandera.

Allí, Nación no invitó a Villarruel, quien finalmente asistió por un llamado del Gobierno de Santa Fe. En ese contexto, la titular del Senado no fue ubicada en el acto ante el Monumento de la Bandera junto a los funcionarios nacionales, sino que permaneció entre los ministros provinciales.

La última vez que coincidieron en un acto patrio, Victoria Villarruel le dio la espalda a Javier Milei durante el Himno Nacional. (Captura de video)
La última vez que coincidieron en un acto patrio, Victoria Villarruel le dio la espalda a Javier Milei durante el Himno Nacional. (Captura de video)

A su vez, cuando pasó a su lado, el Presidente y los funcionarios que lo seguían evitaron acercarse a saludar a la vice. “Parece que es difícil saludar a una vicepresidente en plena democracia. Hay que preguntarles por qué son maleducados”, había replicado Villarruel a la prensa luego del acto.

Leé también: Milei explicó su plan para modificar la carta orgánica del BCRA: “Un gran paso para terminar con la inflación”

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Por su parte, Villarruel devolvió el gesto cuando durante la entonación de las primeras estrofas del Himno Nacional se dio vuelta para darles la espalda al Presidente y sus ministros.

Además, luego cuestionó la presencia de Manuel Adorni, quien una semana después dejaría el cargo en medio de su investigación por presunto enriquecimiento ilícito. “Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él», punzó la vice.

Javier Milei, Victoria Villarruel, Tucumán

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