INTERNACIONAL
El calentamiento del mar en Panamá enciende alertas por los corales y la pesca

El estado del mar no siempre puede reconocerse desde la costa. Cambios en la temperatura, el oxígeno y la salinidad ocurren bajo la superficie y pueden alterar las condiciones de vida de corales y peces. Las mediciones que se realizan en el Pacífico y el Caribe panameño permiten detectar esas variaciones y seguir sus efectos a lo largo del tiempo.
En la bahía de Panamá, los registros de 2026 muestran agua cálida persistente desde mayo. En Bocas del Toro, las mediciones revelan que la disponibilidad de oxígeno cambia considerablemente entre sitios del mismo archipiélago.
Esos fueron algunos de los hallazgos presentados por investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) en un conversatorio organizado junto con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).
Anabell Cornejo, gerente de Monitoreo Marino del STRI, explicó que durante las primeras semanas de septiembre no observaron la separación habitual entre el agua cálida superficial y la más fría de las profundidades en la bahía de Panamá. Esa división, llamada termoclina, ayuda a los investigadores a entender cómo se distribuye el calor bajo la superficie.

Cornejo pidió seguir el comportamiento del agua antes de sacar conclusiones. Las mediciones llegaron hasta unos 45 o 50 metros, de modo que no muestran lo que sucede más abajo. En una salida posterior, el equipo encontró una diferencia de 2,5 grados entre la superficie y la profundidad. Habrá que observar si ese cambio se mantiene y qué papel tienen los vientos del norte.
Los científicos llevan cerca de nueve años tomando datos en siete estaciones de la bahía. Esa serie permitió identificar otro hecho fuera de lo habitual: en 2025 faltó el afloramiento estacional que normalmente lleva agua fría y rica en nutrientes hacia la superficie durante la estación seca. La temperatura descendió por poco tiempo, pero no lo suficiente para que ocurriera el proceso habitual.
El afloramiento favorece la producción de alimento para distintos organismos marinos y tiene importancia para los recursos pesqueros. Cornejo contó que colegas habían observado sardinas más delgadas de lo normal después de su ausencia.
La observación apunta a un posible efecto en la cadena alimenticia, aunque todavía se necesitan estudios para determinar su alcance.

El aumento de temperatura también preocupa por los arrecifes. Cornejo recordó que en 2023 se registró blanqueamiento de corales en Contadora tras un periodo de calentamiento.
Durante 2026, afirmó, ya observaron blanqueamiento en los golfos de Panamá y Chiriquí. Si el estrés térmico persiste, los corales pueden morir y afectar a las especies que encuentran alimento o refugio en ellos.
La especialista advirtió que los próximos meses serán importantes para observar la evolución del calentamiento. Durante el conversatorio señaló que las previsiones consultadas situaban entre octubre y noviembre el periodo de mayor intensidad de El Niño.
Por ahora, los datos permiten identificar condiciones preocupantes, pero no establecer cómo responderá cada zona costera ni cuánto tiempo durarán sus efectos.
En Bocas del Toro, Milton Antonio Sandoval Recinos, técnico del proyecto MarineGEO del STRI, presentó resultados del monitoreo semanal en ocho puntos del archipiélago. El equipo mide temperatura, salinidad, turbidez y oxígeno, y relaciona esos registros con el estado de los pastos marinos, los arrecifes, los peces y otros organismos que viven en ellos.

Una comparación mostró menos oxígeno a mayor profundidad en Pastores, una zona de aguas más confinadas, que en Colón Norte, más expuesta al movimiento del mar. Sandoval explicó que las condiciones pueden ser distintas incluso entre sitios cercanos: la circulación del agua influye en el oxígeno disponible para la vida marina.
Cornejo añadió que en sectores de Pastores y Almirante se han registrado áreas sin oxígeno, un problema que requiere investigación sostenida. Las exposiciones no aportaron cifras para establecer la extensión actual de esas áreas. Sandoval también indicó que han identificado un mayor blanqueamiento de corales durante las evaluaciones que realizan en Bocas del Toro.
La lluvia introduce otras variaciones en el archipiélago. En Almirante, Sandoval mostró que un periodo más lluvioso registró mayor turbidez y menor salinidad: el agua que llega desde tierra arrastra materiales y cambia las condiciones costeras. Estos datos ayudan a estudiar lo que ocurre en las praderas de pastos marinos, donde encuentran protección peces jóvenes.
A las variaciones naturales se suma la presión de las actividades humanas. Sandoval mencionó Hospital Point y Almirante entre los puntos con mayor tránsito de lanchas y presencia de basura o posibles residuos de combustible. Compararlos con lugares de menor actividad permite investigar cómo se relacionan esas presiones con el estado de los ecosistemas.

Mantener las mediciones también representa un reto. Las salidas al mar, el mantenimiento de los equipos y el almacenamiento de datos requieren recursos; además, el mal tiempo puede impedir que se complete una jornada de trabajo. Cornejo planteó ampliar los puntos de observación y mejorar la información sobre el relieve submarino para comprender mejor los cambios en el golfo de Panamá.
Durante el encuentro, los investigadores invitaron a universidades e instituciones panameñas a utilizar los registros disponibles para estudiar problemas locales y apoyar decisiones sobre pesca y conservación. Los datos ya permiten reconocer cambios en ambas costas. Seguir midiéndolos y estudiar sus consecuencias será necesario para determinar qué riesgos enfrentan las especies y las comunidades que dependen del mar.
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INTERNACIONAL
Powerful Cold War-era tool Trump could use in an AI emergency is set to expire in December

One of Washington’s most powerful Cold War-era tools could be used by President Donald Trump to rein in artificial intelligence (AI) if the powerful emerging technology ever becomes a national security threat.
Originally enacted in 1950 to mobilize American industry during the Korean War, the Defense Production Act (DPA) has long been used to expand military production, prioritize government contracts and respond to national emergencies. Experts now say those authorities could also give the executive branch significant leverage over frontier AI companies if one of their systems posed catastrophic national security risks.
Exactly how the government could use DPA’s powers against a dangerous AI system remains largely untested, but national security and legal experts who spoke with Digital described a range of existing authorities that could apply — including laws in the act that encompass cyberattacks, exports, federal contracts and civil liability.
THE AI REVOLUTION COULD BECOME A NATIONAL SECURITY DISASTER IF WE AREN’T CAREFUL
«The authorities could be a little clearer,» James Lewis, director of the Strategic Technologies Program at the Center for Strategic and International Studies, told Digital. «But you could probably cobble together a solution using the legal authorities we have now.»
The question has taken on new urgency after leaders at some of the nation’s most powerful AI companies issued stark warnings this week about increasingly capable models and backed calls to slow the pace of development so safety measures can catch up.
Trump said this week that the administration already has «tremendous criminal and regulatory power» over AI companies as he pushed back on calls from industry leaders for new guardrails on increasingly powerful models.
That largely remains because Congress recently extended most of the DPA’s authorities, which were set to expire on Sept. 30, through Dec. 11, 2026. This is sure to set up another reauthorization fight later this year, right before the power of the legislative body could change after November’s midterms in the new year.
TRUMP PLAN TAPS US FIRMS TO FIGHT FOREIGN CYBERCRIME
Lewis said the cyber threat has already changed. Finding vulnerabilities that once took months can now take days or even hours, he explained, while AI can help attackers chain smaller weaknesses together into more damaging attacks.
«The threat itself is not new,» Lewis said, recounting a recent conversation with a senior official from a Five Eyes intelligence partner. «We’ve known about this for a while, but people weren’t taking it seriously.»
AI, he said, has «changed the landscape dramatically.»
The Trump administration has already begun building a framework to identify when those capabilities become dangerous.
A June executive order directed federal agencies, including the NSA and CISA, to establish classified benchmarks for advanced cyber capabilities and determine when an AI system should be designated a «covered frontier model.» The order also calls for a voluntary framework through which developers can give the government early access to covered models before their release — while expressly stopping short of creating mandatory federal licensing or pre-clearance for frontier AI.
But knowing a dangerous capability exists is only the first problem. The next question is what Washington can actually do about it.
One potentially powerful use of the Defense Production Act would come before an AI system ever caused damage: forcing companies to tell the government what they are developing.
James E. Baker, a former chief judge of the U.S. Court of Appeals for the Armed Forces who previously served as a legal adviser to the National Security Council, pointed to the DPA’s broad information-gathering authority.
«What you could use the DPA for is to require reporting, and that’s the first step to making sound policy,» Baker told Digital. «You can have a debate about whether there should be regulation and what the regulation should look like. But you really can’t argue against knowing what’s happening.»
«That’s the first place to start: know what’s happening, and then you can react with either a policy prescription, a legal prescription or nothing at all.»
The DPA’s limits, however, are just as important.
Paul Rosenzweig, a lawyer and former deputy assistant secretary for policy at the Department of Homeland Security, said the law was principally designed to ensure the government could obtain goods and services needed for national defense — not to give Washington broad power to stop private companies from producing them.
«The Defense Production Act is more about mandating the production of things for the United States rather than preventing the production for the general public,» Rosenzweig told Digital.
Where it could prove particularly useful, he agreed, is giving the government access to information.
«What it does give them, I think, and this is the best part about it, is it does give them a pretty good handle for demanding more information about a defense-sensitive kind of product, which frontier AI certainly could be reasonably characterized as,» Rosenzweig said.
If the DPA could help Washington understand what AI companies are building, other existing authorities could potentially come into play depending on the threat.
Export controls can restrict sensitive technology from reaching foreign adversaries. Government contracting rules can impose conditions on companies seeking federal business. And criminal laws continue to apply when AI is used to commit crimes.
The June executive order, for example, directed the attorney general to prioritize enforcement of existing federal criminal laws against people who use AI to illegally access or damage computer systems.
Trump has separately directed national security agencies to expand their use of frontier AI while requiring systems used by the military and intelligence community to remain controllable and preserve clear lines of human accountability.
«I think it’s important to understand that there’s no broad AI exemption from generally applicable law,» Rosenzweig said.
Both federal and state governments already have «a host of legal authorities» potentially applicable to frontier AI, he said, ranging from tort liability and privacy rules to consumer protections and criminal law.
But Rosenzweig cautioned that no one knows precisely how well that patchwork would hold up in a true AI emergency because it has never been tested.
The uncertainty becomes even greater if an AI system causes damage on its own.
If a model autonomously hacked a hospital, company or critical infrastructure network, for example, Rosenzweig said courts would have to determine whether the developer was negligent, whether a stricter product liability standard should apply and whether the damage could even be reliably traced back to a particular AI system.
«I tend to think that liability is going to be difficult to establish early on,» Rosenzweig said. «Right now, that’s not where I would base my deterrence model.»
That uncertainty points to the limits of the government’s existing toolkit. The laws already on the books give federal and state authorities multiple avenues to respond to dangerous uses of AI, but many have never been tested against a system acting with increasing autonomy.
For now, Rosenzweig said, that leaves policymakers applying laws written for other threats to a technology evolving faster than the legal system around it.
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INTERNACIONAL
DHS’ top lawyer threatens penalties for attorneys clogging asylum system

The Department of Homeland Security fired off a warning shot to a major consortium of immigration attorneys as the Trump administration cracks down on fraudulent asylum claims while seeking to roll back the Biden administration’s open-border policies.
The warning letter marks an escalation in DHS’ tactic of targeting illegal immigrants and problematic asylum seekers or green-card holders by also targeting the attorneys who represent them and seek to help them remain in the U.S.
«Asylum offers protection to aliens who have fled their countries due to persecution by the government on account of a protected ground,» James Percival warned the American Immigration Lawyers Association (AILA) on Wednesday.
TRUMP PUTS ASYLUM LAWYERS ‘ON NOTICE’ WITH NEW FRONT IN WAR ON FRAUD
«To be eligible for asylum, an alien must show that he is a ‘refugee’ as defined in 8 U.S.C. § 1101(a)(42)(A), meaning that he is unable or unwilling to return to his country because of persecution or a well-founded fear of persecution on account of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion.»
Percival said asylum is discretionary and not guaranteed for someone who believes they are being targeted in their home country, even if they meet the eligibility requirements.
«We have been abundantly clear: If immigration attorneys commit fraud for their clients, the attorneys will be fined,» Percival told Digital on Thursday.
He warned of a growing backlog of asylum cases clogging up the immigration court system and warned AILA against exacerbating it, should they then face consequences.
«Filing a frivolous asylum application generally renders an alien permanently ineligible for most forms of relief and other immigration benefits … The Department will vigorously pursue all available remedies against anyone engaging in this conduct,» Percival warned in his letter.
«We must restore order and accountability to our immigration framework now, or we risk dismantling the humanitarian safety net for those who need it most.»
In 2025, AILA previously criticized President Donald Trump after he raised concerns over «rampant fraud and meritless claims» in a directive to DHS and the DOJ.
AILA officials called the missive «chilling» and rejected that their members are engaged in frivolous litigation or conduct.
Digital reached out to AILA for further comment.
Percival wrote Wednesday that an asylee’s persecution must be committed by a «state actor» to be considered by the U.S. system, while adding that private actions against an asylee are potentially valid when that person’s government acts in a way unwilling to confront the persecution.
CHICAGO’S DEADLY JUNETEENTH WEEKEND LEAVES 7 DEAD AS TRUMP SHAMES DEM GOV FOR INACTION
But he said that carve-out is a high bar, appearing to take a shot at Illinois leaders over the state’s persistent crime problems.
«[T]his requires an extraordinary showing, as residents of crime-ridden cities like Chicago could easily claim that the government is unwilling or unable to control private actors. To meet the high legal threshold of the government being ‘unable or unwilling’ to control the non-state actor, the alien must establish that the home government has fundamentally breached its basic duty of protection to its citizens,» Percival said.
DHS DIRECTS ICE ATTORNEYS TO SEEK EARLY DISMISSAL OF LEGALLY DEFICIENT ASYLUM CLAIMS
With many of the border-crossers in recent years coming from Central and South America, Percival indicated that conditions in most Western Hemisphere countries are not extreme enough to warrant a legitimate basis for entry into the U.S. under current policy.
«Recent trends show that individuals who illegally migrate within the Western Hemisphere generally do so not because they seek a safe haven from persecution but instead primarily due to a variety of non-humanitarian factors, including economic incentives and misinformation about migration policies,» he said.
He said many such meritless claims are filed to either stifle the ability for the feds to deport them or to secure grounds on which to obtain work permits.
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«Claims that lack a reasonable legal or factual basis and claims filed with an improper motive are improper and will be dealt with accordingly,» he said.
The warning comes as the Trump administration, more broadly, is conducting nationwide crackdowns on multiple forms of alleged fraud beyond illegitimate asylum claims, including social services fraud, election fraud and other areas.
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INTERNACIONAL
“Los gatos tigre han sido un enigma durante décadas”: el ADN que identificó al Tilcayo como una nueva especie y podría cambiar el mapa argentino

Un cachorro de aspecto inusual pasó más de un año en una casa rural de Bolivia. Comía huevos y pastas, perseguía gallinas y maullaba de una manera que no parecía propia de un gato doméstico. Cuando llegó a un santuario de fauna, una bióloga advirtió que había algo que no terminaba de encajar. Años más tarde, el análisis de su ADN reveló una especie de felino silvestre hasta entonces desconocida para la ciencia, a la que los investigadores llamaron Leopardus tilcayo.
El descubrimiento, publicado este jueves en la revista científica Current Biology, no solo incorporó una nueva rama al árbol evolutivo de los felinos sudamericanos. También abrió una pregunta que alcanza a la Argentina: si este pequeño gato tigre vive en las Yungas de Bolivia, ¿podría habitar también en Jujuy y otras áreas de las Yungas australes?
La respuesta todavía es materia de investigación. Pero el biólogo evolutivo belga Jonas Lescroart, uno de los principales investigadores del trabajo, explicó a Infobae que la presencia de gatos tigre en el noroeste argentino está comprobada y que esa población aún no fue sometida al análisis genético que permitiría establecer su identidad.

“Sabemos que hay gatos tigre en las Yungas australes de Argentina y, por el momento, no hemos tomado muestras de esa región. ¿Son también tilcayos o algo diferente? Son preguntas abiertas”, afirmó el investigador de la Universidad de Amberes.
Un cachorro hallado cerca de un bosque puso en marcha la investigación
La historia comenzó en 2017, cuando un hombre encontró una cría cerca de un bosque de las Yungas de Bolivia. Pensó que era un gato doméstico y lo llevó a su casa. El animal creció en contacto con personas, pero sus conductas empezaron a despertar dudas: además de cazar aves de corral, emitía vocalizaciones distintas de las de un felino doméstico.

Después de más de un año, el ejemplar fue entregado al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, donde lo examinó la bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz, fundadora del Programa de Investigación de Félidos Bolivia. El animal tenía una cara pequeña, orejas cortas y redondeadas, bigotes largos y grandes rosetas en el pelaje. A primera vista, parecía un gato tigre, un conjunto de especies de pequeño tamaño que habita distintas zonas de América del Sur.
El primer diagnóstico apuntaba a Leopardus tigrinus, conocido según la región como tigrino, oncilla o tigrillo. Sin embargo, fueron encontrando diferencias al comparar sus fotografías con registros de otros ejemplares. La forma y el tamaño de las manchas abrían una duda, aunque el aspecto externo no alcanzaba para resolverla.
El gato tigre es un grupo difícil de clasificar porque sus especies pueden parecerse entre sí. Esa semejanza explica por qué, durante décadas, poblaciones separadas por miles de kilómetros fueron incluidas bajo los mismos nombres científicos. La secuenciación genética permitió revisar esas fronteras.
“Los gatos tigre han sido un enigma durante décadas”, explicó Eduardo Eizirik, genetista brasileño y coautor del estudio, en declaraciones a National Geographic.
Al respecto, Jonas Lescroart explicó a Infobae que la genética permitió poner a prueba una clasificación sostenida durante años por las semejanzas físicas.
—¿Qué encontró el ADN para separar al tilcayo de otros gatos tigre?
—Para definir si se trata de una especie, buscamos dos cosas en los datos genómicos: que los individuos de la misma unidad se agrupen siempre, es decir, que sean más parecidos entre ellos que a los de otras especies, y que esa unidad haya estado genéticamente aislada durante un tiempo considerable. En el caso del tilcayo, los dos individuos de las Yungas bolivianas siempre formaron un grupo propio, con un aislamiento estimado de 1,4 millones de años.

El equipo comparó genomas completos de 38 individuos del género Leopardus. El resultado mostró que los dos gatos tigre procedentes de las Yungas bolivianas se agrupaban entre sí y fuera de Leopardus tigrinus. La estimación indicó que ese linaje atravesó cerca de 1,4 millones de años de aislamiento genético.
Esa distancia evolutiva llevó a los especialistas a describir formalmente a Leopardus tilcayo. El nombre recupera la palabra con la que comunidades locales de las Yungas identifican a este animal. Hasta la publicación del estudio, esa denominación se interpretaba como una forma local de llamar a un gato tigre ya conocido.
“Los gatos tigre se parecen mucho entre sí. Por eso se suponía que los de las Yungas bolivianas eran la misma especie que los mejor estudiados de Brasil o Colombia”, señaló Lescroart a Infobae. “Mostramos, de manera inesperada, que ese gato no forma parte de L. tigrinus, sino que es una unidad distinta”, agregó.
El estudio reorganizó el grupo de los pequeños felinos manchados
La investigación concluyó que, en Sudamérica, existen al menos cinco especies de gatos tigre: Leopardus tigrinus, Leopardus guttulus, Leopardus emiliae, Leopardus pardinoides y Leopardus tilcayo. Además, los científicos describieron una nueva subespecie de Perú, Leopardus tigrinus antisuyo.

El cambio es relevante para la conservación. Durante años, una distribución extensa podía dar la impresión de que un mismo felino estaba presente desde América Central hasta el sur de Brasil. Sin embargo, si esas poblaciones pertenecen a especies distintas, cada una debe ser evaluada de acuerdo con su propio territorio, número de ejemplares y amenazas.
En el caso del tilcayo, todavía se desconocen datos básicos: cuántos individuos quedan en libertad, qué superficie ocupa su población, cuáles son sus presas, cómo se reproduce y qué tipo de hábitat utiliza. Los registros disponibles se concentran en la ecorregión boliviana de las Yungas, sobre la ladera oriental de los Andes.
El ejemplar que vivió con la familia no podrá volver a la vida silvestre debido a la impronta humana que adquirió durante su crianza y a problemas vinculados con su alimentación inicial. Aun así, su historia permitió iniciar un trabajo que ahora busca más registros de animales en libertad mediante cámaras trampa y muestras biológicas.
Los museos cubrieron el vacío genético de las Guayanas
Una parte decisiva de la investigación se desarrolló lejos del monte boliviano. Para entender dónde terminaba Leopardus tigrinus y dónde comenzaban otros linajes, los científicos necesitaban datos de las Guayanas, la región donde la especie original fue descripta en 1775.

El problema era que el equipo no logró conseguir muestras frescas de gatos tigre de esa zona, como sangre o tejidos obtenidos de animales vivos. Las cámaras de campo confirmaban que esos felinos estaban allí, pero no ofrecían el ADN necesario para la comparación.
—¿Cómo ayudaron los ejemplares preservados en museos?
—Como no logramos obtener muestras recientes de gatos tigre en las Guayanas, recurrimos a pequeños fragmentos de hueso y piel de animales recolectados en la década de 1960 en el este de Venezuela, Guyana y Surinam. Las piezas estaban conservadas en museos de Estados Unidos y los Países Bajos. A partir de esos materiales obtuvimos secuencias genómicas de calidad.
La disciplina que permite recuperar y analizar ADN de especímenes de colecciones científicas se conoce como museómica. En este caso, sirvió para llenar una ausencia decisiva en el muestreo geográfico.
“Necesitábamos incluir ADN de gatos tigre de las Guayanas porque allí se descubrió la primera especie del grupo”, explicó Lescroart. “Como no teníamos muestras recientes, acudimos a ejemplares de museo. Eso nos permitió completar el panorama”.
El análisis de esos fragmentos permitió comparar las poblaciones de las Guayanas con las de Colombia, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Perú y Bolivia. Así se pudo establecer qué animales correspondían a la especie originalmente descripta y cuáles habían seguido trayectorias evolutivas diferentes.
La posibilidad de hallar tilcayos en Jujuy sigue abierta
La cercanía geográfica entre las Yungas bolivianas y las Yungas australes plantea una hipótesis concreta para la Argentina. Ese corredor de selvas de montaña atraviesa el sur de Bolivia y continúa en el noroeste argentino, especialmente en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

Sin embargo, Lescroart subrayó que no hay confirmación de que los gatos tigre argentinos sean tilcayos. La morfología, es decir, la comparación de rasgos físicos, puede orientar una búsqueda. También pueden aportar datos los estudios ecológicos, como la altura en la que viven los animales, el tipo de vegetación que usan o las presas que consumen. Pero ninguna de esas herramientas reemplaza a la genética.
—¿Qué haría falta para confirmar la presencia del tilcayo en la Argentina?
—El trabajo morfológico y ecológico puede ofrecer indicios, pero la prueba más concluyente sería una identificación genética. Para eso, habría que obtener muestras de los gatos tigre que viven en las Yungas australes
La tarea implica conseguir muestras de animales vivos, pelos, heces u otros rastros biológicos que permitan extraer ADN y compararlo con el perfil genómico de Leopardus tilcayo. También serán necesarios registros de cámaras trampa y relevamientos de campo que ayuden a delimitar las áreas donde podría aparecer.
Para los investigadores, estimar la cantidad de individuos silvestres es una prioridad. Esa respuesta depende de conocer su distribución, su densidad —cuántos animales hay por kilómetro cuadrado— y los ambientes que ocupa. Sin esos datos, será difícil definir el nivel de riesgo de la población y las medidas de protección que requiere.
En las Yungas bolivianas, la deforestación, las quemas para actividades productivas, la minería de oro y los conflictos por ataques a aves de corral forman parte de las presiones que enfrenta el ambiente. En la Argentina, identificar con precisión a los gatos tigre de las Yungas permitiría saber si el mapa de conservación debe incorporar una especie que pasó inadvertida durante siglos.
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