Luis Caputo se sigue dando el gusto: contra todos los pronósticos, continúa anunciando superávits fiscales -con el de octubre que se acaba de informar, ya van diez- y reafirmar el discurso oficialista de compromiso con el equilibrio de las cuentas, que tiene su correlato en la euforia del mercado de capitales.

De todas formas, no logra despegarse de la polémica, porque siempre hay algún argumento en el sentido de que el superávit no será sostenible en el futuro o que, en realidad, está ocultando costos bajo la alfombra.

En esta oportunidad, la duda que asoma es el superávit fiscal financiero -es decir, el que se considera después de restados los intereses de la deuda- debe ser realmente un motivo de festejo, cuando al mismo tiempos se siguen acumulando intereses capitalizados de las Lecaps que emite el Tesoro.

Luis Caputo festeja el superávit financiero

El superávit financiero fue de $523.398 millones, que según la estimación de Caputo equivalen a medio punto del PBI. Este es un argumento central en el discurso oficial, porque de ese superávit salen los fondos con los que se compran los dólares al Banco Central para garantizar el pago de los bonos emitidos en moneda extranjera.

En la vereda de enfrente, lo que plantean los críticos es que como la estrategia de refinanciación de deuda del gobierno implica una mayor emisión de bonos «cupón cero» -que no van pagando intereses durante la vida del bono y dejan todo el premio para el vencimiento final-, entonces hay una apariencia de mejora financiera que no es tal.

El dato que mencionan estos analistas para fundamentar su argumento es el incremento de la deuda total del Tesoro. Afirman que los intereses acumulados de las Lecap son mayores que el resultado fiscal. El último dato es $178 billones, lo que implica un incremento mensual de casi $10.000 millones. Si se considera la deuda consolidada del Tesoro y el Banco Central, se llega, expresada en dólares, a la suma de u$s386.000 millones, y en octubre se cortó una racha de tres meses de bajas.

En otras palabras, la crítica que se está escuchando en el mercado es que la mejora que se muestra en los números fiscales está, en realidad, oculta en el stock total de la deuda.

Es un tema en el que los expertos no terminan de ponerse de acuerdo, dado que los defensores de Toto Caputo afirman que ese incremento de la deuda en términos nominales no significa que crezca en términos de PBI. Y que, por lo tanto, es fácilmente «roleable».

Se termina el efecto licuadora

Lo cierto es que, a inicios de año, todos los analistas afirmaban que el equilibrio en las cuentas había sido logrado sobre la base de la «licuadora» más que de la motosierra y que, en particular, el ítem que posibilitaba el ahorro del gasto era la caída en las jubilaciones, por el efecto inflacionario.

Era un argumento válido, por cierto, si se considera que hubo meses, como febrero, en los que la masa del presupuesto destinada al pago jubilatorio registró una impactante caída real de 38% interanual.

Y, por ese motivo, el mercado no lograba desprenderse de un sentimiento escéptico: se veía al superávit fiscal como un efecto pasajero, que rápidamente se revertiría en la medida en que fuera cayendo la inflación. Para colmo, la reforma en la fórmula de indexación jubilatoria hiciera que, a partir de determinado momento, el gasto en ese rubro -por lejos, el más importante del presupuesto- empezara a crecer en términos reales.

La realidad es que, aunque se confirmaron los pronósticos y hoy la masa jubilatoria ya no sea el principal argumento del superávit -cayó un 7% interanual real en octubre y la tendencia es decreciente-, igualmente los números siguen siendo positivos.

Al mismo tiempo, las prestaciones de asistencia social para la franja más desfavorecida de la población tuvieron un crecimiento real de 83%. Es uno de los puntos que el gobierno más se ocupa de resaltar: primero porque es la respuesta política al kirchnerismo, en el sentido de que el equilibrio fiscal no implica falta de sensibilidad social; pero además porque ese punto era un requisito expreso pedido por el Fondo Monetario Internacional, cuya preocupación actual es que los planes de ajuste fiscal sean, además, políticamente viables.

No por casualidad, Martín Vauthier, uno de los colaboradores de Toto Caputo en el área fiscal, destacó que el superávit «se alcanzó con un programa sostenible, que incluye una fuerte reducción de gastos de estructura del Estado y erogaciones que no corresponden a las funciones de la Nación. Al mismo tiempo, jubilaciones y programas sociales sin intermediarios crecieron versus noviembre 2023″, aclaró en un tuit.

Cambio en el ranking de impuestos

Otro factor que los economistas escépticos habían marcado era que el superávit fiscal se vería en riesgo cuando empezara a mermar el aporte del impuesto PAIS, que en su mejor momento llegó a representar el 9% de la recaudación total. Como se trata de un tributo que desde septiembre recortó su alícuota y que está destinado a desaparecer el año próximo, muchos pusieron la lupa sobre su efecto en los ingresos del fisco.

Sin embargo, también en este punto el gobierno se salió con la suya: aunque la recaudación, en comparación interanual, sigue siendo menor a la del año pasado-un 4% en octubre- no se produjo el desplome que muchos temían. Más bien al contrario, la brecha está disminuyendo gracias al crecimiento de tributos vinculados con la reactivación de la actividad comercial e industrial, como el IVA, que ya prácticamente recauda lo mismo que hace un año, cuando estaba en su apogeo el «Plan Platita» de Sergio Massa.

Y, en otra situación sorpresiva, por tratarse de una época del año en la que suelen retraerse las exportaciones agrícolas, fue importante la contribución de las retenciones, que tuvieron un incremento real de 9% contra el año pasado.

Luis Caputo, con la motosierra prendida

¿Cómo se explica, entonces, el hecho de que otra vez haya habido un superávit primario -esta vez, por $746.921 millones- si ya no están presente el efecto «licuación» y está mermando el aporte del impuesto PAIS? La respuesta está en la «motosierra».

En octubre, volvieron a verse recortes importantes en los subsidios económicos, en las transferencias a las provincias y en los gastos de capital y funcionamiento. En otras palabras, se está notando el congelamiento de la obra pública, el drástico cierre del grifo financiero a las gobernaciones provinciales y el recorte en el funcionamiento de la burocracia estatal, incluyendo los salarios de los empleados públicos.

Liderando esa tabla de motosierra, los gastos de capital cayeron un impactante 70%. Le siguen las transferencias a provincias, que tuvieron un recorte real de 50%, mientras que el rubro destinado al pago de los salarios de empleados estatales disminuyó un 18%. Este es, después de las jubilaciones, el segundo rubro más voluminoso del presupuesto.

En tanto, otro punto crítico desde el punto de vista político, el de los subsidios a los servicios públicos, también tuvo un recorte real: de 6% en el caso de la energía y de 23% para el transporte público.