POLITICA
El Gobierno define los últimos detalles del proyecto de juicio por jurados antes de enviarlo al Congreso
El Gobierno ultima el proyecto de juicio por jurados y prepara su envío al Congreso. En el Ejecutivo sostienen que el texto está “casi terminado” y que será remitido apenas se complete la revisión final. La iniciativa ya pasó por el Ministerio de Justicia y ya la trabajan los equipos técnicos de la Secretaría de Legal y Técnica. “En breve sale”, expresan en Nación.
En la Casa Rosada aseguran que hubo coordinación subterránea con la Corte Suprema sobre el texto. La reforma forma parte de la agenda que la mesa política tiene en carpeta desde hace varios meses y que quedó pendiente después del último paquete de proyectos enviados al Congreso, que incluyó el super-RIGI, la ley de lobby, ludopatía y cambios en alimentación saludable.
La versión original del proyecto ya había sido incorporada en la primera Ley Bases, pero luego fue retirada de la discusión parlamentaria.
Ese borrador establecía el juicio por jurados en el ámbito de la justicia federal para delitos con pena máxima en abstracto mayor a cinco años de prisión o reclusión. También preveía jurados de 12 miembros titulares, al menos dos suplentes, integración paritaria entre hombres y mujeres y un juez encargado de dirigir el debate.
En Balcarce 50 sostienen que lo más probable es que la mesa política vuelva a reunirse esta semana para ordenar poroteos y definir la secuencia de envío de nuevas reformas. En el oficialismo buscan destrabar la cantidad de iniciativas que ya tienen en Diputados y en el Senado, y evitar superposiciones en el calendario legislativo de junio.
El oficialismo apunta a una mega sesión en Diputados hacia fines de mes, con el Súper RIGI y la ley de lobby como ejes principales. En paralelo, en el Senado están reordenando el esquema de prioridades después de una sesión marcada por la aprobación de 74 pliegos judiciales, el acuerdo con holdouts, la postergación del paquete de propiedad privada y el aval a la candidatura de María Verónica Michelli, resistida por la Casa Rosada.
El Gobierno viene de celebrar la aprobación de los pliegos judiciales en la Cámara Alta y prepara nuevos envíos. En el Ejecutivo anticipan que la semana que viene remitirán al Senado otros 30 expedientes, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia, en línea con las tandas anteriores. El objetivo oficial es sostener el ritmo de cobertura de vacantes judiciales.
En la Casa Rosada siguen de cerca el plenario del Consejo de la Magistratura convocado para el miércoles. El temario incluye concursos para cubrir cargos en juzgados federales y cámaras sensibles: el Juzgado Federal N°2 de La Plata, el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, seis juzgados federales con funciones de garantía en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal y dos cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
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En despachos oficiales advierten que los expedientes más sensibles quedarán para más adelante. “Son los pliegos más complicados, que van a quedar para fin de año”, sostienen en Nación. La discusión judicial quedó atravesada además por el caso Michelli.
En el Gobierno creen que Javier Milei no firmará la designación de la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, pese a que recibió acuerdo del Senado. En Balcarce 50 dan por descontado que el decreto quedará demorado y apuntan a que ese tribunal todavía requiere pasos administrativos para funcionar plenamente.
El proyecto de juicio por jurados se suma a una agenda judicial más amplia. La Casa Rosada también tiene cerca de enviar la reforma del Código Penal, que en el entorno de Karina Milei ya reconocen que saldrá con un alcance más amplio que el previsto en algunas versiones anteriores. En sectores del oficialismo admiten que será una discusión compleja. “Igual no se va a aprobar. Es imposible”, advierten.
La idea original era que la reforma penal ingresara por el Senado. En el Gobierno descartan, por ahora, avanzar con una comisión bicameral para acelerar su tratamiento, una alternativa que había circulado en las primeras conversaciones internas. El texto sigue bajo revisión por diferencias políticas y técnicas sobre el alcance final de los cambios.
En paralelo, el paquete de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger viene retrasado. Incluye cambios en cabotaje, seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales, pero todavía sigue en revisión técnica. En Nación mantienen la intención de enviarlo durante junio, aunque admiten que no todos los capítulos tienen el mismo grado de avance.
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También está demorada la reforma de Defensa de la Competencia. El texto en análisis apunta a modificar reglas sobre fusiones y adquisiciones, umbrales de notificación y criterios de intervención frente a posiciones dominantes. Es una de las iniciativas más sensibles para el sector privado y sigue bajo revisión antes de su envío formal.
Gobierno, Juicio por jurados, Congreso
POLITICA
Marketing Sports: la responsable de la despedida de Messi que muestra inconsistencias sobre su fundación – Nexofin
La sociedad anónima Marketing Sports fue creada el 20 de septiembre de 2018 por el empresario autopartista Mariano Martín Camerota y Analía Gabriela Arcuri. En apenas siete años, la compañía pasó de fabricar las mascotas de la Copa Argentina a organizar eventos vinculados con la selección nacional de fútbol.
La firma comenzó prestando servicios para la productora Torneos antes de entablar un vínculo directo con la cúpula de la AFA. Su primer gran contrato oficial con el combinado nacional se concretó en 2021, cuando organizaron la recepción del plantel campeón de la Copa América en el predio de Ezeiza.
Instagram de Marketing Sports
Según La Nación, a finales de 2019 la empresa ya participaba en grandes espectáculos deportivos al organizar la apertura de la final de la Copa Argentina. Si bien en su sitio web institucional aseguran contar con más de veinte años de trayectoria, su registro formal y sus publicaciones digitales se concentran exclusivamente en actividades vinculadas al fútbol argentino.
Recientemente, la productora estuvo en el centro de la polémica tras organizar la despedida oficial de Lionel Messi en el estadio Monumental. Frente a las múltiples críticas por fallas técnicas y organizativas, la empresa emitió un comunicado oficial culpando al Club Atlético River Plate por no autorizar estructuras clave.
La productora de la AFA responsabilizó a River por los imperfectos en la despedida de Messi
Por su parte, desde la institución de Núñez rechazaron las acusaciones y tildaron los argumentos de la productora como “una afirmación objetivamente falsa”. Las diferencias operativas entre los organizadores y el club anfitrión generaron un fuerte revuelo mediático durante el homenaje al capitán argentino.
La entrada Marketing Sports: la responsable de la despedida de Messi que muestra inconsistencias sobre su fundación se publicó primero en Nexofin.
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POLITICA
Constitucionalistas critican el giro de la Corte por la ley de tierras y hablan de “arbitrariedad”
Luego de que la Corte Suprema restableciera los límites a la venta de tierras a extranjeros a través de una medida cautelar interina, constitucionalistas consultados por cuestionaron el giro del máximo tribunal y los fundamentos de la decisión.
Los expertos criticaron la medida -algunos la calificaron como “arbitraria” y otros le atribuyeron motivaciones políticas-; en cambio, destacaron la postura del juez Carlos Rosenkrantz.
El martes de la semana pasada, la Corte Suprema revocó, invocando un motivo procesal, la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023 de Javier Milei. Ese artículo derogaba la ley de tierras, por lo que con el fallo quedaron eliminados los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.
La decisión generó críticas, protestas y una avanzada opositora en el Congreso para impulsar el rechazo de todo el DNU. Los movimientos de los bloques críticos en la Cámara de Diputados habían arrinconado al oficialismo.
Este nuevo fallo de la Corte ayuda al Gobierno, que necesitaba desactivar un eventual rechazo al DNU 70.
La resolución de hoy fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
Frente a este escenario, el constitucionalista Alejandro Carrió planteó: “No parece que la próxima sesión de la Cámara de Diputados pueda ser una razón atendible [como un motivo de urgencia para dictar la cautelar interina] aún cuando, por supuesto, no ha sido ese el fundamento del voto mayoritario”.
El abogado expresó que el voto en disidencia de Rosenkrantz le resultó “más consistente” que el de la mayoría: “No alcanza con hablar genéricamente de un peligro ambiental si no se entiende en qué consiste. [Rosenkrantz] dice que el hecho de que la tierra esté en manos extranjeras no la convierte en dañina para el medio ambiente”.
En el mismo sentido, con ironía, el constitucionalista Osvaldo Pérez Sammartino escribió: “El extranjero, como se sabe, es proclive a dañar el ambiente, mientras que el ciudadano argentino es esencialmente ecologista”.
Es que la definición de la Corte se tomó en respuesta a un planteo de una asociación ambientalista, dos grupos indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que pidieron que la Corte aclarara si el fallo de la semana pasada implicaba también un rechazo a un amparo que tenían presentado ellos contra la ley de tierras, que alegan “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas”.
Al margen de este argumento, fueron varios los constitucionalistas que destacaron los fundamentos de Rosenkrantz. Coincidieron en que la Corte intervino originariamente en un asunto sin que antes se haya pronunciado la instancia anterior y en que el demandante no cuenta con legitimación activa para un expediente de estas características.
Félix Lonigro afirmó que “la Corte está haciendo política”. En concreto, el tribunal devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta tanto el juzgado de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de todos los que promovieron este caso y examine su pedido de medida cautelar.
“¿Qué es esto? Política –sostuvo Lonigro–. La Corte, normalmente, no debería haber hecho esto. Debería haber dicho: ‘No intervengo todavía. Que intervenga el juzgado de Bariloche’, y no hacer nada. Pero, como fueron tantas las críticas porque había dejado desamparada la ley de tierras, entonces ahora muñequea un poco y suspende este [artículo del] decreto 70”.
Consultado por , Daniel Sabsay evaluó que “no es bueno que la Corte vaya y venga sobre el mismo tema en poco tiempo”.
Entretanto, Juan Vicente Sola indicó que “el efecto [del nuevo fallo] es, de alguna manera, suavizar el debate político actual que ha tomado un carácter extremo y en esto trata de postergar un tema que considero inevitable de decidir”.
Lorena Gonzalez Tocci, profesora de Derecho Constitucional (UBA y San Andrés), sostuvo que “el impacto que generó la sentencia del 29 de septiembre es innegable, y de alguna manera esperable” por los alcances de esa sentencia, por su “timing” y “sobre todo por el tsunami que generó el dictado del (inconstitucional) decreto 70/23 que sigue esquivando tanto el control legislativo como el judicial”.
Sin embargo -advirtió-, las “reacciones y sensaciones” que generó “no pueden guiar ni mucho menos condicionar el resultado de las decisiones judiciales”, que deben “apoyarse en fundamentos sólidos y en razones públicas, no en modulaciones personales de los jueces que, ante cualquier presión o descontento por el impacto de una decisión, adaptan y desarman las reglas del juego”.
Tocci destacó, en cambio, la disidencia de Rosenkrantz. Dijo que no olvidó que una regla básica para llevar un caso a los tribunales es la acreditación de una “legitimación adecuada”, pero que además recordó que para poder dictar una cautelar, “medida excepcionalísima”, se requiere la “acreditación -aunque sea mínima- del peligro ambiental grave e irreversible”; algo que, según Tocci, no quedó acreditado en las presentaciones de Árbol de Pie.
En la misma línea, Sebastián Guidi, doctor en Derecho por la Universidad Yale y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Di Tella, afirmó que “queda la apariencia de que ni una ni otra decisión [la sentencia de la semana pasada y la nueva] fueron motivadas únicamente en el derecho”. Guidi dijo: “Las decisiones impopulares van y vienen, lo que verdaderamente daña a la Corte es que se perciba que se maneja con arbitrariedad en general. Y lo de hoy no ayudó”.
Mientras, Andrés Gil Domínguez planteó, en clave política, que “es un fallo que favorece al Gobierno porque mantiene la vigencia del decreto” al “debilitar el planteo de la oposición y darle argumentos a los aliados para que no apoyen el rechazo [en el Congreso]”. Y agregó: “El trámite excepcional utilizado por la Corte Suprema y este fallo demuestran que la anterior sentencia fue arbitraria”.
Diego Armesto también posó la mirada en el Poder Legislativo: “Pasa por allí el tema. [La Corte] está dando un plazo para que se utilicen las herramientas institucionales para que se dé una solución definitiva a este entuerto que se ha planteado en torno a la ley de tierras”. Es decir, desde su perspectiva, le brindó un “margen” a los legisladores nacionales para que consensúen una nueva ley de tierras que “sobrepase” el artículo 154 del DNU 70 y eche por tierra la posibilidad de que haya nuevos giros en el asunto.
Por último, Magalí Miranda, profesora de Derecho Constitucional y Derecho Político de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, apuntó que hay ciertos “problemas institucionales que subyacen al fallo”. Entre ellos, mencionó la “falta de integración de la Corte”, compuesta hoy por tres miembros, que derivó en la convocatoria de los conjueces, y “la necesidad de que el Congreso ejerza un verdadero control sobre los DNU” y discuta la reforma de la ley que regula este tipo de decretos.
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POLITICA
Argentina e Israel firmaron un memorándum de cooperación en defensa: qué implica y qué armamento podría incorporar el país
Argentina e Israel profundizaron su cooperación en defensa con la firma de un nuevo memorándum de entendimiento, días después de la llegada de los primeros fusiles de asalto ARAD para las Fuerzas Armadas. El acuerdo se suma a una agenda que incluye la modernización del equipamiento militar y posibles adquisiciones de artillería autopropulsada y drones.
Durante una columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó el alcance del acercamiento bilateral, repasó las versiones sobre futuras compras y se refirió a la licitación para construir el muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia.
El documento fue firmado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Carlos Presti, y la embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef. También participó el coronel Amit Guy, agregado de Defensa israelí en el país.
“Esto es una cosa que se viene ya negociando hace varios meses y que tiene ya algunos resultados que se han visto en estos días y otros que se espera que puedan venir”, señaló Serbin Pont.
El acuerdo con Israel y la llegada de los fusiles ARAD
El memorándum se inscribe en una relación que tuvo otro antecedente en 2024, cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, visitó Israel. La agenda de aquella etapa incluyó ciberdefensa, drones, protección de fronteras, comunicaciones satelitales y provisión de armamento.
Uno de los resultados concretos del acercamiento fue la incorporación inicial de 250 fusiles ARAD, fabricados por la empresa israelí Israel Weapon Industries (IWI). El nuevo armamento está destinado a reemplazar progresivamente al FAL, utilizado por el Ejército argentino durante décadas.
“Se han convertido en el reemplazo del mítico fusil FAL del Ejército argentino después de 66 años de servicio”, afirmó el analista.
La partida incluye dos variantes: el ARAD 7, de calibre 7,62 × 51 milímetros, destinado principalmente al Ejército, y el ARAD 5, de calibre 5,56 × 45 milímetros, previsto también para la Armada y la Fuerza Aérea. La provisión contempla accesorios y equipamiento complementario.
El contrato tiene un tope de USD 12 millones. Según las estimaciones mencionadas durante el programa, cada fusil cuesta alrededor de USD 1.000, aunque el valor total depende de los componentes incluidos. Serbin Pont remarcó que se trata de una entrega inicial limitada, dentro de un proceso de incorporación que podría continuar con nuevos lotes.
Artillería y drones: los sistemas israelíes que podría incorporar la Argentina
La firma del memorándum volvió a poner el foco en las posibilidades de cooperación militar entre la Argentina e Israel. Entre las versiones sobre eventuales adquisiciones aparecen sistemas de artillería autopropulsada y drones de vigilancia, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre contratos para incorporar ese equipamiento.
Andrei Serbin Pont mencionó dos alternativas que podrían responder a necesidades de modernización de las Fuerzas Armadas: los sistemas de artillería Atmos y los vehículos aéreos no tripulados de la familia Hermes. No obstante, aclaró que se trata de trascendidos y que no puede darse por hecho que las operaciones estén en marcha.
Una de las posibilidades es el Atmos, un sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas de 155 milímetros. Su eventual incorporación permitiría reforzar la movilidad y la capacidad de apoyo de fuego del Ejército, en un contexto de renovación de medios terrestres y de incorporación de vehículos blindados Stryker.
Según las estimaciones mencionadas por Serbin Pont, cada sistema podría costar entre USD 6 millones y USD 7 millones, aunque el monto dependería del equipamiento, las municiones y los servicios incluidos en una eventual contratación.
Otra de las alternativas que mencionó el analista es la incorporación de drones militares de media altitud y larga autonomía, conocidos como MALE. Dentro de la oferta israelí se encuentran los modelos Hermes 450, 600 y 900, plataformas que podrían ampliar las capacidades argentinas de vigilancia y reconocimiento.
Serbin Pont estimó que cada aeronave podría rondar los USD 10 millones, sin contemplar necesariamente el costo total de su puesta en servicio. Un programa de estas características también requeriría estaciones de control, capacitación, mantenimiento y soporte logístico.
El analista consideró que la incorporación de drones podría resultar especialmente relevante para las tres fuerzas, tanto para la vigilancia marítima como para el control de las fronteras y el apoyo a las operaciones militares.
Por ahora, tanto el Atmos como los Hermes deben considerarse posibles alternativas de adquisición y no compras confirmadas. El memorándum establece un marco de cooperación entre ambos países, pero su firma no implica, por sí sola, que esos sistemas hayan sido seleccionados o contratados.
Ushuaia: licitación para construir el muelle de la base naval
En paralelo con la agenda de cooperación internacional, la Argentina avanzó en otro proyecto de infraestructura militar. La licitación para construir el muelle de la Base Naval Integrada de Ushuaia quedó formalizada mediante la Resolución 704/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La obra tiene un presupuesto oficial de $189.321 millones, equivalente a unos USD 120 millones según la estimación mencionada por Serbin Pont. El procedimiento se tramitará a través de la plataforma Contratar y contempla la construcción del muelle.
La iniciativa integra un proyecto de mayor alcance para desarrollar infraestructura naval en Tierra del Fuego. “El plan íntegro para la base es 700 palos y es a largo plazo”, explicó el analista.
Para Serbin Pont, la construcción del muelle constituye una de las prioridades inmediatas. “Que el muelle avance creo que es probablemente lo más importante en este momento”, afirmó.
La adjudicación y el inicio de los trabajos permitirán determinar el avance efectivo de una obra estratégica para la presencia argentina en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida.
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