POLITICA
El fiscal Pedro Simón, un abogado “exitoso” con antecedentes políticos

SANTIAGO DEL ESTERO.– Pedro Eugenio Simón nació el 14 de abril de 1965 en la localidad de Los Juríes, en el interior santiagueño, en una familia dedicada a la agricultura, con importantes extensiones de campo y muy ligada ideológicamente al peronismo.
Esta semana sorprendió con un extenso informe que describe el desvío de fondos desde la AFA a empresas ligadas a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia. Le sumó un pedido de detención para ambos dirigentes y la inhibición de sus bienes.
Simón estudió derecho en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), de donde egresó como abogado en 1988.
En 2005 ingresó a la Legislatura de Santiago del Estero como candidato de la lista del Partido Justicialista. Acompañaba por entonces a José “Pepé” Figueroa, el candidato “bendecido” por la intervención federal comandada por Pablo Lanusse, quien había sido enviado a la provincia por Néstor Kirchner, tras la caída del poderoso matrimonio Juárez.
Como toda figura pública, el fiscal recoge en la provincia adhesiones y críticas por su accionar.
Simón es soltero, vive en la capital santiagueña y obtuvo un magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral en 1999. Entre sus pasiones están las competencias de triatlón y de Ironman.
“Es una investigación compleja que llevó cuatro meses de análisis de documentación de gran volumen y diversa, los informes de la ARCA, los bancos y ya reúne unas 10.000 fojas”, explicó Simón, acerca del expediente que involucra a los conductores de la AFA, en diálogo con .
Los conocedores del mundo tribunalicio explican que el fiscal llegó a su cargo sin una extensa carrera judicial, pero con un “exitoso paso por el ejercicio libre de la profesión”.
Entre los casos que manejó se destacó una investigación que terminó con el descabezamiento de la brigada de la Policía Federal por el robo de diez kilos de cocaína.
El fiscal Simón mantiene una suerte de “guerra fría” con su colega en el mismo edificio, la doctora Indiana Garzón, quien estuvo en carpeta durante el kirchnerismo para ser promovida para reemplazar al procurador general interino, Eduardo Casal.
Tres años atrás, el entonces gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó una denuncia contra Silvio Robles, un estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Fue a raíz de una filtración de chats sobre el reparto de fondos provinciales.
En ese momento, en pocas horas, el fiscal Simón estampó su firma digital con la petición al juez federal de esta provincia Guillermo Daniel Molinari, quien hizo lugar a todo lo requerido por el gobernador Zamora y dispuso que se le pidiera a Robles su teléfono celular, con la finalidad de peritarlo y determinar si los chats que trascendieron días atrás eran ciertos.
Robles presentó, luego, una denuncia contra el juez de Santiago que pidió su celular.
El magistrado, en tanto, envió la causa a la Justicia Federal porteña en Comodoro Py, luego de declararse incompetente para seguir investigando el caso.
Ahora, el fiscal apuntó a Toviggino, quien tiene en Gerardo Zamora -hoy senador nacional-a uno de sus principales aliados políticos.
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Milei puso en marcha su estrategia electoral para evitar una interna con Bullrich y complicar los planes de Kicillof

No es necesario odiarnos. No es necesario usar un lenguaje violento. Hay que ocuparse de los más pobres. Son tres de las observaciones que, hace una semana y a puertas cerradas, el papa León XIV le hizo a Javier Milei.
Milei es un hombre muy espiritual, pero sus dogmas económicos son más fuertes que cualquier religión y lo ubican en las antípodas del Sumo Pontífice. Durante bastante tiempo, se guardó sus respuestas.
El lunes por la noche, en la cena organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Milei les pidió a los empresarios que se jueguen e inviertan, porque son ellos los que van a sacar el país adelante. Un aparente elogio al sector que, en realidad, encubre una advertencia: son ustedes, los empresarios, y el resto de las personas los encargados de generar recursos; es decir, no esperen nada del Estado. Y el jueves reiteró que no habrá ningún plan de estímulo.
Pero Milei sentía que necesitaba decir algo sobre la justicia social. Sin ser agresivo ni confrontar con el Papa, quería expresarse, y finalmente lo hizo: afirmó que la justicia social (uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia) es “un robo, una estafa, algo moralmente incorrecto”.
POLITICA
El incómodo conflicto de intereses que enfrenta el Gobierno y traba dos proyectos clave en Diputados

La sesión en la Cámara de Diputados que este miércoles fracasó por falta de quórum fue un llamado de atención para el oficialismo y ahora las espadas legislativas de La Libertad Avanza analizan alternativas para destrabar los dos proyectos que la Casa Rosada había marcado como prioritarios: el de Defensa de la Soberanía Nacional (Ley Malvinas) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Los principales responsables de hacer naufragar la convocatoria fueron los diputados de Provincias Unidas que, entre otros puntos, reclamaban avances concretos en la ley de biocombustibles, un lugar en el Consejo de la Magistratura -se disputan un representante con el PRO-, una rebaja en el Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos para las cajas previsionales provinciales y obras viales.
Según pudo saber Infobae, el bloque donde pisan fuerte los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) no recibió hasta el momento ninguna señal concreta por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre ninguno de estos reclamos.
Este viernes se venció el plazo para dictaminar en comisión la ley de biocombustibles y eso dificulta aún más la situación ya que debería tratarse en una sesión “sobre tablas” (sin dictamen) para lo que se necesita una mayoría especial de dos tercios. Fuentes libertarias adelantaron que tratar este proyecto el mismo día que el Presupuesto sería inviable porque el debate podría durar “unas 32 horas”. Por otro lado, no están seguros de poder conseguir los dos tercios.

Sin embargo, el proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% es prioritario para provincias como Córdoba y Santa Fe, donde están ubicadas las grandes plantas productoras.
En la vereda de enfrente, durante el debate en comisión el PRO propuso mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiesel, bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores. Eso frenó las negociaciones
“Primero biocombustibles, después hablamos lo que quieran. Ellos -por el Gobierno- tienen que hacer alguna propuesta”, explicaron a Infobae desde Provincias Unidas.
Cerca de Martín Menem reconocen que una solución podría ser incluir el proyecto de biocombustibles en las sesiones extraordinarias de diciembre y que el decreto de la convocatoria salga antes de la sesión prevista para la semana que viene donde se tratará el Presupuesto 2027.

En cambio, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central podría sumarse el temario de la próxima sesión ya que tiene dictamen y su debate no debería ser demasiado extenso dado que ya pasó por Diputados, solo se deben ratificar los cambios que hizo el Senado.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados tiene en sus manos otra controversia que lo obliga a hacer equilibrio. Esta semana los bloques mayoritarios enviaron a sus representantes para el Consejo de la Magistratura. La Ley 24.937 establece que el bloque mayoritario, en este caso La Libertad Avanza, tendrá dos lugares (Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo), mientras que la primera y la segunda minoría se repartirán un lugar para cada uno. Unión por la Patria eligió al massista Guillermo Michel, pero el cuarto lugar se lo disputan Provincias Unidas y el PRO.
Provincias Unidas postuló a Juan Brügge, porque asegura que con sus 18 diputados es la segunda minoría. No obstante, el PRO, que tiene 12 integrantes, pretende quedarse con ese lugar para la ritondista Florencia De Sensi porque según su visión Provincias Unidas en realidad no es un bloque sino un interbloque. “Es un espacio político que se hizo solo para conseguir cargos. Es lo mismo que la Corte rechazó en el caso de Luis Juez”, señalaron desde el bloque PRO.
La Presidencia de la Cámara ya elevó los tres primeros nombres a la Corte Suprema. Pero no tomó ninguna definición respecto al cuarto lugar. “No vamos a mandar nada que se judicialice. La Corte ya fue clara: la política no debe judicializar sus temas. Esto se debe resolver puertas adentro. Es algo que tienen que charlar ambos bloques, incluso sus presidentes son del mismo partido”, explicaron en referencia a Ritondo y Scaglia, ambos formalmente parte del PRO.
“El lugar en el Consejo nos corresponde, no lo negociamos con nadie”, adelantó un importante integrante de Provincias Unidas.
Ante la consulta de Infobae, desde la mesa parlamentaria de La Libertad Avanza aseguraron que están concentrados en avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027, que se tratará en el recinto el próximo miércoles. Según sus cálculos, los números favorecen al oficialismo, incluso sin contar con el apoyo de Provincias Unidas.
POLITICA
Mansión de Pilar: la nueva pista que seguirá la Justicia para reconstruir el origen del dinero y su vínculo con la AFA de Chiqui Tapia

La investigación por la mansión de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrá una nueva etapa después de que la Corte Suprema resolviera que el expediente quede en manos del juez federal Daniel Rafecas. El foco estará puesto en reconstruir el origen y el recorrido del dinero utilizado para adquirir la propiedad y los vehículos de lujo encontrados en el lugar.
Según pudo saber TN, tanto la Justicia buscará determinar si existió un circuito de lavado de activos detrás de la adquisición de esos bienes, que podrían haber sido comprados con fondos provenientes de presuntas maniobras ilícitas vinculadas con la AFA.
De esta manera, la investigación no se limitará a establecer quién es el verdadero dueño de la mansión, sino que intentará reconstruir cómo se generaron y circularon los fondos utilizados para comprarla, además de identificar a todas las personas y sociedades que pudieron haber intervenido en esas operaciones.
En ese sentido, las fuentes consultadas señalaron que el análisis tampoco se concentrará exclusivamente en Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes aparecen como titulares de Real Central SRL, la sociedad propietaria de la quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.
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