El gobierno de Javier Milei logró destrabar su agenda en la Cámara de Diputados y se llevó la sanción de la ley que avala pago de u$s171 millones a los holdouts por los bonos en defult desde 2001, un tema que tiene implicancias significativas para la estrategia económica del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y también una lectura favorable al discurso político del líder libertario.

La iniciativa tuvo media sanción del Senado el 4 de junio pasado y la Cámara baja la convirtió en ley con 139 votos a favor y 97 en contra. Milei puede presentarlo como un hito de su gestión, dado que el acuerdo cierra un conflicto judicial por la deuda externa Argentina luego de 25 años, dado que se trata de los últimos dos «fondos buitre» que no aceptaron ninguno de los canjes anteriores y seguían en litigio con el país.

Se trata de Bainbridge Ltd. y del grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, que arribaron a un acuerdo con la Argentina en abril pasado. El proyecto está en el Congreso hace varios meses pero tuvo varias demoras, lo que puso nervioso al oficialismo porque si la ley no se aprobaba antes del 30 de junio el acuerdo se caída.

Finalmente el Gobierno cumplió con ese plazo que se acordó con los acreedores, aunque el mayor logro para la gestión de Milei pasa por las consecuencias de la ley. El pago a los holdouts juega a favor de la estrategia financiera de Caputo porque que el acuerdo incluye el levantamiento de trabas en operaciones de deuda futuras que interponían los acreedores, además de enviar una señal positiva al mercado.

Esto último es especialmente importante para Milei y Caputo luego de que el MSCI (Morgan Stanley Capital International) que elabora índices bursátiles decidiera el último martes mantener a la Argentina en la categoría «standalone» -la más baja de todas- a la que descendió en 2021, lo que afecta a las acciones nacionales.

¿Qué dice el proyecto de pago a los holdouts que Milei logró aprobar en Diputados?

La iniciativa avala el acuerdo firmado el 1 de abril pasado y notificado a la jueza de distrito de Nueva York, Loretta Preska, por el que Argentina se compromete a pagar a Bainbridge Ltd. un monto único de u$s67 millones y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP otros u$s104 millones.

En los argumentos del proyecto, el Gobierno destacó que el acuerdo implica «una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes» y permitirá «cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York».

Una vez realizado el pago, los fondos entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, que dispondrá la cancelación definitiva de dichos títulos. Es decir que primero se paga, se canjean los bonos y se cancela el litigio.

Parte de esos bonos fueron emitidos en la década de 1990 como parte de la reestructuración de deuda latinoamericana. Luego de la crisis política, social y económica que tumbó al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 y llevó a la declaración del default en enero de 2002, muchos de los tenedores aceptaron canjes posteriores.

Sin embargo, el grupo Attestor y Bainbridge Ltd. no ingresaron en esos acuerdos que promovieron Néstor Kirchner en 2005, Cristina Kirchner en 2010 y Mauricio Macri en 2016. En cambio prefirieron litigar y a la vez presentar demandas de embargo de activos clave del país. Ahora Milei puede celebrar el haber resuelto definitivamente el tema.

¿Por qué la ley es clave para Milei y Luis Caputo?

Si bien el acuerdo ya se firmó, el Poder Ejecutivo quería blindarlo mediante una ley, que siempre ofrece mayores garantías jurídicas que un decreto. Por eso los últimos «fondos buitre» estaban atentos hace varios meses al avance del tema en el Congreso y habían acordado un plazo con el Gobierno, que tuvo que ser prorrogado tres veces: inicialmente Argentina tenía hata el 30 de abril para sancionar la ley, luego se corrió al 30 de mayo y finalmente al 31 de junio.

La negociación con estos dos fondos que abrió el gobierno de Milei permitió congelar todas las medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Por caso, Bainbridge apuntaba a las acciones del Banco Nación, de Aerolíneas Argentinas y también de YPF, según precisó durante el debate el diputado Bertie Benegas Lynch, miembro informante de La Libertad Avanza sobre el tema.

Esa hostilidad hacia los activos argentinos quedó en pausa a la espera de que el Congreso argentino aprobara el acuerdo, donde se establece que las partes suspenden los litigios sobre bonos emitidos antes del 1 de enero de 2002 y se comprometen a no iniciar nuevas acciones.

Además, los fondos aceptaron por escrito que no realizarán ninguna acción que dificulte, demore u obstaculice operaciones de obtención de capital, gestión de pasivos, ofertas de canje o refinanciaciones que lleve adelante la Argentina. Esto implica que no podrán trabar futuras operaciones de deuda argentina, importante para la estrategia de Caputo.

El tema lleva implícito, además, un valor político para Milei, que podrá colgarse la medalla de haber terminado con un conflicto judicial (caro en términos financiros para la Argentina) que llevaba 25 años, y enviarle una señal al mercado financiero para que vuelva a confiar en el país.

¿Cómo fue el debate entre los diputados sobre el pago a los holdouts?

La discusión sobre el proyecto estuvo atravesada por el interés de los libertarios en poner de relieve ese logro del gobierno de Milei y marcar el contraste con las gestiones anteriores del kirchnerismo, mientras ese sector salió en defensa del «desendeudamiento» que impulsaron Néstor y Cristina Kirchner y apuntó contra los funcionarios actuales que integraron el gobierno de Fernando de la Rúa, cuya crisis derivó en el default de 2001-2002.

Al inicio del debate, Benegas Lynch destacó «las condiciones que se negociaron» como «un 30% de quita del remanente, que es importante» y también la exención para el país «de pagar honorarios legales, que no son poca cosa y que generalmente los tiene que pagar el deudor». Además remarcó que «se comprometen los acreedores a no hacer nuevas acciones legales» que «pueden impactar en Aerolíneas Argentinas, YPF y el Banco Nación».

No obstante, el tono fue subiendo con el correr de las horas, principalmente a partir de las críticas del kirchnerismo al proyecto. «Hoy gobierna la Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó al país y lo llevó a sucesivas crisis de deuda», lanzó Itaí Hagman, de Unión por la Patria.

Vanesa Siley siguió la misma línea al recordar que Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger «formaron parte del gobierno de La Alianza» y apuntó: «Esto es importante remarcarlo porque si no no se sabe quién tomó la deuda que hoy se pretende saldar y parece ser que fue el espíritu santo». Además resaltó la reestructuración con quita impulsada por Néstor Kirchner en 2005 y sentenció: «Los peronistas pagamos y los kirchneristas, además, negociamos bien».

En tanto, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la defensa del proyecto que hizo LLA. «Dijeron que nos estamos ahorrando 390 millones de dólares. Respecto a la sentencia, en ningún momento quisieron informar cuál es el monto original de los bonos con los cuales hay que comparar estos 170 millones de dólares».

Además, chicaneó: «Escuchenlo a Milei, vean el video en el programa Conexión Abierta, que dice ‘podés decir lo que quieras del kirchnerismo pero la deuda reestructurada la pago y también pagó los intereses’, lo dice el Presidente de ustedes».

En el final del debate, Silvana Giudici, secretaria parlamentaria de LLA, realizó una encendida defensa del pago a los holdouts y una fuerte crítica a la postura del bloque kirchnerista. «Nadie dice cómo puede el país salir adelante sin honrar los compromisos, incluso los que no querríamos tener. Es muy fácil decir ‘no paguemos la deuda, hablemos como en el siglo pasado en contra del capitalismo’, y es muy fácil decir ‘todo eso háganlo sin inflación, sin déficit’», inició.

Seguidamente, la diputada libertaria remarcó que el Gobierno está «tratando de arreglar los conflictos de los últimos cuatro gobiernos kirchneristas, de los que no se hacen cargo» y puso de relieve que gracias al acuerdo «nos van a devolver acciones de YPF», entre críticas a la forma en la que Cristina Kirchner y Axel Kicillof expropiaron la compañía y dieron inicio a un litigio que terminó recién este año. «¿Cuál es el obstáculo para que voten con nosotros?», remató Giudici.

Finalmente, el oficialismo se llevó la ley. Con ello, Javier Milei consiguió un triunfo político en medio de la crisis por el «Adornigate» que le permitirá decir que su gestión terminó con el conflicto por los holdouts y los bonos en default desde 2001, pero que en los hechos además es configura un avance importante para el programa financiero de Luis Caputo.