POLITICA
El fiscal rechazó la “reparación integral” que propusieron Tapia y Toviggino para hacer caer la causa por evasión
El fiscal del fuero penal económico Claudio Navas Rial dictaminó en contra del planteo que presentaron Claudio “Chiqui” Tapia y Ariel Pablo Toviggino con la intención de hacer caer la causa, sin pena ni juicio, que los tiene procesados junto a otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no pagar en plazo una millonaria deuda al fisco.
Tapia y Toviggino habían propuesto una “reparación integral”, una figura todavía novedosa, discutida dentro y fuera de los tribunales, que cobró especial protagonismo en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas.
“El simple monto al que el obligado se encontraba en condiciones de ingresar en tiempo y forma al sistema no alcanza ni reviste en sí mismo el carácter integral que exige la salida alternativa que se pretende por cuanto de ninguna manera cuantifica el perjuicio que el sistema tributario y de la seguridad social ha sufrido en conjunto vulnerando el rol específico y la obligación asumida por el agente involucrado”, sostuvo el fiscal en su dictamen, según informó Clarín.
La decisión quedó en manos ahora del juez de la causa, Diego Amarante. Deberá tener en cuenta si la opinión del fiscal, en tanto representante del interés público, al que apunta la reparación, es o no vinculante.
Aprobada en 2015, la herramienta está diseñada para cerrar procesos en etapas tempranas, a cambio de que el acusado brinde alguna “contraprestación” que pueda compensar la totalidad del daño ocasionado. Puede ser dinero, aunque no exclusivamente.
No hay una huella totalmente definida en la jurisprudencia sobre el alcance de su aplicación, pero según las fuentes consultadas existe un consenso mayoritario en que su objetivo es barrer con los casos menores, donde es fácil definir los daños y extinguir el conflicto.
En la causa del fútbol, donde la Justicia constató una “evasión” de más de 19.000 millones de pesos, el enfoque de la reparación integral fue introducido por el abogado del tesorero Toviggino, Marcelo Rochetti, pero fuentes judiciales señalaron que rápidamente se plegaron al planteo Tapia y la propia AFA, que también está procesada en tanto persona jurídica.
El mecanismo tiene buena recepción en el fuero Penal Económico, pero en delitos distintos a los tributarios. El impositivo es justamente el terreno en el que Tapia y Toviggino debaten su suerte.
Sin embargo, contra todo pronóstico, los dirigentes de AFA consideraron que con la nueva ley de inocencia fiscal, sancionada a fines del año pasado junto al presupuesto 2026, el Gobierno entreabrió una puerta por la que pueden colar su planteo, que es técnico y se juega en unos pocos renglones de la norma.
Tapia y Toviggino sostienen que la reparación integral debe aplicarse en su caso particular porque la nueva normativa -que elevó exponencialmente los montos a partir de los cuales se configuran los delitos- prohíbe expresamente en uno de sus párrafos el uso de la reparación integral solo para un grupo puntual de delitos, en los que no figuran aquellos por los que fueron acusados, que son la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y la apropiación indebida de tributos.
En esa omisión del texto de la ley anclan sus expectativas Tapia y Toviggino. El planteo adquiere una dosis adicional de arrojo: considera que el daño ocasionado ya fue enmendado con el pago de la deuda y sus intereses.
Es decir que, a diferencia de otras causas, como en Cuadernos, donde empresarios llegaron a ofrecer hasta más de un millón de dólares para evitar ir a juicio, en su propuesta de reparación integral Tapia y Toviggino no ofrecieron a la Justicia nada más de lo que debían y ya pagaron.
Es una visión sobre el perjuicio, pero hay otras, más amplias, que suponen que el daño va más allá de lo que el Estado dejó de percibir en su cuenta corriente. Una fuente del fuero penal económico respalda esta postura con una sentencia de la Casación de abril del año pasado en una causa por evasión. En el fallo, el juez Gustavo Hornos refrenda a ARCA como querellante y “víctima directa” del delito, pero subraya especialmente que el daño no es meramente patrimonial, sino también “social”.
“(…) el bien jurídico protegido no es exclusivamente el patrimonio estatal, sino la perturbación ocasionada a la actividad recaudatoria del mismo, como presupuesto básico para cubrir patrimonialmente imperiosas necesidades públicas”, sostiene el juez.
El juez del caso AFA, Diego Amarante, también reparó en la dimensión social de haber privado al fisco miles de millones pesos.
Al procesar a Tapia y Toviggino -junto a Cristian Malaspina (Secretario General), Víctor Blanco (ex Secretario General) y Gustavo Lorenzo– el magistrado sostuvo que, estando la AFA en condiciones económicas de afrontar el pago, no lo hizo, lo que no solo significó una mayor “disponibilidad” de dinero para la casa matriz del futbol, sino también un “desprecio” contra el pueblo.
“Muy en especial [contra] el colectivo al que se encontraban destinados esos recursos, como lo son los jubilados y demás beneficiarios del sistema de la seguridad social”, precisó el juez.
Distintas fuentes judiciales coinciden en señalar que en asuntos tributarios hay una “inclinación marcada” tanto en la Cámara Penal como de la Casación de marginar a la reparación como mecanismo en causa tributarias, por lo que las chances del planteo de prosperar son escasas, sugieren.
“Los delitos tributarios tienen una forma particular de extinguir la acción penal, prevista en el art 16 del régimen penal tributario”, advierte una de esas voces.
La defensa del dirigente Malaspina, en manos del abogado Lucio Simonetti, pidió el fiscal Navas Rial opine sobre el planteo antes que las partes. El fiscal rechazó hoy la reparación.
Los Cuadernos
Algunas notas de esta discusión ya se escucharon en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas, en simultáneo a los ofrecimientos que hicieron los empresarios para no ser juzgados y extinguir la acción penal en su contra.
La fiscal Fabiana León
La fiscal Fabiana León y la UIF como querella se opusieron a los planteos y a la idea general, por ser una suerte de “mercantilización de la corrupción”. “Mi fiscalía no vende impunidad”, dijo la fiscal, que consideró que “el daño causado no resulta medible patrimonialmente ni susceptible de transacción con una víctima”.
El Tribunal rechazó los planteos de los empresarios imputados, al considerar vinculante la postura de la fiscal León. Sin embargo, no faltaron quienes marcaran tras el fallo que el instituto de la reparación integral se encuentra plenamente vigente y que el Tribunal no debió rechazarlas, sino en todo caso considerar las ofertas de reparación como “insuficientes”.
causa, sin pena ni juicio, que los tiene procesados,Conforme a
POLITICA
Lijo activó otra causa que investiga a Adorni y pidió información a empresas que contrataron a su mujer
El juez federal Ariel Lijo requirió información a empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado y que habrían contratado servicios de “coaching ontológico” de la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Así lo indicaron a fuentes judiciales que trabajan en el caso, nacido a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se sugiere la existencia de presuntas negociaciones incompatibles.
Las empresas apuntadas por la denuncia, a las que Lijo solicitó información por haber contratado los servicios de la consultora de Angeletti, son Grupo Dacto, Foggia Group y National Shipping.
La primera de ellas, de acuerdo con la denuncia, es una empresa tecnológica con fuerte presencia como proveedora o contratista de organismos y empresas del Estado. Presta o habría prestado servicios a organismos como AFIP/ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos.
La segunda de las compañías, Foggia, dedicada a la organización de espectáculos, estaría detrás de la adjudicación del predio de Tecnópolis, cuya concesión depende en última instancia de la Jefatura de Gabinete, según refiere Pagano en su denuncia.
La naviera National Shipping, en tercer término, también cliente de la consultora de Angeletti, habría sido durante años una contratista importante de YPF, empresa de la cual Adorni es director ad honorem.
Según indicaron de la empresa a , la consultora de Angeletti, al igual que otras, brindó una capacitación a gerentes y jefes de National Shipping SA (NSSA) los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025. Esas capacitaciones tuvieron un costo total de $6.370.000, informaron.
En la página de la consultora de Angeletti, las tres compañías figuran como sus clientes.
Angeletti figura como directora de AS Innovación Profesional, una sociedad de responsabilidad limitada de la que es dueña en partes iguales con Adorni, quien además es gerente.
A través de su consultora Más Be, Angeletti ofrece servicios de “coaching ontológico”. “Mi especialización en coaching de equipos, combinada con herramientas como Point of You, me permite diseñar intervenciones personalizadas que fomentan la colaboración, la innovación y el desarrollo de una cultura organizacional más humana y alineada con los objetivos estratégicos de la empresa”, señala en su perfil de LinkedIn.
La esposa del funcionario también fue alcanzada por la causa en la que se investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Entre los gastos analizados por la Justicia figuran viajes realizados por el matrimonio, como el de Aruba, y uno que Angeletti hizo con amigas a Madrid, España.
Ese expediente también está radicado en el juzgado de Lijo, pero la investigación está en manos del fiscal Gerardo Pollicita.
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POLITICA
Senado: el oficialismo intentará aprobar este jueves el acuerdo para pagarle a los fondos que reclaman por el default de 2001
Luego de semanas de parálisis por la investigación judicial alrededor del jefe de Gabinete, el Gobierno logró convocar a una sesión en el Senado este jueves para tratar un proyecto que habilita el pago de US$171 millones a dos bonistas por el default de 2001.
La convocatoria, pautada para las 15, también incluirá otros puntos como una iniciativa para regularizar la tenencia de armas y extender el programa de entrega voluntaria; dar ingreso a pliegos judiciales y del cuerpo diplomático; y votar la prórroga por 5 años para el padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques, como juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
A su vez, la sesión tratará tres convenios internacionales: el tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y los tratados de Seguridad Social con Suiza y San Marino.
Noticia que está siendo actualizada.-
Senado, Gobierno, holdouts
POLITICA
Los universitarios también marcharon en el interior del país para reclamar que “el Gobierno cumpla la ley”
A la par de la marcha universitaria que tuvo epicentro en la Plaza de Mayo, la protesta de docentes y alumnos se hizo escuchar este martes en distintas ciudades del país donde la comunidad universitaria tiene peso político y social. Por caso, las manifestaciones fueron contundentes en Córdoba, Rosario y Mendoza.
En la ciudad de Córdoba, la convocatoria fue masiva. Las columnas partieron desde la Ciudad Universitaria para avanzar, por 30 cuadras, hasta el frente del Arzobispado, a donde se montó un escenario. A medida que los manifestantes caminaban más gente se iba sumando, de diferentes edades y sectores sociales.
La protesta fue convocada por la Universidad Nacional de Córdoba -al frente de las columnas estaban el actual rector, Jhon Boretto, y el candidato que lo enfrentará en las elecciones Pedro Pérez-, el gremio de los docentes (Adiuc) y la Gremial San Martín, que nuclea a los trabajadores no docentes.
También se sumaron los centros de estudiantes de cada una de las facultades, junto a la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). Además, adhirieron y enviaron representantes de la Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).
El gobernador Martín Llaryora y su antecesor, Juan Schiaretti -además de otros legisladores del oficialismo provincial- manifestaron a través de sus redes sociales el apoyo al reclamo de las universidades. En las calles, la diputada nacional Natalia de la Sota se sumó a las columnas de manifestantes.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) otorgó facilidades académicas y administrativas para que la comunidad educativa pudiera participar de la movilización. La disposición alcanzó a la Presidencia, colegios preuniversitarios y dependencias de la universidad.
A su vez, las distintas facultades fueron invitadas a adherir en sus respectivos ámbitos. En la práctica, las facilidades implicaron flexibilización académica y administrativa para quienes participaron de la protesta, incluyendo posibles justificaciones de inasistencias, permisos o reprogramaciones de actividades.
En Rosario, una multitud se movilizó para visibilizar la situación presupuestaria de las universidades nacionales. El reclamo comenzó a las 15.30 con una concentración en plaza San Martín. Desde allí se realizó una marcha que concluyó en el Monumento a la Bandera, con las calles colapsadas por la multitud.
La movilización y el reclamo no fueron los únicos protagonistas. La Universidad Nacional de Rosario aprovechó para mostrar la importancia de la educación pública. En la previa a la movilización colocó una carpa en la plaza para realizar extracciones de sangre con el objetivo de avanzar en estudios sobre el cáncer.
En Mar del Plata, la marcha tuvo como punto de partida el complejo central de la Universidad Nacional de Mar del Plata y avanzó por más de 2.000 metros hasta el microcentro, donde se completó la protesta con un acto bajo la consigna de defensa de la educación pública y más recursos para la universidad.
Las autoridades académicas y gremiales se ubicaron a la cabeza de la marcha, que como en sus anteriores expresiones, logró una altísima convocatoria que excedió a los protagonistas del sistema universitario y sumó acompañamiento de organizaciones sindicales, organizaciones sociales, políticas y vecinos en general.
“Son 200 días de incumplimiento de la ley, ya era hora de volver a las calles”, señaló Abigail Araujo, de la Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM). Marina Sánchez Herrero, vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lamentó por su parte la judicialización por parte del Estado nacional.
“Es inédito tener que recurrir a la Justicia para que el Gobierno la cumpla”, expresó Sánchez Herrero. El reclamo reiterado durante la marcha fue de “educación pública y gratuita”, así como se escucharon algunos cánticos muy críticos contra el Gobierno. La universidad local viene de cinco jornadas de paro.
En Mendoza, miles de estudiantes, docentes, personal no docente y organizaciones sociales -además de público en general- dijeron presente en la movilización, que partió desde el predio de la UNCuyo, en el Parque General San Martín, hasta la tradicional Plaza Independencia, en el microcentro provincial.
La columna de manifestantes estuvo encabezada por la rectora Esther Sánchez y las cuatro listas que se presentaron para las próximas elecciones al Rectorado en la casa de altos estudios, que se celebrarán el 9 de junio. “No es una marcha opositora y la sociedad acompaña la causa”, expresó la rectora de UNCuyo.
En la marcha no hubo funcionarios de primera línea del gobierno radical que comanda el gobernador Alfredo Cornejo, reconocido exalumno y militante de la UNCuyo, hoy aliado políticamente a La Libertad Avanza (LLA). Uno de los ausentes fue fue el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar.
“Desde Mendoza hemos planteado que antes de discutir reformas educativas, necesarias, el país necesita discutir el financiamiento educativo”, señaló de todos modos Zalazar. En la marcha fue común y coincidente una respuesta, entre alumnos y docentes. “La ley ya se aprobó y no se da cumplimiento”, dijeron.
En Río Negro, las principales concentraciones se dieron en Bariloche, El Bolsón, Viedma, General Roca y Choele Choel. En el caso de Bariloche, la comunidad en general y los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro se sumaron a la convocatoria de la red de Becarios de Conicet en Patagonia Norte.
El rector de la UNRN, Anselmo Torres, denunció formalmente ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, la situación de extrema gravedad institucional, social y humanitaria que atraviesa el sistema universitario en la República Argentina y solicitó su intervención.
La denuncia del rector subrayó que el Estado argentino dispone de fuentes de recaudación alternativas, como impuestos coparticipables o la revisión de gastos tributarios, que permitirían solventar la inversión educativa sin comprometer el equilibrio fiscal, en lo que constituyó un mensaje directo al Gobierno nacional.
En Chubut, la comunidad universitaria volvió a las calles de Comodoro Rivadavia. La movilización comenzó en el playón de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y avanzó hacia el centro con la participación de docentes, no docentes, estudiantes, organizaciones sociales y sindicatos.
En la región también hubo convocatorias en Neuquén, Bariloche, General Roca y Viedma. Uno de los ejes centrales del reclamo estuvo vinculado al deterioro del presupuesto universitario. Desde la UNPSJB advirtieron que las partidas previstas para 2026 quedaron rápidamente desactualizadas a raíz de la inflación.
El director de la sede local, Gustavo Fleitas, sostuvo que el cálculo inflacionario contemplado en el presupuesto “ya fue ampliamente superado” durante el primer cuatrimestre del año y remarcó que el conflicto continúa judicializado luego de las presentaciones realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Durante la convocatoria también se expuso la preocupación por el congelamiento de las becas estudiantiles. Las autoridades universitarias señalaron que la pérdida del poder adquisitivo afecta directamente la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, en un contexto económico complejo para las familias.
El escenario de conflictividad se profundiza por la situación salarial del sector universitario. Según datos difundidos por autoridades académicas, gran parte de los docentes percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza y en distintas facultades ya se registran renuncias y jubilaciones anticipadas en masa.
En Misiones, la Plaza 9 de Julio fue el epicentro de la marcha en defensa de la universidad pública, y especialmente pidiendo por el descongelamiento de las becas universitarias, el presupuesto de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). También hubo marchas en otras ciudades como Eldorado.
La concentración en la capital misionera comenzó pasadas las 13 en la zona que se conoce como El Mástil, en la entrada al microcentro. Desde allí una columna de jóvenes estudiantes, docentes, y también otros vecinos que salieron a apoyar a la universidad, caminó unas diez cuadras hasta la Plaza 9 de Julio.
Con la colaboración de los corresponsales
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