La Secretaría de Energía autorizó este martes a YPF S.A. a construir el gasoducto que atravesará el perímetro de la Concesión del Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados, en la provincia de Neuquén.

La medida quedó formalizada mediante la resolución 141/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que la estatal presentara a principios de mes la documentación requerida para dar inicio a la obra ante la autoridad ambiental de la provincia. YPF “solicitó la autorización correspondiente a fin de realizar el cruce del dique Planicie Banderita”, especificó el texto.

La obra corresponde al proyecto denominado «Gasoducto PC LAS a Colector 13 ISTMO“, que conecta las áreas de concesión de explotación no convencional La Angostura I y II con el área Loma La Lata – Sierra Barrosa. El tramo autorizado es el que atraviesa el perímetro concesionado a Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A., cuya concesión es ejercida por la empresa Edison Inversiones S.A.U.

Para avanzar en la decisión, se consultó a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), al Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), a la Concesionaria y la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén.

El ORSEP determinó que la obra del gasoducto no genera interferencias con la obra de cierre ni con los instrumentos de auscultación que fiscaliza, aunque advirtió sobre un tramo de atención que se encuentra por debajo de los niveles máximo normal y máximo extraordinario del embalse Mari Menuco.

La postura adoptada por la AIC indicó que, en cuanto a su competencia, se limita a la evaluación de afectaciones sobre recursos hídricos y ecosistemas acuáticos, y que la autorización de la obra en territorio provincial corresponde a la Provincia del Neuquén. En su análisis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el organismo concluyó que la construcción no representa una afectación significativa respecto de las normas de protección del ambiente y de manejo de aguas del Contrato de Concesión, aunque formuló recomendaciones para mitigar riesgos en un área de alta sensibilidad hídrica.

El aval definitivo llegó en abril, cuando la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén aprobó el informe ambiental del proyecto mediante la Resolución N° 672. La licencia impone a petrolera estatal una serie de obligaciones operativas y ambientales: la reposición de tareas de cierre del zanjeo en sectores específicos, la instalación de válvulas de corte a ambos lados de los cruces bajo cuerpos de agua, el uso de agua proveniente de fuentes con autorización vigente y la contratación de un seguro ambiental con cobertura suficiente.

Las empresas contratistas a cargo de la gestión de residuos deberán contar con el Certificado Ambiental Especial (CAE) y las inscripciones provinciales correspondientes. La norma provincial también exige que YPF informe a la autoridad ambiental la fecha de inicio, el plazo de ejecución y la finalización de los trabajos, y que mantenga en el sitio de obra una copia del informe ambiental y sus resoluciones aprobatorias.

El incumplimiento de esas condiciones puede derivar en la caducidad de la licencia y en sanciones administrativas. Que, con fecha 31 de marzo de 2026, mediante la Nota SJAO N° 114/2026, YPF S.A. informó que constituyó caución juratoria a favor de Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. para afianzar el pago de las indemnizaciones que pudieran corresponder por eventuales daños y/o perjuicios.

La concesionaria Edison Inversiones también prestó conformidad a la obra, pero condicionó el inicio de los trabajos a la acreditación de una solución definitiva sobre un incidente ambiental vinculado a una excavación en Loma La Lata pendiente desde 2020. YPF informó que “los muestreos del material extraído y tratado no registraron concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo (HTP), benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) ni metales por encima de los niveles guía vigentes, y solicitó autorización para el tapado definitivo del sitio”.

Con el invierno y la actualización de tarifas, el costo de mantener servicios esenciales dejó a muchas familias con menor poder adquisitivo

22/06/2026 – 12:13hs

El dato sorprende por su impacto en el presupuesto de las familias, que vuelve a resentirse en el comienzo del invierno.

Según el último reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET), durante el mes de junio, un hogar promedio sin subsidios necesitó destinar $282.758 para cubrir sus necesidades de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público.

Este valor representa un incremento del 10,1% respecto de mayo y un salto interanual del 54%. En ambos casos, muy por encima de la inflación.

Lo más preocupante para la economía doméstica es el peso relativo de estos gastos: la canasta de servicios públicos ya representa el 15% del salario promedio registrado, estimado en $1,9 millones para junio.

Inflación: golpe al presupuesto familiar

Para ponerlo en perspectiva: hace apenas un año, con un salario promedio se podían adquirir ocho canastas de servicios; hoy, esa capacidad de compra se reduó a 6,8 canastas.

El salto de junio no es casual: responde a una combinación de aumentos en los cuadros tarifarios y la mayor demanda estacional por el frío.

El gas natural lideró las subas con un incremento del 23,4% en la factura final, explicado por alzas del 4,4% en el cargo fijo y del 2,2% en el variable, potenciados por el pico de consumo invernal (en pleno otoño, dado el adelantamiento de los primeros fríos).

Por su parte, la energía eléctrica registró un aumento del 14,8% respecto a mayo. En este caso, el cargo fijo subió un 4,7% y el variable un 1,6% para usuarios sin subsidio.

El transporte, que representa el componente más pesado de la canasta (40% del gasto total), tuvo un incremento del 5,7% mensual.

Brecha histórica

Si se analiza la película completa, los datos son contundentes. Desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026, la canasta de servicios en el AMBA se incrementó un 919%, mientras que el IPC avanzó «apenas» un 236% en el mismo periodo.

Esta recomposición tarifaria agresiva fue para reducir el peso de los subsidios, pero a un costo muy alto para el consumidor.

Actualmente, los hogares del AMBA pagan tarifas que cubren, en promedio, el 58% de los costos, mientras que el Estado se hace cargo del 42% restante. Sin embargo, la cobertura es dispar: en energía eléctrica el usuario aporta el 67% del costo, mientras que en el sistema de trenes del AMBA la cobertura tarifaria es de apenas el 5%.

El Gobierno oficializó este lunes el aval para negociar préstamos con entidades financieras internacionales, respaldados por garantías de organismos multilaterales aprobadas la semana pasada y con una fecha límite ya definida. Según pudo saber Infobae, el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, determinó que estos acuerdos deberán estar cerrados antes de agosto, consolidando así un elemento central del programa financiero.

Por medio del Decreto 478/2026, publicado el lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó operaciones de financiamiento en dólares estadounidenses por hasta USD 5.000 millones con entidades externas de reconocida. Esta decisión forma parte de la estrategia oficial para reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional y se instrumentará a través de préstamos que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

La autorización formal para tomar préstamos por monto mencionado responde a un plan financiero que el equipo económico ya venía anunciando. La semana pasada, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaron garantías por USD 2.000 millones y USD 550 millones, respectivamente, destinadas a respaldar las negociaciones con las entidades financieras internacionales. Estos avales permiten al Gobierno negociar mejores condiciones de crédito y constituyen un paso central para asegurar el fondeo necesario en el corto plazo.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron a Infobae que los préstamos con bancos internacionales se concretarán antes de agosto, plazo que se fijó como fecha límite. Independientemente de que, a principios de julio, el ministro Caputo, deberá afrontar el pago de USD 4.200 millones a bonistas. Es que el Tesoro prácticamente cuenta con los dólares necesarios para cumplir ese compromiso, considerando también el margen que resta por colocar del Bonar 2028 (AO28) esta semana.

Hasta el momento, el ministro Caputo cuenta con la garantía del Banco Mundial y del BID, pero aún queda pendiente que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la cual se tratará a fines de julio y oscilará entre USD 250 millones y 300 millones de dólares. Ese respaldo adicional completará el esquema de garantías multilaterales para los préstamos, ampliando el acceso a financiamiento internacional y mejorando el perfil crediticio argentino ante el mercado.

La intención del titular del Palacio de Hacienda es despejar todos los vencimientos de deuda que restan hasta el final del mandato de Javier Milei, con el objetivo de evitar tensiones financieras en el año electoral. Durante su participación en el 43º Congreso del IAEF, el jefe de la cartera económica aseguró ante empresarios y analistas que todas las obligaciones previstas para el período restante de la gestión presidencial ya están cubiertas, aunque no ofreció detalles adicionales sobre la estrategia implementada.

El llamado “círculo rojo” local le cree a Caputo aunque todavía no le mostró todas las cartas. Prueba de ello es que en la última semana, la consultora 1816 difundió un informe en el que sostuvo: “Más allá de cómo se consiga el dinero para los pagos, lo que parece evidente es que no hay ningún riesgo de incumplimiento de los vencimientos 2027, lo cual es una muy buena noticia para encarar el año electoral, considerando los antecedentes históricos de Argentina”.

En ese sentido, la consultora hiló fino y aseguró en las última semanas, que con lo que conseguido hasta ahora y los anuncios por venir, Caputo tendría USD 13.100 millones y solo le restarían conseguir USD 17.600 millones para cubrir los vencimientos hasta diciembre de 2027. Una cifra, que por cómo se componen, no sería complicado de lograr.

Para cerrar esa diferencia, en la firma de análisis macroeconómico consideraron que Caputo cuenta con tres alternativas: emisión de nuevos Bonares (restan USD 366 millones del bono AO28 y podrían lanzarse otros títulos), emisión internacional de deuda (los Globales largos rinden menos de 9%), rollover del Fondo Monetario Internacional (los pagos netos al FMI suman USD 7.900 millones, aunque eso exigiría negociar un nuevo programa), o uso directo de reservas internacionales.

La decisión de avanzar con garantías multilaterales y buscar financiamiento externo se acompañó por una reducción del riesgo país, que descendió a niveles de 421 puntos básicos en los últimos días con la mejora en la calificación de la deuda por parte de Standard and Poor’s de ‘CCC’+ a ‘B-’ y el optimismo internacional por el fin del conflicto en Oriente Medio. Pese a ello, hasta el momento, Caputo sostiene que la tasa que otorgan los prestamos con garantías es mejor que salir a colocar al exterior. Pero no es una postura inamovible.