La Legislatura de Santa Cruz restituyó este jueves a Eduardo Sosa como procurador general de Justicia y cerró un conflicto abierto desde hace más de 30 años, luego que el kirchnerismo lo desplazó de su cargo cuando gobernaba la provincia patagónica.

En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación instruyó en varias ocasiones a la provincia para que reponga a Sosa en su cargo, quien había sido desplazado de ese puesto por una reforma judicial impulsada por el entonces gobernador Néstor Kirchner.

Sin embargo, finalmente ese bloqueo a la reincorporación de Sosa finalmente cedió este jueves. Por mayoría, aunque con un fuerte rechazo del kirchnerismo, el oficialismo que lidera el gobernador Claudio Vidal logró avanzar con su nombramiento.

En un mensaje publicado tras la votación, Vidal celebró en sus redes sociales: “Después de más de treinta años, con la restitución del Dr. Sosa, en Santa Cruz cerramos una de las heridas institucionales más profundas de nuestra historia”. En su explicación, el mandatario relató un encuentro previo con Sosa antes de asumir como mandatario.

“En aquella charla escuché una historia que atravesó décadas de reclamos, fallos judiciales incumplidos y una profunda deuda institucional de la provincia. En ese encuentro asumí un compromiso de trabajar para que Santa Cruz encontrara una solución definitiva a una situación que nunca debió prolongarse tanto tiempo”, afirmó.

«No se trataba solamente de una cuestión personal. Se trataba de reparar una injusticia, respetar las decisiones de la Justicia y demostrar que las instituciones están por encima de cualquier circunstancia política“, aseguró Vidal.

El propio mandatario de Santa Cruz enfrenta una disputa con sectores de la justicia provincial. La decisión llegó menos de un mes después de que el máximo tribunal respaldara la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, otra iniciativa promovida por Vidal.

La secuencia política de la restitución quedó atada a la pulseada institucional. En octubre pasado, Vidal envió el proyecto y fue modificado en comisiones, mientras evaluaba si tendría respaldo en el recinto, frente a la resistencia de jueces cercanos al kirchnerismo tanto a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 miembros como al regreso de Sosa.

Punto final para un largo conflicto

Sosa había ejercido al frente de la Procuraduría General entre 1990 y 1995. Ese año, una reforma judicial promovida por Néstor Kirchner y respaldada por los diputados justicialistas que respondían a Cristina Kirchner dividió el puesto entre jefe de fiscales y jefe de defensores, y lo dejó fuera del sistema.

El caso desató controversia, porque afectó el principio de inamovilidad de los jueces. Desde ese entonces, la reposición de Sosa se convirtió durante años en un caso singular de desobediencia provincial a sentencias del máximo tribunal.

El abogado llevó su reclamo hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades su restitución al cargo, pero ninguno de los gobiernos santacruceños ejecutó la medida.

La Corte incluso responsabilizó personalmente al entonces gobernador Daniel Peralta por el cumplimiento de la disposición y fijó un plazo menor a 30 días. A Peralta le iniciaron una causa y esa actuación terminó con una condena en su contra.

El dato adquirió otra dimensión en la sesión de este jueves. Peralta, hoy diputado provincial, alejado del kirchnerismo y con bloque propio, fue uno de los legisladores que no votó la reposición de Sosa.

En concreto, lo que se aprobó en la Legislatura de Santa Cruz fue modificar la Ley 1600, que regula la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial local. En la séptima sesión ordinaria del período legislativo, una mayoría conformada por 13 diputados dio luz verde para avanzar en ese cambio que habilite la restitución de Sosa.

La redacción final de la ley buscó además evitar un impacto sobre la estructura actual del Poder Judicial. Entre los cambios, la iniciativa mantuvo la denominación de procurador general de Justicia, el cargo quedó limitado al Ministerio Público Fiscal y ya no abarcará a los defensores públicos, como ocurría en 1995 antes de que la función fuera desdoblada. Ninguno de los funcionarios hoy en funciones verá afectado su cargo por el regreso de Sosa.

Tras la victoria legislativa, el gobernador Vidal remarcó la decisión política de diferenciarse de gestiones provinciales anteriores: “En nuestra provincia los fallos de la Corte Suprema se respetan y se cumplen. Porque no hay verdadera institucionalidad sin respeto por la ley”.

–Javier, Adorni se tiene que ir.

Como si le quemaran por dentro, el funcionario escupió esas seis palabras y no dijo más nada. Sintió vértigo. Adrenalina. La boca del estómago cerrada. También, según le relató a sus colaboradores ese mismo día, creyó escuchar el lento fluir de su sangre en las venas alrededor de sus orejas y particularmente en la zona de su sien. Hubo algo de nerviosismo, sin dudas, pero la honestidad de sus convicciones y el profundo análisis previo que había hecho de la delicada situación política del oficialismo lo llevaron a estar seguro de que pronunciar esa frase era “lo correcto”. Sin embargo, no se bancó el silencio, que le pareció eterno, y completó:

–Te lo blanqueo con el mayor de los respetos. Y sabés que jamás te diría lo que tenés que hacer porque no me corresponde. Pero esto es insostenible.

No fue la única persona que en esta semana frenética se animó a manifestarle al Presidente que la incesante polémica en torno al jefe de Gabinete se tiene que cortar de una vez. Que nadie en La Libertad Avanza puede comunicar las “buenas noticias” sin que les pregunten por el affaire. Que los resultados económicos más esperanzadores acaban tapados por la “mancha venenosa de Manuel”. “Hay un puñado muy chiquito de allegados que, siempre en privado, le expresamos lo mismo. Ojo: tampoco fuimos tantos”, se sincera otro de los valientes.

Todos y cada uno recibieron la misma respuesta: el enojo de Javier Milei. Irascible como nunca antes con el asunto, el primer mandatario les explicó que no va a entregar a su ministro coordinador y les exigió que no vuelvan a sacar el tema. Al que más insistió en su postura le congeló el contacto por WhatsApp. “Ya está, hice todo lo posible. No me expongo más por nada”, se resigna, ofuscado, un importantísimo miembro del ecosistema violeta con acceso, al menos hasta acá, a la intimidad de la Quinta de Olivos.

Pese a este panorama y a la resistencia de Manuel Adorni en su rol, en el corazón del poder admiten sin disimulo que se están viviendo horas muy complicadas en Casa Rosada y que “el futuro del hombre más puteado del país” no está “para nada” asegurado. “Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento porque todo este quilombo es un descontrol”, dice un integrante del equipo de gobierno que jura que vio a Karina Milei y a Santiago Caputo más consternados que nunca por un escándalo que se les fue de las manos.

La nueva oleada de rumores con apellidos para eventuales reemplazos no para de crecer. Y no son pocos los que miran con atención los detalles del Decreto 130/2026, que definió el orden de reemplazo del jefe de Gabinete en caso de ausencia: es una formalidad, pero estableció que esa responsabilidad recae sobre la ministra de Capital Humano. “Ni en pedo quiero ese rol”, le escucharon decir a una Sandra Pettovello más que conforme por el acuerdo con las universidades públicas. “Empoderados” y con peso propio como Pablo Quirno, Diego Santilli, Federico Sturzenegger o Martín Menem, y “tapados y en ascenso” como la legisladora porteña Pilar Ramírez, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt y la secretaria de Energía María Tettamanti, son tan solo algunos de los mencionados tras bambalinas. Cuando los nombran, todos miran hacia un costado.

Así las cosas, el razonamiento que hoy domina en el reducido círculo de confianza violeta es tan sencillo como riesgoso: Manuel Adorni no se va porque Javier Milei no quiere que se vaya. Punto. La declaración jurada, los dólares debajo del colchón, las criptomonedas, las contradicciones, el silencio de los ministros, el fuego amigo, la furia de los aliados, la presión judicial/legislativa y la espuma digital entran en una categoría secundaria para un presidente que lee casi todos los conflictos bajo una misma lógica de batalla: si concede, pierde; si retrocede, lo doblaron; si entrega una cabeza, el sistema ganó. El problema, claro, es que la función pública rara vez se acomoda con tanta prolijidad a las épicas personales.

Los pormenores numéricos de quien cada vez menos allegados llaman “Manu” con cariño dejaron gusto a poco incluso entre quienes todavía creen que no hubo enriquecimiento ilícito. “Es un evasor, no un corrupto”, arriesga uno de los pocos que respalda a Adorni. Esa es, por ahora, la frontera conceptual que eligió Milei para justificar su respaldo, más allá de que una porción cada vez más amplia del oficialismo ya no compra el costo de sostenerlo. En Balcarce 50 hay funcionarios que pasaron de la defensa cerrada al silencio táctico, del silencio táctico al fastidio y del fastidio a una pregunta que se repite, con distintas variantes, en despachos, chats encriptados y mesas reservadas: “¿Hasta cuándo?”.

En las horas que rodearon la presentación de la DDJJ y otras 22 rectificaciones hubo frases lapidarias en las principales oficinas violetas. “¿En serio laburaron casi cien días para esto?”. “¿Esto es todo?”. “¿Tenemos un plan B?”. “Mamita, nos va a hundir a todos”. “Ah, nos toma por boludos mal y eso le va a molestar mucho a la población”, fueron las sentencias más fuertes de funcionarios de primera línea ante Infobae en estricto off the record. El sentimiento reinante en el palacio gubernamental fue, una vez más, la incomodidad.

Un ejército de abogados y contadores del Estudio Ledesma, profesionales carísimos que cobran honorarios imposibles para un sueldo estatal, tardó horas en cargar todo lo que tenían que subir a las plataformas preparadas para la cuestión.

El trámite se formalizó horas después de que Adorni y su esposa adhirieran al Régimen Simplificado de Ganancias, un sistema creado en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal que permite declarar ingresos y deducciones sin justificar el origen de los ahorros. En la Dirección General Impositiva se apuraron en aclarar que el mecanismo no implica un blanqueo, pero los habitués de los eventos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especializado en combatir el lavado de activos, consignan que en la organización “no pueden creer” que se haya habilitado a Personas Políticamente Expuestas a poder usar este salvoconducto. ¿Todo tiene que ver con todo? El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, invitó a Ariel Lijo a acompañarlo a Francia para participar del próximo plenario del foro: el juez que tiene la responsabilidad de investigar a Adorni aceptó el convite y estará en París entre el 15 y el 19 de junio.

Lejos de clausurar el caso, los papeles que recibieron la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abrieron una nueva línea de complicaciones; es que Adorni no solo puso sobre la mesa un patrimonio que ahora supera los 944 millones de pesos, sino que reconoció la existencia de dólares que hasta entonces no figuraban en su haber. Un necesario repaso sobre las tres grandes aristas que tiene la tesis oficial: 1) que parte de esos fondos venía de ahorros previos a su llegada al Estado; 2) que una porción relevante de sus tenencias, unos 506.000 dólares, se explica por operaciones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018; y 3) que las omisiones no implican movimientos espurios, sino regularizaciones tardías de bienes que nunca debieron haber quedado fuera del radar fiscal.

Como se podía prever, cada pata abre una discusión distinta. Los ahorros sin declarar molestan a los aliados que hacen campaña con la bandera de la transparencia; las criptomonedas irritan a quienes encontraron viejas declaraciones públicas del propio Adorni en las que relativizaba o directamente las despreciaba como método de inversión; y la idea de que todo se arregla pagando lo que corresponda genera un efecto político bastante más corrosivo ya que instala la sensación de que el ministro coordinador pide para sí mismo una indulgencia que el Gobierno jamás le habilitaría a un adversario.

Esta conjunción de factores envenenados son los que más lastiman puertas adentro. Adorni no era ni es un actor político lateral, ni un técnico silencioso, ni un ministro sin voz pública. Fue, durante más de dos años, el gran fiscal moral de LLA. El hombre del atril. El que repartía certificados de decencia y condenas de casta con una seguridad litúrgica. Por eso sus justificaciones no se miden con la vara de cualquier funcionario. Y ahí es donde el expediente empieza a volverse insoportable para muchos de sus compañeros de ruta. La campaña de 2027, que hasta hace poco parecía una abstracción lejana, empieza a condicionar cada movimiento del poder libertario. “No podemos regalar nada, y menos en este contexto económico lleno de tantos desafíos”, evalúa un integrante de la Mesa Política.

En paralelo, Adorni superó a Adorni: según un reporte de la consultora Ad/Hoc, las menciones digitales sobre el jefe de gabinete superaron este jueves 11 de junio las 319 mil y dejaron atrás el pico del 12 de marzo, cuando pronunció el tan condenado concepto de “deslomarse”. Además, durante esa jornada fue mencionado 2,3 veces más que el propio mandatario libertario. Otro estudio, de Reputación Digital, confirma la condena emocional: el 78,5% de las menciones analizadas expresó ira y el término más repetido fue “chorro”.

En esa lógica se explica también la soledad comunicacional de Adorni en estas jornadas de tormenta. Nadie salió en masa a defenderlo. Nadie pidió cadena nacional de tuits. Nadie armó un operativo militante coordinado. Hubo gestos aislados como el de Santiago Oría, que escribió en X que había quedado claro que Adorni no robó y que el periodismo mintió. Milei lo retuiteó. Nada más.

Un apunte sobre el Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación: quiere competirle a la potencia digital de Las Fuerzas del Cielo con su medio “Contrarelato” pero su cuenta de Instagram tiene menos de 7000 seguidores. “Manuel Adorni demostró en vivo que su patrimonio está en regla”, posteó después de la entrevista en LN+. Los primeros comentarios no generaron la reacción esperada: “Jajajaja, cada uno cree las mentiras que quiere. Ni siquiera servís para mentir”, “Es joda no???? Jajaja ni Capusotto se atrevió a tanto”, “Decime que dibujaste la declaración jurada, sin decirme que dibujaste la declaración jurada” son algunos de los cuestionamientos en un medio que quería generar lo contrario.

El fastidio de Luis Caputo merece un capítulo aparte. En las últimas semanas, el ministro de Economía empezó a ocupar un lugar que hasta hace no tanto parecía reservado para el ex vocero: el de comunicador central de las buenas noticias del Gobierno. Caputo explica, celebra, anticipa, baja línea, ironiza. Y esta semana tenía material de sobra para intentar instalar una narrativa de alivio: mejora en la evaluación de Standard & Poor’s, caída del riesgo país hacia la zona de los 450 puntos y su consecuente euforia bursátil y una inflación que volvió a ubicarse en el 2,1%. Pero esa agenda fue devorada por el apellido Adorni. “Toto está podrido, aunque no lo diga”, reconoce una voz frecuente del oficialismo económico.

Otro capítulo de novela de terror se dio en la convulsionada reunión de la mesa política. Si bien con algo de atraso “El Jefe” dio el OK para difundir una foto de ocasión, lo cierto es que los presentes casi se atragantan con la torta que el propio jefe de Gabinete mandó a comprar para una Patricia Bullrich que cumplía 70 años. La senadora, que venía de calificar la conducta de su coordinador como “más que un error” y una “omisión ética”, fue aún más implacable en privado: varios testigos afirman que el cruce entre los dos “fue muy picante”. Ella lo apuró por el desgaste que está generando y él le suplicó que tuviera códigos y no diga lo que dice en los medios. La escena transcurrió ante el silencio de Karina. De película.

Con ese telón de fondo, el PRO decidió endurecerse. El comunicado del partido fue mucho más que un gesto institucional para cubrirse ante la opinión pública: fue una señal directa a Milei. “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo”, plantearon desde el macrismo. Y después redoblaron la apuesta: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, escribieron.

La oposición, mientras tanto, encontró una hendija. En el peronismo saben que el caso erosiona a la gestión aunque reconocen que la fragmentación opositora limita cualquier intento de capitalizarlo con eficacia. “Se están desangrando solos, pero nosotros tampoco tenemos demasiada capacidad de daño”, grafica un legislador de Unión por la Patria que mira el asunto con una mezcla de entusiasmo y resignación. La Coalición Cívica, con la firma de Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, avanzó con una nueva denuncia penal por “omisión maliciosa”, un delito que tiene una pena que va de los 15 días a dos años de prisión e incluye inhabilitación perpetua. Y Victoria Villarruel, siempre atenta a cualquier oportunidad para incomodar al Ejecutivo, reclamó que el jefe de Gabinete se presente en el Senado para cumplir con el informe mensual que exige la Constitución; si sobrevive a las renovadas turbulencias, lo va a hacer en julio.

Como si esto fuera poco, un variopinto conjunto de diputados volvió a empujar la moción de censura, contemplada en el artículo 101 de la Constitución, que podría terminar con la remoción del ministro coordinador. Por las dudas, Santilli viene llamando a gobernadores para que no apoyen esa idea en el Congreso. “No pasa nada: si hacen esa locura, Milei puede volver a firmar la designación y sentarlo nuevamente en el cargo”, arriesga uno de los pocos dirigentes que respalda a Adorni. En la Argentina libertaria las sorpresas siempre están a la orden del día.

En la intimidad del poder liberal libertario hay quienes todavía creen que el caso puede empezar a diluirse si la economía entrega buenas noticias sostenidas y si la Justicia no produce novedades explosivas. Es la apuesta clásica de cualquier oficialismo acorralado. Pero hasta los optimistas, que se cuentan con los dedos de una mano, confiesan que esta vez el daño es distinto: Manuel Adorni es funcionario que debió corregir su propia historia patrimonial después de haber afirmado con soberbia, en el palacio legislativo y en conferencias de prensa, que no existía “ocultación alguna”. “Mintió. Nos mintió a todos”, dice un dirigente que le tiene cariño personal pero que ya no le ve futuro político.

“Javier no lo va a entregar así nomás porque sería admitir que le doblaron el brazo”, repite uno de los hombres que todavía defiende la decisión presidencial. Del otro lado, una funcionaria que pide reserva absoluta ofrece una síntesis mucho menos heroica: “El problema es que por no entregar a Manuel nos estamos entregando todos”. Entre esas dos posturas se mueve hoy el Gobierno.

Adorni, por ahora, resiste. Pero resiste de una manera rara: sostenido arriba y debilitado abajo. Tiene el respaldo del Presidente, que es lo más importante en cualquier gobierno hiperpersonalista. Aun así, perdió frescura, perdió margen, perdió autoridad comunicacional y perdió parte de la paciencia interna. En el mejor de los casos para él, seguirá en funciones con una cicatriz visible. En el peor, terminará descubriendo que en el poder libertario el apoyo presidencial puede ser intenso, vehemente y hasta sincero, pero no necesariamente eterno. En estos tiempos para el olvido de los fanáticos del institucionalismo, el jefe de Gabinete conserva el cargo pero ya no conserva el control de su destino. ¿Fin?

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