POLITICA
Detectaron graves irregularidades en la gestión del intendente de Misiones investigado por abuso sexual

La intendente interina de Caraguatay (Misiones), Norma Gularte, asumió la conducción del municipio tras la denuncia penal contra el intendente titular, Mario Peyer, quien se encuentra de licencia desde hace casi un mes. En este contexto, la funcionaria inició un proceso de auditoría interna e identificó graves irregularidades en la gestión de los fondos.
El caso, iniciado tras la acusación de una empleada del Consejo Deliberante por abuso sexual, mantiene en vilo a la comunidad mientras la justicia avanza con la investigación.
Hoy miércoles, Peyer deberá presentarse a declarar ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, mientras que mañana vence el plazo de la licencia que lo apartó del cargo.
Durante estos treinta días, Gularte no solo se ocupó de la gestión diaria sino que también impulsó una revisión exhaustiva de distintas áreas del municipio. La transición estuvo marcada por cambios en el gabinete: fueron removidos el tesorero, la jefa de personal, la directora de acción social y el director de obras públicas. La funcionaria interina puso el foco en detectar posibles irregularidades administrativas y operativas, algunas de las cuales ya fueron elevadas a la Justicia y a las autoridades policiales locales.
La revisión interna reveló datos de alto impacto sobre el uso de recursos municipales. Según Gularte, el 38% del combustible adquirido por el municipio se destinaba a un automóvil particular del intendente Peyer, mientras que otro 27% era utilizado por un camión perteneciente a un familiar directo. Solo el 35% restante quedaba disponible para la ambulancia y el resto de los vehículos municipales que prestan servicios a la comunidad. Estos números, recopilados en el informe preliminar, fueron remitidos ante la comisaría y la fiscalía de Puerto Rico para su investigación.

De acuerdo con lo informado por el portal El Territorio, en paralelo al control de recursos, la intendenta interina identificó que unas 20 personas no se presentaron a trabajar durante su gestión, al menos cinco de ellas con vínculos familiares directos con el intendente suspendido. Los salarios de ese grupo rondaban los 900 mil pesos mensuales.
Al dejar de pagar esos sueldos, el Municipio pudo redirigir fondos para obras públicas, como la colocación de veredas en más de 1.200 metros sobre la ruta de acceso a la localidad y el sostenimiento de servicios esenciales, entre ellos la recolección de residuos y la ambulancia.
Durante el proceso de auditoría también surgieron obstáculos en el acceso a la información financiera y administrativa del municipio. Según explicó la intendenta interina, el equipo a su cargo no pudo acceder a los archivos contables ni a los documentos digitalizados porque la contadora municipal y la jefa de personal no facilitaron las claves de ingreso al sistema informático. Esta situación, junto con otras inconsistencias detectadas, fue incluida en la denuncia formal ante la justicia local.
Además, se habló del hallazgo de cajas con medicamentos vencidos que no habrían sido entregados a la población, situación que continúa bajo investigación.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el intendente solicitará una prórroga de su licencia, que expira este jueves. Gularte subrayó que la administración interina aguardará la decisión de la Justicia y de Peyer, respetando los procedimientos legales y los derechos de todas las partes involucradas.
En caso de que el acusado decida retomar sus funciones, Gularte manifestó que volverá a ocupar su banca en el Concejo Deliberante y que exigirá explicaciones sobre las irregularidades observadas durante su gestión al frente del Ejecutivo local.
Ahora, el proceso judicial y la investigación administrativa avanzan en paralelo, mientras la comunidad de Caraguatay sigue de cerca los acontecimientos. A la espera de la declaración de Peyer, la estructura municipal se mantiene en estado de revisión y ajuste, con la promesa de mayor transparencia y control sobre la gestión de los recursos públicos.
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En medio de los cuestionamientos, Javier Milei compartió un posteo en defensa de Adorni

Frente a los cuestionamientos de la oposición y los aliados del oficialismo, Javier Milei compartió un posteo en Instagram en defensa de Manuel Adorni.
“Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo”, se lee en la publicación que difundió el mandatario en sus historias de Instagram.
A su vez, Milei reposteó en su cuenta de X una columna del escritor y experiodista Leonardo Facco titulada “Adorni y la defensa del ahorro”, que cuestiona las críticas contra el jefe de Gabinete por afirmar que no declaró al menos US$500 mil antes de llegar a la gestión pública.
“En Argentina una acusación semejante equivale más o menos a denunciar a alguien por tener un paraguas en su casa durante un monzón”, plantea el texto que difundió Milei en sus primeras líneas.
Los argumentos en defensa de Adorni que compartió Milei en sus redes
En ese sentido, el posteo replica la premisa libertaria de que “los impuestos son un robo”, pero afirma que más aún en un escenario donde “el ciudadano procura protegerse de un Estado peronista-fascicomunista”.
A su vez, Fracco cuestiona a quienes fingen “que aquello que millones de argentinos hicieron durante décadas —acostumbrados a vivir bajo gobiernos socialistas y depredadores— se convierte de repente en una monstruosidad moral cuando quien lo hizo es un adversario político”.
Según el análisis que convalidó el Presidente, los cuestionamientos contra la evasión fiscal surgen porque involucran a una figura destacada del Gobierno, ya que el verdadero objetivo no es Manuel Adorni, sino “el sistema de valores representado por el mileísmo”.
A su vez, la publicación argumenta que el Gobierno “no comparte el presupuesto moral del que nace la acusación” y que “no considera automáticamente legítimo todo lo que es legal”, una afirmación que convalida la evasión de impuestos, al menos durante las gestiones previas a las de La Libertad Avanza.
“Adorni, además, fue todavía más inteligente, ya que compró bitcoin cuando valía apenas unos cientos de euros y obtuvo una ganancia extraordinaria. Si existe un escándalo que merece ser denunciado en Argentina, no es que Adorni haya intentado proteger el fruto de su trabajo. El verdadero escándalo es que millones de argentinos hayan tenido que hacerlo”, enfatiza el texto.
Al compartir el posteo, Milei defendió la versión que dio su jefe de Gabinete la semana pasada, cuando justificó la diferencia patrimonial que investiga la Justicia con fondos que ahorró “en negro” y que invirtió “fuerte” en Bitcoin entre 2014 y 2018, antes de llegar a la función pública.
Las repercusiones políticas alrededor de Adorni y la decisión del Gobierno de defenderlo
Las declaraciones de Adorni generaron fuertes repercusiones políticas, incluidos comunicados de la UCR y el PRO en contra de la continuidad del ministro coordinador. Por su parte, senadores de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para citar a Adorni y avanzar en una moción de censura en su contra.
En ese contexto, en Casa Rosada aseguraron a TN que confían en que la medida “no va a prosperar”. Para garantizarlo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, serán los encargados de negociar con los aliados para defender al funcionario.
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Si bien la permanencia en el Gobierno de Adorni ha generado ruido intenro -expresado mayormente por Patricia Bullrich- Javier y Karina Milei insisten en sostener al funcionario hasta las últimas consecuencias.
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El Gobierno flexibiliza su postura sobre las PASO mientras busca acuerdos con gobernadores para aprobar la reforma electoral

El Gobierno continúa con el operativo para sellar acuerdos con los gobernadores que les permitan aprobar la reforma electoral. El ministro del Interior, Diego Santilli, es quien lleva adelante las negociaciones con los mandatarios provinciales para garantizar los votos en el Congreso.
El martes se reunirá con Leandro Zdero (Chaco) y Marcelo Orrego (San Juan). Con el chaqueño se encontrará a las 10, mientras que con el puntano la cita será a las 15.
Se trata de dos mandatarios provinciales cercanos a la gestión del presidente Javier Milei. Este viernes, Santilli se reunió con otro socio habitual del Ejecutivo: el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
El dato saliente es que ese mismo martes también se reunirá con un mandatario opositor, el fueguino Gustavo Melella, con quien el Gobierno tiene una relación complicada desde el inicio de su gestión. El encuentro será a las 16.
En el encuentro abordaron distintos temas vinculados a la agenda de trabajo compartida entre ambas administraciones. Por otra parte, el ministro y el gobernador dialogaron sobre la agenda parlamentaria que impulsa el Gobierno Nacional. En ese sentido, Santilli y Frigerio destacaron la importancia de que el Congreso avance con la aprobación de la reforma electoral.
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El objetivo fundamental del Gobierno es avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO). La reforma electoral continúa siendo una de las prioridades del oficialismo, aunque permanece trabada por las diferencias con bloques aliados respecto del futuro de las PASO.
Días atrás, el funcionario recibió en Casa Rosada al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien luego del encuentro manifestó su apoyo a la eliminación de las PASO. “Las internas deben resolverse dentro de los partidos”, sostuvo el mandatario catamarqueño tras la reunión.
Ese respaldo fue considerado un avance importante para el oficialismo, que busca sumar volumen político en una discusión que todavía genera resistencia entre sectores dialoguistas. En paralelo, Santilli también mantuvo reuniones con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; con el mandatario salteño, Gustavo Sáenz; y con otros referentes provinciales.
El Gobierno intenta combinar las discusiones legislativas con los reclamos de los gobernadores vinculados a recursos, infraestructura y obras públicas.
También en Mendoza existen señales favorables. Funcionarios vinculados al gobernador Alfredo Cornejo manifestaron por lo bajo una posición coincidente respecto de la necesidad de avanzar con cambios en el sistema electoral.
Sin embargo, los apoyos obtenidos hasta el momento no alcanzaron para destrabar definitivamente el proyecto. La eliminación de las PASO sigue siendo uno de los puntos más sensibles en la negociación con los bloques aliados, especialmente con sectores del radicalismo, el PRO y otros espacios dialoguistas que condicionaron su acompañamiento a modificaciones en ese capítulo de la reforma.
Frente a ese escenario, el Gobierno decidió flexibilizar su postura inicial y comenzó a evaluar alternativas para construir consensos. Entre las opciones bajo análisis aparece un proyecto impulsado por el jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, que propone convertir las PASO en optativas en lugar de eliminarlas.
La iniciativa establece que la participación ciudadana en las primarias deje de ser obligatoria y permite que los partidos sin competencia interna no tengan que participar de esa instancia. Además, incorpora mecanismos de preinscripción de electores, modificaciones organizativas y herramientas digitales para validación de identidad mediante plataformas oficiales.
La reforma electoral impulsada por el oficialismo también incluye otros cambios. Entre ellos figura la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única Papel, un proyecto de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas condenadas en segunda instancia y modificaciones al financiamiento partidario, con la eliminación de aportes estatales y cambios en los límites para contribuciones privadas.
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Debate entre Caputo y los gobernadores. La pelea por el reparto de la recaudación impositiva es una constante

CÓRDOBA.- La pelea entre el gobierno nacional y los gobernadores por los recursos tiene múltiples capítulos que abarcan desde la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al financiamiento de la obra pública pasando por la presión de la Casa Rosada para que las provincias reduzcan impuestos considerados distorsivos. El ministro Luis Caputo analiza convocar a los mandatarios provinciales para un nuevo acuerdo fiscal, contexto en el cual se debe discutir quién recauda y quién se encarga de las funciones del Estado. Este año hay seis impuestos menos que en 2025 -suman 150- pero el 85% de la recaudación total lo explican seis.
El último Vademécum Tributario elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que dirige Nadín Argañaraz muestra que 82 de las 150 cargas tributarias relevadas son tasas municipales. Caputo insiste en que estos tributos pueden representar hasta 6% del precio de los productos y pone el foco especialmente en aquellas que no tienen una contraprestación directa.
En el debate público, gobernadores e intendentes apuntan que tienen restricciones para cambios tributarios porque Nación eliminó fondos especiales (por ejemplo, para el transporte y la educación) y tiene menos presencia en áreas como salud e infraestructura, por lo que ellos deben asumir algunas de esas funciones.
El impuesto en el que se concentra el gran tironeo entre Nación y provincias, Ingresos brutos, ocupa el cuarto puesto entre los que más recaudan. Aporta el 14,7% de la recaudación total. Hay provincias en las que esa carga alcanza hasta 80% de los recursos propios, por eso la dificultad para eliminarlo. En el pacto fiscal de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, se fijó una ruta de reducción que se alteró a un año de iniciada por la crisis cambiaria y se frenó en 2019.
La tensión con los municipios transita carriles similares. La TISH, frecuentemente cuestionada por empresas, industrias y cámaras comerciales, representa por sí sola 2,6% de la recaudación consolidada, según los cálculos del Iaraf.
A las tradicionales tasas por servicios urbanos, habilitación comercial o alumbrado público aparecen otras cada vez más específicas: contribuciones ambientales, tasas vinculadas a la gestión de residuos, tributos por monitoreo y seguridad urbana, contribuciones por tránsito pesado, ecotasas, derechos sobre actividades turísticas, tasas aeroportuarias municipales, gravámenes asociados a plusvalías urbanísticas y contribuciones vinculadas a infraestructura.
El otro aspecto que genera fricción entre todos los niveles del Estado es cómo se reparte la recaudación. El año pasado, en la apertura del año legislativo, el presidente Javier Milei anunció: “Estamos trabajando en brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado nacional en su nombre. De este modo, el Estado nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto, sustancialmente inferior al total actual, y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio”. Después no volvió sobre esa agenda.
Unos meses después, el ministro de Desregulación, Federico Sturzzeneger, interpretó que el proyecto de coparticipación de los ATN impulsado por los gobernadores resolvía la discusión de cómo cambiar esa ley. Los constitucionalistas rechazaron esa mirada y ratificaron que se requiere una ley convenio.
se alteró a un año de iniciada por la crisis cambiaria y se frenó en 2019.,Gabriela Origlia,Actualidad económica,Comunidad de Negocios,Impuestos,Conforme a,Actualidad económica,,Luz y gas. El Gobierno ratifica que cumplirá su meta de subsidios a la energía con un mayor traslado de costos a los usuarios,,Vademécum tributario. La Argentina tiene 150 impuestos: cuáles son y cuánto recauda cada nivel del Estado,,Emprendedor. Cerró un tambo, rescató una planta quebrada y hoy produce 10.000 kilos de dulce de leche por día
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