POLITICA
El Gobierno anunció el envío de un avión Hércules a Bolivia en medio de la ola de protestas
LA PAZ.- El gobierno de Javier Milei anunció que enviará un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea con alimentos y otros suministros a Bolivia, en medio del bloqueo a rutas y accesos que sufre la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira. La crisis en el país vecino se desató con protestas, bloqueos y choques violentos en La Paz entre manifestantes y la policía a raíz de la crisis económica y la falta de combustible.
La decisión fue confirmada por el canciller, Pablo Quirno, en redes sociales. “A solicitud del gobierno boliviano, y en virtud de la situación que derivó en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la Argentina decidió prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos”, indicó este viernes el funcionario.
Y continuó: “Esta contribución, de carácter humanitario y temporal, coordinada por la Cancillería y en colaboración con el Ministerio de Defensa, se inscribe en el auspicioso momento que atraviesa la relación bilateral desde la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira, confiando en que, con el compromiso de todos los actores políticos y sociales involucrados, la situación se resuelva prontamente”.
Según aclaró luego, los alimentos son del gobierno boliviano, quien se hace cargo de los gastos del operativo. En respuesta, Paz Pereira agradeció el gesto. “Queremos agradecer al gobierno de nuestro país amigo de la Argentina, que ha provisto dos aviones Hércules para que se refuerce el puente aéreo y que no falten alimentos en esta ciudad”, dijo a la prensa el viernes José Luis Gálvez, vocero de la oficina presidencial.
En tanto, Milei aseguró que apoyará al Bolivia “frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso”.
El operativo se desplegará desde el domingo para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a La Paz.
En paralelo, la Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú emitieron una declaración conjunta sobre “la situación humanitaria” en Bolivia y rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad” en el país andino, al tiempo que exhortaron “a los actores políticos y sociales a privilegiar el diálogo y la paz social”.
Apenas seis meses después de asumir el presidente Rodrigo Paz está asediado por protestas y bloqueos que mantienen cercada a la capital política de Bolivia.
Dos semanas de cortes liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos campesinos y los mineros dejaron a La Paz con mercados desabastecidos y hospitales sin reservas de oxígeno. Tres personas fallecieron por falta de auxilio médico, según el gobierno.
Sobre el final de la semana las protestas se tornaron violentas y varios sectores comenzaron a pedir la renuncia del mandatario, que no tiene mayoría en el Poder Legislativo ni un partido fuerte que lo respalde.
(AP Foto/Juan Karita)Juan Karita – AP
“Los que están buscando destrozar la democracia irán a la cárcel”, advirtió Paz el viernes mientras los cortes de rutas se extendían a casi todo el país.
La COB comenzó a protestar exigiendo aumentos de sueldos y los campesinos, abastecimiento de gasolina. Los mineros, que se enfrentaron con la policía, negocian por separado sus demandas de acceso a más áreas de explotación al igual que los maestros públicos, que reclaman mejoras salariales.
“Las demandas reivindicativas han sido atendidas en gran medida la realidad, pero hay fuerzas oscuras que buscan desestabilizar la democracia”, dijo el vocero presidencial en alusión al expresidente Evo Morales (2006-2019).
En sus discursos, el mandatario boliviano repite que heredó un “Estado quebrado”, pero sus adversarios le reprochan su lenta respuesta ante la peor crisis de los últimos 40 años y una inflación que el año pasado bordeó el 20%.
El gobierno no apeló a la fuerza pública para despejar las carreteras y privilegió el diálogo y la negociación, sin resultados hasta ahora. Según organizaciones empresariales, las protestas y paralizaciones provocan pérdidas por más de US$50 millones diarios y hay unos 5000 vehículos varados en las rutas.
Desde 2024 Morales resiste en su feudo cocalero del Chapare, en el centro de Bolivia, una orden de detención por no presentarse ante la Justicia para responder por el presunto abuso de una menor en 2016. El pasado lunes sumó otro pedido de arresto por la misma causa.
El Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó durante las últimas dos décadas primero con Morales y luego con Luis Arce (2020-2025), salió derrotado en los comicios del año pasado tras una cruenta disputa entre ambos exmandatarios.
(AP Foto/Juan Karita, Archivo)Juan Karita – AP
“El gobierno y la derecha dicen que soy un cadáver político y que no tengo capacidad de movilizar a nadie, pero me siguen culpando. Mientras no se atiendan las demandas estructurales como combustible, comida e inflación no se frenará la sublevación”, advirtió Morales en la red social X.
A pesar de sus declaraciones, los analistas creen que ya no tiene poder de convocatoria y que está azuzando las protestas para evadir la Justicia.
Tras el fin del ciclo del MAS el sistema político boliviano quedó fragmentado y sin una fuerza dominante. Paz Pereira ganó los comicios de forma sorpresiva y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el que llegó al poder, se dividió en el Legislativo. A su vez, el mandatario mantiene una abierta pugna con su vicepresidente, el expolicía Edman Lara.
El presidente arrancó con fuerza su mandato y se abrió al mundo para romper el aislamiento internacional del MAS. Así logró promesas de inversiones y créditos, pero no todos se materializaron.
(AP Foto/Juan Karita, Archivo)Juan Karita – AP
Como primera medida puso fin al subsidio a los combustibles, lo que hizo subir el precio de la gasolina y del diésel, pero sin que se produjeran protestas en una población cansada de la escasez anterior. Pero el gobierno importó gasolina de baja calidad que desató protestas de los transportistas por daños a sus vehículos que forzaron la renuncia del ministro de Hidrocarburos.
El presidente de la petrolera estatal, Sebastián Daroca, dijo que el país “vive al día” con el combustible. Los opositores cuestionan que el mandatario no haya recortado el gasto público ni haya definido la suerte de empresas estatales deficitarias.
Agencias AP y AFP.
Bolivia,May 15, 2026,@rodrigo_pazp,May 16, 2026,pic.twitter.com/NCnFguXrZ0,May 16, 2026,orden de detención,Bolivia,La Paz,Evo Morales,Conforme a,,Debe responder. Villarruel apuntó contra Petri por su “espantosa y fraudulenta” gestión en el Ministerio de Defensa,,Santa Cruz. El Tribunal Superior de Justicia informó que acatará el fallo de la Corte Suprema,,Gastos millonarios. Un órgano especializado de la Justicia acelera la revisión de los números de Adorni a pedido del fiscal,Bolivia,,“Insurrección nacional”. En Bolivia paralizada por los bloqueos, los partidarios de Evo Morales amenazan con una “insurrección nacional”,,Atrincherado. Evo Morales no se presentó al juicio por presunta trata de una menor con la que tuvo una hija,,»Grave problema». Denuncian que el contrabando de cigarrillos puso en vilo el negocio de producir tabaco
POLITICA
Tras las críticas en el acto, la Justicia apuró la integración del tribunal que debe decidir sobre el juicio en ausencia por la AMIA
Pocas horas después del acto en conmemoración a los 32 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que hubo reclamos por la lentitud de la justicia, la Sala de Casación que tiene uno de los tramos del caso, avanzó con el sorteo para designar al magistrado que faltaba y fijó fecha de audiencia.
“Exigimos a la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva de manera urgente y definitiva la validez del proceso de juicio en ausencia”, dijo este viernes Osvaldo Armoza, titular de la AMIA.
Esa sala debe definir sobre el juicio en ausencia de los acusados por el atentado.
“No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles. Exhortamos a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a que se aboquen con la mayor celeridad posible a resolver el caso y permitan que el juicio en ausencia se convierta en una realidad», completó.
En ese momento se escucharon algunos gritos y reclamos de familiares de las víctimas. “¡Justicia, 32 años ya!”, resonó entre el público, entre otras expresiones.
Barroetaveña, uno de los mencionados por el titular de la AMIA, se encontraba en las primeras filas de asistentes al acto.
Después de la mención, el juez de la Cámara de Casación, que debe definir sobre la constitucionalidad de la ley de juicio en ausencia, tomó su teléfono celular.
Según pudo reconstruir entonces , el funcionario judicial, que ya tiene listo su voto en el caso, se comunicó vía chat con Ángela Ledesma con la intención de acelerar los tiempos para fijar una audiencia.
Tenían pendiente resolver qué juez reemplazaría a Carbajo, dado que su subrogancia en esa Sala de la Cámara de Casación ya se venció.
Tras el diálogo vía chat desde el mismo acto, Ledesma, presidente de la Sala, le pidió a Barroetaveña que sorteara el reemplazo de Carbajo.
De ese sorteo salió el nombre de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
También se puso fecha para la audiencia, el próximo 10 de septiembre. La fecha era vista en tribunales con un sentido “simbólico”, porque será en víspera del año nuevo judío.
La decisión final se espera para apenas unos días después de la audiencia.
“Es un tema muy sensible”, reconocían este viernes en los tribunales en referencia a la causa AMIA.
Al mismo tiempo, los protagonistas rechazaban las acusaciones de dilación que sobrevolaron las horas posteriores al acto sobre la calle Pasteur, frente a la sede de la mutual.
Hubo voces que destacaron el trabajo de Barroetaveña, su “compromiso” con la causa. Aludían también a que fue también Barroetaveña, junto con Ledesma y Mahiques, quienes ya revisaron la sentencia histórica del primer juicio por la causa AMIA.
En esa decisión, tomada en 2024, dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado contra la sede de la AMIA de 1994, lo calificaron como un delito de lesa humanidad y allí pidieron reformas legales para poder juzgar a los prófugos por el atentado “en ausencia”.
Otras menciones en el acto
El atentado a la AMIA acumula 32 años de impunidad y sobre eso se hizo alusión en el acto en conmemoración de la fecha.
En su discurso, Arzmosa, no solo hizo referencia a los miembros de la Casación Federal. También pidió que: “el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo”.
A nivel judicial agregó: “debemos señalar la inexplicable demora del juez Daniel Rafecas, quien se encuentra a cargo del caso y debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando».
Y recordó que “el Juzgado Federal N°6, donde tramita la causa AMIA, hace seis años que no cuenta con un juez definitivo designado».
reclamos por la lentitud de la justicia,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
Tras meses de tensión, el PRO y La Libertad Avanza volvieron a reunirse para coordinar la estrategia parlamentaria
La relación entre el PRO y La Libertad Avanza tuvo altibajos en los últimos dos años y medio, propios de las idas y vueltas entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri. Alcanzó su pico máximo de tensión con el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, pero con la llegada de Diego Santilli en su lugar el vínculo parece haber retomado cierta normalidad.
En este sentido, en las últimas horas hubo un encuentro en Casa Rosada entre Santilli y los dos legisladores clave del PRO en el Congreso: el presidente del bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y el titular de la bancada en el Senado, Martín Goerling. También participó el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
Durante el encuentro analizaron la agenda parlamentaria que el Gobierno nacional impulsa en el Congreso y distintas iniciativas de gestión para la provincia de Misiones.
En tanto, los presentes destacaron la importancia del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Al respecto, sostuvieron que se trata de una herramienta clave para consolidar el proceso de ordenamiento macroeconómico.
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“En el PRO tenemos una convicción clara: hay que blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den previsibilidad a la Argentina”, señaló Ritondo en sus redes sociales al término de la reunión.
“Seguimos trabajando con responsabilidad para impulsar las reformas que consoliden el orden económico y construyan un país con más desarrollo, inversión y oportunidades”, agregó el jefe de la bancada PRO en la Cámara baja.
Semanas atrás, el partido fundado por Mauricio Macri anunció los proyectos a los que le dará prioridad en el Congreso en los próximos meses. En Diputados, impulsarán Ficha Limpia y la reforma del Código Penal como principales iniciativas.
En paralelo a las negociaciones por otros proyectos, el PRO busca instalar una agenda propia en el Congreso con iniciativas vinculadas a seguridad, justicia, producción y modernización del Estado. En la Cámara de Diputados, el bloque impulsa una reforma del financiamiento de los partidos políticos, proyectos para promover el uso productivo de las tierras ociosas ubicadas sobre las rutas nacionales y un endurecimiento de las penas por vandalismo rural.
Los diputados macristas también promueven iniciativas para fortalecer las herramientas de prevención y persecución del grooming, instalar inhibidores de señal de telefonía celular e internet en las cárceles y avanzar con un programa de prevención del suicidio adolescente.
En el Senado, en tanto, el PRO pretende que durante julio se avance con una agenda que incluye la actualización de la Ley de Salud Mental, proyectos para reforzar la protección de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría, que establece beneficios tarifarios para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.
A esa agenda legislativa, el partido que conduce Mauricio Macri suma otros ejes que considera prioritarios para el segundo semestre: una nueva reforma electoral, medidas para profundizar la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación destinada a combatir la criminalidad ambiental.
Diego Santilli, Cristian Ritondo, Congreso
POLITICA
Jorge Macri eliminó 359 puestos gerenciales y CABA tiene la planta administrativa más baja de los últimos 10 años
La Ciudad de Buenos Aires registra la planta administrativa más baja de la última década. El gobierno porteño anunció la eliminación de 359 cargos gerenciales, lo que representa más del 20% del total de esa estructura jerárquica. La medida se inscribe en un proceso de reforma del Estado que, desde que Jorge Macri asumió como jefe de Gobierno, acumula la supresión de 8.954 puestos, una reducción del 15% de la dotación total.
El recorte de la estructura gerencial responde, según el Ejecutivo porteño, a la digitalización y modernización de trámites que tornó necesario rediseñar la organización interna del Estado. La automatización de procesos que antes requerían supervisión presencial y capas de gestión intermedias dejó sin sustento funcional a buena parte de esos puestos. No se trató, entonces, de una reducción arbitraria, sino del resultado de un cambio en la forma en que el gobierno presta servicios a los vecinos.
«Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden“, afirmó Macri al anunciar la medida.
El impacto de esta política se refleja en el presupuesto. En 2023, el gasto en remuneraciones al personal representaba el 44% del total del presupuesto de la Ciudad; ese porcentaje bajó al 41% en la actualidad. La planta alcanzó así el mínimo histórico registrado en 2015, un nivel que no se había vuelto a tocar en los años siguientes.
Esta última reducción no llegó de forma aislada. La gestión de Macri aplicó una serie de medidas escalonadas que prepararon el terreno: congelamiento de ingresos, planes de retiro voluntario, optimización de dotaciones y una nueva evaluación de desempeño para el personal. Cada una de esas acciones contribuyó a la baja sostenida del número de empleados públicos en el distrito.
En paralelo, el gobierno porteño avanzó en la modernización del control de asistencia. Se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas para registrar la presencia del personal docente a través de huella digital, un sistema que también se extendió a todos los establecimientos administrativos del Estado. Para los agentes que cumplen funciones en la vía pública, se puso en marcha la Hoja de Ruta Electrónica, una herramienta que permite registrar la asistencia desde el teléfono celular.
El control de las licencias médicas fue otra área de intervención. A principios de 2025, el gobierno implementó un nuevo procedimiento para todos los empleados de la administración pública porteña. El resultado fue una caída del 28% en la cantidad de días solicitados por este concepto respecto del año anterior, una variación que el Ejecutivo atribuye directamente al nuevo esquema de fiscalización.
La reforma también incluyó una apuesta por la formación del personal. Durante 2025 y los primeros meses de 2026, más de 15.000 agentes en calle —policías, agentes de tránsito, de prevención e inspectores— recibieron capacitación con herramientas orientadas a mejorar la atención al vecino en el espacio público. El objetivo declarado fue dotar a quienes tienen contacto directo con la ciudadanía de recursos concretos para resolver situaciones cotidianas.
Con un enfoque distinto pero complementario, el gobierno lanzó el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), orientado a jerarquizar a los empleados públicos con formación técnica o universitaria. Al momento del anuncio, 1.326 agentes participaban del programa, que busca retener y potenciar perfiles profesionales dentro de la administración estatal.
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