El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mide sus próximos movimientos políticos en medio de un clamor que el kirchnerismo tracciona en pos de su conductora, la ex presidenta Cristina Kirchner. Desde hace algunos días, que el mandatario bajó el perfil de posible candidato del peronismo. Hubo distintos hechos que modificaron la agenda inmediata como por ejemplo el fallecimiento del Indio Solari. Una instancia que lo obligó a retomar el diálogo con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, aunque de momento limitado solo a la organización logística de lo que fue la despedida del ídolo popular que se llevó adelante en Villa Domínico.

Finalizada esa procesión, el mandatario provincial retomó la agenda bonaerense y lo propio hará esta semana corta que inicia. Reunión de Gabinete con los suyos y recorridas por el interior provincial como las que llevó adelante días atrás. De momento, el objetivo es mostrar lo que se pueda de agenda doméstica en un contexto por demás complejo.

Este miércoles, el mandatario bonaerense recorrerá la Quinta sección electoral. Está agendado que vaya a Chascomús y General Belgrano. En el primer distrito participará de la inauguración de una nueva planta de Atalaya y luego entregará escrituras. En General Belgrano entregará diez viviendas de policía, inaugurará un centro universitario del Programa Puentes y luego continuará con la entrega de viviendas y escrituras.

El Ejecutivo bonaerense tiene varios frentes de gestión abiertos. Uno de ellos es el salarial. La semana pasada garantizó que pagará el aguinaldo en tiempo y forma, pero en el marco de la negociación paritaria no hubo una oferta para mejorar salarios sobre la mesa. La situación financiera de la Provincia es tan frágil que, como novedad de la negociación con los gremios, apareció la posibilidad de refinanciar deudas a clientes del Banco Provincia, la mayoría de los trabajadores del Estado. De las reuniones paritarias participó el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

“Hemos dejado en claro que si bien hay un montón de reivindicaciones históricas que entendemos que son importantísimas, nos centramos principalmente en la necesidad de tener un aumento salarial al básico que respete la pirámide salarial y que implique un aumento correspondiente al mes de junio para percibirlo durante la liquidación del mes en curso y a mes devengado a principios del mes de julio», contó el secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Martín Oyarzábal, tras la reunión del Ejecutivo con los gremios nucleados en la ley 10430, los estatales bonaerenses. Con los docentes el escenario es similar. Los gremios esperan que esta semana sean convocados nuevamente. A los hechos, Kicillof tiene distintos frentes abiertos.

En el tramo político, la posibilidad de que se reúna con la ex presidenta Cristina Kirchner empieza a dar vueltas, pero por ahora el gobernador esquiva públicamente esa posibilidad. La líder del Partido Justicialista cumplió este martes un año de detención domiciliaria en San José 1111. Hasta el momento, el gobernador no la ha visitado. Esa decisión es la que sigue siendo cuestionada por el kirchnerismo.

La semana pasada Kicillof posteó una carta por la detención de la ex presidenta, al cumplirse un año del fallo de la Corte. “Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”. Fue un gesto.

Pero en el cristinismo hay una aceleración del operativo de centralidad por Cristina Kirchner. Ahora, la campaña es “Cristina Libre y candidata” o “De San José a la Rosada”. Este fin de semana, la intendenta en uso de licencia de Quilmes y diputada provincial por la Tercera sección electoral, Mayra Mendoza, motorizó una convocatoria hacia la esquina de San José. Como bien detalló Infobae, este sábado habrá un banderazo en Parque Lezama para presionar por la revocación de la pena que pesa sobre la expresidenta. No solo la detención domiciliaria —por la causa Vialidad— sino también la inhabilitación perepetua para el ejercicio de la función pública.

El kirchnerismo muestra encuestas donde la expresidenta, detenida, mide mejor que el gobernador bonaerense quien tras las elecciones provinciales del año pasado, en el mes de septiembre, se embarcó en la construcción de una alternativa política con vistas a los comicios del 2027. El primer gesto lo dio al cerrar el 2025. Fue con un acto apoyado en su Movimiento Derecho al Futuro y diciendo: “Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda la provincia de Buenos Aires”. Actualmente, suele repetir que no es año de elecciones ni de candidaturas. Por estos días, en medio de la presión para un encuentro con la expresidenta, no hay mayores definiciones de carácter electoral de parte del mandatario.

Otro grupo que empieza a compartir cierta impaciencia son los intendentes del peronismo bonaerense. Básicamente, para saber qué quiere hacer Kicillof y —lo que es de mayor interés para sus necesidades— qué lugar van a tener los jefes comunales en la mesa de decisiones. Se espera que tras el mundial, Kicillof empiece a transitar la etapa de definiciones. Hoy, pausó las recorridas por otras provincias y, en cada entrevista que brinda, repite que no es año de candidaturas. Hay algo que no cambió: la confrontación para con el gobierno de Javier Milei.

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Tal como anticipó Infobae, el Gobierno publicó hoy el decreto 467/2026 que modifica el procedimiento para la selección de jueces para la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.

Tras el extenuante proceso que demandó la aprobación de los 74 pliegos semanas atrás, en el Senado, la medida se formalizó esta madrugada en Boletín Oficial y fue elaborada y firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata de una reforma sobre el decreto 222 y 588 de 2003 —y sus modificaciones posteriores, entre ellas el decreto 267/2024— que busca eliminar la etapa administrativa previa a la nominación de titulares, reducir plazos y modernizar el sistema de publicación de antecedentes de los candidatos.

Ambas normativas, vigentes desde hace más de diez años, establecían que el Ejecutivo debía publicar los antecedentes de los candidatos y abrir una instancia de observaciones ciudadanas en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de formalizar cualquier nominación.

El nuevo decreto derogó esa instancia con el argumento de que el Senado ya garantiza esos mecanismos de publicidad y participación a través de audiencias públicas obligatorias y la recepción de observaciones por parte de la ciudadanía, establecidas en su propio reglamento interno. Mantener este paso implicaba una duplicación de instancias que solo demoraba el trámite sin agregar valor sustantivo, confirmaron a este medio fuentes oficiales.

La participación ciudadana y las impugnaciones seguirán siendo posibles, pero ocurrirán directamente en la Cámara alta y no antes de que el pliego llegue a la misma.

El nuevo esquema también reemplaza la publicación de nominaciones en diarios de circulación nacional por la difusión en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia, en línea con los canales digitales de comunicación actuales. Los candidatos tendrán cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales “con la nómina de los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el artículo 6° de la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, sus modificaciones y su reglamentación”.

La difusión de los antecedentes del candidato ya no se realizará en el Boletín Oficial ni en diarios de circulación nacional, sino en la página web oficial del Ministerio de Justicia, con plazos más cortos. El Gobierno sostiene que esta adecuación responde a la dinámica actual de comunicación y a las tecnologías disponibles, y que la reducción de los plazos de publicación contribuye a hacer el trámite más expedito.

Otra modificación relevante apunta a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El decreto mantiene la obligación de que el organismo elabore informes sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos, pero fija por primera vez un plazo máximo de cinco días para su confección y aclara que deben preservar el secreto fiscal. Antes, no existía ese plazo ni esa uniformidad entre los dos decretos originales.

En el decreto no se mencionó la recomendación que el texto 222/2003 le imponía al presidente de contemplar la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de nominar candidatos.

Qué no cambia

La reforma no altera el procedimiento constitucional ni el reglamentario del Senado de la Nación. Las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la votación por dos tercios de los miembros presentes quedan intactas.

“Los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana no se suprimen”, dijeron a Infobae, dado que esas instancias están garantizadas en la etapa legislativa.

La nueva normativa tampoco altera dos obligaciones centrales para los postulantes: la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y de potenciales conflictos de intereses, y la intervención de ARCA para verificar el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales.

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