POLITICA
Declaran las dos jubiladas que le prestaron US$200 mil a Adorni para comprar el departamento de Caballito
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo este miércoles con la declaración de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos jubiladas que le financiaron US$200 mil, sin intereses, para la compra de un departamento en Caballito.
Viegas (72 años) y Sbabo (64) ya declaran en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Se espera que brinden detalles sobre la operación hipotecaria de la propiedad de la calle Miró, en noviembre del año pasado. Consultadas por la prensa tras el estallido del escándalo, ambas aseguraron no conocer a Manuel Adorni.
El inmueble donde actualmente vive el jefe de Gabinete y su familia fue vendido a un precio declarado de US$230 mil. Según la documentación y el testimonio de la escribana Adriana Nechevenko, Adorni solo depositó US$30 mil en efectivo, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras. La deuda, a pagar en cuotas, se deberá cubrir para noviembre próximo.
Según se supo en las últimas semanas, el departamento pertenecía originalmente al exfutbolista Hugo Morales, que declaró en la causa penal que se lo vendió a las dos jubiladas a cambio de US$200 mil, 140 mil dólares menos de la oferta original que administraba la Inmobiliaria Rucci.
Según explicó Morales, la propiedad necesitaba un refaccionamiento y no se vendía, por lo que finalmente aceptó la rebaja. “Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, aseguró a Radio 10 el viernes pasado.
En ese contexto, Viegas y Sbabo deberán brindar detalles sobre cómo adquirieron la propiedad y su venta posterior al jefe de Gabinete, que además es investigado por otra propiedad que no había sido incluida en su Declaración Jurada -la casa en el country de Exaltación de la Cruz- y los pasajes de avión a Nueva York y Punta del Este.
Segunda ronda de testimoniales
En un principio, las dos mujeres iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque le coincidía con otro juicio donde interviene: los cuadernos de las coimas.
Así, el testimonio de Sbabo y Viegas se producirá luego de la declaración de la comisaria retirada de la Policía Graciela Molina y su hija, Victoria María José Cancio, otras dos mujeres que también le habían prestado dinero al jefe de Gabinete. En este caso, se trató de US$100 mil en 2024 mediante un préstamo con garantía hipotecaria, en una operación donde también participó la escribana Nechevenko.
El préstamo se produjo el mismo día que la mujer del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, compró la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Como garantía, la familia Adorni puso su departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco.
De acuerdo a su testimonio, el funcionario ya les pagó a las mujeres US$30 mil y debe afrontar los US$70 mil restantes en los próximos siete meses. Según declararon la escribana y las acreedoras, el préstamo fue con un interés de 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales.
Leé también: Los detalles de la DDJJ que Adorni presentó como candidato en 2025: propiedades, ahorros y presuntas omisiones
En paralelo a las declaraciones de Viegas y Sbabo, Pollicita aguarda las respuestas de una serie de pedidos hechos durante la semana pasada a diferentes organismos públicos luego de que el juez federal Ariel Lijo levantara el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa.
Así, el fiscal podrá acceder a todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio, con el fin de determinar si se corresponden con su situación financiera como funcionario público que hasta enero de este año tuvo su sueldo congelado desde 2023 en $3.584.006.
Manuel Adorni, Tribunales, jefe de gabinete
POLITICA
Ferraresi renunció a la intendencia de Avellaneda para “asumir desafíos” de la mano de Kicillof
El intendente de Avellaneda, el peronista Jorge Ferraresi, renunció este viernes a su cargo para “asumir desafíos” en la provincia de Buenos Aires, donde se especula con un posible cargo en la administración de Axel Kicillof o una incipiente campaña para la Gobernación en 2027.
Así lo anunció su esposa, Magdalena Sierra, quien por su cargo de jefa de Gabinete quedará a cargo del municipio.
“Todos conocemos la capacidad, la entrega y la vocación de servicio de Ferraresi. Está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando este proyecto”, expresó Sierra desde sus redes sociales.
En su carta, Sierra expresó: “Hoy asumo la Intendencia de Avellaneda con un enorme orgullo. Es un honor continuar el camino que inició Ferraresi. Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión”.
“Mi compromiso es cuidar todo lo que construimos juntos y seguir trabajando, todos los días, para que Avellaneda siga creciendo”, dijo y afirmó que “toca seguir trabajando muchísimo. Las necesidades de nuestros vecinos van cambiando y requieren de un Estado presente, cercano y dispuesto a dar respuestas”, añadió.
La intendenta a cargo abogó por “redoblar los esfuerzos sosteniendo los valores de la empatía, la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan”.
Noticia en desarrollo
@jorgeferraresi,pic.twitter.com/wy9V3aonpQ,July 3, 2026,Jorge Ferraresi,Axel Kicillof,Conforme a,Jorge Ferraresi,,Polémica en Avellaneda. Se le adjudicó una vivienda de un plan oficial a un funcionario del intendente Ferraresi,,Carrera hacia 2027. Los intendentes del peronismo ya inauguraron la disputa por la sucesión de Kicillof,,»Me han cumplido un sueño». El video del día en que Alberto Fernández entregó el edificio que hoy sufrió el derrumbe
POLITICA
Karina Milei se puso al frente de la mesa política y llamó a una reunión antes de tratar las reformas en el Congreso
El Gobierno transita por tiempos en donde se consolidan dinámicas de poder en su interior. Con la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se puso al frente de la mesa política fue automáticamente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien convocó a una próxima reunión para el martes que viene, la primera después del recambio en la cúpula del Gobierno.
“Karina fue quien la convocó”, confirmó uno de los integrantes de la mesa política, la cual es el mecanismo que encontró el oficialismo para hacer un seguimiento de la gestión -tanto en el Gobierno como en el plano legislativo- y coordinar las políticas y reformas que impulsa la Casa Rosada. Tras la salida de Adorni, quien era el que comandaba y convocaba estos encuentros, quien se colocó como su reemplazante en el liderazgo de los mismos fue la hermana presidencial.
Además de Karina, la mesa finalmente quedará compuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional de La Libertad Avanza, Lule Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y, por primera vez, será incorporado en estos encuentros el secretario de Comunicacíon y Prensa, Fabián Fernández.
La incorporación de Fernández a este esquema corresponde a una decisión consensuada en la cúpula del Gobierno pero que tiene a la secretaria general como principal impulsora. En rigor, Adorni venía a representar la pata comunicacional del karinismo en ese esquema; ya que Caputo es independiente de esa esfera y responde directamente al presidente Javier Milei. Es el nuevo secretario de Comunicación quien ahora viene a ocupar ese rol.
Tal y como adelantó Infobae, el martes próximo será la primera vez que esta mesa se reúna sin Adorni. “Ese va a ser el principal cambio, pero después se van a hablar de los mismos temas de siempre”, afirma un funcionario que participará de esa cumbre.
La agenda de reformas que impulsa el Gobierno
El oficialismo definió tres prioridades legislativas para los próximos meses: la reforma política —que incluye la eliminación de las PASO—, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. La definición surgió de una reunión en Casa Rosada entre Javier Milei, Karina Milei y los legisladores de La Libertad Avanza, donde la secretaria general de la Presidencia bajó la línea sobre el rumbo parlamentario del espacio. El Presidente también adelantó allí que está trabajando con el equipo de Luis Caputo y de Federico Sturzenegger en un proyecto que modifique la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El problema central es que el oficialismo no cuenta por ahora con los votos necesarios para avanzar en ninguno de los tres frentes ya anunciados. El régimen de Zona Fría, que ya tiene media sanción de Diputados, enfrenta resistencias en el Senado: radicales divididos, gobernadores reticentes y el PRO a la expectativa. La eliminación de las PASO tampoco genera consenso en la oposición dialoguista, aunque ayer emergió la posibilidad de una alternativa mediante colectoras. Y las modificaciones a Inocencia Fiscal ni siquiera ingresaron formalmente al Congreso, por lo que no hay conversaciones entre bloques al respecto.
En el Senado la agenda parece más inmediata. La Libertad Avanza y sus aliados dialoguistas —UCR, PRO y bloques provinciales— apuntan a sesionar el miércoles 8 de julio en el Senado incluye la ley de propiedad privada, un lote de pliegos judiciales ya dictaminados y, en caso de que los tiempos lo permitan, el tratamiento de ascensos diplomáticos pendientes desde el inicio de la gestión. La ley “Hojarasca”, que elimina normas obsoletas y ya tiene media sanción de Diputados, quedó al filo del temario y podría no entrar.
La ley de propiedad privada llegó a este punto tras un largo proceso de negociación: el texto original fue recortado por los bloques dialoguistas, se intercambiaron al menos una docena de borradores y aún hay senadores que cuestionan la versión final. Uno de los puntos más polémicos fue la venta de tierras a extranjeros; el último texto conocido prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal foránea, salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, nada está garantizado.
Aun así, en la mesa política admiten que la reforma más importante que se debatirá en ese lugar será la reforma electoral. El gobierno de Milei está negociando con gobernadores consiste en suspender —no eliminar definitivamente— las PASO a nivel nacional, a cambio de incorporar un sistema de listas colectoras en el marco de la Boleta Única de Papel. El mecanismo permitiría que distintas fuerzas compitan por separado en algunas categorías pero “enganchen” sus listas debajo de la boleta presidencial de Milei, sin necesidad de sellar alianzas formales. Así, el PRO, la UCR y los partidos provinciales podrían preservar su identidad y sus bloques legislativos, mientras los gobernadores aliados aprovecharían la “tracción” electoral del presidente para fortalecer sus propias candidaturas locales. El objetivo político real, según el artículo, no es el ahorro fiscal sino privar a la oposición de una herramienta para ordenar sus internas y depurar candidatos competitivos.
Las negociaciones, encabezadas por el jefe de Gabinete Diego Santilli, aún están lejos de cerrarse. La reforma política requiere mayoría absoluta en el Senado —37 votos—, y las diez bancas de la UCR son determinantes: sin el radicalismo, la iniciativa no prospera. Desde ese partido advierten que un acuerdo de ese tipo debería pasar por la Convención Nacional y no resolverse entre unos pocos gobernadores. En la oposición, en tanto, señalan que el Gobierno todavía no presentó un texto concreto ni definió cuántas colectoras se habilitarían. “Nadie vio nada concreto, por ahora es un globo de ensayo”, resumió un senador consultado por Infobae. Las novedades difícilmente lleguen antes del receso de invierno, por lo que el debate en los recintos, en el mejor de los casos, se daría en agosto.
POLITICA
Tres décadas después de ser echado por los Kirchner: Eduardo Sosa asumió como jefe de los fiscales de Santa Cruz
Fue una reivindicación demorada. Pero al fin se hizo realidad. Eduardo Sosa asumió este viernes como procurador general de Justicia de Santa Cruz, 33 años después de haber sido echado por el kirchnerismo ante la imposibilidad de controlarlo.
La ceremonia de la jura se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia y estuvo encabezada por su titular, Gabriel Contreras Agüero.
“Voy a aportar lo mejor, espero estar a la altura de la circunstancia”, expresó Sosa tras la asunción.
El control de la justicia fue una de las obsesiones de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. El ejemplo más vívido lo representa Sosa, quien fue arrancado de su cargo en 1995, en la génesis del disciplinamiento del poder judicial que extendería el kirchnerismo en su historia.
El camino para el regreso de Sosa lo inició el gobernador Claudio Vidal, quien envió a la Legislatura un proyecto para restaurar el cargo de Procurador General de Justicia disuelto por una ley impulsada por Néstor y Cristina Kirchner.
Sosa representa una historia de tres décadas de perseverancia, a la espera de una reivindicación.
“Esta iniciativa es simbólica e institucional, porque repara un agravio constitucional, la reparación personal es la que menos importa”, afirma Sosa a , sin perder el tono moderado de sus palabras.
Sosa ejerció funciones al frente de la Procuradoría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial -promovida por Néstor Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner,- desdobló el cargo en dos para dejar afuera a Sosa.
Sin poder controlarlo, el procurador era un obstáculo para la construcción de poder de Kirchner.
El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo, pero el Gobierno de Santa Cruz nunca acató el fallo.
La provincia desobedeció un fallo de la Corte Suprema y se puso fuera de la legalidad.
La Corte Suprema hizo responsable al entonces gobernador Daniel Peralta. Se lo intimó para que cumpla la disposición en un plazo inferior a los 30 días. No lo hizo. Los Kirchner no dieron el brazo a torcer. A Peralta, la Justicia le inició una causa y terminó con una condena. Peralta es actualmente miembro de la Legislatura de Santa Cruz, se alejó del kirchnerismo, tiene bloque propio y su voto puede ser decisivo.
El 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema volvió a ordenar al gobernador a que reponga a Sosa.
Para Kirchner, el caso se había transformado en algo personal. En un desafío a la justicia, encabezó un acto en el gimnasio del Boxing Club de Río Gallegos para oponerse a la orden de la Corte Suprema y retrucaba que se promovía una intervención federal. Nunca ocurrió.
Allí, Kirchner, subió al escenario a 14 gobernadores peronistas que viajaron hasta la capital santacruceña: fue el 9 de octubre de 2010, el último acto multitudinario antes de su muerte.
La provincia nunca cumplió la orden de la Corte Suprema y el kirchnerismo siguió firme en el poder provincial hasta 2023.
Un pedido de disculpas
En estos treinta años, Sosa continuó con su vida, mientras seguía los avatares de la causa y ejercía la abogacía de manera privada.
Nunca perdió la moderación en sus declaraciones, a pesar de los fallos a su favor y la negativa del poder político a reparar la injusticia. Siempre apostó al camino institucional.
Del proyecto para restituirlo se enteró por los diarios, pero hubo un gesto del actual gobernador que lo puso sobre aviso. Unos días antes que asumiera en el cargo, el entonces gobernador electo, lo contactó para una reunión y le pidió disculpas, en nombre del pasado.
“El me manifestó su voluntad de reparar las deficiencias y me pidió disculpas en nombre del cargo que iba a asumir, por el daño que me habían hecho; yo le dije que, en caso que se produjera una vacante en el cargo del que me habían expulsado, yo aceptaría para participar de esta reparación institucional”, detalló Sosa.
Esas disculpas quedaron asentadas en los fundamentos del proyecto presentado el viernes y que se tratará este lunes: “El atropello institucional contra la figura del Procurador General, iniciado con la Ley 2404 que dispuso el cese de funciones del doctor Sosa, al desdoblar su competencia, no podía ser reparado con una mera indemnización, sino que requería el restablecimiento del orden institucional afectado”, sostiene. Y agrega: “Este proyecto de ley subsana el vicio de origen que causó el perjuicio al doctor Sosa y al rol institucional de la Procuración, dotando a este cargo de la autoridad y estabilidad necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial”.
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