En paralelo a las polémicas que atraviesa a los integrantes de la mesa política, el reducido círculo designado por el presidente Javier Milei estableció las prioridades legislativas para junio, entre las que destaca la reforma electoral, como elemento central, pero que alcanza también a la Ley de Etiquetado Frontal, la Ley de Lobby y el Super RIGI. Aún sin fechas fijas, el oficialismo aspira a conquistar la sanción de los cuatro proyectos, que podrían ser más, entre la extensa lista enviada al Congreso Nacional.

En las vísperas de una nueva sesión, la Cámara de Senadores se prepara para tratar el jueves a las 11 la solicitud del pliego de la jueza María Verónica Michelli, a pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que adquiera estado parlamentario. Si bien no se votará el retiro del pliego en particular, sí debatirán en torno a otros 50 jueces, pero además tratarán el proyecto de pago a bonistas y el de Propiedad Privada que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Más allá de la agenda inmediata del Senado, en Casa Rosada ya proyectan el calendario legislativo para el resto del mes, condicionado por el Mundial 2026. Aún sin fechas definitivas, el oficialismo trabaja para encadenar una serie de sesiones que le permitan avanzar con algunas de las iniciativas que considera prioritarias.

Para la tarea, además de la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, quien transita tiempos complejos con la cúpula del poder producto de sus diferencias con los Milei, estarán comprometidos el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem en Diputados.

Tras el contrapunto expresado por la legisladora, que tomó distancia de la decisión de Karina Milei de retirar el pliego de Michelli por sus vínculos con un periodista de La Nación, La Libertad Avanza ganó algunos días para poder ordenar a la tropa interna que se debate si responder a su jefa de bloque o acata las directivas de Rosada.

Como contó este medio, el pasado martes, el oficialismo les comunicó a los jefes de los bloques aliados la definición de fechas para una nueva sesión que podría incluir el Súper RIGI, potencilamente la Ley de Lobby y algunas otras normativas en lo que planean como “una mega sesión” programada para la última semana de junio.

Asimismo, entre los legisladores violetas reina el optimismo en torno al proyecto del ministro de Economía, Luis Caputo, que contempla mayores beneficios que el régimen original. Sin embargo, ven un escenario más complejo con la normativa que busca regular la práctica en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

“La discusión recién inició ayer. El proyecto de Lobby lo veo más complejo, en particular, entre determinados sectores que se benefician de él”, expresó una voz del ecosistema libertario. “El de Lobby seguro tenga modificaciones. Probablemente Súper RIGI vayamos a tener más apoyo sin tocarlo mucho”, coincidió un legislador que apuntó directamente contra la bancada peronista.

Tras dos meses marcados por la quietud en la gestión, a raíz de las diferencias internas y el impacto de la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, la administración libertaria se encargó de anunciar el envío de una serie de proyectos al Congreso de la Nación. “Todo lo que figura pendiente, que fue enviado al Congreso, está en la lista de importancia. Algo más se sumará en junio”, planteó una fuente legislativa a este medio.

Además de lo mencionado, continúan pendientes de tratamiento la Ley de Hojarasca y la que recorta el Régimen de Zonas Fría, que cuentan con media sanción; la Ley de Sociedades; la Ley de Salud Mental; la Ley de Financiamiento Universitario; la Ley de Fraude de Pensiones por Invalidez; la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT); y la ley de Falsas Denuncias de la senadora aliada Carolina Losada.

No obstante, la reforma política configura la principal apuesta de la Casa Rosada, que mantiene su intención de modificar el sistema electoral en la previa a un nuevo año electoral. La ambiciosa medida encuentra en los aliados algunos puntos de resistencia, en particular en el apartado que busca la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Ante ese escenario, en varios despachos de Balcarce 50 maduran la posibilidad de volver a suspender “por única vez” las PASO, como ocurrió en las legislativas de 2025, o como segunda posibilidad, erradicar el carácter obligatorio de las mismas y transformarlas en Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS).

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Un plenario de comisiones comenzó a debatir este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto denominado Super RIGI que tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las “industrias del futuro”. Desde el Gobierno destacaron que el RIGI incluido en la Ley Bases fue “sumamente exitoso” y por eso ahora es momento de “pensar en el siguiente paso de la Argentina”.

La presentación del proyecto, en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Ciencia e Industria, estuvo a cargo de Daniel Gonzalez, secretario coordinador de Energía y Minería, quien aclaró que “no hay absolutamente ningún lobby” detrás de la iniciativa y también negó conocer a Peter Thiel, el magnate tecnológico que fundó empresas como PayPal o Palantir, y recientemente se radicó en la Argentina.

La aclaración hacía referencia a la acusación de la oposición, que denunció que el empresario estadounidense podría ser uno de los interesados en conseguir condiciones especiales para desarrollar data centers para procesar información con Inteligencia Artificial. Thiel se reunió hace dos semanas con Luis Caputo y otros funcionarios de Economía.

Al inicio de su exposición, el funcionario del Ministerio de Economía planteó que el Super RIGI viene a continuar el espíritu del RIGI, que vence el año que viene. “Consideramos que sería un error intentar extender ese régimen porque fue posicionado como régimen excepcional y muchos proyectos se apuraron para llegar antes del vencimiento. Como ha sido exitoso, creemos que es momento de pensar en el siguiente paso de la Argentina, que incluye el aprovechamiento de los recursos naturales y la infraestructura que movió el RIGI”, explicó.

En ese sentido, detalló que actualmente “hay 39 proyectos presentados en el RIGI que representan USD 138 millones de dólares de inversión y 179 mil empleos, y cuando todos estén en operación representarán USD 49 mil millones en exportaciones”.

Por otro lado, apuntó contra las críticas de la oposición por el costo fiscal que representan los beneficios otorgados a las empresas, por ejemplo la alícuota reducida del 15% del Impuesto a las Ganancias. “Es imposible que esto tenga costo fiscal porque son proyectos que no existían. En todo caso, habría que pensar el costo fiscal de no haber hecho nada durante tantos años”, señaló.

“Pusimos la alícuota en 15% porque es lo mínimo que nos permiten las normas de la OCDE. Estamos compitiendo con jurisdicciones de todo el mundo. Estos proyectos se hacen en algún lugar, tenemos que estar al tope de la lista”, dijo.

Las principales críticas de la oposición giraron en torno a la recaudación que el Estado dejará de percibir pero también a la energía necesaria para el funcionamiento de los proyectos. “ El artículo 73 dice que el Estado tiene que garantizar la operatoria de los VPU sin interrupciones, entonces si hay que dejar sin energía a la mitad del país para que sigan desarrollando estos proyectos, lo vamos a tener que hacer. Porque si no, nos llevan al CIADI. Ni siquiera nos guardamos que intervenga un juez con DNI argentino», lamentó la camporista Luciana Potenza.

Desde el oficialismo esperan poder dictaminar el proyecto la semana que viene, lo que permitiría convocar a una sesión especial el 18 de junio. En caso de que se necesite más tiempo para lograr consensos, apuntarán al 24 de junio como fecha máxima. En esa sesión también se incluirá la nueva ley de Lobby, tratados internacionales y el pago a los holdouts (si llega a tiempo con media sanción del Senado).

El Super RIGI define “nuevas industrias” o “industrias del futuro” como aquellas actividades que constituyen “nuevas actividades económicas”. Según el texto, esto comprende todo desarrollo industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional.

Para que un proyecto califique como una “nueva actividad económica” debe cumplir con estas condiciones: no debe desarrollarse, producirse ni prestarse en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley, o bien su grado de desarrollo debe ser experimental o piloto; también quedan excluidos los proyectos que impliquen ampliación, modernización, adecuación, reconversión, reorganización o reutilización de instalaciones preexistentes.

¿Qué beneficios obtienen los proyectos incluidos en el Super RIGI?

• Impuesto a las Ganancias reducido al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos.
• Amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.
• Deducción de quebrantos sin límite temporal.
• Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
• Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones en activos computables.
• Exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y productos obtenidos bajo el proyecto.
• Contribuciones patronales reducidas: alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión.
• Libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación.
• Sin obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados al proyecto.
• Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.
• Plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.
• Posibilidad de someter controversias con el Estado Nacional a arbitraje internacional.
• Compatibilidad con otros regímenes promocionales, siempre que los incentivos no sean de la misma naturaleza y no se superpongan.
• Transferencia libre de acciones, cuotas o participaciones sociales del VPU sin autorización previa.
• Exención de restricciones, prohibiciones o cupos para importar y exportar los bienes necesarios para el proyecto.
• Los incentivos pueden ser utilizados exclusivamente respecto del proyecto adherido y no para otras actividades.

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