Una usuaria de X publicó este martes que había recibido un correo electrónico supuestamente enviado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el que se le informaba que tenía una encomienda internacional retenida a su nombre. “Me mandaron un mail de ARCA diciendo que tengo una encomienda internacional con mi número de documento. ¡No compré nada yo!”, escribió. La respuesta del organismo no tardó en llegar: se trata de una estafa.

ARCA confirmó desde su cuenta oficial en X que el mensaje es falso. “Te informamos que se trata de un mail apócrifo. ARCA no envía correos solicitando pagos ni datos personales”, respondió el organismo. Lejos de ser un caso aislado, este tipo de maniobras —conocidas como phishing— vienen multiplicándose en los últimos meses y apuntan a obtener información sensible de los ciudadanos bajo la apariencia de comunicaciones oficiales del Estado.

El mecanismo es simple pero efectivo: los estafadores envían un correo que replica con fidelidad la identidad visual de ARCA —logotipo, colores institucionales, pie de página con dirección y teléfono— para generar una apariencia de legitimidad. El objetivo es que el destinatario no ponga en duda la autenticidad del mensaje y actúe siguiendo las instrucciones que contiene.

El texto del correo fraudulento informa que “la encomienda asociada al DNI se encuentra pendiente de regularización de aranceles aduaneros para continuar con su liberación operativa”. En un ejemplo al que pudo acceder Infobae, se desglosa un monto total a pagar de $198.092, distribuido en cuatro conceptos: derechos de importación ($124.848), tasa de estadística ($27.424), IVA sobre importación ($26.218) y “otros recargos por almacenamiento y gestión” ($19.602).

Además del cobro, el correo falso incluye una instrucción que constituye la parte más peligrosa de la maniobra: solicita al destinatario que adjunte una fotografía o captura de su DNI, “en la cual deberá encontrarse visible toda la información personal, a excepción del número de trámite, el cual deberá estar tapado u oculto por motivos de seguridad”. El mensaje fija además un plazo de tres días hábiles para iniciar la regularización y remata con una aclaración que busca transmitir confianza: “Solo comparta el frente de su DNI en respuesta a este correo”.

La combinación de un pago y la entrega de documentación personal configura una doble trampa: por un lado, una extracción de dinero; por el otro, la obtención de datos que pueden utilizarse para cometer fraudes de identidad u otras estafas posteriores.

El correo fraudulento está construido para resultar convincente. Utiliza el diseño institucional de ARCA, menciona el número de DNI del destinatario —dato que los estafadores pueden obtener de bases de datos filtradas— y apela a la urgencia como mecanismo de presión. El plazo de tres días y la advertencia sobre la “liberación operativa” de la encomienda buscan generar ansiedad y llevar al receptor a actuar sin detenerse a verificar la autenticidad del mensaje.

Sin embargo, hay señales que permiten identificarlo como falso. ARCA ya lo explicó en una advertencia anterior ante una situación similar: los correos apócrifos provienen de direcciones que no pertenecen a un dominio oficial del Estado, y el remitente de respuesta configurado en esos envíos tampoco guarda relación con una casilla institucional legítima. Verificar ese dato —el dominio desde el que llega el correo— es el primer paso para detectar la estafa.

El organismo fue claro al respecto: no hay que responder, no hay que hacer click en ningún enlace y no hay que descargar archivos adjuntos. “Todas las comunicaciones podés encontrarlas en tu Domicilio Fiscal Electrónico”, precisó ARCA en su respuesta pública en X.

El organismo también habilitó un canal específico para que quienes reciban este tipo de mensajes puedan reportarlos. “Ante cualquier sospecha sobre el origen o contenido de un correo electrónico en el que piden información personal o acceder a un sitio web poco confiable, el email puede ser reenviado a la casilla phishing@arca.gob.ar para su posterior análisis”, indicó la agencia. El reenvío del mensaje original a esa dirección permite que el área técnica del organismo analice la estructura del correo, identifique los servidores de origen y tome las medidas correspondientes.

La regla de oro que ARCA reitera ante cada caso es la misma: el organismo nunca solicita pagos, datos personales ni la descarga de archivos por correo electrónico. Cualquier mensaje que requiera alguna de esas acciones —sin importar cuán oficial parezca— debe tratarse como sospechoso.

En este caso puntual, el elemento más revelador es la solicitud del DNI. Ninguna gestión aduanera legítima requiere que el contribuyente envíe una fotografía de su documento de identidad como respuesta a un correo. Ese pedido, por sí solo, alcanza para confirmar que el mensaje no proviene de ARCA.

La Cámara de Diputados tratará este miércoles en una sesión especial el proyecto oficialista conocido como Super RIGI, que amplía el régimen de beneficios fiscales a grandes inversiones, y con el cual el Gobierno busca retomar el protagonismo en la agenda luego del «Adornigate». Se espera con estas ventajas impositivas generar un impacto fuerte en el empleo y el desarrollo económico de las regiones que adhieran, ¿pero esto será posible?

«El Super RIGI puede ayudar al empleo, pero no habría que esperar un efecto masivo. Son inversiones grandes y valiosas, aunque en sectores muy intensivos en capital. Por eso, el impacto principal probablemente esté en empleo calificado, construcción, proveedores y servicios regionales», dijo a este medio Jorge Day, economista de IERAL que se especializa en economías regionales.

Como viene advirtiendo esta entidad junto con otras como Fundación Mediterránea, Delfos Consultora y PwC Argentina, en este momento las industrias que están recibiendo estas mega-inversiones a través de los «hermanos mayores» del mencionado proyecto (el RIGI y el RIMI) son aquellas no vinculadas al consumo, el comercio o la producción manufacturera, lo que las hace poco intensivas en mano de obra. 

Esto se produce en un momento en el que incluso los datos oficiales marcan que la desocupación sigue cerca del 8% de la población económicamente activa, y que pese a que la reforma laboral apuntada a reducir el «riesgo de contratar» está reglamentada desde el primer trimestre, el trabajo no registrado creció en ese período dos puntos más. La informalidad llegó al 44,2% según el Insituto Nacional de Estadística y Censos. La subocupación también aumentó y la presión laboral alcanzó al 23,6% de la PEA, equivalente a más de 5,3 millones de personas. 

Según los cálculos de Labour, Capital, Growth (LCG) en base a los datos oficiales que brindó el INDEC el lunes, la informalidad tocó el nivel más alto en casi 18 años, incorporando a 380 mil nuevos trabajadores. «Hace tiempo que el desempleo dejó de ser el principal parámetro de robustez del mercado laboral. En efecto, la baja de la tasa de desempleo en el primer trimestre esconde un empeoramiento en las condiciones de los trabajadores ocupados», añade la consultora.

En este marco, una de las propuestas del Gobierno junto con la reforma laboral, es el RIGI y su nueva versión que hoy entra al recinto en Diputados. ¿Puede colaborar en el objetivo de incrementar el empleo registrado? «El impacto puede ser importante para la provincia que reciba el proyecto. Una inversión tecnológica, energética o industrial puede mover la economía local, elevar la demanda de técnicos y profesionales, y generar actividad en servicios. Pero a escala nacional, difícilmente resuelva por sí sola los problemas generales del mercado laboral«, examinó Day.

«La clave es que esos proyectos se integren mejor con la economía local, pero no por obligación de ‘compre local’. Lo deseable es que haya proveedores competitivos, buena infraestructura, capacitación y menores costos logísticos. Si se fuerza a comprar local aunque sea más caro o menos eficiente, se puede terminar encareciendo la inversión y reduciendo el propio empleo que se busca generar», advirtió el economista.

Qué es el Super RIGI

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue un sistema de beneficios fiscales para mega inversiones que se radicaran en la Argentina en áreas como Minería, Petróleo, Gas y Siderurgia. En este nuevo proyecto, se extenderán los cuantiosos beneficios a industrias prácticamente inexistentes en la Argentina en las que el Gobierno ve un alto potencial, como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, fabricación de baterías de litio, hidrógeno de bajas emisiones, vehículos eléctricos, entre otros.

Al diferencia del RIGI original, el monto mínimo de inversión será de u$s1.000 millones en un vehículo único y solo cubrirá inversiones en nuevos proyectos, no ampliaciones o actualizaciones de infraestructura ya existente. Quienes se hayan plegado al régimen ya vigente no podrán acceder al próximo, en caso de que el Congreso lo convierta en ley.

El régimen establece beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios por hasta 30 años. Los beneficios que adquirirían quienes se plieguen al régimen que tratará el Congreso son:

• una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 15%
• amortización acelerada de inversiones
• exenciones de derechos de exportación e importación
• un régimen de estabilidad normativa y fiscal por 30 años
• en contribuciones patronales, alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales

Si este proyecto es aprobado en el Congreso, se espera que las provincias interesadas adhieran al mismo, y de esa forma eliminar la pluralidad de regulaciones que haga que las jurisdicciones compitan entre si por las inversiones de estos sectores. La iniciativa recibió duras críticas de diversas organizaciones y fundaciones que, como CEPA, FIDE y Fundar, por otorgar excesivos beneficios sin controles ni contraprestaciones equivalentes en estándares internacionales.

Cuánto empleo generó el RIGI original

A diferencia del esquema tratado esta semana en Diputados, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) original fue particularmente bien recibido por empresas ya instaladas en la Argentina en sectores de Minería, Energía y Gas. Permitió mejores condiciones para inversiones productivas y de renovación mayores a 200 millones de dólares en activos computables, pero en sectores intensivos en capital, no en mano de obra.

Entre los desarrollos de mayor envergadura económica que ingresaron al circuito de aprobación del RIGI se destaca el megaproyecto de infraestructura para el transporte de hidrocarburos impulsado por YPF, denominado Vaca Muerta Sur. En el sector de la minería de cobre, los consorcios internacionales que operan en la provincia de San Juan, como los encargados de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, avanzaron con las presentaciones formales para reconfigurar sus planes de inversión bajo este nuevo paraguas legal. Por su parte, la industria del litio en el norte del país, con proyectos de firmas como Posco en el salar de Sal de Oro y Rio Tinto en Rincón, también tramitó su incorporación al régimen. 

Day calculó que hasta ahora, los proyectos anunciados comprometen más de u$s22 mil millones y crearían casi unos 50 mil empleos directos. «Si se aplicaran multiplicadores tipo CAEM (un empleo directo genera tres indirectos) u otros más optimistas (uno a cinco), el impacto total podría ubicarse entre 200 mil y 300 mil puestos», añadió el economista de IERAL en un informe publicado por Fundación Mediterránea.

Pero a la vez, Day pone como ejemplo el Yacimiento de Vaca Muerta, que multiplicó el empleo privado registrado provincial 40% en una década, lo que equivale solo a unos 40.000 puestos de trabajo.

¿Habrá una migración masiva hacia el Interior del país?

Minería, energía, agro y servicios financieros representan apenas el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado, según datos de economistas de IERAL. No solo eso, un informe dado a conocer por Bumeran esta semana posiciona a los puestos senior y semi senior en Ingeniería en Petróleo y Petroquímica como los de mayor remuneración pretendida en mayo último, con una aspiración de 3.875.000 pesos mensuales. 

Viendo este auge de las inversiones mineras y energéticas (incluyendo el petróleo) en provincias como Neuquén, un editorial de mayo firmado por José María Segura, Economista Jefe de PwC Argentina, mencionaba que «ciudades vinculadas a matrices productivas de energía y minería registran tasas de desempleo sensiblemente inferiores y una tendencia de sentido inverso a las del promedio nacional, en tanto que los aglomerados donde se concentra la actividad industrial y de la construcción —en particular el AMBA y su cordón urbano— muestran un deterioro relativo. El mapa del empleo se está redibujando a lo largo de la cordillera, lejos de los centros urbanos tradicionales.»

La Consultora Delfos, de Córdoba, veía el mismo panorama: el desempleo golpea con mayor intensidad allí donde históricamente se concentró el empleo formal, la actividad manufacturera y los servicios vinculados al consumo; «No se trata de una casualidad: los mayores niveles de desocupación coinciden con los centros productivos más expuestos al enfriamiento de la economía, la caída del consumo y el retroceso industrial.»

Day, sin embargo, no espera que se produzca una reconfiguración del mapa poblacional de la Argentina por los grandes proyectos alineados en las provincias cordilleranas. «La migración será más bien selectiva, concentrada en jóvenes, técnicos y profesionales vinculados a estos proyectos. Una parte de la demanda laboral podría cubrirse con esquemas de turnos, rotación o migración temporaria, sin que aumente en la misma proporción la población residente», mencionó en su informe.

Para el economista, será más difícil una mudanza masiva de trabajadores con menor calificación, familias arraigadas o perfiles laborales menos compatibles con los nuevos proyectos. «La experiencia internacional muestra que el crecimiento de regiones mineras puede atraer trabajadores, pero no siempre implica mudanzas definitivas», añadió.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya tiene la gran mayoría de los dólares en el Tesoro para afrontar el pago de USD 4.200 millones a bonistas el próximo 9 de julio. Sin embargo, hay pasos claves que tiene que dar en los próximos días en donde se podrán reunir más dólares y se definirá de cuánto es la diferencia que, quizá, se tenga que cubrir con reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Hasta el 18 de junio, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 3.648 millones, cifra que se alcanzó mediante colocaciones de los Bonar 2027 (AO27), Bonar 2028 (AO28) y compras directas al BCRA que se realizaron en los últimos días. Al mismo tiempo, los depósitos en moneda nacional llegaban a $11,7 billones, lo que otorga un margen relevante para eventuales compras adicionales de dólares en el mercado oficial.

En las próximas semanas, Caputo enfrenta etapas decisivas para cerrar la brecha entre los fondos ya disponibles y el monto total requerido para el pago a bonistas. Hoy, la Secretaría de Finanzas publicará el llamado a licitación del Bonar 2028, donde se precisará el monto que se intentará captar con ese instrumento. Economía se encuentra a USD 368 millones de alcanzar el máximo permitido para colocar en el Bonar 2028 (USD 2.000 millones), y la decisión oficial, según pudo saber Infobae, es no ampliar ese cupo, a diferencia de lo que sucedió con el Bonar 2027.

El cronograma incluye una primera vuelta de licitación el viernes, instancia en la que se conocerá la tasa de interés, y una segunda vuelta el lunes siguiente, donde se definirá el monto final adjudicado. Si Economía logra captar el máximo, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro se elevarán a USD 4.016 millones, acercándose aún más al objetivo para cumplir el pago de julio.

Recién la semana que viene, al cierre de la segunda vuelta del Bonar 2028, Caputo podrá conocer con precisión cuántos dólares faltan para completar el pago a los bonistas. Con los pesos en el Tesoro, existe la opción de comprarle dólares al BCRA, aunque esa operatoria impactaría levemente en el nivel de reservas internacionales. Un ejemplo de esta dinámica ocurrió la semana pasada, cuando los depósitos en moneda extranjera aumentaron USD 598 millones al pasar de USD 3.082 millones el 16 de junio a USD 3.680 millones un día después.

La estrategia financiera oficial combina las colocaciones de Bonar con compras al BCRA. El objetivo es llegar al 9 de julio con los fondos necesarios en el Tesoro, minimizando la utilización de reservas internacionales para el pago a los bonistas. El instrumento central en este tramo final es el Bonar 2028, cuya licitación determinará el saldo disponible y la necesidad, o no, de recurrir al Banco Central para cubrir la diferencia.

Fuentes del Placio de Hacienda confirmaron que, con las colocaciones realizadas y las que se concretarán hasta el vencimiento, “ya tenemos completado el pago de vencimientos de julio 2026”. Las mismas fuentes señalaron una segunda clave: el préstamo con garantías de los multilaterales se empleará para refinanciar los vencimientos de 2027. “Con lo que el Tesoro ya tiene producto de las colocaciones y lo de las multilaterales ya tenés completo el programa financiero 2026 y 2027”, agregaron.

La semana pasada, Caputo consiguió la aprobación de las garantías del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 2.000 millones y USD 550 millones respectivamente. Y si bien el lunes se autorizó por medio del Boletín Oficial la negociación de prestamos con instituciones financieras internacionales por hasta USD 5.000 millones con esos respaldos, todavía queda pendiente la aprobación de uno. Recién el 22 de julio, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) va a tratar la garantía para la Argentina: será de entre USD 250 millones y 300 millones.

Pero las mismas forman parte de la estrategia financiera de Caputo para el mediano plazo, de julio en adelante. Es que el objetivo que tiene el equipo económico es tener un 2027 tranquilo a pesar de que sea un año electoral y para ello, necesitan despejar todos los vencimientos. Después esta por verse, si una vez que ponga la cartas sobre la mesa, el mercado reacciona a punto tal de que el riesgo país llegue a un nivel que permita salir a colocar al mercado internacional.

La hoja de ruta del corto plazo contempla como prioridad la licitación del Bonar 2028, la administración de los depósitos en moneda extranjera y la posibilidad de acceder a dólares del Banco Central para cerrar cualquier brecha remanente. La definición sobre el saldo exacto pendiente se conocerá el lunes de la próxima semana, tras la segunda vuelta del Bonar 2028. A partir de ese momento, se sabrá qué parte del pago se cubrirá con fondos propios y qué parte, si corresponde, requerirá recursos del BCRA.

El proceso de captación de fondos mediante los Bonar AO27 y AO28, junto con las compras de dólares al BCRA, constituye la base de la estrategia para el vencimiento del 9 de julio. La coordinación entre Economía y el Banco Central, el monitoreo de los depósitos y la gestión de los instrumentos financieros son los elementos centrales para asegurar el cumplimiento de los compromisos externos.