En línea con la estrategia financiera para afrontar vencimientos de deuda, el Gobierno acelera el proceso de privatizaciones y concesiones de empresas públicas con la expectativa de recaudar USD 2.000 millones en el año. Sin embargo, existen casos como Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y Transener donde el procedimiento de transferencia se encuentra más avanzado. En el Ministerio de Economía admiten que los dólares provenientes de estas operaciones ingresarían recién en el segundo semestre, lo que deja en evidencia una mayor dependencia de otras fuentes de financiamiento como el préstamo con bancos internacionales y la colocación de los bonos Bonar 2027 y 2028 para poder hacer frente al pago de USD 4.200 millones en julio.

Durante su participación en Expo EFI, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que por medio de las privatizaciones y concesiones de empresas publicas pretenden conseguir USD 2.000 millones este año. En la lista que expuso el ministro se encontraban: Citelec S.A. (Transener), las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, concesiones hidroeléctricas, Belgrano Cargas y Logística, Intercargo, AySA, Tandanor y Casa de la Moneda.

El plan oficial abarca a empresas de sectores estratégicos y se apoya en la Ley Bases, que estableció la privatización de Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, así como la privatización o concesión de AySA, Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A. El objetivo principal, según fuentes oficiales, es retirar al Estado de la gestión de estas compañías y fortalecer las reservas.

Caputo sostuvo que el cronograma se orienta a completar la mayor parte de las operaciones antes de fin de año y argumentó: “La estimación es que para fin de año esté todo esto concretado. El optimismo que tenemos está fundamentado en datos concretos, está basado en datos sólidos, en cosas que están pasando, en casos que estamos viendo que se las podemos mostrar, que están sucediendo y que se están comprobando, porque si no estuviera pasando esto, en pleno shock externo hoy estaríamos frente a un caos”.

Entre las empresas incluidas en el plan, AySA y Transener encabezan el grupo en el que el proceso de privatización muestra mayores avances. El martes se publicó en el Boletín Oficial el contrato de concesión de AySA y, según fuentes consultadas por Infobae, el llamado a licitación debería formalizarse en los próximos días. El procedimiento comprende varias etapas y demandará cerca de tres meses, ya que los interesados tendrán que acreditar solvencia económica y capacidades técnicas antes de formalizar una oferta. El objetivo es recaudar USD 500 millones con la concesión de AySA, que opera en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

En el caso de Transener, también esta semana, la Secretaría de Energía comunicó que la Comisión Evaluadora habilitó a tres empresas para participar de la etapa económica: Genneia S.A. (Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A.), Central Puerto S.A. y Edenor S.A., con propuestas de USD 356.174.811,78, USD 301.000.000 y USD 230.000.000, respectivamente. Transener administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión que recorren el país y constituye la columna vertebral del sistema eléctrico nacional. La adjudicación está prevista para mayo y permitirá al Estado retirarse totalmente de la participación accionaria en la transportista, consolidando el esquema de regulación vigente.

El resto de las privatizaciones y concesiones transita etapas previas y los plazos dependen de la complejidad de cada caso. En una entrevista exclusiva con Infobae, Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, explicó: “El Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas. Después el tema es el cuándo y el cómo”.

Para Chaher, el desorden administrativo que encontró al asumir no es un hecho aislado, sino una consecuencia inevitable de la histórica falta de control estatal. El funcionario sostuvo que cualquier intento de saneamiento bajo la órbita pública es, por definición, pasajero: “Por más que hagamos los deberes para que las empresas estén en régimen, eso se desvirtúa en treinta segundos si perdés la disciplina de mercado”, advirtió.

Cuándo ingresan los dólares

En cuanto al flujo de fondos, fuentes del Ministerio de Economía señalaron a Infobae que la expectativa es que los dólares de las privatizaciones y concesiones empiecen a ingresar en el segundo semestre. Esto condiciona la estrategia financiera para el pago de vencimientos inmediatos, que depende de la colocación de bonos y de acuerdos con bancos para obtener préstamos respaldados por garantías estatales. El plan oficial apuesta a que, una vez completados los procesos de licitación y adjudicación, el ingreso de capital privado permita reforzar la posición de reservas y avanzar en la reducción del déficit fiscal.

El procedimiento para cada empresa contempla etapas de verificación de la solvencia y capacidad técnica de los interesados. Las fuentes remarcaron que los plazos responden a la magnitud y complejidad de las operaciones, y que el retiro del Estado de la administración de empresas públicas responde tanto a una decisión política como a la necesidad de consolidar el esquema legal y regulatorio vigente.

A raíz del acuerdo comercial firmado con el Mercosur, las inversiones de la Unión Europea (UE) en Argentina podrían llegar a los USD 92.000 millones, mientras que las exportaciones hacia ese destino se duplicarían, alcanzando los USD 15.100 millones.

Así surge de estimaciones de la consultora Abeceb, que analizó el impacto del tratado, dado que este viernes entra en vigor, de manera provisional, la primera baja de aranceles prevista.

De este modo, se crea un mercado de 700 millones de personas, que representa el 30% del PBI global y cerca del 35% del comercio mundial.

La UE ya es el principal emisor de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, con un stock acumulado de USD 75.000 millones, equivalente a cerca del 40% del total.

“El nuevo marco institucional que aporta el acuerdo, sumado a los nuevos regímenes locales de incentivo a la inversión de capital, permite proyectar una aceleración en la dinámica de esos ingresos”, señaló Abeceb.

En ese sentido, Erik Høeg, embajador de la UE en Argentina, dijo: “El acuerdo con el Mercosur es una señal muy fuerte, le da previsibilidad al inversor”. Igualmente, advirtió que “uno de los mayores obstáculos actualmente es el riesgo país, que sigue siendo elevado”.

Se calcula que los flujos netos anuales de inversión europea a Argentina se elevarían desde USD 1.800 millones hasta un rango de USD 3.500 a USD 4.000 millones, lo que implicaría un incremento acumulado adicional de entre USD 15.000 y USD 20.000 millones durante el período 2026-2030.

El informe sostiene que, a diferencia de ciclos previos, el destino de esos capitales no se orientará al mercado interno, sino que apuntará al desarrollo de capacidades exportadoras.

“La certidumbre regulatoria que otorga el acuerdo es exactamente el tipo de estabilidad que potencia la inversión industrial de largo plazo”, destacó Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb.

En cuanto a las exportaciones, se proyecta que pasen de USD 8.499 millones en 2025 a aproximadamente USD 15.100 millones en 2030, lo que implica una suba del 79% en términos de valor.

“Esa cifra combina dos efectos. El primero es el crecimiento natural de la demanda de nuestros nuevos socios: la UE importa de terceros países alrededor de USD 2.800.000 millones por año en bienes, y esa masa crece con su economía. El segundo es la ganancia de participación que habilita el acuerdo: Argentina captura hoy el 0,30% de ese flujo; el escenario central implica llegar al 0,50% para 2030, un incremento de 66% en market share”, precisó Abeceb.

Los complejos que explicarían esa expansión son el sojero, ganadero y manicero, seguidos por aceites vegetales, maíz y miel. En manufactura, autopartes y vinos del segmento premium tienen potencial real de escalar.

En otro orden, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) mostró preocupación por el endurecimiento de las cláusulas bilaterales de salvaguardias agrícolas por parte de la UE.

La entidad indicó que, de tener que identificar los sectores exportadores argentinos con mayor probabilidad de enfrentar objeciones, se destacan la carne bovina —tanto refrigerada como congelada—, el biodiésel y otros combustibles derivados de aceites vegetales.

En suma, “las oportunidades que el acuerdo genera para el arroz (especialmente el elaborado), los quesos y la leche en polvo también los hacen potenciales objetivos de presiones por la gran competitividad argentina y la arbitrariedad de las salvaguardas impuestas”, planteó la BCR.

También cabe mencionar que están en curso procesos para la firma de nuevos acuerdos comerciales, los cuales contribuirían a impulsar aún más los envíos al exterior. Según el informe presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso, estos son:

• MERCOSUR-Singapur: firmado en 2023, el pacto ya entró en vigor para algunos miembros del bloque. En el caso argentino, se encuentra en trámite de aprobación parlamentaria
• MERCOSUR-EFTA: tras la suscripción realizada en septiembre de 2025, se encuentra actualmente en la fase de los preparativos tendientes a la aprobación parlamentaria
• MERCOSUR-Emiratos Árabes Unidos: se trata de una negociación, en estado avanzado, para firmar un acuerdo de libre comercio
• MERCOSUR-El Salvador: en diciembre de 2024, se suscribieron los términos de referencia para la negociación
• MERCOSUR-Vietnam: las negociaciones se lanzaron en diciembre de 2025. El Gobierno resaltó que se trata de un mercado estratégico que forma parte del proceso de acercamiento al sudeste asiático
• MERCOSUR-Canadá: con negociaciones avanzadas, se busca un acuerdo de libre comercio
• MERCOSUR-India: hay conversaciones para ampliar el Acuerdo de Preferencias Arancelarias existente a mayor cantidad de sectores y productos

Además, desde el Ejecutivo aseguraron que el bloque sudamericano mantiene diálogos exploratorios con Japón, Ecuador, Indonesia y Corea del Sur.

A nivel bilateral, Argentina y Panamá iniciaron tratativas bajo el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 76 y ya establecieron los términos básicos para un tratado de alcance parcial.

Con México, se intenta ampliar el ACE 6 a más productos y revisar las cuotas y condiciones del ACE 55, que corresponde al sector automotor.

Según la consultora C&T, en abril hubo una ”baja significativa” de la inflación. El estudio que lideran los economista María Castiglioni y Camilo Tiscornia adelantó que el relevamiento de precios minoristas para el Gran Buenos Aires (GBA) “tuvo un incremento mensual de 2,4%, un punto menor que el 3,4% que el Indec presentó para marzo a nivel nacional y para la región. Con esta tasa mensual, la inflación de doce meses bajaría de 32,6% a 32,1 por ciento”.

Sería la primera reducción de la tasa de inflación mensual respecto del mes precedente desde mayo del año pasado, cuando la variación mensual del índice de Precios al Consumidor (IPC, que mide la inflación minorista) fue del 1,5 por ciento.

“En la baja de la inflación uno de los factores fundamentales fue el fin del pico de Educación, que tiene lugar en el mes de marzo. Para el Indec, ese mes el rubro subió 12% en ese mes, mientras que para abril estimamos una suba más cercana al 5%, dice un pasaje del adelanto de la consultora.

Otro rubro que contribuyó a la desaceleración de la inflación fue el rubro “Alimentos y bebidas”, el componente de mayor ponderación. “Después de dos meses de incrementos superiores al 3%, nuestro relevamiento muestra un alza cercana al 1% en abril. La carne fue determinante, aumentando 2%, el menor ritmo desde septiembre del año pasado. Se sumaron bajas en frutas y verduras”, dice el informe de C&T.

Por otra parte, prosigue, “los servicios públicos también colaboraron, con menores subas en gas y electricidad fundamentalmente, lo que contuvo al rubro de vivienda”.

En cambio, “el rubro de transporte volvió a subir en torno al 4% con gran influencia de los combustibles, reflejando el alza del precio internacional del petróleo”. De todos modos, explica el informe, “gran parte de la suba se debió al arrastre que quedó de marzo ya que a partir de la segunda semana de abril comenzaron a estabilizarse”.

Entre los rubros que aumentó más que el promedio general se cuenta el de Indumentaria, aunque -como en marzo la Educación- es también un efecto estacional, “un comportamiento habitual en marzo y abril por el cambio de temporada”.

Por último, C&T señala que en bienes y servicios varios se destacó el incremento de los artículos de tocador.

En la semana que pasó, en la ExpoEFI 2026, que convocó a economistas, funcionarios, analistas y empresarios, la principal conclusión -resaltó la consultora Invecq, organizadora del evento, fue el cambio de foco: la estabilización dejó de ser el único eje de discusión pues “sin estar completamente resuelta, comienza a ser dada por válida por buena parte de los actores”.

En el cierre, el presidente Javier Milei suscribió esa conclusión. “Esto no lo viste, no pasó nunca en los últimos 123 años”, afirmó y explicó que la estabilización es una “condición necesaria”.

“Lo primero importante para el crecimiento es evitar la hiperinflación y empezar un camino sostenido de desinflación”, dijo en un pasaje. Y planteó que, con equilibrio fiscal, desregulación y apertura, la economía argentina “empieza a crecer de manera sostenida”.

Que el crecimiento sea heterogéneo, una de las principales críticas a la evolución del PBI, es para el presidente lógico y esperable pues cambiaron los precios relativos y la asignación de recursos productivos de la economía. Su mensaje fue que la estabilización está en marcha y el desafío ahora es consolidar un proceso de crecimiento de largo plazo.

Un factor que puede alterar, al menos en mayo, la desaceleración de la inflación es la continuidad del efecto de la Guerra en Medio Oriente sobre el precio del petróleo, a lo que se suma la decisión del Gobierno de actualizar el impuesto a los combustibles. La conjunción podría empujar el litro de nafta por encima de $2.000 por primera vez. La suba final dependerá de si las petroleras, en particular YPF, absorberán el nuevo componente impositivo o lo trasladarán al consumidor.