Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) definieron este martes 13 de abril un nuevo esquema de protestas contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, en un contexto de creciente tensión social por el impacto de las reformas en los sectores más vulnerables y la eliminación de los programas en los que se dividió el Potenciar Trabajo. Para Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, una de las principales demandas de las organizaciones sociales “radica en el impacto que generará la eliminación del programa en las economías barriales y en la recesión que atraviesa el país”.

Según pudo reconstruir este medio, la hoja de ruta incluye una serie de actividades que se desplegarán durante las próximas semanas.

El viernes 17 de abril realizarán una audiencia pública con diputados nacionales afines, mientras que el martes 21 llevarán adelante un congreso en la sede de la UTEP. En paralelo, preparan una peregrinación con antorchas en homenaje al fallecido Papa Francisco.

Además, los movimientos trabajan en la organización de una audiencia impulsada por la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde participarán representantes de distintos sectores afectados por la crisis. En ese marco, buscan exponer el impacto de las medidas oficiales sobre las economías populares.

La agenda continuará el 30 de abril, cuando participarán de la movilización a Plaza de Mayo convocada por la Confederación General del Trabajo por el Día del Trabajador.

Según Jorge Sola, uno de los miembros del triunvirato que conduce la organización sindical, la convocatoria será en reclamo por “la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar”. Además, habrá una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco. No es la primera vez que la UTEP se pliega a marchas y protestas organizadas por la mayor central obrera del país.

Ya en el mes de mayo, movimientos sociales como el Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Corriente Clasista y Combativa tienen agendado realizar jornadas de protesta callejera los días 5 y el 7, precedidas por recorridas en distintas provincias con actividades de debate y organización territorial.

Uno de los principales focos de conflicto radica en la eliminación del programa “Volver al Trabajo” (anteriormente conocido como Potenciar Trabajo), que otorgaba una asistencia económica de $78.000 mensuales a unos 900.000 beneficiarios que será reemplazado por el pago directo a través de un esquema de “vouchers” de capacitación laboral.

Desde la UTEP consideran que esta política tendrá un fuerte impacto negativo en las economías barriales, en un escenario atravesado por la recesión.“El Gobierno sostiene que esto se va a transformar en trabajo genuino, pero los hechos indican todo lo contrario”. En esa línea, detalló que personas inscriptas en capacitaciones fueron asignadas a sedes ubicadas a cientos de kilómetros de sus domicilios”.

Sobre los resultados de los programas de inserción laboral, Gramajo fue categórico: “Cuando se implementó el programa Volver al Trabajo comenzó la lógica de la capacitación. ¿Saben cuántas personas consiguieron empleo formal en dos años? 80 personas”. Y agregó: “No es un problema de capacitación, es un problema de modelo económico”, analizó ante Infobae.

El dirigente también apuntó contra la falta de diálogo con el Gobierno nacional. “Este es un gobierno que no dialoga ni negocia con ningún sector, ya ha ocurrido con la salud pública y la educación. Nosotros sí creemos en el diálogo, pero en este caso no fuimos convocados”, afirmó.

Los referentes populares consultados por este medio anticiparon que podrían coordinar nuevas acciones con otras organizaciones sociales y sectores políticos, entre ellos sindicales y piqueteros de izquierda. La tensión por los cambios en los programas sociales y el impacto de la política económica se mantiene en el centro de la agenda social y política en el país.

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La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo este miércoles con la declaración de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos jubiladas que le financiaron US$200 mil, sin intereses, para la compra de un departamento en Caballito.

Viegas (72 años) y Sbabo (64) ya declaran en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Se espera que brinden detalles sobre la operación hipotecaria de la propiedad de la calle Miró, en noviembre del año pasado. Consultadas por la prensa tras el estallido del escándalo, ambas aseguraron no conocer a Manuel Adorni.

El inmueble donde actualmente vive el jefe de Gabinete y su familia fue vendido a un precio declarado de US$230 mil. Según la documentación y el testimonio de la escribana Adriana Nechevenko, Adorni solo depositó US$30 mil en efectivo, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras. La deuda, a pagar en cuotas, se deberá cubrir para noviembre próximo.

Según se supo en las últimas semanas, el departamento pertenecía originalmente al exfutbolista Hugo Morales, que declaró en la causa penal que se lo vendió a las dos jubiladas a cambio de US$200 mil, 140 mil dólares menos de la oferta original que administraba la Inmobiliaria Rucci.

Según explicó Morales, la propiedad necesitaba un refaccionamiento y no se vendía, por lo que finalmente aceptó la rebaja. “Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, aseguró a Radio 10 el viernes pasado.

En ese contexto, Viegas y Sbabo deberán brindar detalles sobre cómo adquirieron la propiedad y su venta posterior al jefe de Gabinete, que además es investigado por otra propiedad que no había sido incluida en su Declaración Jurada -la casa en el country de Exaltación de la Cruz- y los pasajes de avión a Nueva York y Punta del Este.

Segunda ronda de testimoniales

En un principio, las dos mujeres iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma, pidió postergar la testimonial porque le coincidía con otro juicio donde interviene: los cuadernos de las coimas.

Así, el testimonio de Sbabo y Viegas se producirá luego de la declaración de la comisaria retirada de la Policía Graciela Molina y su hija, Victoria María José Cancio, otras dos mujeres que también le habían prestado dinero al jefe de Gabinete. En este caso, se trató de US$100 mil en 2024 mediante un préstamo con garantía hipotecaria, en una operación donde también participó la escribana Nechevenko.

El préstamo se produjo el mismo día que la mujer del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, compró la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Como garantía, la familia Adorni puso su departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco.

De acuerdo a su testimonio, el funcionario ya les pagó a las mujeres US$30 mil y debe afrontar los US$70 mil restantes en los próximos siete meses. Según declararon la escribana y las acreedoras, el préstamo fue con un interés de 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales.

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En paralelo a las declaraciones de Viegas y Sbabo, Pollicita aguarda las respuestas de una serie de pedidos hechos durante la semana pasada a diferentes organismos públicos luego de que el juez federal Ariel Lijo levantara el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa.

Así, el fiscal podrá acceder a todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio, con el fin de determinar si se corresponden con su situación financiera como funcionario público que hasta enero de este año tuvo su sueldo congelado desde 2023 en $3.584.006.

Manuel Adorni, Tribunales, jefe de gabinete

La intendente interina de Caraguatay (Misiones), Norma Gularte, asumió la conducción del municipio tras la denuncia penal contra el intendente titular, Mario Peyer, quien se encuentra de licencia desde hace casi un mes. En este contexto, la funcionaria inició un proceso de auditoría interna e identificó graves irregularidades en la gestión de los fondos.

El caso, iniciado tras la acusación de una empleada del Consejo Deliberante por abuso sexual, mantiene en vilo a la comunidad mientras la justicia avanza con la investigación.

Hoy miércoles, Peyer deberá presentarse a declarar ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, mientras que mañana vence el plazo de la licencia que lo apartó del cargo.

Durante estos treinta días, Gularte no solo se ocupó de la gestión diaria sino que también impulsó una revisión exhaustiva de distintas áreas del municipio. La transición estuvo marcada por cambios en el gabinete: fueron removidos el tesorero, la jefa de personal, la directora de acción social y el director de obras públicas. La funcionaria interina puso el foco en detectar posibles irregularidades administrativas y operativas, algunas de las cuales ya fueron elevadas a la Justicia y a las autoridades policiales locales.

La revisión interna reveló datos de alto impacto sobre el uso de recursos municipales. Según Gularte, el 38% del combustible adquirido por el municipio se destinaba a un automóvil particular del intendente Peyer, mientras que otro 27% era utilizado por un camión perteneciente a un familiar directo. Solo el 35% restante quedaba disponible para la ambulancia y el resto de los vehículos municipales que prestan servicios a la comunidad. Estos números, recopilados en el informe preliminar, fueron remitidos ante la comisaría y la fiscalía de Puerto Rico para su investigación.

De acuerdo con lo informado por el portal El Territorio, en paralelo al control de recursos, la intendenta interina identificó que unas 20 personas no se presentaron a trabajar durante su gestión, al menos cinco de ellas con vínculos familiares directos con el intendente suspendido. Los salarios de ese grupo rondaban los 900 mil pesos mensuales.

Al dejar de pagar esos sueldos, el Municipio pudo redirigir fondos para obras públicas, como la colocación de veredas en más de 1.200 metros sobre la ruta de acceso a la localidad y el sostenimiento de servicios esenciales, entre ellos la recolección de residuos y la ambulancia.

Durante el proceso de auditoría también surgieron obstáculos en el acceso a la información financiera y administrativa del municipio. Según explicó la intendenta interina, el equipo a su cargo no pudo acceder a los archivos contables ni a los documentos digitalizados porque la contadora municipal y la jefa de personal no facilitaron las claves de ingreso al sistema informático. Esta situación, junto con otras inconsistencias detectadas, fue incluida en la denuncia formal ante la justicia local.

Además, se habló del hallazgo de cajas con medicamentos vencidos que no habrían sido entregados a la población, situación que continúa bajo investigación.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el intendente solicitará una prórroga de su licencia, que expira este jueves. Gularte subrayó que la administración interina aguardará la decisión de la Justicia y de Peyer, respetando los procedimientos legales y los derechos de todas las partes involucradas.

En caso de que el acusado decida retomar sus funciones, Gularte manifestó que volverá a ocupar su banca en el Concejo Deliberante y que exigirá explicaciones sobre las irregularidades observadas durante su gestión al frente del Ejecutivo local.

Ahora, el proceso judicial y la investigación administrativa avanzan en paralelo, mientras la comunidad de Caraguatay sigue de cerca los acontecimientos. A la espera de la declaración de Peyer, la estructura municipal se mantiene en estado de revisión y ajuste, con la promesa de mayor transparencia y control sobre la gestión de los recursos públicos.

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