POLITICA
El gobierno argentino consolida su retirada de los organismos internacionales de derechos humanos
En marzo de 1988, el fiscal Julio César Strassera, protagonista del alegato acusatorio en el juicio a las Juntas Militares, llegaba a Ginebra para encabezar la delegación argentina en la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Casi cuatro décadas después, la histórica consigna del Nunca Más, que dio prestigio y buen nombre al país fuera de sus fronteras, fue abandonada por el gobierno de Javier Milei, según denuncian distintos organismos internacionales de derechos humanos.
La “batalla cultural” de la actual gestión incluye una reinterpretación de lo ocurrido en los años setenta y, a la vez, un rechazo frontal a la agenda “woke”, o Agenda 2030, donde el oficialismo incluye a las políticas de derechos humanos, alineado como está con las posturas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Israel.
El exvicecanciller Carlos Foradori, embajador y representante permanente de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, no participa este año, por decisión del Gobierno, del Consejo de Derechos Humanos. Como consecuencia directa de eso, la Argentina no tiene derecho a voto por no ser integrante activo, aunque su voz crítica tampoco se escuchó en los debates abiertos, salvo en temas puntuales como la oposición al chavismo en Venezuela (incluidos los pedidos de liberación de detenidos allí como Nahuel Gallo), la teocracia iraní o la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.
Hace más de 30 años, Foradori, como joven diplomático, compartió funciones con Strassera en el ámbito de los derechos humanos ante la ONU.
“Bajo el gobierno de Milei, la Argentina abandonó su rol tradicional como impulsor del derecho internacional de los derechos humanos y participante activo en los foros multilaterales de derechos humanos”, escribió Dorothea Krueger, de la organización Cadal, en un artículo recientemente publicado. La referencia es puntual y concreta: la Argentina no participó, en enero pasado, en el último Examen Periódico Universal (EPU), que en el Consejo de Derechos Humanos trató la situación de Ruanda. El video completo del examen fue subido a su sitio web por la ONU esta semana, una evaluación motorizada por el Consejo para evaluar la situación de los derechos humanos en todos sus Estados miembro, en forma rotativa.
“Con este silencio, la Argentina le da la espalda a todos aquellos que quisieran opinar libremente en Ruanda, participar en una vida política plural y gozar de la garantía de sus derechos y libertades fundamentales”, agregó Krueger, que desde Cadal monitorea las posturas y actividades de la delegación argentina en relación con las denominadas autocracias en el mundo.
No se trata, por cierto, de un fenómeno nuevo. Desde que, en agosto del año pasado, el país retiró su candidatura para volver a integrar el Consejo como miembro entre 2026 y 2028 (había llegado a presidir el Consejo a través del embajador Federico Villegas durante parte del gobierno de Alberto Fernández), la Argentina dejó de participar completamente en los exámenes de la situación en Panamá, Honduras y Jamaica. Sí lo hizo en ocho de los 42 países analizados hasta ese mes, entre ellos Irán (fuerte condena por los atentados a la embajada de Israel y la AMIA), Nicaragua y Venezuela, con gobiernos ubicados en las antípodas de su pensamiento político. También se permitió, en el caso de aliados del Gobierno como El Salvador de Nayib Bukele, defender la lucha contra las bandas criminales, aunque no hizo mención a las repetidas denuncias contra el régimen carcelario de ese país, acusado de múltiples violaciones de derechos humanos. Defendió también a Italia, donde gobierna otra aliada libertaria, Georgia Meloni.
No intervino, según agrega la investigación de Cadal, en casos como los de Angola, Kazajistán, Irak, Egipto, Kirguistán y Guinea, países “no libres” según el índice de la organización Freedom House.
“Los derechos humanos no son un invento del kirchnerismo, están en nuestra Constitución”, afirmó a Ricardo Lagorio, exembajador argentino ante la ONU en Nueva York. Lagorio agregó que la Argentina también ha dejado de participar de la denominada tercera comisión, que se encarga de temas sociales y de género, ya que “no son temas de interés para el Gobierno”.
Fuertemente crítica de la ONU, la Argentina se retiró formalmente en marzo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tiene –al igual que Estados Unidos- una mora en el pago de sus contribuciones anuales a la ONU y a varias de sus organizaciones asociadas. En la Asamblea General, la delegación encabezada por Francisco Tropepi fue protagonista de varias votaciones polémicas, como su negativa a cuestionar la esclavitud como “crimen de lesa humanidad más grave de la historia”, en marzo pasado. Una vez más, su voto negativo coincidió con el de los gobiernos de Trump y de Benjamín Netanyahu, en Israel, país al que la diplomacia argentina defendió en todos los foros de los que forma parte.
“La Argentina contó históricamente con un reconocimiento internacional construido durante décadas: una diplomacia de derechos humanos con liderazgo en género y diversidad, libertad de expresión, memoria, verdad y justicia, derechos de personas mayores, migrantes y refugiadas, entre otras agendas. Sin embargo, desde fines de 2023, y bajo el pretexto de un giro geopolítico, quebró una tradición de Estado y fue abandonando espacios multilaterales clave”, afirmó a Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
“El retiro anunciado de la OMS, la renuncia a competir por un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el desmarque inédito en el G20 y los votos aislados en la Asamblea General contra resoluciones históricamente consensuadas sobre tortura, migrantes, género, agua y desarrollo muestran un proceso de repliegue, pérdida de influencia y debilitamiento de una política exterior que había sido parte central de la identidad democrática argentina”, sostuvo Belski.
Ni desde la Cancillería ni desde la oficina de Ginebra atendieron las consultas de . Hace tres semanas, Foradori -de origen radical- sumó otro cargo desde la misma sede: fue designado, con la firma de Quirno, como representante permanente de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En el ámbito local, la Subsecretaría de Derechos Humanos continúa con sus políticas de paulatino ajuste (fueron despedidos recientemente seis integrantes del Consejo Federal), aunque la nueva conducción, al mando de Leonardo Szuchet, alejada de la influencia del asesor presidencial Santiago Caputo, dejó en suspenso por el momento el traslado de la sede de la subsecretaría desde la ex ESMA hacia otro edificio estatal. Tampoco avanzó, cuentan por lo bajo desde el predio, en modificar el discurso oficial de la exhibición del Museo de la Memoria para adaptarlo al pensamiento libertario, que promueve lo que llama la “memoria completa” sobre la violencia setentista. Esa modificación que se daba por hecha hasta que Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia.
Desde el inicio de la gestión Milei, la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería pasó, vía decreto, de la Secretaría de Relaciones Internacionales a la de Culto. Las instrucciones para las votaciones –y los silencios– las da entonces la Secretaría de Culto, uno de los vehículos de la batalla cultural. “Se ha perdido el poder blando que tenía el país, construido en 40 años de democracia. Lo mejor para los funcionarios, en este contexto, es callarse la boca”, remata un experimentado diplomático.
alegato acusatorio,por decisión,pic.twitter.com/O48rmTQYl9,March 1, 2026,otro cargo,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
Congreso: con la oposición en desventaja numérica, el oficialismo logró frenar la ofensiva contra Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, logró que La Libertad Avanza y los diputados aliados del PRO, la UCR y bloques que responden a gobernadores rechacen cualquier intento de la oposición para volver a sentarlo en el recinto de la Cámara de Diputados. La estrategia opositora quedó postergada, al menos hasta después del Mundial que empezará en poco más de 15 días en los Estados Unidos.
La disputa volvió a exponer la realidad numérica de la Cámara baja. Martín Menem y Gabriel Bornoroni buscaron no solo avanzar con proyectos del oficialismo, sino también garantizar el blindaje político del ministro coordinador. Del otro lado, Unión por la Patria y otras bancadas no logran reunir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto y, por ahora, postergan sus aspiraciones.
Los intentos de la oposición
Desde hace tres semanas, el socialista Esteban Paulón busca la interpelación de Manuel Adorni, primero con el pedido de una sesión especial junto a su bancada, a la de Provincias Unidas, al Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. Tras el fracaso de la frustrada sesión, sumaron en un nuevo pedido a UxP de Germán Martínez con un amplio temario de propuestas sociales lanzadas por el peronismo.
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Incluso sumaron para el debate los pedidos de interpelación de los ministros de Economía, Luis Caputo y de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el incumplimiento de la implementación de la sancionada Ley de Financiamiento Universitario. La superposición de la sesión propuesta por el oficialismo, donde aprobó los proyectos de ley Hojarasca y Zonas Frías, frustró nuevamente a la oposición la pasada semana.
Los aliados del oficialismo
El partido violeta, con sus 95 diputados nacionales, garantiza el control de la Cámara de Diputados, ya que ante sus necesidades lo acompañan el PRO, la UCR y las fuerzas que responden a los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua; y de Salta, Gustavo Sáenz, nucleados en Innovación Federal. La bancada de Producción y Trabajo de San Juan, que responde a Marcelo Orrego y, según los debates, a la neuquinidad de Rolando Figueroa.
Lo mismo hacen los peronistas de Tucumán, controlados por el gobernador Osvaldo Jaldo, y de Catamarca de Raúl Jalil. Esa estrategia de acompañamiento no solo la lleva adelante Martín Menem; también se suma, en el diálogo con los jefes provinciales, el ministro del Interior, Diego Santilli.
A partir de esa realidad política de la Cámara baja, La Libertad Avanza ya piensa en el segundo semestre del Congreso con los tratamientos de los proyectos que el Poder Ejecutivo envió: la Ley de Lobby y el super-Rigi, los proyectos sobre Ludopatía y Etiquetado Frontal fueron al Senado. Y por supuesto, mantener blindado al ministro Adorni.
La construcción de mayorías
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que la interpelación del jefe de Gabinete requiere el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras. En Diputados, eso implica 129 votos.
Si tras la interpelación, la Cámara decide avanzar con la moción de censura, con la intención de remover al funcionario nacional, requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en cuestión. Esa es la propuesta que presentó el diputado Nicolás del Caño del Frente de Izquierda.
La oposición necesita primero lograr el quorum para abrir el recinto de la Cámara: 129 diputados sentados en sus bancas. Luego, como los proyectos que solicitaron la interpelación no tienen dictamen de las comisiones respectivas, necesitan dos tercios del Cuerpo para poder habilitar sus tratamientos. Una mayoría inalcanzable para el escenario que tiene diputados.
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Las aspiraciones de UxP, Provincias Unidas y el resto de las bancadas fue la de emplazar, es decir, fijarles fecha de tratamiento, a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamento, lideradas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo, respectivamente, para que convoquen a la discusión.
El Congreso que viene
Con ese blindaje, La Libertad Avanza ya piensa en el segundo semestre parlamentario y en el tratamiento de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, como la Ley de Lobby y el Super RIGI.
Mientras tanto, la oposición no logra unificar una postura común como sí ocurrió durante el período parlamentario 2025, cuando avanzó con el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. Además, el inicio del mundial de fútbol amenaza con paralizar la actividad legislativa en las próximas semanas.
Manuel Adorni, Oposición, Diputados
POLITICA
La pulseada política entre Tierra del Fuego y la Casa Rosada por el control del puerto de Ushuaia
USHUAIA.-La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional el 21 de enero pasado genera tensiones políticas, reclamos laborales y preocupación en uno de los sectores clave de la economía fueguina: el turismo. Además, podría dirimirse en la Corte Suprema de Justicia.
Ángel Brisighelli, presidente de la federación que reúne a los empresarios turísticos de la zona, advirtió que la principal preocupación radica en las consecuencias de la disputa política entre la gestión provincial y los funcionarios designados por la Casa Rosada.
“Lo que inquieta es la pelea política y cómo eso puede afectar la dinámica del puerto a futuro”, sostuvo Brisighelli en Radio Provincia.
El gobierno de la provincia, a cargo de Gustavo Melella, ha mantenido una postura crítica frente a la intervención, sobre todo, por la falta de información oficial por parte de los interventores. Y ahora recurrió a la Justicia para retomar el control.
El interventor es Iñaki Miguel Arreseygor. Fue designado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para encabezar la intervención operativa y administrativa. Junto con él, designaron hace algunas semanas a Fernando Ariel Polizzi, alineado con el senador nacional Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza). Polizzi estaba antes al frente del PAMI fueguino.
El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Miguel Ramírez, denunció “un avasallamiento” y fue crítico de la intervención. “El balance que hacemos de estos meses es sumamente negativo. Es un avasallamiento y una intervención de facto que tuvo la Nación con falsedades y con inventos sobre situaciones que el puerto no tenía”, dijo a .
Ramírez remarcó que el puerto tenía su certificado de operación normal e incluso avanzaba trabajos en forma conjunta con la Nación para futuras reparaciones. “Esto demuestra que la intervención viene por lo que el puerto de Ushuaia significa, y el posicionamiento geopolítico. En la mitad de la temporada entró gente que no tenía idea sobre cómo manejar un puerto, tiraron por la borda la confianza que supimos construir desde la pandemia, que nos costó muchísimo poder recuperar. Fuimos el único puerto que sólo canceló una temporada”, dijo.
“Decir que hay un puerto intervenido genera incertidumbre que hace sonar alarmas en operadores turísticos, que por supuesto lo está capitalizando Chile. Por eso también es un balance negativo. Acá hay incertidumbre, no hay comunicación ni contacto con la gente de la intervención ni siquiera el gobernador, la vicegobernadora o nosotros como autoridades podemos ingresar al puerto, no dejan ingresar a legisladores ni a nadie, es una anarquía. Hay quejas por parte de los operadores y de los agentes marítimos de cómo son las operaciones, de los planos, que nosotros trabajamos con meses de antelación”, argumentó Ramírez su malestar con la intervención.
“Las empresas están pidiendo los certificados de desratización, que nosotros teníamos al día hasta diciembre, mes previo a la intervención. Ahora los están pidiendo las empresas por la situación de alarma sanitaria y todavía no les contestaron, lo que nos hace presuponer que no tienen certificados de estos meses, o sea de enero a la fecha”, advirtió Ramírez ante el brote de hantavirus que se originó por el paso de un crucero.
“Eso no significa que el hantavirus haya salido del puerto de la ciudad, pero sí que se redujeron al máximo todas las medidas de controles que estábamos haciendo: controles de equipaje, escaneo de maletas, controles de personas, de personal, de cámaras. Hoy la Prefectura Nacional Argentina también es cómplice de este avasallamiento y de esta irrupción, el prefecto mayor que está acá responde a órdenes nacionales y lamentablemente lo consideramos cómplice de esta usurpación”, denunció Ramírez.
La temporada que viene aparece como incierta: “Tenemos contacto con la Asociación de Líneas de Crucero de Gran Porte y la IATTO que operan turismo antártico, pero hay incertidumbre sobre cómo se va a operar y quien estará a cargo de la operación en la temporada 2026-2027”.
Preocupa que el beneficio de lo que sucede perjudique las recaladas locales y que los barcos migren a Chile. “Hay empresas que ya eligen Punta Arenas por la incertidumbre que esto genera. Tenemos el buque Ushuaia que en vez de estar parando acá eligió Punta Arenas por la improvisación de gente que hoy tiene el poder, gente que avasalla. No en vano la intervención fue a las 12 de la noche, con patovicas. No siguieron los canales comunes o formales que suponiendo que estaba todo tan mal deberían haber seguido”, enfatizó Ramírez.
Autoridades portuarias afirmaron a que el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego con su área legal, un estudio jurídico de Buenos Aires y personal propio hizo presentaciones ante la Corte Suprema sobre la intervención y la Fiscalía también estaría tomando intervención directa para defender los intereses de la provincia. “Tenemos el historial del puerto desde 1992 con la ley 24.093 de traspaso de puertos a la provincia. La Corte Suprema tiene el historial desde junio de 1992 de lo que hizo la provincia por el Puerto de Ushuaia”, señalaron.
El conflicto adquiere una dimensión aún más compleja por la situación de los trabajadores portuarios.
Desde el mismo 21 de enero, empleados del puerto denuncian que no han podido ingresar a sus puestos laborales, lo que derivó en un fuerte reclamo del sector. La falta de respuestas concretas ha ido incrementando el malestar, y en los últimos días surgieron advertencias sobre posibles medidas de fuerza que podrían impactar directamente en la operatoria.
La posibilidad de que el conflicto laboral escale preocupa tanto al ámbito político como al sector privado. El puerto de Ushuaia no solo es una infraestructura estratégica para la provincia, sino también un punto neurálgico para el turismo antártico y la actividad económica regional. Cualquier interrupción en su funcionamiento podría tener consecuencias en la llegada de cruceros, el abastecimiento y la imagen del destino a nivel internacional.
En este contexto, distintos sectores coinciden en la necesidad de avanzar hacia una instancia de diálogo que permita descomprimir la situación. La combinación de intervención nacional, falta de información oficial, conflicto con los trabajadores y tensión política configura un escenario de incertidumbre que contrasta con la normalidad operativa registrada durante el verano.
Por ahora, el Puerto de Ushuaia sigue funcionando, pero el foco ya no está únicamente en su capacidad operativa, sino en la estabilidad institucional y política que garantice su continuidad sin sobresaltos.
“Quieren manejar el puerto a 3 mil kilómetros, quieren el negocio, no les interesan el puerto ni los fueguinos”, denuncian los más críticos.
Por su parte, a pesar de no dar declaraciones ni entrevistas acerca de la intervención, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) oficializó el llamado a Licitación Pública 05/2026 para el recambio y renovación del sistema de defensas del muelle. Según se informó desde Buenos Aires a través de gacetilla oficial “la obra contempla la provisión y colocación de 75 nuevas defensas, en reemplazo de equipos deteriorados, con roturas y diferencias de tamaño que actualmente impiden su correcto funcionamiento, particularmente en los sitios 3 y 5”.
El anuncio realizado días atrás marca el inicio de una etapa de obras estructurales que, según la propia intervención, llega luego de “tareas iniciales de emergencia y mantenimiento que habrían permitido sostener la operatoria durante la temporada alta sin inconvenientes”.
Desde la ANPYN se aseguró que el financiamiento de esta obra proviene “íntegramente de los ahorros generados mediante el uso eficiente de los ingresos derivados de la propia operatoria portuaria”, pero no se brindaron precisiones sobre el volumen de recursos administrados desde la intervención ni sobre su asignación detallada, más allá de la promesa de mecanismos de licitación con acceso público.
Desde el entorno de la intervención sostienen que ninguna de estas obras estaba contemplada en el presupuesto previo del puerto. En este contexto, el inicio de las obras aparece no solo como un paso necesario para la infraestructura, sino también como un intento de mostrar resultados concretos tras cuatro meses de intervención en medio de las dudas sobre el manejo económico del puerto de Ushuaia.
intervención del Puerto de Ushuaia,la disputa política entre la gestión provincial y los funcionarios designados por la Casa Rosada,el brote de hantavirus que se originó por el paso de un crucero,Sol Agusti,Tierra del Fuego,Conforme a,,Análisis. Las dos paradojas de Milei,,Retroceso. Por sexto mes consecutivo, el Gobierno cayó en el Índice de Confianza de la Universidad Di Tella,,Del desplante al saludo. Javier Milei y Jorge Macri mostraron otra postal en el Tedeum y en el Cabildo,Tierra del Fuego,,Tras fracasar su venta. El fabricante de los aires acondicionados Electra y Fedders fue declarado en quiebra,,En bandadas. Aves únicas que seducen a turistas y sobrevuelan un relleno sanitario bajo la lupa,,Turismo a tope y normalidad cotidiana. Cómo vive la ciudad que el mundo observa por el brote de hantavirus en un crucero
POLITICA
En medio de las internas, la mesa política se reúne en Casa Rosada y se prepara un cuarto paquete de reformas al Congreso
La mesa política de la Casa Rosada vuelve a reunirse este martes con el objetivo de ordenar la estrategia legislativa del oficialismo y, como objetivo secundario, volver a congregar al círculo de funcionarios políticos del Gobierno luego de semanas de internas entre varios de ellos. El encuentro está convocado para las 11 en las oficinas del Ministerio del Interior y se produce un día después de que el presidente Javier Milei presidiera una reunión de Gabinete para volver a fijar las prioridades del Gobierno.
La convocatoria fue impulsada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y tendrá la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión, Eduardo “Lule” Menem.
Nuevos proyectos en danza
Si bien el temario de temas a tratar estaba siendo cerrado minutos antes del encuentro, una fuente inobjetable de la mesa confirmó a Infobae que en la reunión se buscará “rever todos los temas legislativos pendientes” que tiene oficialismo. Es decir, encuadrar las prioridades de la Casa Rosada sobre los proyectos que ya están en las cámaras del Congreso, así como los próximos que se enviarán en el corto plazo.
La estrategia es sobreabundar de proyectos con el fin de ganar impronta en la agenda política y mediática. Un paso en ese sentido se dio la semana pasada cuando Adorni anunció el envío de un tercer paquete de reformas que consta de cuatro iniciativas: el Súper RIGI —un régimen de promoción de inversiones en litio, uranio, hidrógeno verde, vehículos eléctricos y paneles solares—, la regulación del lobby, la ley de ludopatía y las modificaciones al etiquetado frontal de alimentos.
En el oficialismo plantean que se seguirán enviando una serie proyectos de mayor complejidad. En la Casa Rosada marcaban que entre hoy y mañana se podía llegar a presentar un proyecto con cambios en la Ley General de Sociedades, la cual entrará por el Senado. “Yo creo que va a ser más adelante, en una segunda etapa”, relativizaba otro funcionario que forma parte de la mesa.
En esa instancia entrarán reformas como la Ley de Defensa a la Competencia y desregulaciones varias que podrían alcanzar al sector del mercado de capitales, inmobiliario y de seguros.
La reunión también podría revisar el vínculo con los gobernadores y con los sectores aliados que acompañaron proyectos oficiales en ambas cámaras. Otro eje será el escenario electoral y la construcción territorial de LLA en distintas provincias, una tarea que Karina Milei viene concentrando junto a Martín Menem de cara a las próximas elecciones legislativas y provinciales.
Las internas como trasfondo de la mesa política
Pero para poder lubricar los asuntos legislativos que el Ejecutivo busca poner en discusión se precisa afianzar la política al interior del Gobierno, que viene de una última semana en la que se llegó al pico de tensión entre el sector de Santiago Caputo y el de los primos Menem, luego de que el primero acusara de haber sido operado por los segundos a través de cuentas anónimas. Eso puso como interrogante si los tres dirigentes podían volver a integrar espacios comunes y de diálogo tales como la mesa política.
Todas las partes hicieron lo posible para demostrar distensión hacia el afuera este lunes, durante el transcurso de la ceremonia del tedeum por el 25 de mayo. Durante el trayecto de regreso desde la Catedral hacia Casa Rosada, Caputo y los Menem caminaron juntos. Milei, por su parte, reposteó una foto en sus redes junto a Karina Milei y Caputo en el balcón de Balcarce 50, y circuló también una imagen del asesor presidencial estrechando la mano de Lule Menem.
A diferencia de las reuniones de Gabinete, la mesa política es un espacio más reducido en cantidad de integrantes y de debate más profundo al respecto de la estrategia política a seguir por parte del Gobierno. Desde ambos sectores afirmaron que seguirán yendo siempre y cuando se convoque la mesa. “Yo voy a ir a la reunión del martes como siempre. Para mí [el episodio de la última semana] es tema terminado”, afirmó uno de los miembros de esta polémica a Infobae.
La presencia de Bullrich es otro de los puntos más observados del encuentro. El lunes, en el marco de los actos por el 25 de Mayo, se mostró alejada del resto del Gabinete durante la caminata hacia la Catedral Metropolitana, aunque participó del Tedeum y de la posterior reunión de Gabinete. La Secretaría General de la Presidencia no la invitó a las recorridas formales por no corresponder por protocolo. Pese a todo, el Presidente rompió con esa premisa al pedirle a Santiago Caputo -quien no tiene un cargo formal- que lo acompañe durante toda la jornada. Pese a todo, desde Presidencia subrayan que seguirá formando parte de las instancias centrales de coordinación y desde el entorno de la senadora aclararon que ella concurrirá siempre que sea convocada.
Congestión de proyectos en el Congreso
En el Congreso, mientras tanto, la acumulación de proyectos genera un cuello de botella, especialmente en el Senado. Bullrich promovía una sesión para esta semana, pero la tuvo que postergar por falta de quórum y apunta ahora al 4 de junio. Entre los temas en carpeta figuran 73 pliegos judiciales listos para votar —entre ellos el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti—, aunque el Gobierno decidió congelar los de los jueces en lo Penal Económico Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, ligados a la AFA. También aguarda votación un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones, con plazo límite el 30 de junio, y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, al que el oficialismo le realizó cambios para destrabarlo.
El Senado tiene además en carpeta la Ley Hojarasca y el recorte a los subsidios de gas en las Zonas Frías —los dos proyectos que aprobó Diputados en su última sesión—, la nueva Ley de Salud Mental y el proyecto de biocombustibles presentado por Bullrich, que eleva el corte del 7,5% al 10% para el biodiesel y del 12% al 15% para el bioetanol en el lapso de un año.
En Diputados, el gran tema pendiente es el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), cuya votación el oficialismo demora a la espera de que Estados Unidos cumpla compromisos comerciales asumidos. El horizonte legislativo tiene además un límite de tiempo: en menos de un mes, la actividad parlamentaria entraría en una parálisis por el Mundial.
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