ECONOMIA
Diputados aprobó la ley de pago a los holdouts, en un avance clave para el plan de Milei y Caputo

El gobierno de Javier Milei logró destrabar su agenda en la Cámara de Diputados y se llevó la sanción de la ley que avala pago de u$s171 millones a los holdouts por los bonos en defult desde 2001, un tema que tiene implicancias significativas para la estrategia económica del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y también una lectura favorable al discurso político del líder libertario.
La iniciativa tuvo media sanción del Senado el 4 de junio pasado y la Cámara baja la convirtió en ley con 139 votos a favor y 97 en contra. Milei puede presentarlo como un hito de su gestión, dado que el acuerdo cierra un conflicto judicial por la deuda externa Argentina luego de 25 años, dado que se trata de los últimos dos «fondos buitre» que no aceptaron ninguno de los canjes anteriores y seguían en litigio con el país.
Se trata de Bainbridge Ltd. y del grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, que arribaron a un acuerdo con la Argentina en abril pasado. El proyecto está en el Congreso hace varios meses pero tuvo varias demoras, lo que puso nervioso al oficialismo porque si la ley no se aprobaba antes del 30 de junio el acuerdo se caída.
Finalmente el Gobierno cumplió con ese plazo que se acordó con los acreedores, aunque el mayor logro para la gestión de Milei pasa por las consecuencias de la ley. El pago a los holdouts juega a favor de la estrategia financiera de Caputo porque que el acuerdo incluye el levantamiento de trabas en operaciones de deuda futuras que interponían los acreedores, además de enviar una señal positiva al mercado.
Esto último es especialmente importante para Milei y Caputo luego de que el MSCI (Morgan Stanley Capital International) que elabora índices bursátiles decidiera el último martes mantener a la Argentina en la categoría «standalone» -la más baja de todas- a la que descendió en 2021, lo que afecta a las acciones nacionales.
¿Qué dice el proyecto de pago a los holdouts que Milei logró aprobar en Diputados?
La iniciativa avala el acuerdo firmado el 1 de abril pasado y notificado a la jueza de distrito de Nueva York, Loretta Preska, por el que Argentina se compromete a pagar a Bainbridge Ltd. un monto único de u$s67 millones y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP otros u$s104 millones.
En los argumentos del proyecto, el Gobierno destacó que el acuerdo implica «una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes» y permitirá «cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York».
Una vez realizado el pago, los fondos entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, que dispondrá la cancelación definitiva de dichos títulos. Es decir que primero se paga, se canjean los bonos y se cancela el litigio.
Parte de esos bonos fueron emitidos en la década de 1990 como parte de la reestructuración de deuda latinoamericana. Luego de la crisis política, social y económica que tumbó al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 y llevó a la declaración del default en enero de 2002, muchos de los tenedores aceptaron canjes posteriores.
Sin embargo, el grupo Attestor y Bainbridge Ltd. no ingresaron en esos acuerdos que promovieron Néstor Kirchner en 2005, Cristina Kirchner en 2010 y Mauricio Macri en 2016. En cambio prefirieron litigar y a la vez presentar demandas de embargo de activos clave del país. Ahora Milei puede celebrar el haber resuelto definitivamente el tema.
¿Por qué la ley es clave para Milei y Luis Caputo?
Si bien el acuerdo ya se firmó, el Poder Ejecutivo quería blindarlo mediante una ley, que siempre ofrece mayores garantías jurídicas que un decreto. Por eso los últimos «fondos buitre» estaban atentos hace varios meses al avance del tema en el Congreso y habían acordado un plazo con el Gobierno, que tuvo que ser prorrogado tres veces: inicialmente Argentina tenía hata el 30 de abril para sancionar la ley, luego se corrió al 30 de mayo y finalmente al 31 de junio.
La negociación con estos dos fondos que abrió el gobierno de Milei permitió congelar todas las medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Por caso, Bainbridge apuntaba a las acciones del Banco Nación, de Aerolíneas Argentinas y también de YPF, según precisó durante el debate el diputado Bertie Benegas Lynch, miembro informante de La Libertad Avanza sobre el tema.
Esa hostilidad hacia los activos argentinos quedó en pausa a la espera de que el Congreso argentino aprobara el acuerdo, donde se establece que las partes suspenden los litigios sobre bonos emitidos antes del 1 de enero de 2002 y se comprometen a no iniciar nuevas acciones.
Además, los fondos aceptaron por escrito que no realizarán ninguna acción que dificulte, demore u obstaculice operaciones de obtención de capital, gestión de pasivos, ofertas de canje o refinanciaciones que lleve adelante la Argentina. Esto implica que no podrán trabar futuras operaciones de deuda argentina, importante para la estrategia de Caputo.
El tema lleva implícito, además, un valor político para Milei, que podrá colgarse la medalla de haber terminado con un conflicto judicial (caro en términos financiros para la Argentina) que llevaba 25 años, y enviarle una señal al mercado financiero para que vuelva a confiar en el país.
¿Cómo fue el debate entre los diputados sobre el pago a los holdouts?
La discusión sobre el proyecto estuvo atravesada por el interés de los libertarios en poner de relieve ese logro del gobierno de Milei y marcar el contraste con las gestiones anteriores del kirchnerismo, mientras ese sector salió en defensa del «desendeudamiento» que impulsaron Néstor y Cristina Kirchner y apuntó contra los funcionarios actuales que integraron el gobierno de Fernando de la Rúa, cuya crisis derivó en el default de 2001-2002.
Al inicio del debate, Benegas Lynch destacó «las condiciones que se negociaron» como «un 30% de quita del remanente, que es importante» y también la exención para el país «de pagar honorarios legales, que no son poca cosa y que generalmente los tiene que pagar el deudor». Además remarcó que «se comprometen los acreedores a no hacer nuevas acciones legales» que «pueden impactar en Aerolíneas Argentinas, YPF y el Banco Nación».
No obstante, el tono fue subiendo con el correr de las horas, principalmente a partir de las críticas del kirchnerismo al proyecto. «Hoy gobierna la Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó al país y lo llevó a sucesivas crisis de deuda», lanzó Itaí Hagman, de Unión por la Patria.
Vanesa Siley siguió la misma línea al recordar que Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger «formaron parte del gobierno de La Alianza» y apuntó: «Esto es importante remarcarlo porque si no no se sabe quién tomó la deuda que hoy se pretende saldar y parece ser que fue el espíritu santo». Además resaltó la reestructuración con quita impulsada por Néstor Kirchner en 2005 y sentenció: «Los peronistas pagamos y los kirchneristas, además, negociamos bien».
En tanto, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la defensa del proyecto que hizo LLA. «Dijeron que nos estamos ahorrando 390 millones de dólares. Respecto a la sentencia, en ningún momento quisieron informar cuál es el monto original de los bonos con los cuales hay que comparar estos 170 millones de dólares».
Además, chicaneó: «Escuchenlo a Milei, vean el video en el programa Conexión Abierta, que dice ‘podés decir lo que quieras del kirchnerismo pero la deuda reestructurada la pago y también pagó los intereses’, lo dice el Presidente de ustedes».
En el final del debate, Silvana Giudici, secretaria parlamentaria de LLA, realizó una encendida defensa del pago a los holdouts y una fuerte crítica a la postura del bloque kirchnerista. «Nadie dice cómo puede el país salir adelante sin honrar los compromisos, incluso los que no querríamos tener. Es muy fácil decir ‘no paguemos la deuda, hablemos como en el siglo pasado en contra del capitalismo’, y es muy fácil decir ‘todo eso háganlo sin inflación, sin déficit’», inició.
Seguidamente, la diputada libertaria remarcó que el Gobierno está «tratando de arreglar los conflictos de los últimos cuatro gobiernos kirchneristas, de los que no se hacen cargo» y puso de relieve que gracias al acuerdo «nos van a devolver acciones de YPF», entre críticas a la forma en la que Cristina Kirchner y Axel Kicillof expropiaron la compañía y dieron inicio a un litigio que terminó recién este año. «¿Cuál es el obstáculo para que voten con nosotros?», remató Giudici.
Finalmente, el oficialismo se llevó la ley. Con ello, Javier Milei consiguió un triunfo político en medio de la crisis por el «Adornigate» que le permitirá decir que su gestión terminó con el conflicto por los holdouts y los bonos en default desde 2001, pero que en los hechos además es configura un avance importante para el programa financiero de Luis Caputo.
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ECONOMIA
El Gobierno aprobó el RIGI para una inversión de litio en Catamarca por u$s709 millones

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobó este martes un nuevo proyecto minero presentado por la firma LIEX S.A. para la producción a gran escala de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, una zona estratégica ubicada en la localidad de Fiambalá, provincia de Catamarca.
El anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red X ratifica el dinamismo que el régimen de incentivos está generando en la decisión de inversión en el sector minero, uno de los principales movilizadores de capital del actual modelo y generador de divisas.
«El proyecto contempla una inversión total de u$s 709 millones para la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio», explicó el ministro al dar a conocer la neva aprobacion.
El desembolso alcanzará a las «etapas de la extracción de salmuera, ductos de transporte, sistemas de purificación, caminos, tuberías, instalaciones industriales auxiliares, obras de control de inundaciones y demás infraestructura necesaria para el funcionamiento del complejo», explicó el funcionario.
Este nuevo RIGI «generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, entre las etapas de construcción y operación», detalló Caputo. Además, los estudios presentados indican que existen recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva y que su exportación generará ingresos estimados en alrededor de u$s400 millones por año.
Con este proyecto, el RIGI ya totaliza 21 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, totalizando una inversión comprometida de u$s46.700 millones, en su mayoría concentrados en el sector energético y minero.
El litio como un producto de exportación
El sector minero consolida su tendencia de expansión, impulsado por la performance del complejo del litio. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) publicado por el INDEC, la obtención de carbonato de litio alcanzó las 11.561,7 toneladas durante mayo de 2026. Este volumen representa un salto interanual del 45,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, ratificando la aceleración de los yacimientos ubicados en la región del NOA.
La evolución en las plantas de procesamiento se refleja de igual modo en el acumulado de los primeros cinco meses del año, donde la actividad extractiva del mineral muestra un avance del 47,5% frente al mismo período de 2025.
Este dinamismo operativo responde a la mayor utilización de la capacidad instalada en los salares y sitúa a la actividad química de base minera como uno de los principales motores de la industria a nivel nacional, en un contexto de demanda sostenida por la transición energética global.
En el plano del comercio exterior, los despachos al mercado internacional marcaron un hito histórico mensual durante mayo al facturar u$s187 millones, un nivel de liquidación que refleja un salto de 218% en términos interanuales. De este modo, el denominado «oro blanco» pasó a representar el 29,1% del total de las divisas ingresadas por la totalidad del bloque minero en el mes.
El balance comercial entre enero y mayo de 2026 ratifica que las ventas externas de la cadena del litio totalizaron u$s859 millones, anotando un incremento acumulado del 155,8% interanual. El extraordinario rally combina no solo la salida de mayores volúmenes exportables sino también un repunte en las cotizaciones internacionales, donde la tonelada promedió los u$s23.816 en el mes de análisis.
También se viene el súper Rigi
Impulsado por el interés que viene reflejando el RIGI con más de 20 proyectos de inversión aprobados, el Gobierno impulsa la aprobación del denominado Super Rigi, el cual contempla un gran paquete de incentivos, entre ellos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, destinados a promover emprendimientos vinculados con actividades que ofrezcan alto grado de valor agregado.
El proyecto de Súper RIGI para nuevas actividades económicas consiste en un marco de beneficios para proyectos que impliquen inversiones de al menos u$s1.000 millones, con un desembolso del 20% en los primeros dos años.
Para entender el Súper RIGI es importante plantear las diferencias clave con el RIGI comenzando por su inversión mínima. Mientras el régimen original fija un piso de entre u$s200 y u$s600 millones según el rubro, el nuevo esquema eleva la vara a u$s1.000 millones por proyecto.
Así el nuevo régimen apunta a rubros vinculados a «nuevas actividades económicas»: tecnología, infraestructura digital, inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, baterías de litio, energías renovables y data centers. Además, el Súper RIGI exige que el 20% del capital comprometido se vuelque durante los primeros dos años.
A diferencia del RIGI, en el Súper RIGI el Impuesto a las Ganancias baja del 25% al 15%. Se suma una amortización acelerada (60% el primer año, y 20% en cada uno de los dos siguientes), la deducción de quebrantos sin tope temporal —transferibles a terceros tras cinco años— y un alivio sobre dividendos y utilidades.
Finalmente, el nuevo régimen asegura arancel cero para importaciones y elimina las retenciones a las exportaciones, además de fijar un tope de 0,5% para Ingresos Brutos y prohibir tasas municipales sobre ventas.
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ECONOMIA
La inflación que viene: después de perforar el 2%, qué va pasar con los precios este mes

Luego del 1,9% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en junio, que fue el dato más bajo de los últimos 10 meses, la duda ahora es qué sucederá en julio con los precios y si se va a mantener la tendencia de desaceleración para un mes con movimientos en el dólar y factores estacionales.
Las consultoras privadas que realizan un seguimiento periódico del comportamiento de los precios presentaron sus primeros relevamientos y proyecciones para el mes en curso, algunas de ellas ya marcan que volvería a ubicarse por encima del 2 por ciento.
La información recabada hasta la segunda semana de julio muestra diferencias en los porcentajes, pero un elemento común: los alimentos y bebidas continúan bajo la lupa y el impacto de los factores estacionales modifica la dinámica general.

Las proyecciones de Eco Go para julio se basaron en la evolución de la segunda semana del mes, cuando los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar subieron 0,6 por ciento. Según la consultora, la inflación de ese segmento podría ubicarse en torno al 2,1% mensual. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar, que registraron un incremento del 1,3% en la segunda semana, la proyección para el rubro alimentos general alcanzó el 2 por ciento. Eco Go subrayó que estos datos son preliminares y están sujetos a cambios.
En caso de que la inflación en junio se ubique por arriba del 1,9% implicará que se quebró la tendencia de desaceleración que inició en abril y apenas habría durado tres mes. Sin embargo, esto no parece estar en los planes del ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que “la gente tiene que estar tranquila que la inflación va a seguir a la baja”.
Eco Go también puso el foco en la incidencia de los factores estacionales: la segunda semana de julio reflejó el impacto del receso invernal, con incrementos en los pasajes de micro de larga distancia, las excursiones y los alojamientos. Destacó, además, que el comportamiento de los precios de los alimentos mostró una aceleración respecto a los niveles observados durante junio, cerrando la semana con una variación del 0,6 por ciento.

La consultora Analytica relevó que durante la primera semana de julio, los precios de alimentos y bebidas subieron 0,8 por ciento. Así, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4 por ciento. En ese período, el rubro verduras fue el más afectado (5,6%) y también registraron subas por encima del promedio el segmento de aguas, gaseosas y jugos (2,3%). En cambio, otros alimentos y aceites, grasas y mantecas mostraron variaciones de 1,0 por ciento. Mientras que carnes y derivados no tuvieron cambios significativos.
LCG, en tanto, detectó una aceleración en la primera semana de julio: los precios de alimentos y bebidas aumentaron 2,4 por ciento.
La canasta de alimentos, que venía de seis semanas con variaciones marginales, registró una suba fuerte en el inicio del mes. Pese a ese salto, la inflación mensual de la canasta siguió cayendo, ubicándose en 0,8%, es decir, 0,3 puntos porcentuales (p.p.) menos que el mes previo. El informe de la atribuyó el incremento semanal principalmente a las carnes (4,3% respecto a la semana anterior) y a las verduras (5,7%). Ambas categorías se movieron por encima del promedio general y explicaron la mayor parte del alza semanal.
La duda está con lo que pasó con el dólar. Es que en las primeras semanas de julio, la cotización mayorista subió a 1.492 pesos. “La corrección del dólar sigue un poco la inflación acumulada en el año y el movimiento del resto de las monedas en el mundo. No parecía haber ningún desancle de expectativa que justifique un pass through considerable”, sostuvo en ese entonces Lucio Garay Méndez, el economista de Eco Go. Sin embargo, ya en la semana del 13 de julio, el dólar mayorista bajó al nivel de fines de junio.

Sin embargo, para Claudio Caprarulo, economista de Analytica, “siempre hay traslado de la suba en el precio del dólar a los precios, el interrogante es el porcentaje y los tiempos”. Aseguró, además, que para ver el impacto en precios será clave el dato de inflación mayorista aunque hay bienes cuyo precio está muy relacionado con el dólar, como autos y electrodomésticos que tuvieron un aumento muy por debajo.
También habrá que observar el precio de los combustibles. Es que con el salto del 9% del barril de Brent (que se toma de referencia en Argentina), el 13 de julio, ante la reactivación del conflicto en Oriente Medio, las petroleras monitorean en qué valor se estabilizará el precio del barril para decidir si aumentarán otra vez o no los precios.
La desaceleración observada en junio, cuando el IPC bajó del 2%, instaló la expectativa de una posible consolidación de la tendencia a la baja. Sin embargo, los relevamientos privados de julio mostraron que la inflación enfrenta presiones adicionales. Los informes de las consultoras subrayaron que los datos todavía son preliminares y que el cierre del mes puede verse afectado por las variaciones en la demanda durante las vacaciones, el comportamiento del dólar y la evolución de los precios internacionales de los alimentos.
Mientras tanto, el mercado y los analistas esperan los datos oficiales para contrastar los primeros relevamientos privados con el IPC de julio. El seguimiento de los precios en tiempo real y el análisis de los factores que inciden sobre la formación de precios seguirán siendo clave para anticipar movimientos en la inflación y evaluar la magnitud del impacto que los factores estacionales y cambiarios pueden tener sobre el poder de compra de los consumidores.
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ECONOMIA
Importante bodega de San Juan está en crisis con 380 cheques sin fondos y deuda de $680 millones

El duro contexto que atraviesan las bodegas nacionales, derivado de factores que van desde la caída del consumo interno hasta un estancamiento de las exportaciones e inconvenientes derivados de la suba de costos y la variable climática, sigue complicando el devenir de varios de los actores relevantes de ese nicho comercial. Una muestra del mal momento que atraviesan los protagonistas del sector puede ubicarse en el presente de Bianchi, que viene de despedir a 17 empleados y además acumula una abultada deuda bancaria que mantiene a la firma muy cerca del concurso de acreedores. Otro ejemplo reciente corresponde a Norton, que ostenta un pasivo superior a los u$s40 millones, según tribunales de Mendoza. De acuerdo a un informe reciente de la sindicatura cuyana, 367 acreedores de la empresa se presentaron ante la Justicia para reclamar el pago de deudas.
Pero los nombres de las bodegas complicadas no se agotan ahí. Según pudo constatar iProfesional en la base de deudores del Banco Central (BCRA), la bodega sanjuanina Casa Montes, responsable de marcas como Ampakama, Fuego Negro, Alzamora, Baltazar y Casa Montes, y uno de los principales jugadores del Valle de Tulum, también sufre un presente financiero complicado a partir de una deuda multimillonaria.
En detalle, la firma en cuestión totaliza 386 cheques emitidos sin fondos y, derivado de ese status, suma un rojo de 677,4 millones de pesos. Al mismo tiempo, el BCRA detalla que Casa Montes presenta otra deuda de $17,7 millones derivada de cheques rechazados por «defectos formales».
La mayoría de los documentos rechazados por carecer de fondos se concentran en un período que inicia a mediados del año pasado y llega a estos días. En cuanto a otras deudas con instituciones bancarias y agentes crediticios, el BCRA expone que Casa Montes acumula una deuda por algo más de $1.000 millones con el Supervielle, el Galicia y el Banco de San Juan.
Casa Montes y un inicio de 2026 marcado por las complicaciones
Casa Montes viene de atravesar un primer tramo de 2026 por demás complicado. En el bimestre inicial de este año, la bodega registró una amplia cuota de valores rechazados por el mismo Banco Central. En ese momento, desde la empresa se afirmó que dicha situación se encontraba en gran parte regularizada, ya que aproximadamente el 80% de esos compromisos ya habían sido cancelados.
Sin embargo, los meses transcurrieron y la mejora continúa sin verse en los registros de la institución. Siempre en el tramo inicial de 2026, Casa Montes dijo a iProfesional que el origen del problema no respondía a una falta estructural de financiamiento ni a un cambio en su conducta histórica.
Expuso que la firma se financió tradicionalmente a través del sistema bancario, utilizando herramientas habituales como acuerdos de descubierto, préstamos de capital de trabajo y descuento de valores.
Siempre a partir de ese contacto con este medio, la directiva de la bodega sostuvo que el «conflicto» financiero se habría desatado en mayo del año pasado, momento en que la compañía ingresó de manera tardía a un plan de pagos ante ARCA para regularizar obligaciones tributarias.
Esa demora habría derivado en un embargo que inmovilizó las cuentas bancarias de la empresa en todas las entidades con las que opera. Como consecuencia directa, aseguró Casa Montes, se produjeron los rechazos de cheques.
Si bien algunos de los valores, sostuvo la firma, luego fueron repuestos y abonados a los proveedores correspondientes, el sistema de recupero de cheques electrónicos resultó lento. Durante ese período, los cheques continuaron figurando como rechazados en los registros del Banco Central, aun cuando la situación comercial ya estaba parcialmente regularizada.
Esa marca negativa, argumentó Casa Montes, impactó de lleno en la relación con los bancos, que decidieron no renovar los acuerdos de descubierto vigentes. A partir de allí, la empresa se vio imposibilitada de cubrir en tiempo y forma la totalidad de los descubiertos y de afrontar el pago de todos los valores emitidos, profundizando transitoriamente la tensión financiera.
Norton, otro gigante del vino en graves problemas
En lo que reconfirma el mal momento que atraviesan buena parte de los principales actores del vino, Norton es otra compañía con nombre pesado que acumula un fuerte endeudamiento bancario.
Recientemente, iProfesional precisó que la empresa ostenta un pasivo superior a los u$s40 millones. Además, alrededor de 367 acreedores acaban de presentarse ante la Justicia de Mendoza para reclamar el pago de deudas.
Según pudo comprobar este medio también en la base de datos del BCRA, la bodega acumula una deuda superior a los $40.000 millones con distintos actores del nicho del financiamiento.
Entre los actores a los que debe la empresa se detallan los bancos Supervielle, Comafi, Industrial, Nación, San Juan, Santander, BBVA y Bank of China, entre otros. American Express y MercadoLibre también se mencionan en el informe del BCRA.
Al mismo tiempo, Norton acumula 355 cheques emitidos sin fondos por un monto que supera los 4.530 millones de pesos.
Bodega Bianchi, también muy complicada a nivel financiero
Además de Casa Montes y Norton, Bianchi es otro emblema que padece un presente dramático en términos financieros. En esa línea, iProfesional dio cuenta hace escasos días que, en la actualidad, la compañía acumula 205 cheques rechazados por $1.623 millones, de los cuales solo regularizó 11 documentos por poco más de 12 millones de pesos.
Además, los últimos registros oficiales muestran que mantiene una deuda bancaria superior a los $17.000 millones, distribuida entre más de una decena de entidades financieras.
Bodega Bianchi mantiene compromisos incumplidos con los bancos Supervielle, Comafi, Industrial, Nación, San Juan, Santander, BBVA y Bank of China, entre otros. Y también posee deuda con American Express y MercadoLibre.
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impuestos, legales, negocios, tecnología, comex, management, marketing, empleos, autos, vinos, life and style,
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