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ECONOMIA

Diputados aprobó la ley de pago a los holdouts, en un avance clave para el plan de Milei y Caputo

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El gobierno de Javier Milei logró destrabar su agenda en la Cámara de Diputados y se llevó la sanción de la ley que avala pago de u$s171 millones a los holdouts por los bonos en defult desde 2001, un tema que tiene implicancias significativas para la estrategia económica del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y también una lectura favorable al discurso político del líder libertario.

La iniciativa tuvo media sanción del Senado el 4 de junio pasado y la Cámara baja la convirtió en ley con 139 votos a favor y 97 en contra. Milei puede presentarlo como un hito de su gestión, dado que el acuerdo cierra un conflicto judicial por la deuda externa Argentina luego de 25 años, dado que se trata de los últimos dos «fondos buitre» que no aceptaron ninguno de los canjes anteriores y seguían en litigio con el país.

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Se trata de Bainbridge Ltd. y del grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, que arribaron a un acuerdo con la Argentina en abril pasado. El proyecto está en el Congreso hace varios meses pero tuvo varias demoras, lo que puso nervioso al oficialismo porque si la ley no se aprobaba antes del 30 de junio el acuerdo se caída.

Finalmente el Gobierno cumplió con ese plazo que se acordó con los acreedores, aunque el mayor logro para la gestión de Milei pasa por las consecuencias de la ley. El pago a los holdouts juega a favor de la estrategia financiera de Caputo porque que el acuerdo incluye el levantamiento de trabas en operaciones de deuda futuras que interponían los acreedores, además de enviar una señal positiva al mercado.

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Esto último es especialmente importante para Milei y Caputo luego de que el MSCI (Morgan Stanley Capital International) que elabora índices bursátiles decidiera el último martes mantener a la Argentina en la categoría «standalone» -la más baja de todas- a la que descendió en 2021, lo que afecta a las acciones nacionales.

¿Qué dice el proyecto de pago a los holdouts que Milei logró aprobar en Diputados?

La iniciativa avala el acuerdo firmado el 1 de abril pasado y notificado a la jueza de distrito de Nueva York, Loretta Preska, por el que Argentina se compromete a pagar a Bainbridge Ltd. un monto único de u$s67 millones y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP otros u$s104 millones.

En los argumentos del proyecto, el Gobierno destacó que el acuerdo implica «una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes» y permitirá «cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York».

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Una vez realizado el pago, los fondos entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, que dispondrá la cancelación definitiva de dichos títulos. Es decir que primero se paga, se canjean los bonos y se cancela el litigio.

Parte de esos bonos fueron emitidos en la década de 1990 como parte de la reestructuración de deuda latinoamericana. Luego de la crisis política, social y económica que tumbó al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 y llevó a la declaración del default en enero de 2002, muchos de los tenedores aceptaron canjes posteriores.

Sin embargo, el grupo Attestor y Bainbridge Ltd. no ingresaron en esos acuerdos que promovieron Néstor Kirchner en 2005, Cristina Kirchner en 2010 y Mauricio Macri en 2016. En cambio prefirieron litigar y a la vez presentar demandas de embargo de activos clave del país. Ahora Milei puede celebrar el haber resuelto definitivamente el tema.

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¿Por qué la ley es clave para Milei y Luis Caputo?

Si bien el acuerdo ya se firmó, el Poder Ejecutivo quería blindarlo mediante una ley, que siempre ofrece mayores garantías jurídicas que un decreto. Por eso los últimos «fondos buitre» estaban atentos hace varios meses al avance del tema en el Congreso y habían acordado un plazo con el Gobierno, que tuvo que ser prorrogado tres veces: inicialmente Argentina tenía hata el 30 de abril para sancionar la ley, luego se corrió al 30 de mayo y finalmente al 31 de junio.

La negociación con estos dos fondos que abrió el gobierno de Milei permitió congelar todas las medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Por caso, Bainbridge apuntaba a las acciones del Banco Nación, de Aerolíneas Argentinas y también de YPF, según precisó durante el debate el diputado Bertie Benegas Lynch, miembro informante de La Libertad Avanza sobre el tema.

Esa hostilidad hacia los activos argentinos quedó en pausa a la espera de que el Congreso argentino aprobara el acuerdo, donde se establece que las partes suspenden los litigios sobre bonos emitidos antes del 1 de enero de 2002 y se comprometen a no iniciar nuevas acciones.

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Además, los fondos aceptaron por escrito que no realizarán ninguna acción que dificulte, demore u obstaculice operaciones de obtención de capital, gestión de pasivos, ofertas de canje o refinanciaciones que lleve adelante la Argentina. Esto implica que no podrán trabar futuras operaciones de deuda argentina, importante para la estrategia de Caputo.

El tema lleva implícito, además, un valor político para Milei, que podrá colgarse la medalla de haber terminado con un conflicto judicial (caro en términos financiros para la Argentina) que llevaba 25 años, y enviarle una señal al mercado financiero para que vuelva a confiar en el país.

¿Cómo fue el debate entre los diputados sobre el pago a los holdouts?

La discusión sobre el proyecto estuvo atravesada por el interés de los libertarios en poner de relieve ese logro del gobierno de Milei y marcar el contraste con las gestiones anteriores del kirchnerismo, mientras ese sector salió en defensa del «desendeudamiento» que impulsaron Néstor y Cristina Kirchner y apuntó contra los funcionarios actuales que integraron el gobierno de Fernando de la Rúa, cuya crisis derivó en el default de 2001-2002.

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Al inicio del debate, Benegas Lynch destacó «las condiciones que se negociaron» como «un 30% de quita del remanente, que es importante» y también la exención para el país «de pagar honorarios legales, que no son poca cosa y que generalmente los tiene que pagar el deudor». Además remarcó que «se comprometen los acreedores a no hacer nuevas acciones legales» que «pueden impactar en Aerolíneas Argentinas, YPF y el Banco Nación».

No obstante, el tono fue subiendo con el correr de las horas, principalmente a partir de las críticas del kirchnerismo al proyecto. «Hoy gobierna la Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó al país y lo llevó a sucesivas crisis de deuda», lanzó Itaí Hagman, de Unión por la Patria.

Vanesa Siley siguió la misma línea al recordar que Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger «formaron parte del gobierno de La Alianza» y apuntó: «Esto es importante remarcarlo porque si no no se sabe quién tomó la deuda que hoy se pretende saldar y parece ser que fue el espíritu santo». Además resaltó la reestructuración con quita impulsada por Néstor Kirchner en 2005 y sentenció: «Los peronistas pagamos y los kirchneristas, además, negociamos bien».

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En tanto, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la defensa del proyecto que hizo LLA. «Dijeron que nos estamos ahorrando 390 millones de dólares. Respecto a la sentencia, en ningún momento quisieron informar cuál es el monto original de los bonos con los cuales hay que comparar estos 170 millones de dólares».

Además, chicaneó: «Escuchenlo a Milei, vean el video en el programa Conexión Abierta, que dice ‘podés decir lo que quieras del kirchnerismo pero la deuda reestructurada la pago y también pagó los intereses’, lo dice el Presidente de ustedes».

En el final del debate, Silvana Giudici, secretaria parlamentaria de LLA, realizó una encendida defensa del pago a los holdouts y una fuerte crítica a la postura del bloque kirchnerista. «Nadie dice cómo puede el país salir adelante sin honrar los compromisos, incluso los que no querríamos tener. Es muy fácil decir ‘no paguemos la deuda, hablemos como en el siglo pasado en contra del capitalismo’, y es muy fácil decir ‘todo eso háganlo sin inflación, sin déficit’», inició.

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Seguidamente, la diputada libertaria remarcó que el Gobierno está «tratando de arreglar los conflictos de los últimos cuatro gobiernos kirchneristas, de los que no se hacen cargo» y puso de relieve que gracias al acuerdo «nos van a devolver acciones de YPF», entre críticas a la forma en la que Cristina Kirchner y Axel Kicillof expropiaron la compañía y dieron inicio a un litigio que terminó recién este año. «¿Cuál es el obstáculo para que voten con nosotros?», remató Giudici.

Finalmente, el oficialismo se llevó la ley. Con ello, Javier Milei consiguió un triunfo político en medio de la crisis por el «Adornigate» que le permitirá decir que su gestión terminó con el conflicto por los holdouts y los bonos en default desde 2001, pero que en los hechos además es configura un avance importante para el programa financiero de Luis Caputo.

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Cayeron las acciones argentinas tras la decisión que mantuvo al mercado local en la categoría “aislado”

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Argentina sigue ponderado como mercado «standalone».

La plaza financiera de Argentina se movió a la baja este miércoles, una tendencia que también tuvo correlato en los mercados globales.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa porteña cayó 4,3%, a 3.110.490 puntos, por la debilidad en el sector bancario y el retroceso de los ADR. En el exterior encabezan las bajas Satellogic (-9,6%), Bioceres (-7,6%), Banco Francés (-7,3%) y Banco Supervielle (-7,3%).

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

MSCI informó el martes al cierre de la operatoria que la Argentina continuará clasificada como mercado “Standalone“ o ”aislado», una categoría que la mantiene fuera de los principales universos de inversión global, como los mercados emergentes y frontera.

La decisión refleja que, pese a las mejoras recientes en el frente financiero, el mercado local aún enfrenta obstáculos relevantes para recuperar su lugar dentro de los índices internacionales.

“El índice Merval opera por debajo de los USD 2.200 en un contexto de toma de ganancias. Los activos bancarios, como Galicia y Supervielle, anotaron retrocesos tras alcanzar la menor probabilidad de una reclasificación por parte de MSCI. El sector petrolero siente el impacto de la baja en el precio internacional del crudo, lo cual afecta el desempeño de firmas como YPF y Vista”, consignó Rava Bursátil.

Los bonos soberanos en dólares finalizaron negociados con una mínima baja promedio de 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió cuatro unidades para la Argentina, en los 437 puntos básicos.

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El Gobierno del presidente libertario Javier Milei viene de autorizar en la víspera la toma de deuda con entidades internacionales por hasta USD 5.000 millones con el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro.

Cubiertos los vencimientos de deuda soberana para el 2026, el Gobierno busca dar señales de tranquilidad al mercado de cara a los compromisos del 2027 cuando habrá elecciones presidenciales y el oficialismo buscará una reelección.

El martes, el INDEC reportó que el PBI (Producto Interno Bruto) al primer trimestre del año tuvo un avance firme del 2,3% interanual, frente al 1,7% previsto según la mediana de un sondeo de Reuters.

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Este contexto se genera mientras que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella arrojó para junio un ligero rebote, tras seis caídas mensuales consecutivas previas.

En Wall Street los principales indicadores terminaron mixtos: el panel tecnológico Nasdaq bajó 0,5$, el Dow Jones de Industriales ganó 0,4% y el promedio S&P 500 recortó 0,1 por ciento.

El crudo Brent del Mar del Norte restó 5%, a USD 73,26 el barril para los contratos con entrega en agosto. El WTI en Nueva York cedió 4,7%, a 70 dólares. Asimismo el oro resignó un 3,5%, en los USD 4.003 la onza. Space X bajó 1,1%, a USD 154,35 por acción.

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Por otra parte, los inversores temen por medidas más agresivas desde la Fed (Reserva Federal estadounidense) para combatir la inflación y que arrastre a una mayor firmeza del dólar en el mundo.

Esto acelera la especulación para que, ante de un posible giro desde la Fed, los operadores en Buenos Aires no descarten la posibilidad de que Argentina vuelva al mercado internacional de deuda.

“Actualmente, el mercado asigna una probabilidad cercana al 70% a una subida de tasas en septiembre y mantiene abiertas las expectativas para un movimiento adicional en diciembre”, explicó Sergio Cisternas, Analista de mercados EBC Financial Group.

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“La llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Fed también ha contribuido a modificar la percepción de los inversionistas. Sus primeras intervenciones han reforzado la idea de que la lucha contra la inflación continúa siendo la principal prioridad del banco central, incluso en un contexto donde la actividad económica comienza a mostrar señales de desaceleración”, añadió Cisternas.



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Boom exportador: las ventas de carne argentina a Estados Unidos se cuadruplicaron en mayo

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Entre enero y mayo de 2026, Argentina exportó unas 42.000 toneladas de carne bovina a Estados Unidos. (Revista Chacra)

Las exportaciones de carne bovina argentina hacia Estados Unidos protagonizaron en mayo uno de los saltos más significativos de los últimos años. En un solo mes, los frigoríficos argentinos colocaron en ese mercado el mismo volumen que habían logrado vender allí durante los primeros ocho meses de 2025.

En detalle, el intercambio comercial entre Argentina y Estados Unidos sumó en mayo USD 1.383 millones, con un saldo positivo de USD 373 millones para el país, según un informe elaborado por la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina sobre la base de estadísticas oficiales. Las exportaciones totalizaron USD 878 millones, un 76% más que en el mismo mes del año anterior. En ese cuadro, la carne bovina fue uno de los motores centrales del crecimiento: las ventas al mercado estadounidense alcanzaron los USD 86 millones, lo que representó un aumento interanual del 369 por ciento.

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En términos de volumen, los frigoríficos argentinos exportaron en mayo unas 11.100 toneladas de carne bovina a Estados Unidos. Esa cifra es similar a la totalidad de lo comercializado en ese destino entre enero y agosto de 2025.

Los buenos resultados logrados por el sector exportador no solo permitirán al país cumplir con su cuota exportadora anual tradicional de 20.000 toneladas de carne bovina hacia Estados Unidos, sino también cubrir el cupo de 80.000 toneladas adicionales habilitado por el acuerdo comercial que ambos países firmaron en febrero pasado. De hecho, entre enero y mayo de este año Argentina ya vendió al mercado estadounidense unas 42.000 toneladas de carne, una cifra que supera en más del doble la cuota original de 20.000 toneladas habilitada hasta fines de 2025.

Corte de carne vacuna
En los primeros cinco meses del 2026, Argentina le vendió carne a Estados Unidos por un valor de USD 360 millones. (Reuters)

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las ventas de carne bovina a Estados Unidos totalizaron USD 360 millones, con un crecimiento del 201% respecto del mismo período de 2025. PromArgentina señaló que se trata de cifras históricas para un período enero-mayo.

Ante estos resultados, Diego Sucalesca, presidente Ejecutivo de PromArgentina, anticipó la continuidad de la estrategia de posicionamiento: “Este hito comercial convalida el rumbo macroeconómico de apertura al mundo que impulsa el Gobierno nacional. El dinamismo que hoy exhibe el comercio exterior argentino es un verdadero motor de desarrollo productivo y de ingreso sostenible de divisas”.

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Para el Gobierno nacional, el salto exportador tuvo como antecedente directo la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial organizada por PromArgentina que se realizó entre el 27 de abril y el 1 de mayo en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. Fue la primera vez que el organismo coordinó tres rondas de negocios en el exterior de manera simultánea, con el objetivo de vincular a empresas exportadoras argentinas con compradores estratégicos. Según el organismo, la iniciativa generó más de 200 contactos comerciales.

La delegación argentina estuvo compuesta por representantes de quince empresas del sector. Además, la misión contó con la participación del embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, y del subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda.

Más allá del resultado puntual de mayo, los datos de PromArgentina muestran un cambio en el ritmo de los envíos. El promedio de exportaciones semanales de carne argentina hacia Estados Unidos fue en 2025 de 370 toneladas. En mayo, el promedio semanal subió a 400 toneladas, un 10% más que el año anterior.

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Las ventas de carne bovina a Estados Unidos tuvieron un incremento interanual del 369% en mayo. (EFE)
Las ventas de carne bovina a Estados Unidos tuvieron un incremento interanual del 369% en mayo. (EFE)

Sucalesca destacó la magnitud del cambio. “Haber exportado en un solo mes —este pasado mayo— las mismas 11.000 toneladas de carne que en 2025 nos demandó comercializar a lo largo de los primeros ocho meses en el mercado estadounidense, no es una casualidad: es el impacto directo de una estrategia federal de promoción enfocada en abrir destinos y posicionar el valor agregado y la calidad de nuestra producción en plazas de alta demanda global”, comentó.

En vistas a los próximos meses, la entidad estatal de promoción exportadora se encuentra organizando la segunda edición de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, que se llevará adelante en septiembre próximo.

En el acumulado enero-mayo, el intercambio total con Estados Unidos llegó a USD 3.981 millones, un incremento interanual del 46,6% que marcó récord histórico para ese período. Además de la carne, otros dos sectores marcaron hitos exportadores: la miel, con USD 96 millones, y el ajo, con USD 17 millones, ambos con registros récord hacia ese mercado.

En lo que respecta puntualmente a mayo, el incremento de las exportaciones se vio impulsado no sólo por la carne. También se destacaron las ventas de sectores como petróleo crudo, con USD 367 millones (86% de crecimiento interanual) y piedras, metales preciosos y sus manufacturas, con USD 121 millones (100% más).

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Diputados aprobó el Súper RIGI con cambios de último momento: claves para captar miles de millones

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La Cámara de Diputados avanzó con la aprobación de un nuevo esquema de promoción de inversiones que busca posicionar a la Argentina como un destino competitivo para proyectos vinculados a las industrias de frontera. Se trata del denominado Súper RIGI, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que amplía los beneficios del régimen aprobado en la Ley Bases y apunta exclusivamente a emprendimientos de gran escala relacionados con la tecnología, la innovación y las energías del futuro.

Tras varias horas de debate, la iniciativa obtuvo 130 votos afirmativos, 106 rechazos y 7 abstenciones, y quedó lista para ser girada al Senado, donde continuará su recorrido legislativo. La misma propone un conjunto de incentivos fiscales, aduaneros, laborales y cambiarios para inversiones superiores a u$s1.000 millones. La intención oficial es captar capitales destinados a actividades que hoy tienen escaso o nulo desarrollo comercial en el país.

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El Gobierno busca replicar y amplificar los resultados obtenidos con el RIGI original. Según datos expuestos durante el debate legislativo por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el régimen vigente acumula entre 50 y 60 proyectos en distintas etapas, con inversiones potenciales cercanas a u$s138.000 millones y un fuerte impacto previsto sobre las exportaciones y el empleo.

Con el Súper RIGI, la apuesta oficial es diferente: ya no se trata únicamente de potenciar sectores vinculados a los recursos naturales, sino de atraer compañías capaces de desarrollar en la Argentina industrias asociadas a la economía del conocimiento, la inteligencia artificial, la transición energética y la manufactura tecnológica avanzada.

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Las claves del Súper RIGI y las diferencias con el RIGI tradicional

A diferencia del RIGI vigente, cuya mayor parte de los proyectos se concentra en energía y minería, el nuevo régimen está orientado a sectores considerados estratégicos para las próximas décadas. Entre ellos aparecen la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada, los centros de datos, la fabricación de baterías de litio, los vehículos eléctricos, la producción de paneles solares y turbinas eólicas, además de iniciativas vinculadas al hidrógeno de bajas emisiones, pequeños reactores nucleares y la cadena de valor del uranio.

El nuevo esquema orienta incentivos hacia industrias que, según la visión oficial, nunca han existido en el país. El texto menciona también por ejemplo data centers para IA. También incluye refinamiento de cobre en lugar de exportación de commodities. La apuesta pasa por agregar valor dentro del territorio argentino.

Exclusivo para nuevos proyectos

Uno de los aspectos centrales es que el programa estará reservado exclusivamente para proyectos nuevos. Las empresas que ya se encuentren dentro del RIGI tradicional no podrán trasladarse automáticamente al nuevo esquema ni utilizarlo para ampliaciones o modernizaciones de instalaciones existentes. El objetivo es promover actividades inéditas y generar nuevas cadenas de valor con alto contenido tecnológico.

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Inversión mínima

Para acceder a los beneficios, las compañías deberán comprometer inversiones por al menos u$s1.000 millones, un umbral considerablemente superior al contemplado en el régimen original. Además, deberán desembolsar como mínimo el 20% del monto comprometido durante los primeros dos años posteriores a la adhesión, con el fin de garantizar avances concretos y evitar proyectos meramente declarativos.

Los emprendimientos deberán estructurarse a través de un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad creada exclusivamente para desarrollar la inversión aprobada. Esta figura busca asegurar una mayor transparencia operativa, facilitar los controles y separar patrimonialmente cada iniciativa.

Beneficios fiscales

Entre los incentivos más relevantes sobresale la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, frente a niveles significativamente más elevados del régimen general. El proyecto también incorpora un sistema de amortización acelerada, que permite deducir el 60% de la inversión en el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes. A esto se suma la posibilidad de computar quebrantos sin límite temporal y transferirlos a terceros después de cinco años.

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En materia financiera, el esquema contempla una tributación reducida sobre dividendos. Las utilidades distribuidas tributarán inicialmente el 7% y posteriormente descenderán al 3,5%, según la etapa de adhesión al régimen. El objetivo es mejorar la rentabilidad de largo plazo y aumentar el atractivo de los proyectos frente a otros mercados competidores.

Eliminación de derechos de importación y exportación

Otro de los pilares del Súper RIGI es la eliminación de derechos de importación y exportación para los bienes, equipos e insumos relacionados con las inversiones aprobadas. De esta manera, las empresas podrán incorporar tecnología y maquinaria del exterior sin costos arancelarios adicionales y exportar su producción bajo condiciones más competitivas.

Beneficios cambiarios

El proyecto también contempla beneficios cambiarios. Las empresas podrán acceder progresivamente a una mayor libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: hasta el 20% durante el primer año, el 40% en el segundo y el 100% a partir del tercero. Para muchos inversores internacionales, este punto es considerado determinante al momento de evaluar proyectos de largo plazo.

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Beneficios en seguridad social

En el plano laboral, las nuevas contrataciones realizadas dentro de los proyectos adheridos estarán alcanzadas por una alícuota única del 10% en contribuciones patronales, un incentivo diseñado para reducir costos y favorecer la generación de empleo formal en actividades tecnológicas e industriales.

Estabilidad jurídica por 30 años

Otro elemento que el Gobierno considera clave es la estabilidad jurídica por 30 años. Durante ese período, los proyectos mantendrán las condiciones tributarias, aduaneras, previsionales y cambiarias vigentes al momento de su incorporación al régimen. Además, el texto contempla mecanismos de resolución de controversias que buscan brindar mayores garantías a los inversores.

La cláusula «Compre Nacional»

A último momento y como parte de la negociación con legisladores aliados y las provincias, el Gobierno sumó la cláusula de «Compre Nacional» para destinar al menos un 20% de la inversión en proveedores locales para los proyectos del régimen.

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Los cambios que se incorporaron a último momento en comisiones

Durante el tratamiento en comisiones, el oficialismo introdujo una serie de modificaciones para ampliar consensos y reforzar algunos aspectos del proyecto. Entre ellas, se estableció que las inversiones destinadas a investigación y desarrollo (I+D) podrán computarse por el doble de su valor al momento de calcular la inversión mínima exigida. Sin embargo, ese beneficio tendrá un límite equivalente al 20% del monto requerido para ingresar al régimen.

También se incorporó la obligación de presentar un plan de desarrollo de proveedores nacionales, con el objetivo de promover la participación de empresas locales en las nuevas cadenas productivas que puedan surgir a partir de estos proyectos.

Otra de las novedades fue la creación de un Registro Público de Proyectos del Súper RIGI, que estará bajo la órbita de la autoridad de aplicación y deberá ser de acceso libre. El objetivo es dotar al régimen de mayores niveles de transparencia y permitir el seguimiento público de las inversiones aprobadas.

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Además, se reforzó la definición de «nueva actividad económica» para evitar interpretaciones ambiguas. El texto establece criterios objetivos y verificables para determinar qué emprendimientos pueden acceder al beneficio, dejando expresamente excluidas las ampliaciones, modernizaciones o reconversiones de instalaciones existentes. Tampoco podrán ingresar sectores o proyectos que ya hayan sido alcanzados por el RIGI original aprobado en la Ley Bases.

En paralelo, se endurecieron los requisitos ambientales y de protección de recursos. Los inversores deberán demostrar mediante informes técnicos que sus iniciativas no comprometerán los recursos naturales, la infraestructura existente ni las condiciones ambientales y sociales de las regiones donde se desarrollen los proyectos.

También se incluyó la cláusula «Compre Nacional», que destina al menos el 20% de la inversión en proveedores locales para los proyectos incluidos al  régimen.

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Otro de los cambios hizo foco en la protección de recursos: los inversores deberán acreditar fehacientemente que sus iniciativas no comprometerán los recursos naturales.

Las 10 claves del Súper RIGI

En concreto, estas son las 10 claves del Súper RIGI, que obtuvo media sanción en Diputados:

  1. Inversión mínima de u$s1.000 millones por proyecto para acceder al régimen.
  2. Destinado exclusivamente a industrias nuevas o experimentales, sin antecedentes de desarrollo comercial relevante en el país.
  3. Ganancias al 15%, una de las tasas corporativas más bajas de la región para proyectos de gran escala.
  4. Amortización acelerada: 60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero.
  5. Exención total de derechos de importación y exportación para bienes e insumos vinculados al proyecto.
  6. Libre disponibilidad gradual de divisas: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% desde el tercero.
  7. Contribuciones patronales reducidas al 10% para nuevas contrataciones.
  8. Estabilidad tributaria, aduanera, previsional y cambiaria por 30 años.
  9. Registro Público de Proyectos, con acceso libre para monitorear las inversiones aprobadas.
  10. Exclusividad para actividades nuevas, con prohibición expresa para ampliaciones de proyectos existentes o emprendimientos que ya ingresaron al RIGI tradicional.

Con esta ley, el Gobierno busca captar más inversiones en sectores que potencial de desarollo y se diferencia del RIGI tradicional en este aspecto: el plan aprobado en la ley bases por el momento traccionó mayormente inversiones en energía y minería.

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