La suba del dólar en el mes de 2,7% está derrotando a las tasas en pesos y, por lo tanto, alentando el final del carry trade por la dolarización de las ganancias en pesos.

De hecho, se vio en el mercado a inversores vendiendo las LECAP, bonos a tasa fija, y buscando cobertura en bonos dollar linked (atados a la devaluación). Por otra parte, la oferta de LECAP viene creciendo desde hace un tiempo porque la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) canceló la deuda del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) con proveedores de servicios de salud con estos bonos.

De este modo, la tasa de rendimiento anual subió de 23% a 24,5%, lo que representa un 2,04% efectivo mensual, aún por debajo del incremento que registró el dólar en el mismo período.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 566 millones y el Banco Central compró 70 millones de dólares. El tipo de cambio mayorista anotó un alza de $10 (+0,7%) a $1.451 y acumula una suba de 3% en lo que va de junio lo que justifica las inversiones en los bonos dollar linked.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “mientras el tipo de cambio se mueve al alza, también lo hace la banda superior y la distancia con el mayorista se mantiene por encima del 20% (23,3%), no sin la ayuda de intervenciones oficiales en la curva dollar linked evitando una volatilidad mayor”.

En la plaza financiera, el MEP aumentó $6,70 (+0,55) a $1.468,70 y el contado con liquidación (CCL) $3,60 a 1.509 pesos. El dólar “blue” subió $10 a 1.475 pesos. La dolarización está influida por el próximo pago de aguinaldos.

De acuerdo a F2, esta dinámica se observó en el mercado de futuros donde “el volumen fue similar al de la rueda anterior y se negociaron 1.226.325 contratos. Sin embargo, esta vez el interés abierto dejó un desarme neto de USD 84 millones; el contrato de fin de junio el único que mostró cierre de posiciones por USD 138,4 millones”.

“Este comportamiento puede estar influenciado por el rolleo que ofreció el Tesoro por medio del cual logró patear vencimientos por USD 2.805 millones (VN) mediante canje de TZV26 por D31L6 que vence el 31 de julio por USD 2.561 millones (VN) y el TZVD8 que vence el 15de diciembre de 2028 por USD 318 millones (VN). Con esta operación logró refinanciar el 58% del VN en circulación del TZV26 atado al dólar oficial que vence el 30 de junio y fijaría su precio con el tipo de cambio del 25 de junio”, detalló el reporte.

La caída del peso en la Argentina beneficia a los exportadores, ya que el dólar continúa fortaleciéndose frente a las principales monedas del mundo. Ayer avanzó 0,76% y suma un aumento del 3% en los últimos 15 días, impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal suba las tasas de interés antes de fin de año y por las previsiones de una inflación en alza. Aunque se firmó un tratado de paz, las consecuencias del conflicto con Irán siguen impactando en los mercados.

Los bonos soberanos tuvieron leves alzas que hicieron bajar el riesgo país 6 unidades (-1,8%) a 429 puntos básicos. La decepción de los inversores fue que la Argentina no entró en revisión en la reunión de Morgan Stanley Capital International (MSCI). Se espera que el próximo 23 de junio pueda ser revisada, pero sería algo excepcional porque se anticipa siempre en la reunión previa.

En tal sentido, el país sigue en la categoría más baja, conocida como Standalone o mercado aislado. Los inversores esperaban que se abriera una revisión para que, en la próxima reunión, la Argentina pudiera ser reclasificada como país Frontera, el paso previo a recuperar la categoría de Emergente. El principal obstáculo es el cepo cambiario, que para MSCI representa una restricción significativa para el mercado de capitales. En tanto, el comportamiento de los bonos argentinos fue distinto al de la región donde el índice de Emergentes subió 3 por ciento.

El S&P Merval de las acciones líderes siguió en alza motorizado por los bancos y subió 1,26% en pesos y 0,79% en dólares. BBAR (+4,5%) y Banco Macro (+3,9%) lideraron las subas.

En el overnite, tras las subas de las Bolsas de Nueva York de hasta 1,91% en el Nasdaq, se observaba una leve toma de ganancias. El oro seguía en baja de casi 1% y el petróleo cotizaba por debajo de los USD 80 por barril por la apertura paulatina del estrecho de Ormuz.

El feriado de Estados Unidos de hoy impedirá analizar con claridad el comportamiento de los inversores locales por la falta de referencia del principal mercado del mundo.

En la mitología romana, Jano era el dios de las dos caras: una miraba hacia el pasado y la otra hacia el futuro. Hoy la economía argentina encarna esa figura bifronte. Una cara, moderna y ambiciosa, mira hacia afuera: los mercados globales, las materias primas y la inversión extranjera. La otra, fatigada y preocupada, mira hacia adentro: el mercado doméstico, las pymes y el conurbano bonaerense.

Esta dualidad no es un accidente coyuntural, sino el reflejo de una transición estructural: de una economía proteccionista y cerrada a otra que se abre al comercio, estabiliza variables macroeconómicas y busca una inserción competitiva en el mundo.

La cara orientada hacia afuera se muestra más dinámica. En 2025, el PBI creció alrededor del 4,4%, impulsado principalmente por minería (litio y cobre), petróleo y gas de Vaca Muerta, agro y ganadería, y servicios de economía del conocimiento. Argentina pasó de un déficit de USD 5.000 millones en 2022 a un superávit de USD 7.815 millones en 2025, y se proyecta que será aún mayor en 2026.

El litio atrae inversiones millonarias, el agro apunta a cosechas récord y las exportaciones de software y servicios continúan en expansión. Provincias como Neuquén, Catamarca, Jujuy y Santa Cruz atraviesan un ciclo de ingreso de divisas, empleo calificado y obras de infraestructura. Esta cara respira globalización: precios internacionales de materias primas, contratos con grandes empresas estadounidenses y chinas, y un superávit comercial que fortalece las reservas.

La cara orientada hacia adentro, en cambio, muestra desgaste. En el AMBA y en el centro industrial (Córdoba, Rosario), la industria manufacturera, el comercio minorista y la construcción siguen deprimidos. El consumo masivo no repunta plenamente, las ventas en supermercados acumulan caídas y el empleo formal privado se resiente. La actividad crece en los sectores exportadores, pero el traslado al resto de la economía es lento y todavía no se percibe con fuerza. Es la conocida economía a dos velocidades, o recuperación en “K”: una rama asciende y la otra se arrastra.

¿Por qué, en una economía que deja atrás el proteccionismo, estabiliza la inflación (cerró 2025 en 31,5%, la más baja en ocho años), unifica y estabiliza el tipo de cambio y reduce las tasas de interés reales, la mejora del mercado doméstico demora tanto?

La respuesta tiene raíces teóricas. Arthur Lewis, en su modelo de economía dual (1954), describió la coexistencia entre un sector moderno (capital-intensivo, alta productividad, orientado a exportaciones) y un sector tradicional (exceso de mano de obra, baja productividad, orientado al consumo interno). El primero absorbe recursos y crece; el segundo tarda más en modernizarse. En Argentina, el sector moderno se concentra en el interior productivo; el tradicional, en el AMBA.

A esto se suma la “enfermedad holandesa” (Dutch Disease), conceptualizada por Corden y Neary (1982). Un boom de recursos naturales genera entrada de dólares que aprecia el tipo de cambio real, encarece los costos de la industria manufacturera y reduce su competitividad. Los sectores no transables (servicios internos) también sufren por la reasignación de recursos hacia el boom. Argentina lo vivió históricamente y lo enfrenta otra vez: Vaca Muerta y el litio aportan divisas, pero afectan de manera transitoria a parte de la industria local.

La estabilización macroeconómica -déficit cero, desinflación y apertura- resulta costosa durante la transición. Cuando se corrigen distorsiones acumuladas por décadas (subsidios, regulaciones, emisión), el ajuste impacta primero en el consumo interno y en sectores que dependían de protección.

La “destrucción creativa” de Schumpeter entra en acción: cierran o se reconvierten empresas poco competitivas, mientras aparecen otras en clústeres exportadores. El crédito recién comienza a fluir, los salarios reales se recuperan con lentitud y la confianza de los consumidores tarda en consolidarse. Por eso el mercado doméstico reacciona después: la macro puede ordenarse antes de que la microeconomía termine de reacomodarse.

¿Qué debería ocurrir para que Jano oriente sus dos caras hacia un mismo horizonte?:

1. Un derrame productivo. Los dólares de Vaca Muerta y el litio deben impulsar no solo exportaciones “puras”, sino también cadenas de valor: petroquímica, baterías de litio, gas natural licuado, procesamiento agroindustrial y software aplicado a la industria. Hace falta un plan de industrialización inteligente, como sugieren ejecutivos de Evonik: aprovechar la riqueza shale para desarrollar proveedores locales y clústeres.
2. Reconversión laboral y regional. Programas de capacitación a escala para trasladar mano de obra del AMBA hacia sectores de mayor productividad, junto con infraestructura que conecte el interior con puertos y centros urbanos. La apertura comercial debería ser gradual y selectiva, con salvaguardias temporales y acuerdos que abran mercados para productos de valor agregado.
3. Institucionalidad estable. Mantener el ancla fiscal y monetaria es una condición necesaria, pero no suficiente. Se requiere previsibilidad regulatoria, reducción de costos internos (energía, logística, impuestos) y mejoras sostenidas en capital humano para elevar la productividad. Si el dinamismo exportador logra contagiar al mercado interno, Jano dejará de ser una figura dividida. Si no, se profundizarán brechas regionales y sociales que pondrán en tensión la sustentabilidad política del modelo. La Argentina de 2026 crece, pero todavía a dos velocidades. La oportunidad es convertir esa dualidad en sinergia: que el impulso externo también se traduzca en recuperación puertas adentro.
4. El autor es Analista Económico y director de la consultora Focus Market

En menos de dos años, el gobierno de Javier Milei sancionó tres regímenes de incentivo a la inversión que cubren casi todo el universo empresario: desde la pyme que busca renovar maquinaria hasta el gigante tecnológico que evalúa instalar un centro de semiconductores en el país. Cada esquema tiene su escala, su lógica y sus beneficios.

Con RIGI, RIMI y el proyecto de Súper RIGI, la Argentina buscó construir un sistema escalonado de estímulos para distintos tamaños de inversores: grandes proyectos desde USD 200 millones, medianas inversiones pyme desde USD 150.000 y nuevas industrias con umbral de USD 1.000 millones. El diseño combinó alivios fiscales, reglas de adhesión y, en el caso del RIGI, estabilidad normativa por 30 años.

La Argentina llegó a estos regímenes después de décadas de intervencionismo que construyeron un entorno hostil para la inversión privada: retenciones a las exportaciones, restricciones cambiarias que impedían girar utilidades o acceder a divisas, presión tributaria elevada e inestabilidad normativa que volvió rutinario el cambio de reglas en mitad del partido.

Mientras otros países captaron inversiones de escala en energía, minería, tecnología e infraestructura, Argentina ofreció un marco que desincentivó el compromiso de capital de largo plazo por la inestabilidad normativa, el intervencionismo estatal y el deterioro de la confianza contractual.

Ese fue el punto de partida del esquema de incentivos que el gobierno nacional construyó desde 2024.

Los tres regímenes no compitieron entre sí: se complementaron. Cada uno apuntó a un segmento del universo inversor y conformó un sistema escalonado por escala y tipo de actividad, desde la pyme que renueva equipos hasta el inversor global que evalúa radicar una industria que hoy no existe en el país.

Grandes proyectos en sectores estratégicos

El RIGI, vigente desde julio de 2024, quedó destinado a proyectos con inversión mínima de USD 200 millones en ocho sectores: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas. Ofreció un paquete de incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa por 30 años.

El puntapié inicial fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley 27.742, la Ley de Bases, sancionada en julio de 2024 y reglamentada por el Decreto 749/2024. Se diseñó para proyectos de envergadura en ocho sectores taxativos.

El umbral de entrada fue una inversión mínima de USD 200 millones por proyecto, con el requisito de ejecutar al menos el 40% en los primeros dos años. El régimen exigió que cada proyecto se estructurara en una sociedad separada, creada exclusivamente para ese fin y sin posibilidad de mezclarla con otros negocios del inversor: el Vehículo de Proyecto Único (VPU).

Los VPU debieron comprometer al menos el 20% de la inversión total en pagos a proveedores locales. El plazo para solicitar la adhesión vencía en julio de 2026, pero se prorrogó por un año. El inversor debía presentar un plan ante la Autoridad de Aplicación, que lo evaluaba y lo aprobaba o rechazaba en un plazo de 90 días hábiles.

En materia tributaria, los VPU tributaron Ganancias a una alícuota fija del 25%, 10 puntos por debajo del régimen general. Además, accedieron a amortización acelerada de activos: en el RIGI, los bienes muebles se amortizaron en un mínimo de dos cuotas anuales y las obras de infraestructura se amortizaron con vida útil reducida al 60 por ciento.

El régimen también permitió deducir quebrantos sin límite temporal, a diferencia del régimen general, que habilitó el traslado por cinco años. En proyectos con fases de construcción y puesta en marcha prolongadas, ese límite operó como un problema porque las pérdidas podían acumularse más allá del plazo.

Durante los primeros cinco años desde la adhesión, los VPU dedujeron intereses sin límite porque el RIGI suspendió las restricciones del régimen general. Los dividendos tributaron 7% durante los primeros siete años y 3,5% a partir del año siete.

En IVA, el RIGI habilitó Certificados de Crédito Fiscal para evitar inmovilizar capital durante la fase de construcción. En el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, el 100% de lo abonado fue computable como crédito del Impuesto a las Ganancias.

En el plano aduanero, las importaciones quedaron exentas de derechos para los bienes que se incorporaran como activos del proyecto. Las exportaciones quedaron libres de retenciones a partir del tercer año de adhesión. En los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (Peelp), esa exención rigió desde el segundo año.

En materia cambiaria, los cobros de exportación tuvieron libre disponibilidad progresiva: 20% al segundo año, 40% al tercero y 100% al cuarto desde la fecha de puesta en marcha del VPU. Para los Peelp -proyectos con al menos USD 1.000 millones por etapa y al menos 70% de producción destinada a exportación- el esquema se aceleró: 20% al año uno, 40% al año dos y 100% al año tres desde la puesta en marcha, además de exención de retenciones desde el segundo año.

Los aportes de capital y financiamientos quedaron sin obligación de ingreso ni liquidación en el mercado de cambios desde el primer día, por lo que los fondos pudieron mantenerse en la moneda y el lugar que el inversor eligiera.

El régimen ofreció tres garantías centrales:

1. La estabilidad normativa: las reglas tributarias, aduaneras y cambiarias vigentes al momento de la adhesión no pudieron modificarse en perjuicio del proyecto durante 30 años.
2. Los incentivos se reconocieron como un derecho adquirido asimilable al de propiedad.
3. La resolución de conflictos: si surgía una disputa, el VPU podía recurrir a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el Ciadi.

Para que un proyecto localizado en una provincia accediera a estos beneficios, la jurisdicción correspondiente debió adherir expresamente al régimen; a la fecha lo hicieron 19 provincias.

El esquema se amplió en febrero de 2026 con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que creó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Quedó en pleno funcionamiento en mayo de 2026, cuando la Resolución Conjunta 5849/2026 de ARCA y las Secretarías de Agricultura y Energía estableció los procedimientos de acceso y operación.

A diferencia del RIGI, limitado a ocho sectores, el RIMI quedó abierto a cualquier actividad económica, pero restringido a micro, pequeñas y medianas empresas. Además, no exigió constituir un VPU: cada firma accedió bajo su forma jurídica habitual, sin crear una sociedad separada.

Los montos mínimos de inversión escalaron por tamaño: USD 150.000 para microempresas, USD 600.000 para pequeñas, USD 3,5 millones para medianas Tramo 1 y USD 9 millones para medianas Tramo 2. Ciertas inversiones agropecuarias (riego, mallas antigranizo, semovientes) y bienes de alta eficiencia energética no requirieron monto mínimo.

El plazo para invertir fue de dos años desde la entrada en vigencia. Los beneficios fueron más acotados que los del RIGI y no incluyeron estabilidad normativa por 30 años, régimen cambiario especial ni arbitraje internacional.

En Ganancias, el RIMI habilitó amortización acelerada: los bienes muebles nuevos (excepto automóviles) se amortizaron en dos cuotas anuales, iguales y consecutivas, y las obras productivas se amortizaron con vida útil reducida al 60%. Para sistemas y equipos de riego agrícola, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes, la amortización se aplicó en una sola cuota.

En IVA, permitió la devolución anticipada del crédito fiscal: el impuesto pagado en las inversiones pudo solicitarse como devolución una vez transcurridos tres meses desde su cómputo, sin esperar la finalización u operatividad de la obra.

El último régimen fue el más ambicioso. En mayo de 2026, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, el “Súper RIGI”, que obtuvo dictamen de Diputados el 17 de junio.

El Súper RIGI se planteó como autónomo y complementario del RIGI. Quedó destinado a inversiones en “nuevas actividades económicas”: proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica que hoy no se desarrollen en el país o cuyo grado de desarrollo sea experimental o piloto.

El umbral de inversión fue de USD 1.000 millones por proyecto, con el compromiso de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. El plazo para solicitar la adhesión fue de cinco años desde la reglamentación, prorrogable por un año. El inversor debió presentar un plan ante la Autoridad de Aplicación, que lo evaluaba y lo aprobaba o rechazaba en 90 días hábiles.

En incentivos, el Súper RIGI profundizó lo ofrecido por el RIGI. La alícuota de Ganancias bajó al 15%, diez puntos por debajo del RIGI y 20 por debajo del régimen general. Los dividendos pagaron 7% durante los primeros cuatro años y 3,5% a partir del quinto.

Los derechos de exportación quedaron exentos desde el primer día, sin el período de espera de tres años del RIGI. En seguridad social, creó una alícuota única del 10% de contribuciones patronales para nuevas relaciones laborales, un esquema que el RIGI no estableció porque remitió al régimen general de la Ley 27.541.

La libre disponibilidad cambiaria de los cobros de exportación siguió el esquema acelerado que en el RIGI solo aplicó a los Peelp: 20% al año uno, 40% al año dos y 100% al año tres desde la fecha de la primera exportación.

El texto incluyó quebrantos sin límite temporal, actualizables por IPC, y transferibles a terceros a los cinco años si no se absorbieron. También contempló Certificados de Crédito Fiscal para el IVA de inversiones en activos computables.

Se garantizó estabilidad normativa por 30 años y se extendió a la seguridad social. Las jurisdicciones provinciales que adhirieran asumieron compromisos fiscales, como que la alícuota de Ingresos Brutos no superara el 0,50%, la supresión del Impuesto de Sellos y la renuncia a regalías y cánones.

Casi dos años después de su sanción, el RIGI acumuló 41 proyectos presentados en energía, petróleo y gas, minería, siderurgia e infraestructura, con inversiones comprometidas por USD 140.929 millones, que implicarían la generación de aproximadamente 195.000 empleos.

De ese total, 16 fueron aprobados, por USD 29.892 millones y con 54.495 empleos proyectados, mientras que otros 25 permanecieron en evaluación con solicitudes que sumaron USD 111.037 millones adicionales.

La distribución territorial de los proyectos aprobados mostró concentración donde existieron recursos estratégicos, infraestructura disponible y adhesión provincial:

• Río Negro apareció como uno de los principales polos, impulsado por proyectos vinculados a Vaca Muerta, transporte de hidrocarburos y gas natural licuado.
• San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy, con iniciativas mineras asociadas al cobre, el oro, la plata y el litio.
• Mendoza, con proyectos mineros y de energía renovable.
• Buenos Aires, con inversiones en siderurgia y energía eólica.
• Santa Fe, con infraestructura portuaria.
• La Pampa, alcanzada por la ampliación del Gasoducto Perito Moreno.

Aunque la provincia no adhirió formalmente al RIGI, el proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno fue aprobado por tratarse de una obra de infraestructura energética interjurisdiccional destinada a ampliar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo.

Esa excepción no invalidó el punto central: las provincias que adhirieron al régimen ofrecieron un marco adicional de previsibilidad y acompañamiento local, mientras que las que permanecieron al margen resignaron una herramienta de competencia para atraer inversiones de gran escala.

En ese sentido, La Pampa no quedó excluida por falta de potencial, sino por una decisión política. La provincia integró corredores energéticos estratégicos, tuvo ubicación territorial relevante y pudo captar inversiones asociadas a infraestructura, energía, logística y agregado de valor.

Pero mientras otras jurisdicciones buscaron posicionarse frente al nuevo mapa de inversiones, La Pampa mantuvo una postura defensiva frente al RIGI y corrió el riesgo de quedar como territorio de paso antes que como destino de radicación productiva.

El autor es economista y recién nombrado Vocero Presidencia; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación