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POLITICA

El Gobierno ensaya leves gestos, rendido en el altar de la micro

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El Gobierno ensayó esta semana un giro limitado en su política económica para reactivar el consumo y los ingresos. Quienes trabajan al lado de Javier Milei se pusieron un plazo: para marzo del año que viene tiene que notarse una mejora en el bolsillo. La Casa Rosada se rindió en el altar de la micro. Entró en crisis la narrativa. Milei sigue pensando que su modelo no necesita ningún impulso, anclado en su dogma. Pero, al menos, deja hacer.

El ministro de Economía, Luis Caputo, preparó con Santiago Caputo, el asesor presidencial, el anuncio sobre el fondeo a los bancos para ampliar los créditos hipotecarios. Ambos le dieron forma al discurso que, claro, choca con lo que públicamente sostiene Milei, aquello de que la justicia social es una aberración. El ministro no solo dijo que era justicia social facilitar el acceso a la vivienda sino que argumentó que la medida tendría un rol multiplicador. Habló así: “Alguien que accede a un crédito hipotecario para tener una primera nueva vivienda también tiene que comprar diferentes cosas, desde una cama, un sillón, hasta un televisor. Entonces, todo eso motoriza otros sectores de la economía”. Keynesianismo light.

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En el Gobierno refuerzan que la nueva narrativa hay que leerla también en función de la llegada del papa León XIV. Y refuerzan que esa visita adelantó la estrategia. La Casa Rosada quiere mostrar otro perfil ante el temor a que el mensaje papal se convierta en una caja de resonancia en contra del modelo.

Milei se muestra en público en otro plan, como si no se hiciera cargo de esas decisiones. No habló en ninguna de las intervenciones de estos días del tema ni tampoco celebró la política pública de su Gobierno. Se mueve como ajeno al resto. La actitud impacta porque deja latente, y abona, la pregunta de hasta dónde está metido en la gestión.

La Casa Rosada vinculó la nueva narrativa económica con la llegada del papa León XIV y busca evitar que su mensaje se convierta en una crítica al modelo.

Las contradicciones llegan al límite de que en la Casa Rosada niegan lo que hacen. Trabajan bajo una premisa: que se note pero que no se diga. El esfuerzo del cierre de la semana estuvo concentrado en desmentir el levantamiento del cepo a los salarios cuando, en rigor, reconocen que desde el Gobierno promueven subas salariales.

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El cambio tensiona el modelo. En la admisión de que con la macro no alcanza, el Gobierno pone en juego mucho más que el discurso. Las herramientas a disposición son más bien escasas si el objetivo es mantener inamovible el superávit fiscal. Sin ingresos, el ajuste es interminable y la reactivación no se notará. Quienes conocen los próximos pasos del Gobierno sostienen que marzo es el límite autoimpuesto para tomar medidas y que se noten en la economía doméstica. Hasta ahora, las apuestas del Gobierno parecen escasas, o de poca expansión. “Están probando”, analiza un economista que trata seguido al Presidente.

En esa lógica, el trazo grueso que ideó el Gobierno implica, en primer lugar, la reactivación vía mejoras salariales a través de sumas fijas no remunerativas o bonos para los salarios más bajos. “La mejora tiene que estar ahí, porque te tracciona el consumo y recaudas vía IVA”, explican la decisión, que se relaciona con el trascendido de garantizar un básico de $860.000 en mano. Esa versión salió de un sector del Gobierno. Se abrió una cacería para detectar filtraciones. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mandó a desmentir la decisión que habían comunicado de manera extraoficial desde la secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero. Lo cierto es que más allá de las idas y vueltas, en los hechos, en las negociaciones que se llevaron adelante en el último tiempo, el grifo se abrió. Es el caso de los trabajadores metalúrgicos. El Gobierno homologó en tiempo récord el acuerdo paritario. Apenas 13 días después de haberlo firmado, el miércoles pasado la secretaría de Trabajo habilitó la suba que incluye un 6% no remunerativo durante agosto, septiembre y octubre, y otro 6% no remunerativo y no acumulativo para noviembre y diciembre. Además, estableció una suma extraordinaria de $1.600.000 para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas. A partir del 1° de enero, los porcentajes acordados serán incorporados a los salarios básicos de convenio. Es el esquema que el Gobierno quiere replicar en la mayoría de las negociaciones. Ya sucedió con plásticos, ferroviarios o la construcción.

A eso se suma que el Gobierno tiene la expectativa de una baja de la inflación, que vuelva a empezar con 1, y Caputo no levantó el techo del 2% que había fijado en la negociación salarial, con lo cual estiman que ese relajamiento también se verá, aunque lentamente, en el bolsillo.

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Impacto limitado

El Gobierno se ató de pies y manos. No puede tocar las cuentas públicas, por lo cual es poco probable que avance con una recomposición de haberes jubilatorios vía bono, que dejó congelado desde marzo de 2024. El impacto de las medidas es acotado. En cuanto a los salarios básicos, solo un gremio está por debajo del monto de 1.070.000 brutos que dejó trascender Trabajo. A abril de 2026 solo Maestranza estaba por debajo de esa cifra, en $990.934, y acaba de cerrar su negociación paritaria con dos sumas extraordinarias. Una en septiembre por $80.000 no remunerativa y otra en diciembre por $30.000. El giro oficial es acotado y muy paulatino.

Luis Caputo anunció fondeo a los bancos para ampliar los créditos hipotecarios y defendió la medida como una vía para motorizar la economía.

Algo similar sucede con los créditos hipotecarios. El universo alcanzado es de apenas 18.000 familias, según el cálculo que informó Caputo. Solo se destinará el 2% del Fondo de Garantías de Sustentabilidad para los bancos. “Es una primera etapa, se puede ampliar”, sostienen en la Casa Rosada. El monto establecido por Economía equivale a cerca del 23% del stock vigente de préstamos hipotecarios. El nuevo fondeo representa más de 1,3 veces lo colocado hasta ahora en el año. En 2025 se otorgaron unos 44.000 créditos hipotecarios y en el primer semestre de este año alrededor de 12.000. Es apenas un leve impulso comparado con el escenario de hace un año. Está destinada a la clase media alta con ingresos registrados, un universo acotado. El monto máximo será de US$200.000. Pero para financiar a las familias según el cálculo que mostró el ministro el promedio del crédito sería de US$75.000.

Desorden interno: cada cual atiende su juego

Milei insiste en que no necesita nada para que su plan lo lleve a la reelección. Eso transmitió en la reunión de Gabinete del lunes pasado en la Casa Rosada. Fue su regreso a Balcarce 50 después del encierro de Olivos. “Está convencido de que no necesita ningún impulso, lo repite todo el tiempo”, dice un dirigente que lo escuchó. El desorden comunicacional de esta semana llegó a ubicar a Santiago Caputo afuera del Gobierno. No estuvo en ese encuentro y sus enigmáticos posteos en X abonaron la versión. Un día después, el martes, la siempre confusa conferencia de prensa del portavoz Adrián Ravier agravó la situación cuando informó que el asesor había sido corrido de la comunicación digital que asumiría ahora Santiago Oría. No pasó ni una hora que Ravier volvió a desmentir a Ravier. “No hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas”, se desdijo, cuando ya la molestia había cruzado a todas las tribus internas.

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La comunicación está fuera de control. Milei endurece su postura y el resto trata de aflojarla. La crisis del modelo se refleja en la crisis de la narrativa. Los límites del plan los corre Patricia Bullrich. A sus ya habituales diferenciaciones esta semana dijo que la economía está “áspera”, que hay que mejorar el salario y que “un buen político sabe lo que le pasa a la gente”. Se cruzó con Milei en la reunión de gabinete, pero fue en buenos términos. “Un amable intercambio”, lo describió la senadora ante un allegado. Es que el Presidente responsabiliza a la oposición de hacer una campaña en su contra y no deja margen para evaluarse a sí mismo. “Yo no hablo desde la oposición sino desde lo que necesitamos para ganar”, fue la intervención de Bullrich. Ella insiste con que el vínculo social determina una elección. Milei aborrece esos consejos.

Píldora de la empatía

La crisis de los endeudados terminó copando la agenda interna del Gobierno. Milei dedicó la mayor parte de su encuentro con los legisladores libertarios del martes a victimizarse. Expresó que el endeudamiento no lo generaron sus políticas, sino que era parte de una campaña opositora. “No hay que tragarse la píldora de la empatía”, lanzó, a modo de aviso interno. Le hablaba a los propios. “Cuando uno pregunta qué es la empatía, van a contestarles con ideas populistas. Y al populismo no se le gana haciendo populismo”, insistió. Volvió a hablar de los mercados repugnantes, como ya lo había hecho en público, para adoctrinar a su tropa, pero poco permeó. No hay demasiadas espadas parlamentarias que se animen a ponerse en contra del que más sufre, por más bajada de línea que haga Milei. Se inmoló el diputado Bertie Benegas Lynch, cuando dijo que los televisores que compraron para el mundial se dejaron de pagar porque la selección perdió. Puertas adentro, Milei insiste. “La morosidad es otro ejemplo donde los kirchneristas tienen la posibilidad de exacerbar la división política y romper a la sociedad”, les dijo a sus legisladores mientras describía casos de lo que llamó campaña en su contra. “Necesito que la dirigencia entienda”, los apuró.

Javier Milei negó que la morosidad y el endeudamiento respondan a sus políticas y atribuyó la presión sobre el tema a una campaña opositora.

Uno de los asistentes describió que se lo notó irritado ante la crítica. “No soporta que lo desafíen. Eso pasó el 1° de marzo en el Congreso. Fue con un texto escrito y al primer desafío se descontroló”. Milei les dijo que la morosidad hoy en la Argentina no es un problema relevante. Y puso de ejemplo a los bancos. Dijo que está alrededor del 11% e insistió con el mundial como respuesta a todo. Fue más allá. “Este año tuvimos mundial y muchas familias tomaron deuda para comprar televisores. Lo mismo sucedió con las casas de apuestas, que también explican parte de la mora en el período de mundial”, agregó. Los mandó a leer el libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt, que dice básicamente que nada de lo que se anunció esta semana para reactivar la economía sirve. Contradicciones en lo más alto del poder.

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Cuando terminó de hablar consultó si alguien tenía una pregunta. Levantó la mano Lilia Lemoine, como si estuviera todo orquestado. En el dibujo del poder, la escena se componía de Milei y la mesa chica karinista. Estaban Diego Santilli, Martín Menem y Juan Bautista Mahiques. Faltó Santiago Caputo, como el día anterior, y faltó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, de su riñón, que debería ser nexo con los legisladores cuando se requieren modificaciones a los proyectos. El asesor recién apareció en escena nuevamente el miércoles, para asistir al ministro de Economía.

Las diferencias internas se reflejan en las iniciativas oficiales. Bullrich relanzó el debate de la reforma electoral, pero Santilli todavía no tiene cerrado el acuerdo con los gobernadores que habilite un debate en serio. “No saben qué quieren”, protestó una espada parlamentaria sobre la discusión electoral. En principio buscan reinstalar agenda en un momento complejo, donde todavía en el Senado se acumulan proyectos sin tratar. El plan de incorporar colectoras se fue apagando en medio de las encuestas que muestran sostenidas bajas en la imagen presidencial. “Alguna herramienta tenés que dejar, sobre todo para los aliados”, promueven en el Senado. Pero las listas colectoras tienen la dificultad de que solo se promoverían dos opciones. Una lista colgada de Milei, que sería la oficial y puramente violeta, y la paralela, con un mix de todo el resto de los partidos que se quieran colgar. Cómo hacer para que esos espacios se pongan de acuerdo es una vía aún inexplorada. “Nada está resuelto”, reflejan en Balcarce 50.

Karina Milei no deja de mandar señales contrapuestas. Mientras abre el diálogo con Mauricio Macri, siembra candidatos en la ciudad. Después de que la semana pasada Luis Caputo y ella misma recorrieran el territorio porteño junto a la jefa del bloque de los legisladores de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, el viernes lo subió a Santilli. Fueron al barrio chino. Todavía parece difícil que se resigne fácilmente a dejarle la ciudad a los Macri, que es lo que busca el jefe del Pro.

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Contraataque acotado

El Gobierno prepara el contraataque para frenar el intento opositor de avanzar con una salida para los casi 6 millones de morosos. Las opciones no incluyen tomar la iniciativa, más bien resistir. La oposición pidió una sesión especial para el 9 de septiembre con la fortaleza de contar en su convocatoria con un amplio abanico político. El pedido lleva 48 firmas, entre ellas, la del nuevo jefe de bloque de Argentina Federal, el ex gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, espacio estrenado esta semana, que votó con el Gobierno la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la inocencia fiscal. Abarca a los misioneros y a los salteños. También firmaron los cordobeses que responden a Martín Llaryora y los catamarqueños, además de Lourdes Arrieta, que va y viene en su relación con el oficialismo. El número de 133 diputados que votaron en la sesión de esta semana a favor de abrir el debate, se podría ampliar a 139.

La oposición pidió una sesión especial para tratar una salida para casi 6 millones de morosos y el oficialismo prepara maniobras para frenar el debate. (RS Fotos)

Los libertarios trabajan en dos líneas. Como contraataque convocaron para el próximo miércoles a la comisión de Finanzas. Apuestan a convencer a entre 6 y 8 legisladores. La firma de Herrera Ahuad con la oposición les complica el panorama. Buscan sólo ganar tiempo. Están invitando a las apuradas a expertos que hablen del tema. La otra opción es que el mismo 9 convoquen a una sesión, una hora antes, tengan quórum y desactiven la iniciativa opositora. No tienen tema. No hay dictamen de nada. El camino es que logren dictaminar esta semana en la comisión de Salud por la trazabilidad de los medicamentos, un reclamo de los familiares de las personas fallecidas por el fentanilo contaminado y llevar eso al recinto. La otra, que apuren inviolabilidad de la propiedad privada, sin mucho margen de acción.

El otro tema que persigue a la Casa Rosada es la emergencia en discapacidad. La convocatoria para el 9 de septiembre incluye en primer lugar del temario la prórroga de la ley que nunca cumplió el Ejecutivo. El tema volverá a la agenda pública. El Gobierno dejó de pagar los fondos para los prestadores que desde mañana suspenderán los tratamientos. A la Casa Rosada se le viene encima este debate. Al apuro para mostrar algún alivio de bolsillo por la llegada del Papa se suma que en la agenda de León XIV está una visita al Cottolengo Don Orione. Todavía se están ultimando detalles pero será sin dudas un mensaje al Gobierno.

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En paralelo, la CGT está gestionando una audiencia con el Papa. Aún no tuvieron novedades, pero en Azopardo confían en que podría haber voluntad de Roma para realizarla. Se da en momentos en los que crece la tensión del sindicalismo con la Casa Rosada por la falta de diálogo. La CGT abandonó el viernes la reunión del consejo del salario ante la confirmación de la suma irrisoria de aumento que se negociaba, que llevaba el mínimo de $376.600 a 468.000 hasta abril del año que viene. El Gobierno quiere inyectar los salarios de convenio, pero no el mínimo vital y móvil, que está atado a los programas sociales y que le generaría mayores desembolsos por parte del Tesoro. Pasado mañana la comisión directiva de la CGT volverá a reunirse para evaluar los pasos a seguir, pero apuran una marcha para insistir con el endeudamiento familiar. Sin paro a la vista.

La foto peronista

En el peronismo empiezan a consolidarse opciones. La foto que dejó esta semana el principal partido opositor es la de dos candidatos en la cancha: Axel Kicillof y Sergio Massa. El ex ministro de Economía reapareció en un acto en Rosario, en la presentación de un libro del diputado del Frente Renovador Diego Giuliano, que aspira a la gobernación. Congregó a todas las tribus internas del distrito, menos al axelismo. Estuvieron Germán Martínez, postulado también por un sector del peronismo, y Juan Monteverde, de Ciudad Futuro, candidato con altas chances en Rosario, además de los sectores más kirchneristas, representados en La Cámpora. “La unidad es lo más importante”, dijo Massa. Trabaja en esa alternativa. Sabe que su candidatura presidencial crece al calor de las diferencias entre Kicillof y Cristina Kirchner, en una apuesta similar al 2023, cuando terminó siendo el candidato de unidad.

Sergio Massa reapareció en la presentación de un libro del diputado del Frente Renovador Diego Giuliano en Entre Ríos.

Por el otro lado, el gobernador bonaerense forzará una interna, pero es consciente de que en el peronismo, sólo Juan Grabois podría acceder a competir. Sería una interna que no le sirve a nadie. Casi que no contrapone modelos. En La Plata trabajan por la PASO, pero tienen la sospecha de que llegado el momento, no habrá competencia. Cristina Kirchner no generó hasta ahora un candidato propio pero forzó, eso sí, al resto, a frenar los apoyos a Kicillof ante la incógnita de cómo termina el escenario en el peronismo. Toda la dirigencia con peso territorial está paralizada. Por ahora no logró bajarlo. Es el éxito que puede mostrar Kicillof. Un año y medio después de apostar a su plan presidencial, sigue siendo candidato. Massa, con poco, se las rebusca para estar entre los candidateables. Todo puede cambiar con un pronunciamiento en Naciones Unidas que vuelva a poner a Cristina en carrera.

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En algo coinciden Milei y el peronismo. Sin opciones intermedias que se destaquen, el camino parece ser la vuelta de la polarización.

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POLITICA

Malvinas: el lunes vence el ultimátum y el Gobierno prepara un pedido al Tribunal del Mar para frenar Sea Lion

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El gobierno de Javier Milei se prepara para abrir una nueva instancia en la controversia con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El próximo lunes vencerá el plazo de dos semanas que la Argentina concedió a Londres para detener las actividades vinculadas con Sea Lion, el proyecto desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte. A partir de entonces, la Cancillería buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar disponga medidas provisionales para evitar que el emprendimiento avance antes de que comience la extracción de crudo, proyectada para 2028.

Según reconstruyó Infobae a partir de información oficial y consultas con especialistas en derecho internacional, la presentación aún no tiene una fecha definida. La estrategia se inscribe en el procedimiento anunciado por el Gobierno el 28 de septiembre y podría derivar en una primera resolución durante noviembre.

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La distinción jurídica es central: la Argentina no puede ordenar por sí misma la paralización de Sea Lion. El objetivo oficial es pedir la intervención de una instancia internacional que, tras escuchar a las partes y evaluar los fundamentos, pueda dictar medidas provisorias, imponer restricciones o rechazar el planteo.

El presidente Milei habló ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el reclamo de soberanía de Argentina sobre Malvinas

La estrategia combina dos vías. Por un lado, el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla la conformación de un tribunal arbitral. Por otro, una intervención previa del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, que puede resolver pedidos urgentes mientras se constituye aquel órgano.

El arbitraje de fondo puede extenderse durante años. El trámite de las medidas provisionales es más veloz, por lo que concentra las expectativas inmediatas del Gobierno.

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La decisión fue anunciada el 28 de septiembre por la Oficina del Presidente y ejecutada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El comunicado informó que Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje contemplado en el Anexo VII para impedir las actividades hidrocarburíferas de Sea Lion y otras medidas que, según la posición argentina, puedan agravar la controversia, como nuevos permisos de explotación.

La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico cerca del archipiélago de las islas Malvinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento también señaló que la Argentina intimó formalmente al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. En caso de incumplimiento, anticipó que recurriría al Tribunal para solicitar medidas destinadas a preservar sus derechos.

El Presidente ratificó el anuncio en su cuenta de X. “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”, escribió Milei. Luego agregó: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.

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El canciller Quirno también confirmó que el país notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje previsto en la CONVEMAR. Además, advirtió que quienes exploren o exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina deberán enfrentar consecuencias.

La sede del Tribunal del Mar donde se debaten los recursos presentados por los países miembros

Qué puede pasar a partir del lunes

El vencimiento del ultimátum constituye un hito diplomático, pero no activa de manera automática la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La Argentina deberá presentar el pedido, exponer sus fundamentos y demostrar la urgencia de las medidas solicitadas.

El procedimiento está regulado por el artículo 290 de la CONVEMAR. Su párrafo quinto establece que, antes de que se constituya un tribunal arbitral, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede disponer medidas provisionales si considera, en principio, que el futuro tribunal tendría jurisdicción y que las circunstancias requieren una intervención urgente.

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La norma prevé un plazo de dos semanas desde la notificación a la contraparte de una solicitud de medidas provisionales cuando los Estados no acordaron otro órgano para examinarlas. Ese requisito procesal debe diferenciarse del ultimátum diplomático formulado por Buenos Aires. Para establecer si ambos plazos comenzaron en forma simultánea será necesario conocer el contenido completo de las comunicaciones entre los gobiernos.

Lo confirmado es que la Argentina notificó al Reino Unido el inicio del arbitraje y trabaja en una presentación para obtener medidas provisionales. Si el pedido se formaliza durante octubre, una primera decisión podría conocerse en noviembre, de acuerdo con los plazos que exhiben antecedentes del Tribunal. No se trata, sin embargo, de un término fijo ni automático.

Los jueces deberán analizar si existe una base suficiente para entender que el tribunal arbitral podría tener competencia sobre el caso y si la continuidad de las actividades puede causar un perjuicio que justifique preservar los derechos discutidos.

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Los argumentos argentinos apuntarán, entre otros aspectos, al carácter no renovable de los hidrocarburos. Una vez extraído, el petróleo no puede restituirse. El planteo también incluiría los efectos de las perforaciones sobre el lecho y el subsuelo marino.

Si los jueces admitieran el pedido, podrían ordenar medidas para impedir que el proyecto avance mientras se tramita el arbitraje. Las medidas provisionales son obligatorias para las partes, según el artículo 290.6 de la Convención. El tribunal arbitral que se conforme después podrá mantenerlas, modificarlas o revocarlas.

El canciller Quirno deberá definir los próximos pasos ante el Tribunal del Mar para garantizar el respeto de los derechos soberanos sobre los recursos de Malvinas

El antecedente de la Fragata Libertad

El caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una acción de acreedores de la deuda argentina, es el antecedente local que el Gobierno considera relevante. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, la Argentina promovió un arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR y pidió medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para conseguir la liberación del buque.

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La solicitud se presentó el 14 de noviembre de 2012. Tras las audiencias de los días 29 y 30 de ese mes, el Tribunal ordenó el 15 de diciembre que Ghana liberara de inmediato y sin condiciones a la fragata, permitiera la salida de su comandante y tripulación y garantizara las condiciones para que abandonara el puerto.

Entre el pedido argentino y la decisión transcurrió cerca de un mes. La medida permitió alcanzar el objetivo urgente sin esperar el resultado del arbitraje de fondo.

Los fundamentos de ambos casos son distintos. En 2012 se discutía la inmunidad de un buque de guerra; en el conflicto actual se debate la explotación de hidrocarburos en espacios marítimos relacionados con una controversia territorial. El mecanismo para requerir una respuesta urgente, en cambio, es comparable.

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También existe un antecedente vinculado con la actividad petrolera. En 2015, Costa de Marfil recurrió a una sala especial del Tribunal en su controversia con Ghana por la delimitación marítima. El litigio incluía perforaciones y explotación de hidrocarburos en un área disputada.

Costa de Marfil pidió la suspensión de las actividades. La sala no aceptó esa pretensión en forma íntegra, pero ordenó a Ghana impedir nuevas perforaciones mientras se desarrollaba el proceso y dispuso otras medidas para proteger los derechos de las partes y el medio marino.

El caso muestra que una jurisdicción internacional puede restringir nuevas actividades hidrocarburíferas sin resolver el fondo de una disputa marítima. En Sea Lion, la primera producción comercial aún no comenzó y las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027, una circunstancia que incidirá en el análisis de la urgencia y el alcance de las medidas.

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El abogado especializado en derecho internacional público Leopoldo Godio, doctor por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina y director del Instituto de Derecho Internacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), consideró positiva la decisión de recurrir al sistema de solución de controversias de la CONVEMAR. “Yo creo que la estrategia es buena”, afirmó a Infobae.

Sea Lion ya tiene inversiones comprometidas

El proyecto que el Gobierno busca detener dejó de ser una iniciativa exploratoria. Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y su primera producción está prevista para el primer trimestre de 2028.

Las compañías a cargo son Navitas Petroleum, de Israel, que controla el 65 % y opera el desarrollo, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, con el 35 % restante. Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010; Navitas se incorporó después y asumió el control operativo mediante una subsidiaria británica.

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A fines de 2025, ambas empresas tomaron la decisión final de inversión para la primera etapa. El plan contempla once pozos submarinos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO.

Las dos primeras fases utilizarían el Aoka Mizu, una unidad con una capacidad prevista de alrededor de 55.000 barriles diarios. Las compañías, además, impulsan una expansión a través de una segunda unidad flotante.

El 7 de octubre, Rockhopper informó que acordó invertir USD 44 millones para adquirir su participación proporcional del 35 % en la sociedad propietaria de la FPSO OSX-1. La operación integra los preparativos para acelerar el desarrollo de otra zona de Sea Lion. En septiembre, la firma había comunicado la obtención de USD 200 millones mediante mecanismos de ampliación de capital para financiar inversiones relacionadas con el proyecto.

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Las acciones de Buenos Aires también tuvieron consecuencias empresariales. El 2 de octubre, la Oficina del Presidente anunció que Halliburton ratificó que ninguna de sus filiales prestaría servicios al proyecto. Tres días más tarde, Navitas reconoció que las actuaciones argentinas afectaban ciertas contrataciones y que procuraba reemplazar a dos contratistas que, según informó, no cumplieron sus compromisos.

La empresa israelí sostuvo, de todos modos, que continuaba con el desarrollo con respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas. Además, afirmó que, con la información disponible, no esperaba un efecto material adverso sobre el proyecto.

Los fundamentos jurídicos de la Argentina

El planteo de la Cancillería se apoyará en tres ejes: la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, las obligaciones de la CONVEMAR sobre espacios marítimos y recursos, y la exigencia de evitar modificaciones unilaterales mientras no se resuelva el conflicto.

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La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e instó a ambos países a encontrar una solución mediante negociaciones.

La Resolución 31/49, aprobada el 1 de diciembre de 1976, llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras siguiera pendiente el proceso recomendado por la Asamblea General. La norma cumplirá 50 años en diciembre próximo. El Gobierno sostiene que el avance de Sea Lion contradice esa orientación.

La Argentina también buscará vincular el caso con las obligaciones de protección del medio marino y de los recursos ubicados en el lecho y el subsuelo. En ese marco aparece el artículo 83.3 de la CONVEMAR, que exige evitar acciones que obstaculicen o pongan en peligro una solución definitiva mientras está pendiente la delimitación de una plataforma continental.

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Su aplicación a Malvinas será una cuestión discutida. La disposición se refiere a controversias de delimitación marítima y no resuelve, por sí sola, disputas de soberanía territorial.

Esta es una de las principales dificultades de la estrategia argentina. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar no tiene una competencia general para decidir a qué país pertenecen las Islas Malvinas: el sistema de solución de controversias de la CONVEMAR se limita a la interpretación y aplicación de la propia Convención.

Por eso, la Argentina deberá plantear una controversia sobre derechos y obligaciones marítimos sin pedir que el Tribunal resuelva la soberanía. El Reino Unido podría objetar que el reclamo exige definir antes quién ejerce soberanía sobre las islas.

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Una discusión de ese tipo apareció en el caso del archipiélago de Chagos. En 2015, un tribunal arbitral examinó una demanda de Mauricio contra el Reino Unido por la creación unilateral de un área marina protegida. El tribunal rechazó algunas pretensiones porque requerían resolver previamente una disputa territorial, aunque concluyó que el Reino Unido incumplió otras obligaciones de la CONVEMAR vinculadas con esa área.

Una argentina en la vicepresidencia del Tribunal

La vicepresidenta del tribunal del mar, la argentina Armas Pfirter

El anuncio oficial coincidió con una novedad institucional en Hamburgo. El 1 de octubre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar eligió como vicepresidenta a la jurista argentina Frida María Armas Pfirter para el período 2026-2029.

Armas Pfirter integra el Tribunal desde 2023. Entre 1997 y 2023 fue coordinadora general de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) y actualmente integra el Comité Ejecutivo del CARI.

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El Tribunal está formado por 21 jueces independientes de distintas nacionalidades y es presidido por Maurice Kamga, de Camerún. Un comunicado del 2 de octubre informó la reorganización de sus salas: Armas Pfirter también integra la Sala de Procedimiento Sumario, que puede disponer medidas provisionales en condiciones específicas, por ejemplo, si el Tribunal no está reunido o no cuenta con quórum.

La presencia de una argentina en la vicepresidencia es un dato institucional, pero no anticipa ventajas procesales ni el contenido de una eventual decisión. Los jueces actúan de forma independiente y no representan a sus gobiernos.

Una decisión que podría llegar en noviembre

Los integrantes del Tribunal del Mar

La discusión inmediata se concentra en el vencimiento del plazo concedido al Reino Unido. La Argentina ya notificó el inicio del arbitraje bajo la CONVEMAR y prepara el pedido para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar evalúe medidas provisionales.

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El Gobierno deberá definir cuándo presentará el escrito y completar los requisitos procesales. Si lo hace durante octubre, los antecedentes permiten contemplar una primera decisión en noviembre. El Tribunal tendrá que determinar si existe competencia preliminar suficiente y si las circunstancias justifican una intervención urgente.

Una resolución podría restringir nuevas actividades, disponer medidas para preservar los derechos en discusión o rechazar la solicitud argentina. No constituiría una definición definitiva sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

El arbitraje de fondo continuará por otra vía y puede demorar años. La meta inmediata de la administración de Milei es conseguir que una instancia judicial internacional preserve la situación actual antes de que Sea Lion avance hacia las perforaciones y la extracción de petróleo.

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POLITICA

Cuáles son los límites que vuelven a regir para la venta de campos a extranjeros tras el fallo de la Corte

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Con el fallo de la Corte Suprema, que vuelve a suspender la derogación de la ley de tierras mediante una medida cautelar “interina”, surge el interrogante sobre cuáles son los límites que rigen ahora para la venta de campos a extranjeros.

La confusión radica en las marchas y contramarchas del máximo tribunal sobre esta cuestión. La semana pasada, la Corte revocó una sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23 de Javier Milei, mediante el cual se derogaba la ley de tierras. Para ello, invocó motivos procesales vinculados con la falta de representatividad del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que había iniciado la causa. Esa decisión dejó sin efecto las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.

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Sin embargo, este viernes el Tribunal Supremo volvió a suspender la derogación al responder un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, que había presentado una acción colectiva para cuestionar la constitucionalidad del mismo artículo. La ONG ambientalista había pedido que se aclarara si el fallo anterior también alcanzaba a su presentación.

Tal como precisó , la Corte devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que dispuso “suspender los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023 hasta tanto el juez competente [en principio, el de Bariloche] se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine su solicitud”.

A partir de ahora y hasta que se resuelva la discusión judicial, vuelven a regir los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

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En concreto, la normativa fija un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, y establece que ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje.

La resolución de la Corte reabrió la discusión parlamentaria por la extranjerización de la tierra que derivó en la eliminación del Título III del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que aprobó el Senado a principios de agosto, y que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados.

La propuesta libertaria aumentaba el tope al 25% pese a que originalmente apuntaba a borrar cualquier límite. Asimismo, eliminaba el resto de los cupos por nacionalidad y zona núcleo (o equivalente) por titular, y prohibía únicamente la compra de tierras por Estados extranjeros.

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Entre otros de los puntos controvertidos que no sumaron avales en ela Cámara alta destacan que autorizaba compras en zonas ribereñas.

En el caso de zonas de frontera, exigía la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.




fallo de la Corte Suprema,,revocó una sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23,ley de tierras.,medida cautelar “interina”,Conforme a

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POLITICA

Las filminas del cineasta de Javier Milei y su curiosa charla sobre la «batalla cultural» en Tigre

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Santiago Oría, el cineasta de Milei y director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación. Dio una charla sobre batalla cultural en Tigre.
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El discurso electoral de Martín Menem

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