Volar desde Argentina al exterior cuesta hasta 30% más que al inicio del conflicto en Medio Oriente. El enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán disparó el precio internacional del petróleo y reconfiguró la estructura de costos de la aviación comercial. El impacto es directo sobre el presupuesto de quienes planean salir del país.

El recorrido del precio del crudo explica buena parte del fenómeno. A principios de febrero de 2026, previo al conflicto armado, el barril de Brent cotizaba cerca de los USD 66. Con el avance de la disputa, esa cifra trepó hasta picos de USD 120, un salto del 82% en menos de tres meses (al momento del cierre de la nota ronda los USD 86). La consecuencia directa para el mercado aeronáutico fue el encarecimiento del combustible de aviación -conocido como jet fuel-, que en algunos mercados llegó a duplicar su valor.

Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, el organismo que agrupa a unas 370 aerolíneas y representa el 85% del tráfico aéreo global), se prevé que el precio promedio del combustible para aviación alcance USD 152 por barril en 2026, un aumento de casi el 70% respecto a los USD 90 del año previo.

Ese costo tiene un peso determinante en la operación de cualquier aerolínea. El combustible representa aproximadamente el 40% de los gastos totales en los vuelos de largo alcance, lo que lo convierte en el insumo más sensible ante cualquier variación del mercado energético.

Además, a diferencia de otros rubros, no admite recortes operativos: una aerolínea no puede consumir menos combustible si quiere mantener sus frecuencias. En este contexto, varias rutas se alargaron: para evitar zonas de conflicto, muchas compañías trazaron trayectos alternativos, lo que elevó el tiempo de vuelo, el consumo y las primas de los seguros de caución.

Según un informe de la consultora EcoSur, el precio promedio de los pasajes internacionales desde Buenos Aires escaló de USD 715 a USD 824, con una suba promedio del 15,6%. Pero el impacto no fue uniforme. El tramo Buenos Aires-Los Ángeles lideró los aumentos con 29%, seguido por Buenos Aires-Nueva York con 23%. Las rutas hacia Miami subieron 17%, mientras que los destinos de alta demanda como Madrid, Cancún y Punta Cana registraron incrementos algo superiores al 16 por ciento.

A ese escenario se sumó una carga local. La actualización de la Tasa de Seguridad para la aviación, vigente desde el 28 de mayo, ubicó a Argentina como el país con los costos para el sector más altos de la región, según advirtió a Infobae Peter Cerdá, CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

Según la última actualización, la Tasa de Seguridad para vuelos de cabotaje trepó de $20 a $6.500 por pasaje, y para internacionales subió de USD 8 a USD 9. En una nota anterior, Cerdá calificó el incremento del 15% como una medida que “atenta contra el crecimiento récord experimentado en el tráfico de pasajeros y pone en riesgo la competitividad del mercado local”, y adelantó que recurrirá al ministro de Economía, Luis Caputo, para frenar una dinámica que, según cálculos de ALTA, acumula una suba de tasas y costos superior al 35% en los últimos dos años y medio.

Argentina cobra hoy unos 2,60 euros por kilómetro de navegación aérea, el doble de lo que se paga en Europa, lo que lleva a que volar desde el país pueda costar el triple que hacerlo desde Brasil o Chile para cubrir la misma distancia.

EANA y ANAC, los reguladores locales, rechazaron esa caracterización y sostuvieron que la actualización “corrige un atraso de hasta una década en los valores vigentes”.

Ante la suba sostenida del combustible, las compañías del sector adoptaron tres estrategias principales:

1. La aplicación de recargos dinámicos: cargos variables que se ajustan semana a semana según el precio del petróleo, lo que permite a las empresas no quedar desfasadas ante la volatilidad diaria.
2. La optimización de flotas, con el retiro acelerado de aeronaves antiguas en favor de aviones con motores de última generación, que permiten ahorros de combustible de entre el 15% y el 20 por ciento.
3. La reducción de la oferta: menos frecuencias disponibles frente a una demanda que se mantiene activa, lo que empuja los precios al alza por la simple dinámica de oferta y demanda.

A nivel local, la mayoría de las compañías aéreas siguió la decisión de Aerolíneas Argentinas de aplicar un recargo temporal por la suba del precio del combustible. El cargo es de $7.500 por tramo en vuelos de cabotaje, y de entre USD 10 y USD 50 por tramo en vuelos regionales e internacionales, según el destino. La línea aérea de bandera aclaró que monitoreará la evolución del mercado energético para evaluar la duración de la medida.

La misma lógica de rentabilidad llevó a Aerolíneas a cancelar los vuelos al Mundial de fútbol 2026 desde el interior del país. La compañía tenía previsto operar desde el 8 de junio vuelos semanales desde Córdoba, Rosario y Tucumán con escala técnica en Punta Cana, pero decidió concentrar todas las operaciones en Buenos Aires -donde mantiene 20 vuelos semanales- para no perder márgenes en rutas con baja demanda y costos elevados.

Ese ajuste se produce en un momento en que el tráfico aéreo en Argentina rompe récords en el acumulado, pero con una composición que revela tensiones internas. Según los últimos datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre enero y mayo de 2026 transitaron por los aeropuertos del país 21.413.752 pasajeros, un 3% más que el récord anterior del mismo período en 2025.

El ajuste se produjo en un momento en que el tráfico aéreo en Argentina marcó récords en el acumulado, aunque con una composición que expuso tensiones. Según los últimos datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre enero y mayo de 2026 transitaron por los aeropuertos del país 21.413.752 pasajeros, 3%más que el récord del mismo período del año previo.

El crecimiento se explicó casi por completo por el segmento internacional: los pasajeros que viajaron al exterior sumaron 7.763.000 en el acumulado, 16% más que en 2025. El cabotaje, en cambio, cayó 3% en el acumulado y 12% solo en mayo, el peor registro mensual doméstico en tres años.

A nivel de industria, el impacto es de proporciones históricas. IATA revisó a la baja su pronóstico económico para el sector y proyecta que las aerolíneas obtendrán en 2026 un beneficio neto combinado de USD 23.000 millones, la mitad de los USD 45.000 millones registrados en 2025. Los gastos operativos del sector crecerán un 13%, hasta USD 1.117.000 millones, impulsados casi en su totalidad por el combustible: se prevé que ese rubro suba un 40%, de USD 252.000 millones a USD 350.000 millones.

“El beneficio neto por pasajero caerá a USD 4,50, la mitad de los USD 9,10 de 2025”, dijo Willie Walsh, director general de IATA, al presentar el informe durante el encuentro anual de IATA que este año se realizó en Río de Janeiro.

Las aerolíneas de Medio Oriente son las más afectadas dentro del panorama regional: se prevé que registren pérdidas netas de USD 4.300 millones en 2026, frente a los USD 7.200 millones de beneficio del año anterior. Las de Latinoamérica también verán caer sus ganancias, de USD 1.900 a USD 1.200 millones, con márgenes que se reducen del 3,8% al 2,1%. La región opera con costos de financiamiento más elevados y menor flexibilidad para absorber shocks externos, lo que la expone más ante una crisis de esta magnitud.

Una encuesta de IATA realizada en abril entre 6.500 viajeros de 15 países reveló que el 49% espera pagar más por sus viajes en los próximos 12 meses, mientras que el 88% manifestó preocupación por su capacidad de seguir volando en el futuro. El 71% dijo que reserva más cerca de la fecha de viaje para evitar sorpresas de precio, una conducta que, paradójicamente, suele resultar en tarifas aún más altas.

Estos son los topes vigentes de ARCA para realizar movimientos en dólares en junio y evitar pedidos de documentación respaldatoria

14/06/2026 – 09:00hs

La flexibilización de los controles por parte del Gobierno sobre el uso de dólares busca incentivar la bancarización y facilitar el ingreso de ahorros al sistema financiero formal. En ese marco, el Gobierno redefinió los parámetros que determinan cuándo un depósito puede llevarse a cabo sin necesidad de justificar los fondos ante ARCA.

Las disposiciones vigentes durante junio de 2026 establecen nuevos umbrales para depósitos y movimientos financieros. De esta forma, trascendieron los montos a partir de los cuales los bancos pueden solicitar documentación respaldatoria o informar determinadas operaciones a los organismos de control.

Cuántos dólares se pueden depositar sin alertar a ARCA

Según la normativa actual, las entidades financieras no están obligadas a exigir comprobantes sobre el origen de los fondos cuando el total de los depósitos en dólares no supera el equivalente a 40 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Con el valor vigente del salario mínimo, ese límite ronda los $14.712.000, una cifra cercana a los u$s10.000. Por debajo de ese umbral, los bancos únicamente deben identificar al titular de la operación, sin requerir documentación adicional sobre la procedencia de las divisas.

La medida tiene como objetivo facilitar el ingreso al circuito formal de dólares que muchos ahorristas mantienen fuera del sistema bancario. Sin embargo, cuando los depósitos superan ese parámetro mensual, las entidades financieras pueden solicitar información adicional para acreditar el origen de los fondos, en cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero.

Entre las operaciones consideradas justificables se encuentran:

• Compra de dólares a través del mercado oficial
• Operaciones realizadas mediante dólar MEP
• Venta de inmuebles, vehículos, activos financieros o criptomonedas con respaldo documental

Por el contrario, si las divisas provienen del mercado informal y no existe documentación que permita demostrar su origen, podrían surgir observaciones por parte de los organismos de control e incluso derivar en sanciones previstas por la legislación vigente.

ARCA: cuáles son los límites para transferencias, plazos fijos y movimientos bancarios

Además de los depósitos en dólares, ARCA mantiene parámetros específicos para distintos movimientos financieros que deben ser informados por bancos, billeteras virtuales y otras entidades. En el caso de las transferencias y acreditaciones bancarias, el límite mensual se ubica en $50.000.000 para personas físicas y en $30.000.000 para personas jurídicas.

Es importante destacar que estos controles no se aplican sobre una única operación aislada, sino sobre el conjunto de movimientos realizados durante un mismo mes calendario.

También existen otros umbrales que se deben tener en cuenta:

• Extracciones de efectivo: $10.000.000 mensuales para personas físicas y jurídicas
• Saldos bancarios al cierre de mes: más de $50.000.000 para individuos y $30.000.000 para empresas
• Plazos fijos: superiores a $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas
• Tenencias en sociedades de bolsa: mismos límites que los plazos fijos
• Pagos realizados: más de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas
• Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 mensuales como parámetro de control

Superar cualquiera de estos valores no implica automáticamente una irregularidad ni una sanción. Sin embargo, habilita a las entidades financieras a reportar las operaciones correspondientes y, en caso de considerarlo necesario, solicitar documentación que permita respaldar el origen de los fondos o justificar los movimientos realizados.

Por ese motivo, los expertos siempre recomiendan conservar los documentos asociados al movimiento de fondos, como comprobantes de ingresos, ventas de bienes, inversiones y cualquier otra operación relevante que permita demostrar la procedencia del dinero ante eventuales requerimientos.

Las dificultades económicas por la retracción de los ingresos y el deterioro del empleo afectan, en mayor o menor medida, a un amplísimo segmento de la sociedad argentina. Más allá de los datos macroeconómicos, las familias se enfrentan a la obligación de elegir: hay que priorizar qué gastos se hacen y cuáles se postergan.

“El 92% de los argentinos atraviesa dificultades económicas. Detrás de ese dato aparece una realidad que explica buena parte de las tensiones que hoy enfrentan las empresas: cuando el dinero no alcanza, las familias no dejan de pagar todo al mismo tiempo”, señaló un informe elaborado por D’Alessio IROL para Infobae que explica qué sectores son los que sufren las mayores dificultades y qué gastos son los primeros en ser dejados de lado.

Más que una división entre quiénes pagan y quiénes no, los datos evidenciaron una brecha creciente entre quienes todavía pueden absorber imprevistos y quienes ya agotaron gran parte de sus mecanismos de ajuste. Cuando los ingresos no alcanzan y las familias establecen prioridades, todos recortan sus gastos de distintas formas.

El mapa de prioridades reveló que los pagos que más se protegieron ante dificultades económicas fueron alimentos (52%), servicios públicos (48%) y deudas con tarjetas de crédito (38%). Más atrás quedaron el alquiler (15%), los créditos personales (7%) y los seguros (6%), según el Radar de Fragilidad Financiera y Riesgo de Mora que elabora D’Alessio IROL.

Así, el informe distinguió tres niveles: primero, los gastos vinculados a la subsistencia y servicios esenciales; segundo, el crédito, ya que lejos de ser un gasto más, la tarjeta funcionó para muchos hogares como sostén del consumo; y finalmente, compromisos que pudieron postergarse en el corto plazo, como seguros o préstamos personales.

La presión económica no impactó de igual manera en todos los segmentos. Las mujeres priorizaron más que los hombres el pago de las tarjetas (43% contra 36%), lo que reflejó un involucramiento más activo en la administración cotidiana del presupuesto familiar.

Los jóvenes aparecieron como el grupo más exigido: el 96% declaró estar atravesando dificultades económicas, frente al 89% de los mayores de 55 años. Al mismo tiempo, los jóvenes mostraron una mayor dependencia del crédito para sostener su nivel de consumo. Entre los mayores, en cambio, predominaron conductas financieras más conservadoras, con menor peso relativo de las tarjetas dentro de sus prioridades.

El informe remarcó que “la morosidad rara vez aparece sin señales previas”. Antes de que los datos del BCRA registren la irregularidad, hay indicios negativos que lo alertan. La investigadora Nora D’Alessio, responsable del relevamiento, explicó: “Antes del atraso suelen observarse hogares que reducen consumo, utilizan más intensamente el crédito, dependen de promociones para mantener su nivel de vida o agotan gradualmente sus ahorros. Por eso, comprender qué ocurre dentro de las familias se vuelve tan relevante como analizar indicadores financieros tradicionales”.

La especialista también destacó que “cuando millones de personas modifican simultáneamente sus prioridades de gasto, terminan generando impactos sobre prácticamente toda la economía. La pregunta estratégica ya no es cuántos clientes están en mora sino cuántos siguen pagando, pero con un esfuerzo cada vez mayor. Porque la morosidad no suele ser el inicio del problema, sino que es muchas veces, su última manifestación visible”.

El informe también analizó el cruce de esos datos con la percepción sobre la situación económica personal. En la última semana de mayo, el 68% de los consultados afirmó estar peor que hace un año. Esta percepción se concentró especialmente en los jóvenes (76%), las mujeres (74%) y los sectores de menores ingresos. A medida que baja el nivel socioeconómico, creció la incidencia de quienes sintieron que retrocedieron económicamente: el 58% en el nivel medio-alto, el 67% en el nivel medio y el 73% en el nivel bajo.

En contraste, los mayores de 55 años mostraron una mayor estabilidad relativa: el 40% consideró estar mejor que hace un año y el 54% peor, una diferencia menor que la observada en el resto de la población. La percepción económica se tradujo en comportamientos concretos y alteró la administración de las finanzas personales.

Entre quienes consideraron que su situación mejoró, el 21% no manifestó dificultades para afrontar sus compromisos; entre quienes sintieron que empeoró, esa proporción cayó al 5%. De manera inversa, el 94% de quienes percibieron un deterioro económico reconoció dificultades para cumplir con sus obligaciones.