En marzo de 1988, el fiscal Julio César Strassera, protagonista del alegato acusatorio en el juicio a las Juntas Militares, llegaba a Ginebra para encabezar la delegación argentina en la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Casi cuatro décadas después, la histórica consigna del Nunca Más, que dio prestigio y buen nombre al país fuera de sus fronteras, fue abandonada por el gobierno de Javier Milei, según denuncian distintos organismos internacionales de derechos humanos.

La “batalla cultural” de la actual gestión incluye una reinterpretación de lo ocurrido en los años setenta y, a la vez, un rechazo frontal a la agenda “woke”, o Agenda 2030, donde el oficialismo incluye a las políticas de derechos humanos, alineado como está con las posturas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Israel.

El exvicecanciller Carlos Foradori, embajador y representante permanente de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, no participa este año, por decisión del Gobierno, del Consejo de Derechos Humanos. Como consecuencia directa de eso, la Argentina no tiene derecho a voto por no ser integrante activo, aunque su voz crítica tampoco se escuchó en los debates abiertos, salvo en temas puntuales como la oposición al chavismo en Venezuela (incluidos los pedidos de liberación de detenidos allí como Nahuel Gallo), la teocracia iraní o la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

Hace más de 30 años, Foradori, como joven diplomático, compartió funciones con Strassera en el ámbito de los derechos humanos ante la ONU.

“Bajo el gobierno de Milei, la Argentina abandonó su rol tradicional como impulsor del derecho internacional de los derechos humanos y participante activo en los foros multilaterales de derechos humanos”, escribió Dorothea Krueger, de la organización Cadal, en un artículo recientemente publicado. La referencia es puntual y concreta: la Argentina no participó, en enero pasado, en el último Examen Periódico Universal (EPU), que en el Consejo de Derechos Humanos trató la situación de Ruanda. El video completo del examen fue subido a su sitio web por la ONU esta semana, una evaluación motorizada por el Consejo para evaluar la situación de los derechos humanos en todos sus Estados miembro, en forma rotativa.

“Con este silencio, la Argentina le da la espalda a todos aquellos que quisieran opinar libremente en Ruanda, participar en una vida política plural y gozar de la garantía de sus derechos y libertades fundamentales”­, agregó Krueger, que desde Cadal monitorea las posturas y actividades de la delegación argentina en relación con las denominadas autocracias en el mundo.

No se trata, por cierto, de un fenómeno nuevo. Desde que, en agosto del año pasado, el país retiró su candidatura para volver a integrar el Consejo como miembro entre 2026 y 2028 (había llegado a presidir el Consejo a través del embajador Federico Villegas durante parte del gobierno de Alberto Fernández), la Argentina dejó de participar completamente en los exámenes de la situación en Panamá, Honduras y Jamaica. Sí lo hizo en ocho de los 42 países analizados hasta ese mes, entre ellos Irán (fuerte condena por los atentados a la embajada de Israel y la AMIA), Nicaragua y Venezuela, con gobiernos ubicados en las antípodas de su pensamiento político. También se permitió, en el caso de aliados del Gobierno como El Salvador de Nayib Bukele, defender la lucha contra las bandas criminales, aunque no hizo mención a las repetidas denuncias contra el régimen carcelario de ese país, acusado de múltiples violaciones de derechos humanos. Defendió también a Italia, donde gobierna otra aliada libertaria, Georgia Meloni.

No intervino, según agrega la investigación de Cadal, en casos como los de Angola, Kazajistán, Irak, Egipto, Kirguistán y Guinea, países “no libres” según el índice de la organización Freedom House.

“Los derechos humanos no son un invento del kirchnerismo, están en nuestra Constitución”, afirmó a Ricardo Lagorio, exembajador argentino ante la ONU en Nueva York. Lagorio agregó que la Argentina también ha dejado de participar de la denominada tercera comisión, que se encarga de temas sociales y de género, ya que “no son temas de interés para el Gobierno”.

Fuertemente crítica de la ONU, la Argentina se retiró formalmente en marzo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tiene –al igual que Estados Unidos- una mora en el pago de sus contribuciones anuales a la ONU y a varias de sus organizaciones asociadas. En la Asamblea General, la delegación encabezada por Francisco Tropepi fue protagonista de varias votaciones polémicas, como su negativa a cuestionar la esclavitud como “crimen de lesa humanidad más grave de la historia”, en marzo pasado. Una vez más, su voto negativo coincidió con el de los gobiernos de Trump y de Benjamín Netanyahu, en Israel, país al que la diplomacia argentina defendió en todos los foros de los que forma parte.

“La Argentina contó históricamente con un reconocimiento internacional construido durante décadas: una diplomacia de derechos humanos con liderazgo en género y diversidad, libertad de expresión, memoria, verdad y justicia, derechos de personas mayores, migrantes y refugiadas, entre otras agendas. Sin embargo, desde fines de 2023, y bajo el pretexto de un giro geopolítico, quebró una tradición de Estado y fue abandonando espacios multilaterales clave”, afirmó a Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“El retiro anunciado de la OMS, la renuncia a competir por un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el desmarque inédito en el G20 y los votos aislados en la Asamblea General contra resoluciones históricamente consensuadas sobre tortura, migrantes, género, agua y desarrollo muestran un proceso de repliegue, pérdida de influencia y debilitamiento de una política exterior que había sido parte central de la identidad democrática argentina”, sostuvo Belski.

Ni desde la Cancillería ni desde la oficina de Ginebra atendieron las consultas de . Hace tres semanas, Foradori -de origen radical- sumó otro cargo desde la misma sede: fue designado, con la firma de Quirno, como representante permanente de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En el ámbito local, la Subsecretaría de Derechos Humanos continúa con sus políticas de paulatino ajuste (fueron despedidos recientemente seis integrantes del Consejo Federal), aunque la nueva conducción, al mando de Leonardo Szuchet, alejada de la influencia del asesor presidencial Santiago Caputo, dejó en suspenso por el momento el traslado de la sede de la subsecretaría desde la ex ESMA hacia otro edificio estatal. Tampoco avanzó, cuentan por lo bajo desde el predio, en modificar el discurso oficial de la exhibición del Museo de la Memoria para adaptarlo al pensamiento libertario, que promueve lo que llama la “memoria completa” sobre la violencia setentista. Esa modificación que se daba por hecha hasta que Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia.

Desde el inicio de la gestión Milei, la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería pasó, vía decreto, de la Secretaría de Relaciones Internacionales a la de Culto. Las instrucciones para las votaciones –y los silencios– las da entonces la Secretaría de Culto, uno de los vehículos de la batalla cultural. “Se ha perdido el poder blando que tenía el país, construido en 40 años de democracia. Lo mejor para los funcionarios, en este contexto, es callarse la boca”, remata un experimentado diplomático.