Más allá de la fuerte caída del índice de Confianza del Consumidor, que en abril cayó por cuarto mes consecutivo, a su nivel más bajo desde octubre de 2025, y del aún más abrupto declive del Índice de Confianza en el Gobierno, que en abril se desplomó un 12,1%, también por cuarto mes consecutivo, un aspecto menos mencionado es la dispar evolución de las mediciones sobre la calidad de la gestión oficial entre el Interior y el Gran Buenos Aires.

En el caso del Índice de Confianza del Consumidor, el grado de confianza en el Interior fue más alto que en CABA en 27 de los 28 meses de gestión mileísta, con la única excepción de diciembre 2025, y en 22 meses fue más alto que en el Gran Buenos Aires.

En cuanto al Índice de Confianza en el gobierno, Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, reelaboró los datos de la medición de la consultora Poliarquía y la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) tomando como “Base 100” diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia de la Nación. El resultado en abril de este año es un índice de 96,3 para el Gran Buenos Aires y de 107,4 (esto es, un 11,5% superior) en el interior del país.

En ambos casos, es cierto, la confianza en la pericia mileísta tuvo fuertes retrocesos: de 115,7 en noviembre, tras la victoria oficialista en las elecciones legislativas, al ya mencionado 96,3 en abril, en GBA, y del 122 al también mencionado 107,4 en el interior del país.

“Este deterioro implica un acortamiento de los plazos disponibles para que el Ejecutivo concrete un efectivo golpe de timón, alineando las variables financieras y reales en función de conciliar los objetivos del ‘trilema’ de reservas, inflación y nivel de actividad, nudo del análisis de los últimos informes”, escribió Vasconcelos.

La divergencia entre el interior y GBA probablemente responde no solo a situaciones, sino también a expectativas muy diferentes. El caso de Vaca Muerta y el boom de la explotación de petróleo y gas “no convencionales” en Neuquén es harto conocido y un reciente “Compendio Estadístico de la Actividad Minera Metalífera y Compuestos de Litio” elaborado por la Secretaría de Minería de la Nación echa algo de luz sobre esas expectativas, distinguiendo tres áreas y ocho provincias objetivo de inversiones mineras, el dato más relevante sobre las posibilidades de empleo y crecimiento económico actual y futuro en esos territorios.

Así puede observarse que en el NOA las inversiones planeadas y en ejecución suman nada menos que USD 25.100 millones, distribuidas entre once proyectos en Salta, con inversiones por USD 14.600 millones, ocho en Catamarca, que acarrean inversiones por USD 8.000 millones, y tres en Jujuy, con asignaciones de capital adicionales de USD 2.500 millones.

Por lejos, la provincia con mejores perspectivas, en particular a partir de los proyectos cupríferos, es San Juan, con proyectos que de completarse en su totalidad movilizarán USD 33.000 millones de inversión, que sumadas a USD 630 millones de otro proyecto de cobre en Mendoza completan USD 33.630 millones en la región cuyana.

Según el compendio oficial, la Patagonia queda por ahora relativamente marginada de los nuevos proyectos mineros, con apenas dos proyectos e inversiones de USD 180 millones en Río Negro, un proyecto en Chubut, por USD 135 millones, y uno en Santa Cruz, que movilizaría inversiones por USD 600 millones, en buena medida compensadas por el efecto negativo que tuvo sobre esa provincia el retiro de YPF de las áreas petroleras convencionales.

En cuanto a efectos políticos, los tiempos de realización de esas y otras inversiones para movilizar la economía al gobierno se le han acortado, aunque no agotado.

“Con datos todavía muy provisorios, el segundo trimestre podría devolver a terreno positivo la variación del PIB, luego del presumible retroceso experimentado en el primer trimestre de 2026 respecto del cuarto trimestre de 2025 (mediciones desestacionalizadas). Aunque el Índice General de Actividad (IGA) de Ferreres de marzo haya dejado un leve arrastre estadístico positivo para el segundo trimestre, de todos modos la recaudación impositiva de abril, en la medición desestacionalizada, no ha marcado el punto de inflexión que se esperaba”, subrayó Vasconcelos, citando la caída de tributos asociados al mercado interno, de 0,3% en el caso del IVA y del 0,9% de las contribuciones y el derrumbe del 9,2% en el caso del impuesto al cheque, probablemente asociada a los crecientes índices de morosidad bancaria, un aumento de la desconfianza y una merma del uso de ese instrumento en operaciones comerciales.

Más allá de diferentes situaciones y expectativas, en todo el país hay quienes ven la parte del vaso medio lleno y quienes la parte medio vacía. Con su reciente llamado a remover lo que queda del cepo cambiario, ir a un bimonetarismo a la peruana y permitir la libre entrada y salida de capitales y testear de una vez por todas el valor real del tipo de cambio (es decir, el precio del dólar respecto del peso argentino), Domingo Cavallo generó una dura respuesta oficial, desde el bloqueo de comunicación por parte de Milei hasta críticas del ministro de Economía, Luis Caputo, por diagnósticos erróneos y acciones del pasado.

El Ieral de la Mediterránea lleva la impronta cavallista y coincide con el análisis del exministro. Al respecto, Osvaldo Giordano, su presidente, llamó en un editorial a “llenar el vaso” de la economía. Si bien reconoció que el gobierno superó la situación crítica de diciembre 2023 y en un lapso relativamente breve —y contra la mayoría de los pronósticos— bajó la inflación y hasta por un tiempo logró una recuperación económica “significativa”, todavía mantiene “un conjunto de distorsiones acumuladas durante décadas que siguen afectando negativamente el funcionamiento de la economía, generan resistencias al proceso de desinflación y, lo más importante, limitan la posibilidad de un crecimiento sostenido y vigoroso”.

En diálogo con Infobae, Giordano recordó que el PIB por habitante aún no supera los niveles de hace una década y que ese estancamiento relativo “alimenta una sensación social comprensible de insatisfacción y ansiedad, más aún si se considera que la degradación del mercado laboral continúa”. El dato más claro al respecto, señaló, es que el empleo asalariado privado formal está estancado en seis millones desde hace más de diez años.

En línea con Cavallo, Giordano señaló que la actual abundancia de dólares y el superávit comercial configuran un momento propicio para levantar lo que queda del cepo e instituir un sistema bimonetario en el que se pueda no solo ahorrar y depositar sino también transar y hacer contratos en dólares tanto como en pesos, y evitar el efecto recesivo de que -dada la poca efectividad que tuvo la ley de “inocencia fiscal”- los argentinos sigan ahorrando en “dólares del colchón”.

“En 2023 el mandato era bajar la inflación, porque estábamos al borde de la híper y los argentinos sabemos lo costoso que son esos procesos. Ahora el mandato es distinto. Obviamente preferimos que la inflación baje, pero hoy merece más atención salir de una situación de estancamiento y además muy disímil entre sectores. No creo que si la inflación mensual empieza con cero, uno o dos sea tan significativo como la producción, el empleo y los salarios”, concluyó Giordano.